Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 547/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
547/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    CUADERNO DE ANTECEDENTES 547/2022-VII. Puebla, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Se acepta competencia declinada. Se agrega al presente cuaderno de antecedentes, el oficio con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por el cual informa que la titular de ese órgano jurisdiccional con fecha seis de julio de dos mil veintidós, radicó el juicio de amparo 936/2022-IV y sus acumulados 937/2022-V, 938/2022-VI, 939/2022-I y 940/2022-II, derivado del impedimento planteado por la Juez Primero de Distrito en ese Estado, para conocer del juicio de amparo 671/2022 y sus acumulados 672/20202, 679/2022, 680/2022 y 681/2022, -a la que de manera respetuosa se le solicitó mediante acuerdo de diez de junio de dos mil veintidós informara si aceptó la competencia declinada, o en su defecto, una vez calificado el impedimento por parte del tribunal colegiado que hubiere conocido, lo hiciera saber a este juzgado de distrito a fin de estar en aptitud de archivar el juicio de amparo 547/2022 promovido por y otros-, por lo que en este acuerdo se tiene a la autoridad oficiante aceptando la competencia de dicho expediente. Archivo En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido, por lo tanto, se ordena su archivo. Valoración documental. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años1 . Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se declinó la competencia legal. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos originales para devolver a las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares. Al no haberse formado cuaderno auxiliar de pruebas, es innecesario proveer respecto a alguna devolución. Incidente de suspensión. En virtud de que en el presente juicio no se ordenó la tramitación de una medida cautelar, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye al oficial judicial "A" para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación de este proveído. Por último, se deja establecido que resulta innecesario girar oficio alguno que derive de este auto, porque todas las actuaciones que se generen, se notifican a través de la lista en las instalaciones de este juzgado, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, por lo que las partes están aptitud de consultar las mismas para imponerse de su contenido, aunado a que en este proveído no se otorgan derechos procesales a favor de ninguna de las partes en este expediente y porque no se ha hecho requerimiento alguno a éstas. Con independencia de lo anterior, si alguna autoridad requiere de copia de este auto podrá solicitarlo por oficio a este juzgado y se le expedirá. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 547/2022-VII. Puebla, Puebla, diez de junio de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio signado por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por medio del cual acusa recibo del oficio a través del cual se le remitió el juicio de amparo *del índice de este órgano jurisdiccional, por haberse declinado competencia a su favor. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que, la referida juzgadora se reservó emitir pronunciamiento alguno en torno a la admisión de la demanda de amparo y se declaró legalmente impedida para conocer del juicio de amparo. Sin embargo, aun cuando se deduce de manera implícita que, la autoridad oficiante aceptó la competencia declinada -al no haber sido rechazada-, no existe pronunciamiento alguno en el cual expresamente asuma competencia. En consecuencia, se solicita de manera respetuosa a la titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, que informe a éste juzgado si asume la competencia declinada o, en su defecto, una vez calificado el impedimento por parte del tribunal colegiado al que le haya correspondido conocer de él, lo haga saber a este juzgado de distrito a fin de estar en aptitud de archivar el presente juicio de amparo. Notifíquese por oficio vía interconexión a la titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí.

