BLANCA RAFAEL COTA LLANES y Otros.
Expediente 579/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- BLANCA RAFAEL COTA LLANES y Otros.
- Blanca Rafael Cota Llanes
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, ********************y ********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificados los quejosos del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Vista la demanda registrado con el número 9649, promovida por Rene Rosario Cota Llanes, Blanca Rafaela Cota Llanes y Blanca Rafaela Llanes Sandoval de Cota, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 579/2021-4C. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, antes de admitir una demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo, sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexen, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, la cual se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no resulta ser la última resolución dictada en el procedimiento de remate en el juicio del que deriva el acto reclamado. Los numerales invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De lo anterior se desprende que cuando se trata de actos de ejecución, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; asimismo, en tratándose de procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Cabe precisar que esas reglas específicas de procedencia del juicio biinstancial fueron instrumentadas por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que este medio de control constitucional se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución sin que múltiples amparos obstaculicen dicha ejecución; esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad está interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, hasta en tanto se dicte la última resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, en tratándose de procedimientos de remate, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto, debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, determinó que de conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución dictada, entendida como aquélla que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que tratándose de procedimientos de remate, como acontece en el particular, el juicio de amparo es procedente únicamente contra la última resolución. Dicho análisis lo ilustró en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a), publicada el veintidós de abril de este año, bajo el rubro: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En la ejecutoria que le dio origen, tomó como punto de partida el numeral 107, fracción IV de la ley de la materia, y la Sala explicó que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, dijo, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procediera en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es, la última resolución que se dicta. Expuso, que a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y que por ello estipuló que la última resolución, tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, debe ser entendida como aquella que: I. Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o II. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o III. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Agregó que en caso de interponer juicio de amparo indirecto en contra de esas resoluciones, la parte quejosa podrá hacer valer conceptos de violación en contra de vicios en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida fuera de juicio, siempre que éstos trasciendan su resultado. Apuntó que tratándose de actos de remate, el legislador en aras de claridad y certeza, fue incluso más específico, precisando que la última resolución del procedimiento de remate, es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, pues expuso, que una vez que el bien inmueble sujeto a remate fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no existe posibilidad de emitir acto posterior que retrotrajera o modificara los efectos del remate; entonces, sostuvo que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecería como definitivo, lo que a la par aseguraba que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio se materializaba en el remate del bien inmueble, se hubiere agotado en su totalidad. Dijo que lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, pues de forma clara pretende dos objetivos, el primero: asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, emitida fuera del juicio -remate-, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, pues al limitar la procedencia del amparo a la última resolución emitida en la etapa de ejecución, se garantiza la efectividad del juicio de amparo indirecto, evitando que el juicio constitucional quede sin materia; y segundo: asegurar que la interposición del juicio de amparo sí sea en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, así que al establecer como requisito de procedibilidad del amparo, el que únicamente proceda en contra de la última resolución dictada fuera de juicio, se facilita la culminación del proceso de ejecución de sentencia, pues únicamente procede el amparo en contra del acto que