Blanca Magali Vega Nuñez

Expediente 181/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
181/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Blanca Magali Vega Nuñez
  • Junta Especial No. 2 de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.

  2. Principal

    Único. Se sobresee el presente juicio promovido por Blanca Magali Vega Núñez, contra actos de La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, mediante el cual rinde informe justificado y exhibe documentales. De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad antes mencionada y por recibida en este acto las documentales que anexa, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, en tal razón dese vista a las partes con el mismo, para que se impongan de su contenido.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, uno de abril de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta firmado por Blanca Magali Vega Núñez, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de garantías contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 181/2022-1A; sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia, a que se refiere el Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados para los efectos de este juicio a Carolina Urías Ruiz y Nimrod Santos Valadez. Por tanto, con lo dispuesto en el precepto 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria judicial adscrita, para que emplace a juicio a los terceros interesados Carolina Urías Ruiz y Nimrod Santos Valadez, ambos con domicilio ubicado en Callejón Municipal, número 252 Poniente Sector Centro de esta ciudad, debiendo correrles traslado con una copia de la demanda de amparo. Hágase saber a la promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la quejosa está obligada a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la callejón Galiana número 270, interior 7 Colonia Centro, de ciudad, y como autorizados a los licenciados Eric Gracia Álvarez y José Lauren Lara Fuentes, y únicamente para imponerse de autos a Jesús Antonio López Cisneros, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

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