Blanca Abel Valdez Ruelas

Expediente 23/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
23/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
13/09/2018

Partes del expediente

  • Blanca Abel Valdez Ruelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veinte de agosto del año en curso, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que quedaba cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo que nos ocupa, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de quince de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, revocó la sentencia de amparo dictada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete; y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Blanca Abel Valdez Ruelas; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberá conservarse el proveído, por la que se concedió provisionalmente la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa, y de la resolución interlocutoria por la que se concedió definitivamente la suspensión de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, a través de los oficios sin número, recibidos el pasado diecisiete de mayo, cinco y veinticinco de julio de dos mil dieciocho, respectivamente, comunicó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que, por resolución emitida en sesión de quince de marzo de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la aquí quejosa Blanca Abel Valdez Ruelas, para efecto de que le fije una cita para que, previo consentimiento otorgado por Blanca Abel Valdez Ruelas (quejosa), se le preste el servicio quirúrgico correspondiente al padecimiento de su rodilla izquierda, así como asistencia médica y farmacéutica en el Hospital General de Zona Número 49 de Los Mochis, Sinaloa, en la inteligencia de que en el caso de que no estén disponibles los servicios o recursos tecnológicos en el referido hospital, realice el traslado de la quejosa al hospital general de subzona, zona o regional, de conformidad con el esquema de regionalización de los servicios de atención médica determinados para cada Área Médica, o en su defecto, se realice el traslado a una unidad médica de alta especialidad, en los términos de los artículos 4 y 94, del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social; debiendo justificar cabalmente con las constancias relativas. Ahora bien, la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, a través del oficio sin número, recibido el pasado diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, remitió las notas de atención médica de fechas cuatro y once de abril de la presente anualidad, en las que se advierte, que al realizar a la paciente Blanca Abel Valdez Ruelas, exploraciones físicas, arrojó que la misma necesita de ayuda en control de peso, para poder someterla a la cirugía que requiere por el padecimiento de su rodilla izquierda; de igual forma, se observa que ha sido asistida médica y farmacéutica en el Hospital General de Zona Número 49 de Los Mochis, Sinaloa, y, que se ordenó llevar a cabo un control de peso a la paciente. De igual manera, a través del oficio sin número, recibido el pasado cinco de julio de dos mil dieciocho, nuevamente remitió notas de atención médica realizadas a la paciente aquí quejosa Blanca Abel Valdez Ruelas, en fechas diecisiete, veinticuatro de mayo y, catorce de junio del año en curso, donde arrojó de nueva cuenta, que la paciente requiere de control de peso para poder ser sometida a la cirugía de su rodilla izquierda, por lo que, se evidencia que se sigue otorgando la asistida médica y farmacéutica en el Hospital General de Zona Número 49 de Los Mochis, Sinaloa, y, llevando a cabo un control de peso a la paciente. Por último, a través del oficio sin número, recibido el pasado veinticinco de julio del año en curso, remite la nota de atención médica de fecha veinticuatro de julio del año que transcurre, en las que se advierte, que la paciente tiene una lesión meniscal en rodilla izquierda desde hace aproximadamente seis meses derivado de esto, presenta dolor e inflamación; asimismo se indica que se solicitó apoyo en relación a su peso, ya que, al realizar exploraciones físicas a la paciente Blanca Abel Valdez Ruelas, arrojó que la misma necesita ayuda en control de peso, para poder someterla a la cirugía que requiere por el padecimiento de su rodilla izquierda; de igual forma, se observa que ha sido asistida médica y farmacéutica en el Hospital General de Zona Número 49 de Los Mochis, Sinaloa, finalmente informó qué se señaló como fecha para la intervención quirúrgica que requiere la mencionada quejosa, el dos de octubre de dos mil dieciocho; por lo que, en ese sentido se le otorgó a la multicitada quejosa un esquema nutricional en el servicio de nutrición y dietético, a fin de que la misma baje 1.5 kilogramos por semana para cumplir con los 12 kilogramos establecidos para que sea intervenida quirúrgicamente, lo cual se hizo del conocimiento de la quejosa, a fin de que lleve el control de peso para su debida intervención quirúrgica; esto, con el fin de estar en condiciones de realizarla sin atraso injustificado. Bajo ese contexto, atento