Blanca Lidia Montoya Ángulo

Expediente 478/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
478/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Blanca Lidia Montoya Ángulo

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, seis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Blanca Lidia Montoya Angulo; por ende, con fundamento en el artículo 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Registro e integración de expediente Se tiene por recibido el escrito de demanda suscrita por ********************; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 478/********************; y, atento al contenido se provee: Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Es aplicable la Tesis de Jurisprudencia I.6o.C. J/19, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Página 730 del Tomo X del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 1999, Materia Común, Novena Época, Registro digital 193379, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. EDNA PATRICIA CAMACHO URIARTE. En su carácter de juez de primera instancia de control y de enjuiciamiento penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa correspondiente a la región centro-norte con sede en Angostura, Sinaloa. Con domicilio oficial en Carretera Guamúchil- Angostura, Kilómetro 7.2, Angostura, Sinaloa. JASSIEL ROBERTO ESPINOZA ROMÁN. En su calidad de agente titular del ministerio público del fuero común encargado de la unidad de lo penal especializada' en delitos de tramitación común de la región centro-norte perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa. Con sede oficial ubicada en Carretera Guamúchil- Angostura, Kilómetro 7.2, Angostura, Sinaloa.". "IV.- ACTOS RECLAMADOS: VIOLACIONES A MIS DERECHOS HUMANOS EN GENERAL Inobservancia a los artículos 8, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 16, 109 fracción IX y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales. VIOLACIONES ESPECIFICAS A MIS DERECHOS HUMANOS EN EL CASO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENOMINADA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL SE LE RECLAMA LO SIGUIENTE: A). Violación al derecho de petición previsto por el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al haber omitido resolver mi solicitud sin que haya pronunciado algún tipo de justificación, sustento o fundamento legal para dicha negativa. B). AL MENCIONADO MINISTERIO PÚBLICO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE SE LE RECLAMA: La omisión de actuar conforme al mandato previsto por la fracción II del artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Civiles sin que dicho representante social haya pronunciado algún tipo de justificación, sustento o fundamento legal para dicha negativa. C). A AMBAS AUTORIDADES SEÑALADAS EN LOS DOS INCISOS ANTERIORES SE LES RECLAMA: La violación a lo que se ordena en la fracción II del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que a la letra dice: Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (...) II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares, así como el órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, perspectiva de género y eficacia y con la debida diligencia.". Como antecedentes de los actos reclamados, la quejosa narra que, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, presentó en las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a través de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Encargado de la Unidad de lo Penal Especializada, denuncia y/o querella contra ******************** (padre e hijos) y/o contra quien o quienes resulten responsables de los delitos relativos a la falsificación y uso indebido de señas, marcas, llaves contraseñas y otros objetos y falsificación, destrucción y uso indebido de documento y/o los que resulten como el de asociación delictuosa, previstos por los artículos 253, 266, 268 y demás relativos del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Que como resultado se aperturó la carpeta de investigación número ********************, turnándose el asunto en su momento al juzgado de primera instancia de control y de enjuiciamiento penal región centro-norte con sede en Angostura, Sinaloa, asignándosele el cuadernillo para audiencia inicial en libertad número ********************/********************. Asimismo, que como un acto inicial dentro de la etapa temprana del procedimiento jurisdiccional la juez de control señaló las nueve horas del diecinueve de junio del presente año para la celebración de la audiencia inicial de formulación¸ y que al pretender dar inicio a esa diligencia lo primero que sucedió fue que el ministerio público, solicitó y se le concedió el uso de la voz por la juez, y expresó: "Que habla recibido una llamada telefónica del licenciado FAVELA y que este le informó que se encontraba enfermo, motivo por el cual no le era posible acudir a la mencionada audiencia de formulación de imputación, razón por la cual el mismo ministerio público solicitó a la juez suspender la audiencia y fijar nueva fecha para el desahogo de dicha diligencia". Que a esa petición, la juez, "...sin más, accedió de inmediato y señaló las 10:30 horas del día 29 de junio del año para la celebración de la multicitada diligencia..". Que, antes de que se diera por terminada la audiencia la aquí quejosa por conducto o de su asesor jurídico solicitó a la juez responsable que fundamentara su determinación de suspender tal audiencia, sin que hubiese respuesta a esa petición violándose en consecuencia el derecho de petición y que asimismo, el ministerio público se limitó a pedir el diferimiento de la audiencia por el motivo ya explicado (enfermedad del licenciado Favela) pero dada la incomparecencia omitió solicitar a la iuzgadora dictara una orden de comparecencia de los imputados conforme lo determina la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que son las razones por las que acude a esta instancia constitucional. De lo expuesto y de un análisis integral a la demanda, atendiendo más que a su literalidad, a la verdadera intención de la quejosa, se concluye que su reclamo se relaciona con la determinación de la juez responsable de diferir la mencionada audiencia inicial, sin