Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 217/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 217/2022-VII. Puebla, Puebla, doce de mayo de dos mil veintidós. Se acepta competencia declinada. Se agrega al presente cuaderno de antecedentes, el oficio con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la Ciudad de Valles, por el cual informa que la titular de ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia legal declinada en el proveído inicial de este cuaderno, el cual radicó con el número 145/2022 de su índice, y acusa recibo del expediente original del juicio de amparo promovido por los quejosos se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. Devolución de cuadernos auxiliares. Al no haberse formado cuaderno auxiliar de pruebas, es innecesario proveer respecto a alguna devolución. Incidente de suspensión. En virtud de que en el presente juicio no se ordenó la tramitación de una medida cautelar, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. Resguardo del expediente. Por último, se deja establecido que resulta innecesario girar oficio alguno que derive de este auto, porque todas las actuaciones que se generen, se notifican a través de la lista en las instalaciones de este juzgado, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, por lo que las partes están aptitud de consultar las mismas para imponerse de su contenido, aunado a que en este proveído no se otorgan derechos procesales a favor de ninguna de las partes en este expediente y porque no se ha hecho requerimiento alguno a éstas. Con independencia de lo anterior, si alguna autoridad requiere de copia de este auto podrá solicitarlo por oficio a este juzgado y se le expedirá. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 217/2022-VII. Puebla, Puebla, quince de marzo de dos mil veintidós. Recepción de expediente. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por el que devuelve el original del expediente en que se actúa. Lo anterior, porque no acepta la competencia declinada por éste órgano jurisdiccional. Al respecto, esta operadora jurídica estima que, es factible la razón expuesta por el juzgado oficiante, motivo por el cual no se insiste en declinar la competencia a dicho Juzgado de Distrito; sin embargo, esa circunstancia no implica que se actualice la competencia para este juzgado. Por ello, se acuerda: Declinación de competencia. Tal y como se precisó en acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós, la acción constitucional se endereza contra la titular de este juzgado, de ahí que se carece de competencia legal para conocer de la referida demanda. De igual modo, tampoco son competentes para conocer de la misma los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, porque también fueron señalados con el carácter de autoridades responsables. Asimismo, los promoventes señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto, jueces de distrito de amparo en materia administrativa de la Ciudad de México del primero al décimo séptimo, jueces de distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí excepto los de Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En tales condiciones, de conformidad con los artículos 381 y 482 de la Ley de Amparo, se determina que este juzgado carece de competencia legal para el conocimiento de la referida demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional." Remisión de los autos al juez que se estima competente. En ese sentido y en virtud de que, los únicos órganos jurisdiccionales que no fueron señalados en la demanda de amparo como autoridades responsables son: ? Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles; y, ? Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles. De ahí que, se ordena remitir los autos del presente expediente a la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; sin embargo, se hace la precisión que la demanda de amparo deberá turnarse al juzgado que corresponda por cuestión de turno cuya residencia se ubique en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe sí aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Además, se puntualiza: la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Por último, se reitera que, como se precisó en acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós, no es procedente emitir un pronunciamiento respecto de la suspensión de plano, porque no se trata de un acto que se ubique en la hipótesis de atención prioritaria (urgente). Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 217/2022-VII. Puebla, Puebla, siete de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada en favor de * , contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México..No pasa inadvertida la manifestación de la parte quejosa en el sentido de promover como urgente la presente demanda por los actos consistentes en: la reubicación de los quejosos de un dormitorio a otro diverso, que pone en riesgo grave la salud y dignidad, integridad, así como afectaciones psicofísicas, emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios. Sin embargo, respecto de dicho acto reclamado -reubicación de dormitorio- no se encuentra acreditada la hipótesis que permite a un tercero promover juicio de amparo en nombre del quejoso, prevista en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la citada reubicación no corresponde a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las ordenes de traslado, en donde se precisó, particularmente, en el considerando cuarto de dicho acuerdo: ".Se propone la modificación del precepto del Acuerdo General aludido para que los asuntos en los cuales se impugnan las órdenes de traslado, no sean considerados asuntos urgentes para turno, en tanto que corresponde a la autoridad administrativa su determinación en situaciones que resulte necesario hacerlo de forma urgente, y no