Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 437/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
437/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 437/2022-VII. Puebla, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del presente asunto; de lo cual se toma conocimiento. Sin embargo, no es necesario realizar mayor acuerdo al respecto, en virtud de que mediante auto de trece de mayo de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente juicio, al haberse aceptado la competencia declinada. Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 437/2022-VII. Puebla, Puebla, trece de mayo de dos mil veintidós. Se acepta competencia declinada. Se agrega al presente cuaderno de antecedentes, el oficio con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por el cual informa que la titular de ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia legal declinada en el proveído inicial de este cuaderno, el cual radicó con el número 512/2022-7 de su índice, y acusa recibo del expediente original del juicio de amparo promovido por los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y otros. Valoración documental. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años1. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se declinó la competencia legal. Incidente de suspensión. En virtud de que en el presente juicio no se ordenó la tramitación de una medida cautelar, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación....Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 437/2022-VII. Puebla, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada en favor de ++++ no se está frente a un asunto de atención prioritaria o urgente, motivo por el cual se descarta emitir un pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada. Representación común. La demanda de protección revela una omisión de los quejosos: no designaron representante común entre ellos. Entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los nombrados: Carlos Alberto Angelino Barrón, ello, con independencia de que con posterioridad nombren un representante común distinto. Declaración de incompetencia. De una revisión integral a la demanda de amparo es posible advertir que, la acción constitucional se endereza contra la titular de este juzgado, de ahí que se carece de competencia legal para conocer de la referida demanda. De igual modo, tampoco son competentes para conocer de la misma, los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, porque también fueron señalados con el carácter de autoridades responsables. Asimismo, los promoventes señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto, jueces de distrito de amparo en materia administrativa y civil de la Ciudad de México del primero al décimo séptimo, jueces de distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí (excepto los de ciudad capital), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En tales condiciones, de conformidad con los artículos 381 y 482 de la Ley de Amparo, se determina que este juzgado carece de competencia legal para el conocimiento de la referida demanda. Remisión de los autos al Juez que se estima competente. En ese sentido y en virtud de la cercanía con este órgano jurisdiccional, remítase este expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, en turno -a quien se estima competente-; pues, únicamente los órganos jurisdiccionales de dicho delimitación territorial no fueron señalados como responsables. De ahí que, a su vez, se hace la precisión que la demanda de amparo deberá turnarse al juzgado que corresponda por cuestión de turno cuya residencia se ubique en San Luis Potosí, San Luis Potosí, debiéndose excluir aquellos ubicados en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe sí aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Además, se puntualiza: la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes y en el momento procesal oportuno archívese el mismo como asunto concluido. Anotaciones internas. Se ordena al Oficial Judicial A, encargado del Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Finalmente, esta autoridad no pasa desapercibido que en la demanda generadora de este expediente es idéntica a la que formó el diverso 436/2022, del índice de este mismo juzgado; recibida en esta misma fecha. Aunado a ello, constituye un hecho notorio4 para esta autoridad que han sido múltiples las demandas presentadas por los mismos quejosos y contra los mismos actos reclamados, donde también esta autoridad ha sido señalada como responsable; se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a fin de que, conforme a sus facultades establecidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determine si es procedente iniciar una investigación penal, ante la posible comisión de un hecho ilícito. Notifíquese; personalmente a los quejosos (por lista) y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita; y cúmplase.

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