en definitiva ponga fin al remate. Estableció que el legislador dispuso, que tratándose de actos de remate, la acción constitucional, sólo podrá interponerse contra la resolución que ordena de manera indistinta el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o se ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Y concluyó que el juicio de amparo indirecto en contra de actos fuera de juicio derivados de procedimientos de remate, únicamente es procedente el amparo, cuando se promueve en contra de la última resolución del remate, precisando que debe ser entendida como aquella que en forma indistinta ordena la escrituración del inmueble y/o su entrega material al adjudicatario, en la medida que el acto de adjudicación, ha adquirido la firmeza necesaria para que puedan materializarse los efectos del derecho sustantivo patrimonial que reconoció a favor del adjudicado. Además agregó, que el acto por el cual se apruebe o desapruebe el remate, no pone fin al procedimiento de remate, sino que es hasta que se formalice la transmisión de propiedad del bien inmueble, sujeto a remate, y se posibilite la entrega material al comprador del bien, que el remate se finaliza, por lo que cualquier otra resolución que se emita en el procedimiento de remate, no constituye la última «resolución» del remate, para efectos de procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, en el caso los quejosos reclaman lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: A).- Del JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, señalado como Autoridad Responsable, reclamo todos los actos, acuerdos, autos, decretos, cualquier actuación sobre del bien raíz de nuestra propiedad, resoluciones, y todos aquellos actos tendientes a agotar el procedimiento de embargo, adjudicación he inscripción y demás que se hayan dictado a partir del auto de radicación del expediente número 808/2016, en adelante y todos aquellos actos del Juicio Sumario Civil de desahucio, que originalmente promovió BLANCA RAFAELA COTA LLANES, BLANCA RAFAELA LLANES SANDOVAL DE COTA Y RENE ROSARIO COTA LLANES como parte accionante y como parte demandada el señor JAVIER COTA LLANES, por lo que fuimos convocados al remate por medio de edictos donde nos enteramos por la publicación de un edicto en el periódico el debate de Guasave, Sinaloa, violentando las leyes del procedimiento dejándonos en estado de indefensión y trascendiendo al resultado de los actos reclamados, ya que la sentencia de cosa juzgada que pretende ejecutarse en ese juicio número 808/2016, emana de un procedimiento judicial Sumario Civil de desahucio donde los suscritos somos copropietarios del bien inmueble y por motivo de costas, el señor JAVIER COTA LLANES, señala de embargo, saco a remate el inmueble de manera ilegal, por lo que es evidente que dicho embargo se encuentra dotado de vicios cometidos por la responsable, pues del mismo se ordena embargar una porción del bien raíz de nuestra propiedad cuyas características generales de bien raíz en su totalidad son las siguientes: ---- finca urbana compuesta de solar y construcción, ubicada en el fundo legal de la ciudad de Guasave, Sinaloa, en la esquina de Vicente Guerrero y Cuauhtémoc, el solar con una superficie de 1,250.00 metros cuadrados, y la construcción de 250.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al norte 50.00 metros con Compañía Hotelera H. Petatlan, Sociedad Anónima de Capital variable; al Sur 50.00 metros con calle Cuauhtémoc; al Oriente 25.00 metros con calle Vicente Guerrero y al Poniente 25.00 metros con Anastasio Medina López; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de origen, bajo la inscripción 111, del libro número 284, de la Sección Primera. ---- La inca señalan para embargo es una porción de la totalidad de los 1,250.00 metros cuadrados, como lo anuncian en el edicto de remate. 38.27 (treinta y ocho metros cuadros punto veintisiete) metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 8.60 metros con Propiedad Javier cota llanes; AL SUR: 8.60 metros con calle cuahutemoc; AL ORIENTE: 4.45 metros con el resto de la propiedad de Javier cota llanes; y al PONIENTE: 4.45 metros con resto de la propiedad de Javier cota llanes. Registrado en el registro público de la propiedad y del comercio dr esta ciudad. bajo la inscripción 111, del libro número 284, sección primera. B).- DEL C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, GUASAVE, SINALOA, señalado como autoridad responsable, reclamo la inscripción hecha dentro de la escritura pública 11,775 bajo la inscripción no. 111, libro 284 sección I, en perjuicio de los suscritos quejosos, sin orden previamente establecida es decir, sin mandamiento judicial donde se haya fundado o motivado la inscripción. --- Por lo que el actuar del Oficial del Registro Público, ya que quien mantiene la competencia de inscribir es el oficial Registrador y no le importó dilapidar el protocolo 11,775, misma que se encuentra bajo la inscripción número 111, libro 284, sección I, en la ciudad de Guasave, Sinaloa, pues aquí es donde se violan derechos humanos al dilapidar o inscribir el gravamen del embargo, de un