Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 481/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
481/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Luis Arturo Zavala Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    CUADERNO DE ANTECEDENTES 481/2022-I Puebla, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. SE RECIBE OFICIO Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el secretario encargado del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que en autos del juicio de amparo 837/2022 y sus acumulados, de su registro, el veintiuno de julio de dos mil veintidós, causó estado la determinación por la que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que dicho expediente se encuentra concluido. Lo anterior, con motivo de la incompetencia declinada por este juzgado, el nueve de mayo del año en curso. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido y como consecuencia se ordena su archivo. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años . Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se declinó competencia a otro órgano judicial. Debido a que no existen documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer respecto de ello. Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. En virtud de que en el presente juicio no fue solicitada la tramitación de una medida cautelar, no se ordenó la apertura de ningún cuaderno incidental. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. CARATULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial A encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 481/2022-V Puebla, Puebla, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual acusa recibo del oficio a través del cual se le remitió el juicio de amparo 481/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, por haberse declinado competencia a su favor. Asimismo, informa que la titular de ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente impedida para conocer del juicio de amparo (aún no acepta la competencia). En consecuencia, se solicita de manera respetuosa a la titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, que una calificado el impedimento por parte del tribunal colegiado al que le haya correspondido conocer de él, lo haga saber a este juzgado de distrito a fin de estar en aptitud de archivar el presente juicio de amparo. Notifíquese por oficio vía interconexión a la titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 481/2022 Puebla, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada en favor de + contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México ...Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Bajo esa perspectiva, la orden de traslado y las cuestiones de internamiento no constituyen para efectos del juicio de amparo un supuesto de hecho de tramitación urgente; pues, las personas privadas de su libertad personal tienen a su alcance un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Entonces, si los impetrantes de amparo reclaman la reubicación de dormitorio dentro del centro penitenciario de su reclusión y la orden de traslado a un diverso lugar de reclusión, es evidente que, esos actos no se ubican en los supuestos previstos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Y, en vía de consecuencia, si los restantes actos que se reclaman en la demanda de amparo, se plantean como resultado del traslado o la posible reubicación de dormitorio, es evidente que, esos actos también resultan cuestiones cualitativas de internamiento, esto es, a pesar de que la parte quejosa alegue que se erigen como actos de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación, en realidad son cuestiones que aducen deriva de los actos preponderantes (traslado y reubicación). Tanto es así, como se dijo al inicio de este proveído, que en la demanda de amparo no se establecen elementos objetivos que permitan deducir que los quejosos están siendo objeto de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación; incluso, la demanda de amparo fue presentada, al parecer, por los propios quejosos y no en representación de estos. En suma, después de un juicio valorativo de la demanda de amparo en su integridad, es posible deducir que, en el caso particular, no se está frente a un asunto de atención prioritaria o urgente, motivo por el cual se descarta emitir un pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada Representación común. La demanda de protección revela una omisión de los quejosos: no designaron representante común entre ellos. Entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los nombrados: Carlos Alberto Angelino Barrón...Declaración de incompetencia. De una revisión integral a la demanda de amparo es posible advertir que, la acción constitucional se endereza contra la titular de este juzgado, de ahí que se carece de competencia legal para conocer de la referida demanda. De igual modo, tampoco son competentes para conocer de la misma, los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, porque también fueron señalados con el carácter de autoridades responsables. Remisión de los autos al Juez que se estima competente. En ese sentido y en virtud de la cercanía con este órgano jurisdiccional, remítase este expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, en turno -a quien se estima competente-, pues de los órganos jurisdiccionales que no fueron señalados como autoridades responsables, son los que se ubican en la circunscripción territorial más próxima. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe sí aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Además, se puntualiza: la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Domicilio y autorizados del quejoso. La parte quejosa no señaló domicilio ni autorizado para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, de conformidad con el artículo 305 Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones personales y cuando no se cumpla tal requisito, las notificaciones personales se realizaran conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista. Comunicación con las partes.....Aunado a ello, constituye un hecho notorio para esta autoridad que han sido múltiples las demandas presentadas por los mismos quejosos y contra los mismos actos reclamados, donde también esta autoridad ha sido señalada como responsable; a manera de ejemplo se citan los siguientes precedentes (por ser los recientemente recibidos en este juzgado): ...Existiendo en todos los casos, sólo alguna modificación respecto de los Jueces de Distrito (exclusión de algunos) que se señalan como autoridades responsables, pero atribuyendo tal carácter a todos los pertenecientes al circuito donde se presenta la demanda. Ante ese escenario, y teniendo presente el contenido del artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a fin de que, conforme a sus facultades establecidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determine si es procedente iniciar una investigación penal, ante la posible comisión de un hecho ilícito. Notifíquese; personalmente a los quejosos (por lista); y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, y cúmplase

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