Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 361/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
CUADERNO DE ANTECEDENTES DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 361/2022. Puebla, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Juez aceptó la competencia Se agrega al presente cuaderno de antecedentes, el oficio con evidencia criptográfica de la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, por el cual informa que la titular de ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia legal declinada por este juzgado y desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros; también acusa recibo del expediente original del juicio de amparo en que se actúa. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes. Valoración documental En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se declaró la incompetencia legal. Resguardo del expediente (ARCHIVO) Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notificación del presente proveído Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que la incompetencia declinada ha sido aceptada por el juez que se estimó competente, y éste continuará la sustanciación del asunto. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede solicitarlo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque desde el proveído inicial se declinó la competencia legal para conocer del asunto y fue remitido al juez que se estimó competente, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 361/2022. Puebla, Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. Radicación Se recibe la demanda de amparo que presentan ++++, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de amparo, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento alguno respecto de la suspensión de oficio y de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, por virtud de lo siguiente: Los quejosos reclaman de manera destacada actos que, de primera impresión, pudieran calificarse como crueles, inhumanos, degradantes o de tortura; sin embargo, al señalarlos utilizan expresiones genéricas que impiden a esta Juzgadora identificarlos con precisión y, esa inexactitud imposibilita el pronunciamiento sobre la medida cautelar desde este momento. Ahora, lo que sí es posible identificar con claridad consiste en el hecho de que los quejosos afirman que su traslado, asignación o reubicación en determinados dormitorios ha desembocado en el señalamiento estigmatizador por ser defensores de los derechos humanos, promotores y miembros de la comunidad LGBTI, lo que a su vez ha desencadenado una diversidad de actos que atentan la dignidad de los quejosos como personas. Sin embargo, esas consecuencias no pueden ser materia de la suspensión de oficio y de plano, pues todos esos actos (malos tratos) derivan de las condiciones en que los mantienen internos en el centro penitenciario; de ahí que, no son de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando así se afirme en la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, se tiene que en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las ordenes de traslado, en donde se precisó, particularmente, en el considerando cuarto de dicho acuerdo:...." De ahí que, derivado de esa reforma, los asuntos relacionados con las órdenes de traslado no resulten de tramitación urgente. Además, acorde con ese razonamiento la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé diversos medios de control para efectos de que las personas privadas de su libertad personal puedan inconformarse de las condiciones de su internamiento, inclusive en cuestiones de carácter urgente.....Entonces, si los impetrantes de amparo reclaman la reubicación de dormitorio dentro del centro penitenciario de su reclusión y la orden de traslado a un diversos lugar de reclusión, es evidente que, esos actos no se ubican en los supuestos previstos en el los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Y, en vía de consecuencia, si los restantes actos que se reclaman en la demanda de amparo, se plantean como resultado del traslado o la posible reubicación de dormitorio, es evidente que, esos actos también resultan cuestiones cualitativas de internamiento, esto es, a pesar de que la parte quejosa alegue que se erigen como actos de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación, en realidad son cuestiones que aducen derivan de los actos preponderantes (traslado y reubicación). Tanto es así, como se dijo al inicio de este proveído, que en la demanda de amparo no se establecen elementos objetivos que permitan deducir que los quejosos están siendo objeto de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación; incluso, la demanda de amparo fue presentada, al parecer, por los propios quejosos y no en representación de estos. En suma, después de un juicio valorativo de la demanda de amparo en su integridad, es posible deducir que, en el caso particular, no se está frente a un asunto de atención prioritaria o urgente, motivo por el cual se descarta emitir un pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada. Representante Común La demanda de protección revela una omisión de los quejosos: no designaron representante común entre ellos. Entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los nombrados: Carlos Alberto Angelino Barrón. Lo anterior, con independencia de que los quejosos nombren con posterioridad un representante común distinto....En tales condiciones, de conformidad con los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, se determina que este juzgado carece de competencia legal para el conocimiento de la referida demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Remisión de los autos al Juez que se estima competente En ese sentido y en virtud de la cercanía con este órgano jurisdiccional, remítase este expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en turno, a quien se estima competente, pues de los órganos jurisdiccionales que no fueron señalados como autoridades responsables, son los que se ubican en la circunscripción territorial más próxima. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe sí aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Domicilio y autorizados del quejoso. La parte quejosa no señaló domicilio ni autorizado para oír y recibir notificaciones. indica que las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones personales y cuando no se cumpla tal requisito, las notificaciones personales se realizaran conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista. Por consiguiente, se designan las listas de este juzgado, como medio para oír y recibir notificaciones, pues se omitió señalar domicilio procesal en la demanda. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Vista a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Finalmente, esta autoridad no pasa desapercibido que en la demanda generadora de este expediente es idéntica a la que formó el diverso 255/2022 del índice de este juzgado. De hecho, también es similar en cuanto a los actos reclamados e idéntica respecto de las autoridades señaladas como responsables, con las diversas que dieron vida a los juicios 250/2022, 251/2022, 252/2022, 256/2022, 257/2022 349/2022, 350/2022 y 361/2022 donde +++ y los restantes quejosos que también presentan la demanda de cuenta, tienen ese carácter. Aunado a ello, constituye un hecho notorio para esta autoridad que han sido múltiples las demandas presentadas por los mismos quejosos y contra los mismos actos reclamados, donde también esta autoridad ha sido señalada como responsable; a manera de ejemplo se citan los siguientes precedentes (por ser los recientemente recibidos en este juzgado):...Existiendo en todos los casos, sólo alguna modificación respecto de los Jueces de Distrito (exclusión de algunos) que se señalan como autoridades responsables, pero atribuyendo tal carácter a todos los pertenecientes al circuito donde se presenta la demanda. Ante ese escenario, y teniendo presente el contenido del artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a fin de que, conforme a sus facultades establecidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determine si es procedente iniciar una investigación penal, ante la posible comisión de un hecho ilícito. Notifíquese; personalmente a los quejosos (por lista); y al Agente del Ministerio Público adscrito, y cúmplase.
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