BLANCA CELIDA BAEZ ANGULO y Otros.

Expediente 205/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 35 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
205/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Blanca Celida Baez Angulo
  • BLANCA CELIDA BAEZ ANGULO y Otros.
  • GUADALUPE BAEZ ANGULO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo, y toda vez que resulta innecesario seguir conservando las documentales solicitadas al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado Sinaloa, que remitió con su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de julio de dos mil veintitrés.****************************************Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, (notificado a la parte quejosa por estrados el veintitrés siguiente), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida.****************************************Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. ****************************************Expediente principal****************************************Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial****************************************Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito.****************************************En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo al quejoso por auto de trece de junio de dos mil veintitrés, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, y con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se le notificó a la parte quejosa por lista el catorce de junio de dos mil veintitrés, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado. Inconforme con lo anterior, el tercero interesado José Luis Báez Angulo y su autorizado legal licenciado Oswaldo Favela Montoya interpusieron recurso de revisión, que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el amparo en revisión 55/2022, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado. La recepción del citado testimonio se acordó en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés y, se requirió de la autoridad responsable el cumplimiento correspondiente. Ahora, en la misma forma en cómo se indicó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió realizar, los siguientes actos: ".SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, y en restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77 de Ley de la Materia, el juez responsable deberá: a) Dejar insubsistente la diligencia de cinco de julio de dos mil diecinueve, únicamente por lo que hace a las quejosas, realizada en el expediente 320/2019 y, como consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento a partir de dicha diligencia, incluyendo la sentencia de adjudicación de veintidós de febrero de dos mil veintiuno y todos los actos que de ésta derivaron. b) Se ordene a la actuaria responsable, en su caso, proceda nuevamente a llevar a cabo la diligencia de emplazamiento respectiva, únicamente a Blanca Célida Báez Angulo y Guadalupe Báez Angulo, observando los requisitos de legalidad que prevé el artículo 162, fracción IV, quinto párrafo, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, y los demás que se refieran a las formalidades para el emplazamiento, previstas en el citado ordenamiento adjetivo; y de esta manera se le brinde a las justiciables, la garantía de previa audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional.". En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo el oficio número 835/2023 de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, de que ser advierte que por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la diligencia de cinco de julio de dos mil diecinueve, únicamente por lo que hace a las quejosas Blanca Célida Báez Angulo y Guadalupe Báez Angulo, realizada en el expediente 320/2019 de su índice y, como consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento a partir de dicha diligencia, incluyendo la sentencia de adjudicación de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, así como todas las actuaciones que recayeron en el tramite posterior al dictado en la aludida sentencia y ordeno nuevamente a llevar a cabo la diligencia de emplazamiento respectiva, únicamente respecto a las citadas quejosas. En atención a lo anterior, del examen de la citada documental, se desprendió que la autoridad responsable, efectuó actos con los que cumplía con la sentencia de amparo, porque por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la diligencia de cinco de julio de dos mil diecinueve, únicamente por lo que hace a las quejosas Blanca Célida Báez Angulo y Guadalupe Báez Angulo, así como todas las actuaciones posteriores que recayeron en dicho juicio, incluyendo la sentencia de adjudicación de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, así como todos los actos derivados de la misma, y ordeno nuevamente a llevar a cabo la diligencia de emplazamiento respectiva, únicamente respecto a las citadas quejosas; por lo que se tuvo por cumplimentada la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, trece de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos de los que se advierte que por oficio 835/2023 recibido en este juzgado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, signado por el Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, en Guamúchil, Sinaloa, se advierte que por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la diligencia de cinco de julio de dos mil diecinueve, únicamente por lo que hace a las quejosas Blanca Célida Báez Angulo y Guadalupe Báez Angulo, realizada en el expediente 320/2019 de su índice y, como consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento a partir de dicha diligencia, incluyendo la sentencia de adjudicación de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, así como todas las actuaciones que recayeron en el tramite posterior al dictado en la aludida sentencia y ordeno nuevamente a llevar a cabo la diligencia de emplazamiento respectiva, únicamente respecto a las citadas quejosas. En atención a lo anterior, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable antes citada, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, y una vez fenecido dicho plazo se acordara lo que en derecho proceda.

Quedan 31 actuaciones en este expediente

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