que existieran elementos que justificaran ese diferimiento y sin fundarla y motivarla, así como la omisión del Ministerio Público de actuar en términos del precepto 141, fracción II, en cita. En ese tenor, este juzgador advierte motivos de improcedencia respecto a los actos reclamados, que reúnen las diversas características exigibles para su desechamiento, por ser manifiestos e indudables; por lo cual la demanda se debe rechazar de plano, en observancia a lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de amparo. En efecto, respecto del acto reclamado por la parte quejosa al Juez responsable, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.].". La fracción citada del precepto invocado, dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la referida causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en lo que respecta al acto reclamado al juez natural Así, evidentemente, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Efectivamente, del numeral y fracción transcritos, se advierte la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio constitucional; lo cual no acontece en la especie.. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C.J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 902, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, de registro digital 187016, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia I.4o.C.J/25, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época de registro digital 224800, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Al respecto los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta.". De los preceptos transcritos, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, en cuanto a que se trata de una determinación de la citada Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, en el sentido de que se difiriera la dicha audiencia --antes de que ésta concluyera-- con lo cual se cumple el primero de los requisitos relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que se advierte la procedencia del medio de impugnación que puede hacerse valer, que en el caso es el recurso de revocación. La tercera hipótesis en estudio también se actualiza, ya que el recurso de revocación que procede está previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. La última de las hipótesis relacionadas también opera, en virtud de que lo determinado en la audiencia inicial de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, puede ser modificado o nulificado, a través del recurso de revocación, que se interponga en su contra, que tiene por objeto que se revoque, nulifique o modifique esa determinación. En ese sentido, si la quejosa no interpuso el recurso de revocación contra la determinación adoptada por la jueza de control en la audiencia de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el cuadernillo ********************/********************, en la que considera que no se actuó conforme a lo establecido por el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, evidentemente el juicio de amparo resulta improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad. Por ende, antes de acudir al amparo para impugnar lo determinado por la juez de control en la audiencia inicial de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en autos del cuadernillo número ********************/********************, debió agotar el recurso de revocación previsto en el citado numeral, ante el propio juez responsable. En efecto, si el quejoso reclama una determinación judicial respecto de las cuales la ley concede el recurso de revocación, dentro del procedimiento penal, por virtud del cual pueda ser modificada, nulificada o revocada, y la quejosa no es tercera extraña al juicio, ni el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, es evidente que se surte la causa de improcedencia invocada. Así es, la ley adjetiva aplicable al presente caso, prevé un recurso ordinario, que lo es el de revocación, mismo que procede contra resoluciones como la que constituye el acto reclamado (de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés), por tratarse de una resolución de mero trámite, emitida por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, Región Centro Norte, Adscrito, en la sede de Angostura, Sinaloa, dentro del cuadernillo penal ********************/********************. De manera que, si previéndose un recurso ordinario por el cual la determinación impugnada puede ser modificada, nulificada o revocada, éste debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo. De tal manera es claro que la impetrante debió observar el principio de definitividad; pues opinar lo contrario daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad; pues se dejaría al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persigue el juicio de amparo y la propia Constitución Federal. Por ello, en cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se concluye que si una ley procesal prevé un medio ordinario de impugnación que la ley concede, se puede modificar, revocar o nulificar la determinación a través de la cual se le negó la solicitud que los datos personales proporcionados a la auxiliar de la sala fueran reservados que planteó; sin embargo, en el caso particular el quejoso no lo hizo. Por los motivos que la informan, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J./11/2018 (10ª), publicada en la página 8, Libro 55, Junio de dos mil dieciocho, Tomo I, sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro digital 2017117, con el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". De todo lo cual, en suma, deviene la causal de improcedencia en comento. Por otro lado, en cuanto al acto reclamado a la responsable agente del Ministerio Público del Fuero Común Encargado de la Unidad de lo Penal especializada en Delitos de Tramitación Común de la Región Centro-Norte en la sede de Angostura, Sinaloa señalado como responsable de la omisión en solicitar a la responsable se procediera en términos del artículo 141, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" Conforme a los preceptos legales trascritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun contra ella. Resultando aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, toda