Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 735/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Edwin Daniel Guerra Cordova
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Homólogo acepta competencia Se agrega al cuaderno de antecedentes el oficio con firma electrónica -evidencia criptográfica- del actuario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora. En éste, comunica el proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, donde aceptó la competencia declinada por esta autoridad. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Anotaciones internas Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la determinación de mérito. Se determina la conclusión del asunto y su valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, en términos del ordinal 19, fracción I inciso b), del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos seis meses de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución de incompetencia. Resguardo del expediente (Archivo físico). En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de seis meses. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a los quejosos. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque desde el proveído inicial se declaró la incompetencia legal para conocer del asunto y fue remitido al juez que se estimó competente, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que la incompetencia declinada ha sido aceptada por el juez que se estimó competente y éste continuará con la sustanciación del asunto. Aunado a que, si desearan conocer el estado del presente asunto, podrán realizar la solicitud correspondiente y ésta será acordada como corresponda. De ahí que este proveído se les habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido
- Principal
Puebla, Puebla, catorce de julio de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe el oficio de cuenta de la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, donde se anexó la demanda de protección de derechos fundamentales, recibida en forma electrónica, sin evidencia criptográfica, presentada por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente electrónico, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Debido a que el oficio que contiene la demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento alguno respecto de la suspensión de oficio y de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, por virtud de lo siguiente: Los quejosos reclaman de manera destacada actos que, de primera impresión, pudieran calificarse como crueles, inhumanos, degradantes o de tortura; sin embargo, al señalarlos utilizan expresiones genéricas que impiden a esta juzgadora identificarlos con precisión y, esa inexactitud impide el pronunciamiento sobre la medida cautelar desde este momento. Ahora, lo que sí es posible identificar con claridad consiste en el hecho de que los quejosos afirman que su traslado, asignación o reubicación en determinados dormitorios ha desembocado en el señalamiento estigmatizador por ser defensores de los derechos humanos, promotores y miembros de la comunidad LGBTTTIQ, lo que a su vez ha desencadenado una diversidad de actos que atentan la dignidad de los quejosos como personas. Sin embargo, esas consecuencias no pueden ser materia de la suspensión de oficio y de plano, pues todos esos actos (malos tratos) derivan de las condiciones en que los mantienen internos en el centro penitenciario; de ahí que, no son de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando así se afirme en la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, se tiene que en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las ordenes de traslado, en donde se precisó, particularmente, en el considerando cuarto de dicho acuerdo * De ahí que, derivado de esa reforma, los asuntos relacionados con las órdenes de traslado no resulten de tramitación urgente. Además, acorde con ese razonamiento la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé diversos medios de control para efectos de que las personas privadas de su libertad personal puedan inconformarse de las condiciones de su internamiento, inclusive en cuestiones de carácter urgente. * Bajo esa perspectiva, la orden de traslado y las cuestiones de internamiento no constituyen para efectos del juicio de amparo un supuesto de hecho de tramitación urgente; pues, las personas privadas de su libertad personal tienen a su alcance un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Entonces, si los impetrantes de amparo reclaman, entre otros, la reubicación de dormitorio dentro del centro penitenciario de su reclusión y la orden de traslado a diversos lugares de reclusión, es evidente que, esos actos no se ubican en los supuestos previstos en el los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Y, en vía de consecuencia, si los restantes actos que se reclaman en la demanda de amparo, se plantean como resultado del traslado o la posible reubicación de dormitorio, es evidente que, esos actos también resultan cuestiones cualitativas de internamiento, esto es, a pesar de que la parte quejosa alegue que se erigen como actos de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación, en realidad son cuestiones que aducen derivan de los actos preponderantes (traslado y reubicación). Tanto es así, que como se dijo al inicio de este proveído, en la demanda de amparo no se establecen elementos objetivos que permitan deducir que los quejosos están siendo objeto de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación; incluso, la demanda de amparo fue presentada, al parecer, por los propios quejosos y no en representación de estos. En suma, después de un juicio valorativo de la demanda de amparo en su integridad, es posible deducir que, en el caso particular, no se está frente a un asunto de atención prioritaria o urgente, motivo por el cual se descarta emitir un pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada. Representación común. La demanda de protección revela una omisión de los quejosos: no designaron representante común entre ellos. Entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los nombrados: Carlos Alberto Angelino Barrón. Lo anterior, con independencia de que con posterioridad nombren un representante común distinto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica Declaración de incompetencia. De una revisión integral a la demanda de amparo es posible advertir que, la acción constitucional se endereza contra la titular de este juzgado, de ahí que se carece de competencia legal para conocer de la referida demanda. De igual modo, tampoco son competentes para conocer de la misma, los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, porque también fueron señalados con el carácter de autoridades responsables. Asimismo, los promoventes señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito de amparo en materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto, Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México del primero al décimo séptimo, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas, no a los de Sonora, Baja California y Baja California Sur (pues no los nombró en la demanda). En tales condiciones, de conformidad con los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, se determina que este juzgado carece de competencia legal para el conocimiento de la referida demanda. Remisión de los autos al juez que se estima competente. En ese sentido y en virtud de la cercanía con este órgano jurisdiccional, remítase el expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno -a quien se estima competente-, pues de los órganos jurisdiccionales que no fueron señalados como autoridades responsables, son los que se ubican en la circunscripción territorial más próxima. De conformidad con el artículo 82 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a cualquiera de los actuarios para que remita el oficio que se genere de este proveído, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, para que a su vez sea remitido al juzgado de distrito en turno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el uso de su firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación Además, a fin de que el juzgado de distrito al que por turno toque conocer, esté en aptitud de acceder a todas las constancias integrantes de este asunto, se facilita el acceso pleno a dicha información, para lo cual, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano", a fin de que el homólogo esté en oportunidad de consultarlo de manera íntegra. Se solicita al juez de distrito que reciba el presente asunto, informe si aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Además, se puntualiza: la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias recibidas. Anotaciones internas. Se ordena a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal, así como a la vinculación del expediente para su consulta. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Domicilio y autorizados de los quejosos. La parte quejosa no señaló domicilio ni autorizado para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones personales y cuando no se cumpla tal requisito, las notificaciones personales se realizaran conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Vista a la agente del ministerio Público Federal adscrita. Constituye un hecho notorio para esta autoridad que han sido múltiples las demandas presentadas por los mismos quejosos y contra los mismos actos reclamados, donde también esta autoridad ha sido señalada como responsable. Existiendo en todos los casos, sólo alguna modificación respecto de los jueces de distrito (exclusión de algunos) que se señalan como autoridades responsables, pero atribuyendo tal carácter a todos los pertenecientes al circuito donde se presenta la demanda. Ante ese escenario, y teniendo presente el contenido del artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a fin de que, conforme a sus facultades establecidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determine si es procedente iniciar una investigación penal, ante la posible comisión de un hecho ilícito.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes
- Carlos Alberto Angelino Barrón436/2022
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.547/2022
- Carlos Alberto Angelino Barrón548/2022
- Carlos Alberto Angelino Barrón517/2022
- Carlos Alberto Angelino Barrón849/2023
- Carlos Alberto Angelino Barrón437/2022
- Carlos Alberto Angelino Barrón384/2022
- Carlos Alberto Angelino Barrón386/2022
- Carlos Alberto Angelino Barrón390/2022
- Carlos Alberto Angelino Barrón391/2023
- Carlos Alberto Angelino Barrón683/2022
- Carlos Alberto Angelino Barrón298/2022