al "principio de ejecución" y toda vez que la autoridad responsable ha realizado diversas acciones tendentes a cumplir realmente con los deberes y obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, puesto que, ha otorgado a la quejosa la asistencia médica y farmacéutica en el Hospital General de Zona Número 49 de Los Mochis, Sinaloa; además, se lleva a cabo un control de peso a la paciente con el fin de poder realizar la cirugía que requiere por el padecimiento de su rodilla izquierda, la cual fue señalada para el dos de octubre de dos mil dieciocho; consecuentemente, si la autoridad responsable fijó fecha para la cirugía y ha proporcionado la atención médica a la quejosa, máxime que se advierte que ha realizado un tratamiento de control de peso a fin de realizar la cirugía, es inconcuso que la responsable ha observado la sentencia constitucional, de ahí que, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, dado que con el nombrado cumplimiento de la sentencia de amparo que nos ocupa, puede considerarse que se ha cumplido con la obligación exigida, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 192, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Novena Época, con registro 163808, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2010, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 87/2010, cuyo contenido es: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Asimismo, la Tesis de la Novena Época, con registro 200307, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 116, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 1995, Materia(s): Común, Tesis: P. LXV/95, que dice: "INCIDENTES DE INEJECUCION E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE "PRINCIPIO DE EJECUCION" QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACION DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NUCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACION EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCION DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Este tribunal decide apartarse del criterio sostenido en la tesis que con el título de: "INCONFORMIDADES PREVISTAS POR EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 105 DE LA LEY DE AMPARO E INCIDENTES DE INEJECUCION DE SENTENCIA. REQUIEREN, COMO PRESUPUESTO NECESARIO, LA IMPUTACION DE UNA ACTITUD ABSTENCIONISTA TOTAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA ACATAR LA EJECUTORIA DE AMPARO", está publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte, página ochocientos veintiocho, pues un nuevo examen de la fracción XVI del artículo 107 constitucional vigente, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus artículos 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, muestra que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en la sentencia, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo admitiendo la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este alto tribunal la conducta de la autoridad responsable que a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su substanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita; en este sentido, habrá "principio de ejecución" y serán improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, por surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en la ejecutoria de amparo, que es el núcleo de la restitución en la garantía violada, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo.". En el entendido de que no es dable prejuzgar en el sentido de que la autoridad responsable volverá a incurrir en omisiones futuras e inciertas, y en la inteligencia que de no realizarse la cirugía que requiere por el padecimiento de su rodilla izquierda la quejosa, o bien, no brindar el servicio quirúrgico, asistencia médica y farmacéutica, por causas imputables a la autoridad responsable, pudiera incurrir en repetición del acto reclamado, con las consecuencias que de ello deriven.

  3. Principal

    Visto el escrito signado por la autorizada legal de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación a la vista de veintisiete de julio del año en curso; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales. Téngase por hechas las manifestaciones que realiza la parte quejosa, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, esto es al momento de resolver si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por el Doctor Enrique Romero Guzmán, en su carácter de Encargado de la Dirección del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, esto es, que provisionalmente señaló como fecha tentativa para la intervención quirúrgica que requiere la quejosa Blanca Abel Valdez Ruelas, al padecimiento de su rodilla izquierda, el dos de octubre de dos mil dieciocho; por lo que, en ese sentido se le otorga un esquema nutricional en el servicio de nutrición y dietético, en el cual debe de bajar 1.5 kilogramos cada semana para cumplir con los 12 kilogramos establecidos para que la misma sea intervenida quirúrgicamente. Dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga.

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