Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 363/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
CUADERNO DE ANTECEDENTES 363/2022-III Puebla, Puebla, dieciocho de abril de dos mil veintidós. ACEPTA COMPETENCIA. Se agrega al cuaderno de antecedentes el oficio con evidencia criptográfica de la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, a través del cual informa que la titular de ese órgano aceptó la competencia legal declinada, y se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Del oficio de cuenta se advierte que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, radicó el juicio de amparo promovido por+++ En tales condiciones, se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "Vincular con otro Órgano" para que el referido órgano jurisdiccional esté en oportunidad de relacionarlo con el diverso citado en el párrafo anterior. ARCHIVO. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales - publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido; por tanto se ordena su archivo.... NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que la incompetencia declinada ha sido aceptada por el juez que se estimó competente, y éste continuará con la sustanciación del asunto. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 363/2022-III Puebla, Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada en favor de +++ Sin embargo, esas consecuencias no pueden ser materia de la suspensión de oficio y de plano, pues todos esos actos (malos tratos) deriva de las condiciones en que los mantienen internos en el centro penitenciario; de ahí que, no son de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando así se afirme en la demanda de amparo. ... En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Bajo esa perspectiva, la orden de traslado y las cuestiones de internamiento no constituyen para efectos del juicio de amparo un supuesto de hecho de tramitación urgente; pues, las personas privadas de su libertad personal tienen a su alcance un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Entonces, si los impetrantes de amparo reclaman la reubicación de dormitorio dentro del centro penitenciario de su reclusión y la orden de traslado a un diversos lugar de reclusión, esa evidente que, esos actos no se ubican en los supuestos previstos en el los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Y, en vía de consecuencia, si los restantes actos que se reclaman en la demanda de amparo, se plantean como resultado del traslado o la posible reubicación de dormitorio, es evidente que, esos actos también resultan cuestiones cualitativas de internamiento, esto es, a pesar de que la parte quejosa alegue que se erigen como actos de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación, en realidad son cuestiones que aducen deriva de los actos preponderantes (traslado y reubicación). Tanto es así, como se dijo al inicio de este proveído, que en la demanda de amparo no se establecen elementos objetivos que permitan deducir que los quejosos están siendo objeto de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación; incluso, la demanda de amparo fue presentada, al parecer, por los propios quejosos y no en representación de estos. En suma, después de un juicio valorativo de la demanda de amparo en su integridad, es posible deducir que, en el caso particular, no se está frente a un asunto de atención prioritaria o urgente, motivo por el cual se descarta emitir un pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada. Representación común. La demanda de protección revela una omisión de los quejosos: no designaron representante común entre ellos. Entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los nombrados: +++ Lo anterior, con independencia de que con posterioridad nombren un representante común distinto. Declaración de incompetencia. De una revisión integral a la demanda de amparo es posible advertir que, la acción constitucional se endereza contra la titular de este juzgado, de ahí que se carece de competencia legal para conocer de la referida demanda. De igual modo, tampoco son competentes para conocer de la misma, los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, porque también fueron señalados con el carácter de autoridades responsables. Asimismo, los promoventes señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto, jueces de distrito de amparo en materia administrativa de la Ciudad de México del primero al décimo séptimo, jueces de distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y San Luis Potosí, excepto a los que tienen su sede en Ciudad Valles, ni a los de Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas (pues no los nombró en la demanda). En tales condiciones, de conformidad con los artículos 381 y 482 de la Ley de Amparo, se determina que este juzgado carece de competencia legal para el conocimiento de la referida demanda. . Remisión de los autos al Juez que se estima competente. En ese sentido y en virtud de la cercanía con este órgano jurisdiccional, remítase este expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, en turno -a quien se estima competente-, pues de los órganos jurisdiccionales que no fueron señalados como autoridades responsables, son los que se ubican en la circunscripción territorial más próxima. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe sí aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Además, se puntualiza: la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes y en el momento procesal oportuno archívese el mismo como asunto concluido. Domicilio y autorizados del quejoso. La parte quejosa no señaló domicilio ni autorizado para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones personales y cuando no se cumpla tal requisito, las notificaciones personales se realizaran conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista. Vista a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Finalmente, esta autoridad no pasa desapercibido que en la demanda generadora de este expediente es idéntica a las que formaron los diversos 360/2022, 361/2022 y 362/2022 del índice de este juzgado. De hecho, también es similar en cuanto a los actos reclamados e idéntica respecto de las autoridades señaladas como responsables, con las diversas que dieron vida a los juicios 250/2022, 251/2022, 252/2022, 256/2022, 257/2022, 349/2022 y 350/222, donde Carlos Alberto Angelino Barrón también tiene el carácter de quejoso. Aunado a ello, constituye un hecho notorio para esta autoridad que han sido múltiples las demandas presentadas por los mismos quejosos y contra los mismos actos reclamados, donde también esta autoridad ha sido señalada como responsable; a manera de ejemplo se citan los siguientes precedentes (por ser los recientemente recibidos en este juzgado): Ante ese escenario, y teniendo presente el contenido del artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a fin de que, conforme a sus facultades establecidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determine si es procedente iniciar una investigación penal, ante la posible comisión de un hecho ilícito. Notifíquese; personalmente a los quejosos (por lista); y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, y cúmplase.
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