requerir autorización previa del juez. Además dicha determinación puede ser recurrida, y en su caso confirmada o revocada, conforme al artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal." De ahí que, derivado de esa reforma, los asuntos relacionados con las órdenes de traslado no resulten de tramitación urgente....Bajo esa perspectiva, si la orden de traslado y las cuestiones de internamiento -ya sean urgentes o no- no constituyen para efectos del juicio de amparo un supuesto de hecho de tramitación urgente; pues, las personas privadas de su libertad personal tienen a su alcance un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Entonces, si los impetrantes de amparo reclaman la reubicación de dormitorio dentro del centro penitenciario de su reclusión y la orden de traslado a un diversos lugar de reclusión, esa evidente que, esos actos no se ubican en los supuestos previstos en el los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Y, en vía de consecuencia, si los restantes actos que se reclaman en la demanda de amparo, se plantean como resultado del traslado o la posible reubicación de dormitorio, es evidente que, esos actos también resultan cuestiones cualitativas de internamiento, esto es, a pesar de que la parte quejosa alegue que se erigen como actos de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación, en realidad son cuestiones que aducen deriva de los actos preponderantes (traslado y reubicación). Tanto es así, que en la demanda de amparo no se establecen elementos objetivos que permitan deducir que los quejosos están siendo objeto de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación; incluso, la demanda de amparo fue presentada, al parecer, por los propios quejosos y no en representación de estos. En suma, después de un juicio valorativo de la demanda de amparo en su integridad, es posible deducir que, en el caso particular, no se está frente a un asunto de atención prioritaria o urgente, motivo por el cual se descarta emitir un pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada. Declinación de competencia. De una revisión integral a la demanda de amparo es posible advertir que, la acción constitucional se endereza contra la titular de este juzgado, de ahí que se carece de competencia legal para conocer de la referida demanda. De igual modo, tampoco son competentes para conocer de la misma los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, porque también fueron señalados con el carácter de autoridades responsables. Asimismo, los promoventes señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto, jueces de distrito de amparo en materia administrativa de la Ciudad de México del primero al décimo séptimo, jueces de distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí excepto los de Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En tales condiciones, de conformidad con los artículos 381 y 482 de la Ley de Amparo, se determina que este juzgado carece de competencia legal para el conocimiento de la referida demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES Remisión de los autos al Juez que se estima competente En ese sentido y en virtud de la cercanía con este órgano jurisdiccional, remítase este expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, en turno -a quien se estima competente-, pues el circuito que comprende la entidad federativa de Tlaxcala, no fue señalado como responsable y se encuentra a menor distancia. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe sí aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Además, se puntualiza: la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Ahora, en ningún momento se pasa por alto que en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, el juez que se declara incompetente debe abstenerse de decidir sobre la admisión y respecto de la medida suspensional del acto reclamado, salvo que se trate de algún supuesto previsto en el diverso 15 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el acto reclamado en este juicio no encuentra adecuación con los supuestos previstos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Además, no pasa desapercibido el contenido de los artículos 125, 126 y 127 de la Ley de Amparo, mismos que se transcriben a continuación para mayor abundamiento: ".Artículo 125. ." ".Artículo 126. ." ".Artículo 127. ." Ahora, la suscrita estima que no es procedente conceder la suspensión de plano, ni menos aún de oficio, pues no se actualiza ninguno de los supuestos transcritos con antelación, ya que el acto aquí reclamado -reubicación de dormitorio- no es de los considerados por la Ley de Amparo para emitir un pronunciamiento de plano respecto de la suspensión de los actos reclamados. Por consiguiente, al declararse esta operadora jurídica incompetente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se encuentra impedida para poder decidir sobre la medida suspensional. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes y en el momento procesal oportuno archívese el mismo como asunto concluido. Anotaciones internas. Se ordena a la Oficial Judicial A, realice las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Domicilio y autorizados del quejoso. La parte quejosa no señaló domicilio ni autorizado para oír y recibir notificaciones. r de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones personales y cuando no se cumpla tal requisito, las notificaciones personales se realizaran conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista. Comunicación con las partes. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se toma nota del correo electrónico proporcionado; sin embargo, se hace la precisión que sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Notifíquese personalmente a la parte quejosa (pos lista) y cúmplase.
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