BLANCA ESTELA CONTRERAS y Otros.

Expediente 218/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 60 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
218/2018
Año
2018
Actuaciones
60
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • BLANCA ESTELA CONTRERAS y Otros.
  • PATRICIO VERDUGO CONTRERAS y Otros.
  • Blanca Estela Contreras
  • Patricio Verdugo Contreras
  • ANDREA CONTRERAS y Otros.
  • ALICIA CONTRERAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 60.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en el testimonio de resolución dictado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, el cinco de marzo de dos mil veinte, en el toca número 218/2019, de su índice, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional se concedió la suspensión y por lo que hace a la definitiva se negó, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveídos de veintinueve de septiembre y treinta de octubre, ambos de dos mil veinte, de los oficios suscritos por el jefe de la unidad de asuntos jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, y por el subdelegado técnico, como encargado del despacho del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que por oficio 3896/2020, remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y recibido en este juzgado el día once de agosto de dos mil veinte, mediante el cual, anexa copia del testimonio de la resolución del toca número 218/2019, de cinco de marzo de dos mil veinte, en la cual revocan la sentencia recurrida, y se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Blanca Estela, Patricio Verdugo, Alicia, Andrea y Saturnino, todos de apellidos Contreras, en consecuencia, mediante proveído de catorce de agosto de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsables Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa y Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el cinco de marzo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: 1. Las autoridades responsables dejen insubsistentes las sentencias dictadas en el juicio natural y ordenar reponer el procedimiento a fin de tutelar a favor de los quejosos el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, de conformidad con las disposiciones legales previstas para el juicio agrario, sean notificados de dicho juicio y tengan la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que finquen sus pretensiones, en su caso, sus defensas, de alegar y, a una resolución que dirima las cuestiones debatidas en torno a los derechos que hagan valer en el juicio agrario, en relación a las cuestiones planteadas y debatidas antes de que éstos integraran dicha relación jurídica procesal. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficios recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el veinticuatro de septiembre y veintinueve de octubre, ambos de dos mil veinte, el jefe de la unidad de asuntos jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, y el subdelegado técnico, como encargado del despacho del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, remitieron los oficios UAJ-1543/2020 Y 750/2020, respectivamente, en donde, el primero, ordena reponer el procedimiento, dejando sin efecto el acto reclamado, es decir, la sentencia de cinco de julio de dos mil dieciséis; y el segundo, realizó la cancelación de los certificados parcelarios y de uso común que se habían expedido a favor de Teófilo Contreras, quedando vigentes nuevamente los certificados a favor de Juliana Contreras Camacho. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".las autoridades responsables dejen insubsistentes las sentencias dictadas en el juicio natural y ordenar reponer el procedimiento a fin de tutelar a favor de los quejosos el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, de conformidad con las disposiciones legales previstas para el juicio agrario, sean notificados de dicho juicio y tengan la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que finquen sus pretensiones, en su caso, sus defensas, de alegar y, a una resolución que dirima las cuestiones debatidas en torno a los derechos que hagan valer en el juicio agrario, en relación a las cuestiones planteadas y debatidas antes de que éstos integraran dicha relación jurídica procesal.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA: BLANCA ESTELA, ALICIA, ANDREA, Y SATURNINO, TODOS DE APELLIDOS CONTRERAS Y PATRICIO VERDUGO CONTRERAS, EL ACUERDO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveídos de veintinueve de septiembre y treinta de octubre, ambos de dos mil veinte, de los oficios suscritos por el jefe de la unidad de asuntos jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, y por el subdelegado técnico, como encargado del despacho del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que por oficio 3896/2020, remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia?????? Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y recibido en este juzgado el día once de agosto de dos mil veinte, mediante el cual, anexa copia del testimonio de la resolución del toca número 218/2019, de cinco de marzo de dos mil veinte, en la cual revocan la sentencia recurrida, y se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Blanca Estela, Patricio Verdugo, Alicia, Andrea y Saturnino, todos de apellidos Contreras, en consecuencia, mediante proveído de catorce de agosto de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsables Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa y Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el cinco de marzo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: 1. Las autoridades responsables dejen insubsistentes las sentencias dictadas en el juicio natural y ordenar reponer el procedimiento a fin de tutelar a favor de los quejosos el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, de conformidad con las disposiciones legales previstas para el juicio agrario, sean notificados de dicho juicio y tengan la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que finquen sus pretensiones, en su caso, sus defensas, de alegar y, a una resolución que dirima las cuestiones debatidas en torno a los derechos que hagan valer en el juicio agrario, en relación a las cuestiones planteadas y debatidas antes de que éstos integraran dicha relación jurídica procesal. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que?????? cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficios recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el veinticuatro de septiembre y veintinueve de octubre, ambos de dos mil veinte, el jefe de la unidad de asuntos jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, y el subdelegado técnico, como encargado del despacho del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, remitieron los oficios UAJ-1543/2020 Y 750/2020, respectivamente, en donde, el primero, ordena reponer el procedimiento, dejando sin efecto el acto reclamado, es decir, la sentencia de cinco de julio de dos mil dieciséis; y el segundo, realizó la cancelación de los certificados parcelarios y de uso común que se habían expedido a favor de Teófilo Contreras, quedando vigentes nuevamente los certificados a favor de Juliana Contreras Camacho. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".las autoridades responsables dejen insubsistentes las sentencias dictadas en el juicio natural y ordenar reponer el procedimiento a fin de tutelar a favor de los quejosos el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, de conformidad con las disposiciones legales previstas para el juicio agrario, sean notificados de dicho juicio y tengan la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que finquen sus pretensiones, en su caso, sus defensas, de alegar y, a una resolución que dirima las cuestiones debatidas en torno a los derechos que hagan valer en el juicio agrario, en relación a las cuestiones planteadas y debatidas antes de que éstos integraran dicha relación jurídica procesal.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las autoridades responsables no han otorgado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que a la fecha no han informado a este juzgado el cumplimiento a la misma o el impedimento legal o material que tuvieren para no dar cumplimiento a la misma. En esa virtud, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, y Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo y remitan las constancias certificadas respectivas o en su caso, manifiesten el impedimento legal o material que para ello tuvieren. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: 1. Se concede el amparo solicitado para efecto de que las autoridades responsables dejen insubsistentes las sentencias dictadas en el juicio natural y ordenar reponer el procedimiento a fin de tutelar a favor de los quejosos el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, de conformidad con las disposiciones legales previstas para el juicio agrario, sean notificados de dicho juicio y tengan la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que finquen sus pretensiones, en su caso, sus defensas, de alegar y, a una resolución que dirima las cuestiones debatidas en torno a los derechos que hagan valer en el juicio agrario, en relación a las cuestiones planteadas y debatidas antes de que éstos integraran dicha relación jurídica procesal. Por último, se apercibe a las citadas autoridades responsables, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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