bien inmueble imaginario pero si es la inscripción de nuestra propiedad. Indebidamente determinó el oficial registrador dilapidar mi patrimonio causando daños de imposible reparación y hoy día me entero que se encuentra embargada y no conforme con ello se saca a remate. En consecuencia de lo anterior, también le reclamo a la segunda autoridad señalada como responsable ejecutora es decir, al C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, GUASAVE, SINALOA. se cancele la inscripción que ilegalmente fue gravada dentro del protocolo donde se derive un embargo contra la inscripción 111, libro 284, sección I, donde la finca sacada a remate es distinta a la anunciada en embargo y remate. A las restantes autoridades ejecutoras, como lo son EL ACTUARIO PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE GUASAVE, SINALOA, les reclamamos las notificaciones realizadas bajo el expediente número 808/2016 radicado en el Juzgado Segundo de lo Civil de Guasave, Sinaloa, precisamente en fecha 08 de septiembre del 2021 cuando nos enteramos del remate del bien inmueble de nuestra propiedad consistente en la: ---- finca urbana compuesta de solar y construcción, ubicada en el fundo legal de la ciudad de Guasave, Sinaloa, en la esquina de Vicente Guerrero y Cuauhtémoc, el solar con una superficie de 1,250.00 metros cuadrados, y la construcción de 250.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al norte 50.00 metros con Compañía Hotelera H. Petatlan, Sociedad Anónima de Capital variable; al Sur 50.00 metros con calle Cuauhtémoc; al Oriente 25.00 metros con calle Vicente Guerrero y al Poniente 25.00 metros con Anastasio Medina López; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de origen, bajo la inscripción 111, del libro número 284, de la Sección Primera. Donde señala una porción de la totalidad como lo es: 38.27 (treinta y ocho metros cuadros punto veintisiete) metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 8.60 metros con propiedad Javier cota llanes; AL SUR: 8.60 metros con calle cuahutemoc; AL ORIENTE: 4.45 metros con el resto de la propiedad de Javier cota llanes; y al PONIENTE: 4.45 metros con resto de la propiedad de Javier cota llanes. Registrado en el registro público de la propiedad y del comercio de esta ciudad. Bajo la inscripción 111, del libro número 284, sección primera.". Luego, en los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad manifestó, en lo que interesa, que el día viernes ocho de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en la que circunstancialmente se enteraron por medio de un edicto publicado en el periódico "EL DEBATE" de la ciudad de Guasave, Sinaloa, que el bien inmueble antes descrito podría ser rematado ése mismo día, que se enteraron ese mismo día que a las nueve horas con treinta minutos en el Juzgado Segundo Civil de la ciudad de Guasave, Sinaloa, saldría a remate el inmueble, del cual una parte es de su propiedad. Precisado lo anterior, debe decirse que la publicación de edictos de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, derivado del juicio sumario civil de desahucio 808/2016, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, no constituye la última resolución en el procedimiento de remate, entendiéndose por ésta, aquélla que en forma definitiva, ordena de manera indistinta otorgar la escritura de adjudicación o bien, entregar la posesión de los bienes rematados, sino únicamente un acto pronunciado dentro del procedimiento de remate. Es de ese modo, pues atendiendo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria antes reseñada, el acto reclamado es una resolución intermedia, y no puede ser considerada como la última resolución del procedimiento de remate, dado que no se dictó mandato alguno relativo a ordenar la escrituración del bien rematado, ni se requirió a la demandada, aquí quejosa, por la entrega del mismo. De ahí que, como las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del período de ejecución, no son combatibles a través del juicio de amparo indirecto, hasta en tanto haya una resolución que en forma definitiva apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente; o bien, tratándose de la etapa de ejecución en un procedimiento de remate, en contra de la última resolución, entendida como aquélla que en forma indistinta ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En ese orden de ideas, es inconcuso que la publicación de edictos de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, derivado del juicio sumario civil de desahucio 808/2016, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, no puede considerarse un acto conclusivo del procedimiento de remate en la etapa ejecutiva, sino un pronunciamiento que está íntimamente ligado con el procedimiento de ejecución, pero no que conlleve a establecer que es la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011474 que a la letra dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". También cabe citar, la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 110, Libro Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2020631 que a continuación se