  3. Principal

    Amparo indirecto 547/2022 JUICIO DE AMPARO 547/2022-VII. Puebla, Puebla, veintidós de mayo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se agrega a los autos el oficio 1732/2022 derivado del cuaderno varios 1/2022 del índice del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, así como una promoción. A través de lo anterior se remite la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por +++, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades responsables. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento alguno respecto de la suspensión de oficio y de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, por virtud de lo siguiente: Los quejosos reclaman de manera destacada actos que, de primera impresión, pudieran calificarse como crueles, inhumanos, degradantes o de tortura; sin embargo, al señalarlos utilizan expresiones genéricas que impiden a esta Juzgadora identificarlos con precisión y, esa inexactitud impide el pronunciamiento sobre la medida cautelar desde este momento. Ahora, lo que sí es posible identificar con claridad consiste en el hecho de que los quejosos afirman que su traslado, asignación o reubicación en determinados dormitorios ha desembocado en el señalamiento estigmatizador por ser defensores de los derechos humanos, promotores y miembros de la comunidad LGBTI, lo que a su vez ha desencadenado una diversidad de actos que atentan la dignidad de los quejosos como personas. Sin embargo, esas consecuencias no pueden ser materia de la suspensión de oficio y de plano, pues todos esos actos (malos tratos) deriva de las condiciones en que los mantienen internos en el centro penitenciario; de ahí que, no son de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando así se afirme en la demanda de amparo..... se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Bajo esa perspectiva, la orden de traslado y las cuestiones de internamiento no constituyen para efectos del juicio de amparo un supuesto de hecho de tramitación urgente; pues, las personas privadas de su libertad personal tienen a su alcance un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Entonces, si los impetrantes de amparo reclaman la reubicación de dormitorio dentro del centro penitenciario de su reclusión y la orden de traslado a un diverso lugar de reclusión, es evidente que esos actos no se ubican en los supuestos previstos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Y, en vía de consecuencia, si los restantes actos que se reclaman en la demanda de amparo, se plantean como resultado del traslado o la posible reubicación de dormitorio, es evidente que esos actos también resultan cuestiones cualitativas de internamiento, esto es, a pesar de que la parte quejosa alegue que se erigen como actos de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación, en realidad son cuestiones que aducen deriva de los actos preponderantes (traslado y reubicación). Tan es así, como se dijo al inicio de este proveído, que en la demanda de amparo no se establecen elementos objetivos que permitan deducir que los quejosos están siendo objeto de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación; incluso, la demanda de amparo fue presentada, al parecer, por los propios quejosos y no en representación de éstos. En suma, después de un juicio valorativo de la demanda de amparo en su integridad, es posible deducir que, en el caso particular, no se está frente a un asunto de atención prioritaria o urgente, motivo por el cual se descarta emitir un pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada. Representación Común. En la demanda de amparo los quejosos designan a Carlos Alberto Angelino Barrón, como representante común. Entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al designado por los quejosos, ello, con independencia de que con posterioridad nombren un representante común distinto.....De igual modo, tampoco son competentes para conocer de la misma, los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, porque también fueron señalados con el carácter de autoridades responsables. Asimismo, los promoventes señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto, jueces de distrito de amparo en materia administrativa y civil de la Ciudad de México del primero al décimo séptimo, jueces de distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, (excepto los de Ciudad Capital), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. En tales condiciones, de conformidad con los artículos 381 y 482 de la Ley de Amparo, se determina que este juzgado carece de competencia legal para el conocimiento de la referida demanda. Remisión de los autos al Juez que se estima competente. En ese sentido y en virtud de la cercanía con este órgano jurisdiccional, remítase este expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, en turno -a quien se estima competente-; pues, únicamente los órganos jurisdiccionales de dicha delimitación territorial no fueron señalados como responsables. De ahí que, a su vez, se hace la precisión que la demanda de amparo deberá turnarse al juzgado que corresponda por cuestión de turno cuya residencia se ubique en San Luis Potosí, San Luis Potosí, debiéndose excluir aquellos ubicados en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Domicilio y autorizados del quejoso. La parte quejosa no señaló domicilio ni autorizado para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones personales y cuando no se cumpla tal requisito, las notificaciones personales se realizaran conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista. Finalmente, esta autoridad no pasa desapercibido que en la demanda generadora de este expediente es idéntica a la que formó el diverso 548/2022, del índice de este mismo juzgado; recibida en esta misma fecha. Aunado a ello, constituye un hecho notorio4 para esta autoridad que han sido múltiples las demandas presentadas por los mismos quejosos y contra los mismos actos reclamados, donde también esta autoridad ha sido señalada como responsable; a manera de ejemplo se citan los siguientes precedentes (por ser los recientemente recibidos en este juzgado): Existiendo en todos los caso, sólo alguna modificación respecto de los Jueces de Distrito (exclusión de algunos) que se señalan como autoridades responsables, pero atribuyendo tal carácter a todos los pertenecientes al circuito donde se presenta la demanda. Ante ese escenario, y teniendo presente el contenido del artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a fin de que, conforme a sus facultades establecidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determine si es procedente iniciar una investigación penal, ante la posible comisión de un hecho ilícito. Notifíquese; personalmente a los quejosos (por lista) y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, y cúmplase.

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