vez que la quejosa señaló como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público del Fuero Común Encargado de la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos de Tramitación Común de la Región Centro-Norte, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa a quien le reclama la omisión de actuar en términos del artículo 141, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cauda de origen, sin embargo, se advierte que a dicho ente no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerado autoridad responsable. Ciertamente, cuando el acto reclamado al fiscal deviene de su actuación ante la autoridad judicial, por haberse judicializado la carpeta de investigación, se actualiza la referida causa de improcedencia, puesto que no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida de que a quien se le reclama, no cumple con los extremos que se necesitan para ello, es decir su actuación no es de manera unilateral y obligatoria. En efecto, la institución del Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal, y, en ese sentido, puede disponer de ella, de conformidad con los artículos 21 constitucional, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.". "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: [.] XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; Asimismo, el Ministerio Público actúa como autoridad en la etapa de investigación inicial; empero, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad es el Juez; mientras que el Ministerio Público actúa como parte, de conformidad con el artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: [.] V. El Ministerio Público Entonces, en contraposición a lo planteado por la parte quejosa, el agente del Ministerio Público no es autoridad en la audiencia inicial --o dentro de la etapa de investigación complementaria-- pues el hecho de que represente al Estado no implica que en todo momento actúa como tal, de estimar que por representar al Estado debe tenérsele como autoridad, entonces sería autoridad durante todo el proceso. La calificación de autoridad, como se vio, depende de la etapa procedimental, y en la especie se estaba dentro de la audiencia inicial a que se refiere el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde ya es considerado como parte, incluso, tan es parte en esa fase que el artículo 219 de la codificación en comento permite al imputado-defensa, acudir ante el juez a denunciar hechos irregulares del Ministerio Público, lo que es similar a lo dispuesto en el numeral 218 de la misma codificación. Apoya lo anterior el criterio la tesis II.3o.P.75 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 2278, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, Décima Época, de registro 2021604, que a la letra dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la ley de la materia. Igualmente, tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 40/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 9, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Febrero de 2001, Novena Época, de registro 190299, que a la letra dice: "MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO. La etapa de preinstrucción que abarca desde la radicación por el Juez, hasta el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, constituye un periodo procedimental que debe reunir las formalidades esenciales requeridas por los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentran las de hacer saber al indiciado, previamente a serle tomada su declaración preparatoria, los nombres de quienes presentaron la denuncia o querella y de quienes fueron los testigos que declararon en su contra, así como cuáles fueron los hechos que se le atribuyen como delictuosos que hayan motivado la integración de la averiguación previa, y cuáles son los elementos de prueba que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que pueda proveer la defensa de sus intereses y aportar, en su caso, pruebas de inocencia. Es en razón de lo anterior, que a partir de que el órgano jurisdiccional radica la causa penal, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la consignación ante el Juez penal, no podrá legalmente proponerlas como prueba de autoridad en la fase de preinstrucción, menos una vez que ha sido tomada ya la declaración preparatoria del inculpado, porque se tratará de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad, pues debe tomarse en cuenta que surgieron sin la intervención del órgano jurisdiccional y de las que, como parte en la relación procesal y que debieran constar en formal actuación judicial, no tuvo conocimiento e intervención el inculpado. Sin embargo, ello no impide que el Ministerio Público, como parte, pueda aportar pruebas, mas las que proponga en esa etapa de preinstrucción, deben aportarse y recibirse ante el Juez con conocimiento del inculpado. En tal virtud, el Juez al dictar el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, deberá cerciorarse del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en la preinstrucción y, con base en ello, las pruebas de cargo que presente el Ministerio Público, puede considerarlas para los efectos del acreditamiento del tipo penal y de la presunta responsabilidad del inculpado, si previamente, como se estableció, fueron hechas del conocimiento de éste y de su defensor, pues de esta forma se respeta el equilibrio procesal de las partes. Consecuentemente, es claro que se configura la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 fracción II, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al quedar actualizadas la causales de improcedencia advertidas por este órgano jurisdiccional, procede desechar de plano la demanda de amparo formulada por ********************, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Domicilio y autorizados En diverso orden, con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; y como su autorizado para tales efectos, en su nombre y en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a Vinisio Amaya Calvo. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquier diligencia o notificación personal relacionada con el presente asunto.

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