transcribe: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo.". En esa virtud, es dable concluir que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia analizada, prevista por el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, que dispone que no procede el amparo contra los actos en el procedimiento de remate en el juicio natural, sino hasta que se dicte la resolución que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, y en el caso, la publicación de edictos de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, derivado del juicio sumario civil de desahucio 808/2016, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, no constituye esa resolución definitiva dado que no ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación ni la entrega de los bienes rematados en el juicio de origen; sino que como se vio, sólo es el primer lanzamiento. Cabe citar, la tesis III.5o.C.30 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en página 2935, del Tomo XXXI, Febrero de 2010, Novena Época de la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 165126 que dice: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO LO ES EL FALLO QUE APRUEBA O REPRUEBA EL REMATE. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, tratándose de actos de ejecución de sentencia el amparo procede en dos supuestos: el primero, previsto en el párrafo segundo, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y el segundo, contenido en el párrafo tercero, tratándose de remates contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Sin embargo, no debe confundirse la "última resolución" con la "resolución definitiva" a las que se refiere el precepto citado, ya que si bien ambas son pronunciadas en el periodo de ejecución de sentencia, la mencionada "última resolución" es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo definitivo, o se declara la imposibilidad para darle cumplimiento, como lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 26 publicada en la página 20 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO."; en cambio, la "resolución definitiva" en la que se hubiere aprobado o no el remate decide un procedimiento específico de significativa importancia dentro del propio periodo de ejecución, con lo que, según sea el caso, se pudiera dar cumplimiento a la totalidad de lo condenado o sólo a parte de ello, ya que puede acontecer que además de la condena a pagar cierta cantidad de dinero, el reo se encuentre obligado a hacer determinados actos, por ejemplo, en un juicio de rescisión o terminación de arrendamiento, además de pagar las pensiones rentísticas, también tendrá que entregar la finca materia de tal contrato; al cumplimentarse el fallo dictado en un juicio hipotecario se procederá a escriturar a favor del adjudicatario el inmueble rematado, así como a la entrega voluntaria o forzosa de la posesión; también pudiera suceder que dentro del procedimiento de ejecución existieran varios remates, si el primero de ellos no fuera suficiente para cubrir la condena, de donde deriva que según lo sentenciado será el trámite a efectuar en el procedimiento de ejecución que se lleve a cabo para cumplimentar la resolución definitiva, en el que pudiera existir o no la subasta de bienes.". En esa virtud, se actualiza la causa de improcedencia analizada, pues el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución, por lo que se ha concretizado al respecto lo establecido por el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, y por ende, no procede el amparo indirecto en la forma expuesta con antelación. Por tanto, de estimar agravio en la resolución de que se duelen los demandantes de garantías, en su caso, debe combatirla a través del amparo que se promueva contra la resolución definitiva antes mencionada, emitida en esa fase ejecutiva de sentencia. Luego, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación, a nada práctico conduciría admitir una demanda de garantías notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes; por ello, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, procede el desechamiento de plano de la demanda que nos ocupa por notoriamente improcedente. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en los estrados de este juzgado de distrito, en virtud de así indicarlo los quejosos en el escrito de cuenta; de igual manera, téngase como sus autorizados legales para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Pamela Real Leyva; y únicamente para imponerse de autos a la licenciada Tania Selene Gastélum Cota, en atención a que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea "juicio en línea"; quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. En el entendido de que se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el órgano ejecutor de este Juzgado, lleve a cabo las diligencias judiciales necesarias relacionadas con sus funciones de notificador, durante el curso del procedimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. En atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; y al Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto.
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