Blanca Rafaela Cota Llanes

Expediente 408/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
408/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Blanca Rafaela Cota Llanes

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA BLANCA RAFAELA COTA LLANES, EL AUTO DE VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda de cuenta, promovida por ********************, contra actos del Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, realícense las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número ********************-1A. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al juez de distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". En ese tenor, debe precisarse que la parte quejosa aduce que ******************** y otros, promovieron el juicio sumario civil de desahucio ******************** ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, contra ********************, el cual se encuentra concluido, se tramitó un incidente por el cobro de costas, el que se encuentra en etapa de avalúo sobre un bien inmueble que se señaló para embargo, donde fue requerido por el citado juez de origen el actor incidentista ********************, por el pago de los honorarios del perito en Topografía. El ******************** se dictó la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, dentro del citado juicio, en el que en los puntos resolutivos dice: PRIMERO. Es improcedente el incidente de nulidad de actuaciones instaurado por los coactores los C.C. ********************, respecto del auto de fecha ********************. SEGUNDO:- No ha lugar a declarar nula la actuación relativa al auto de fecha ********************. TERCERO. Notifíquese personalmente las partes la presente sentencia interlocutoria en términos del artículo 118, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en su domicilio procesal. CUMPLASE. Así lo sentencio y firmó el Ciudadano Licenciado Juan Ignacio René Bastidas Lomelí, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante el C. Licenciado Wulfrano Norzagaray Quintero, Secretario Segundo que da fe.". La quejos ********************, interpuso el recurso de apelación contra la interlocutoria que antecede, y el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el veintiocho de junio de dos mil diecinueve al resolver el toca número ********************, confirmó la interlocutoria recurrida de ********************, y no condenó en costas. Pues bien, la parte quejosa reclama la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve por la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en el toca número ********************, relativo al recurso de apelación de la sentencia interlocutoria interpuesto por la ahora quejosa ******************** y los considerandos III y IV y puntos resolutivos de dicha resolución en el que resuelve lo siguiente: PRIMERO.- SE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA RECURRIDA, DE FECHA 22 VEINTIDOS DE MAYO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. SEGUNDO. No se condena en costas.". Ante este panorama, el suscrito juzgador estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo. 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;..." En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primera regla genérica, consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de los derechos fundamentales, pues esta afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica, consiste en que el juicio de amparo bi-instancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. La regla específica introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al caso concreto, es aplicable el criterio sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P/J. 32/2001, visible en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". En estas condiciones y en relación a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio de origen, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de derechos fundamentales. Esto es así, pues a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de amparo. En esta línea del pensamiento, es claro advertir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en principio, porque de la demanda se advierte que la parte quejosa es coactora con ********************, en el juicio sumario civil de desahucio ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Guasave, Sinaloa, dado que la quejosa y ********************, fueron las que promovieron el incidente de nulidad de actuaciones contra el auto de treinta de enero de dos mil diecinueve dictado en el juicio de origen. Así las cosas, es dable establecer que la resolución interlocutoria dictada en el incidente de nulidad de actuaciones tiene como efecto únicamente confirmar la resolución que declaro improcedente el incidente de nulidad de actuaciones instaurado por la quejosa y no declaró nula la actuación de treinta de enero de dos mil diecinueve y, como consecuencia, continuar la etapa de ejecución de la sentencia principal emitida por el tribunal responsable, por lo que no constituye la última resolución de dicha etapa de ejecución, pues en ella no se aprobó ni se reconoció de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o bien la imposibilidad para cumplirla, para que en su caso procediera el juicio bi-instancial de amparo, dado que es un acto intermedio dictado dentro de ese procedimiento de ejecución. En el caso en concreto, la última resolución será la que tenga por cumplimentada la sentencia definitiva o declare su imposibilidad. En efecto, para que el juicio de amparo sea procedente contra un acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia, éste no debe estar encaminado a obstaculizar el cumplimiento de la sentencia dictada en el procedimiento natural, y por el contrario, debe constituir la última resolución dictada en dicha etapa y estar encaminado directamente a cumplir con el fallo respectivo. Por tanto, ninguna de las resoluciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencia -como lo es precisamente el acto reclamado, por constituir una resolución interlocutoria que no puso fin al procedimiento de ejecución ni goza de autonomía, al ser acto relacionado directamente con la sentencia definitiva y encaminado a declarar cumplida la sentencia o la imposibilidad para ello-, puede ser combatida a través del juicio de amparo indirecto, ya que sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, es decir, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo cual en la especie no acontecido. Por lo tanto, si en el caso en particular el acto reclamado resulta ser una determinación judicial intermedia dictada para dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el juicio natural, es claro que el juicio de amparo resulta ser improcedente, ya que será hasta que se declare el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare su imposibilidad jurídica para ello, que proceda el juicio biinstancial, donde la hoy quejosa podrá hacer valer todas las violaciones cometidas durante el período de ejecución de sentencia como los actos que ahora pretendió reclamar. Lo anterior es así, ya que opinar en sentido contrario, equivaldría permitir que cualquiera de las partes en un procedimiento jurisdiccional retardase la ejecución de una sentencia que no le beneficia, lo cual no es permisible, ya que ello sería actuar contra el orden público y el interés social, de ahí que si en el caso en particular, la autoridad resolvió la interlocutoria, actuación tendente a cumplimentar la sentencia culminatoria de dicho proceso; por tanto, deberá esperar hasta la última resolución que declare en dicho procedimiento, que será la que declare expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad jurídica para ello. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 36/2004 por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de Julio de 2004, de la Novena Época, con número de registro 181144, del Semanario Justicia de la Federación y su Gaceta, página 75 cuyo contenido establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada.". En efecto, las determinaciones decretadas durante un procedimiento de ejecución de sentencia, hasta antes de que se dicte la resolución que le pone fin, constituye una resolución intermedia, la cual no puede reclamarse por la vía constitucional, hasta en tanto el juez de origen pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, con número de registro 163152, emitida por el Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011, en Materia Común, visible en la Página 6, que al tenor reza: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". También es aplicable a lo anterior la tesis número 2a. VIII/98 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la Segunda Sala, tomo VII, Febrero de 1998, en la página 230: cuyo contenido es del siguiente tenor literal: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. Si en el juicio de garantías se reclaman, en términos de lo establecido en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, con motivo de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, las disposiciones legales relativas en que se fundó el embargo de bienes que se practicó durante la sustanciación del juicio ejecutivo en que el quejoso intervino y contestó la demanda respectiva, el amparo resulta improcedente toda vez que dicho acto de aplicación, independiente y anterior al procedimiento de ejecución de la sentencia, debió ser reclamado en su oportunidad en el amparo indirecto, de modo que al no haberse promovido éste, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento tácito de ese acto y de sus disposiciones legales relativas.". De modo que, la violación que aduce se cometió en ejecución de sentencia, no constituyen un acto cuya ejecución sea de reparación imposible y, por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, sólo tienen efectos intraprocesales, en el procedimiento de ejecución de la sentencia. Así las cosas, al estar demostrado que la resolución que constituye el acto reclamado fue dictada en la etapa de ejecución de sentencia y que no constituye el último acto de ejecución; considerando que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte agraviada, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo aquí considerado encuentra sustento en la tesis I.2o.C. 33 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1070, Tomo XXI, Marzo de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN ESE PROCEDIMIENTO. Conforme a lo previsto en el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se pedirá ante el Juez de Distrito: "Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.-Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.". Luego, si el acto reclamado consiste en una resolución dictada por el tribunal de alzada, por medio de la cual confirmó la interlocutoria que declaró infundado el incidente de nulidad de embargo, que se practicó en el procedimiento de ejecución de sentencia ejecutoriada, resulta evidente que el juicio de amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación o resolución del citado procedimiento, pues no reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. En la inteligencia de que no es aplicable el diverso supuesto previsto en la fracción IV del citado artículo 114 de la ley de la materia, que establece: "Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que a los actos dictados después de concluido el juicio no pueden aplicárseles las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto que rigen para los actos realizados dentro de juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas.". Asimismo, la tesis I.6o.C.295 C, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1445, Tomo XIX, Enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LAS ÚLTIMAS PROVIDENCIAS EMITIDAS EN UN INCIDENTE O TOCA DE APELACIÓN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, POR NO TRATARSE DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. El hecho de que en ejecución de sentencia se lleguen a dictar providencias que sean resueltas por un Juez en primera instancia o en la alzada a través del recurso de apelación, no quiere decir que dichas resoluciones, por el solo hecho de ser las últimas que se emiten en un incidente o toca de apelación, hagan procedente el juicio de garantías a través de la vía indirecta, toda vez que la procedencia de aquél, en términos de la fracción III, segundo párrafo, del artículo 114 de la Ley de Amparo, se refiere, como es sabido, a la última resolución decretada en el procedimiento de ejecución, la que tiene por cumplida la sentencia definitiva, o bien, declara su imposibilidad material o jurídica; por lo que si el acto reclamado no cumple con tales características, es indudable la improcedencia del juicio constitucional." Por último, resulta aplicable la tesis XVI.3o 2 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, ubicada en la página 917, Tomo XVII, Junio de 2003, que a la letra establece: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES CUANDO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES SE DECLARA INFUNDADO Y SE TRAMITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIN QUE LA INTERLOCUTORIA QUE LE PONE FIN SEA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. El juicio de amparo es improcedente contra la interlocutoria que declara infundado el incidente de nulidad de notificaciones que se ventiló en el periodo de ejecución de sentencia; ello, en virtud de que el resultado del incidente trae como consecuencia que siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que el quejoso fue oído y vencido con las formalidades que prevé el artículo 14 constitucional. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo ejecutivo, y en los conceptos de violación se podrán alegar las violaciones que considere se cometieron en el trámite del citado incidente de nulidad de notificaciones, o bien, en la resolución que recayó al mismo." De esta manera, es evidente que el acto reclamado no reviste las características de última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pues en él no se está 1) aprobando o reconociendo el cumplimiento total de lo sentenciado, 2) ni declarando la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso, 3) ordenando el archivo definitivo del expediente. Únicos supuestos, respecto a los cuales el legislador textualmente limitó la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, respecto a actos en ejecución de sentencia (distinto al remate), conforme lo previsto en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Luego, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, merced a que, como ya se explicó, la resolución combatida no constituye la última resolución a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, por cuanto a que, el procedimiento de ejecución de sentencia se encuentra en una fase intermedia, respecto a la cual, siguiendo el método de integración de la norma jurídica a contrario sensu, no procede el juicio de amparo indirecto; máxime, cuando, de considerarse de otra manera, se obstaculizaría el aludido procedimiento de ejecución lo cual evidentemente es contrario a la intención del legislador, al limitar la procedencia del amparo respecto a este tipo de actos en ejecución de sentencia (distintos al remate), a los supuestos contenidos en el aludido segundo párrafo. Apoya a lo anterior la tesis VII.2o.C.23 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible a página 1947, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, Novena Época, de registro 175683, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia.". Y por similitud la diversa, jurisprudencia VI.2o.C. J/253 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Mayo de 2005, visible a página 1331, Materia Civil, Novena Época, con registro 178405, que a la letra dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo.". En las relatadas consideraciones, al actualizarse el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 107, fracción IV, párrafos primero (interpretado a contrario sensu) y segundo, ambos de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en el artículo 113 de la ley en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA Blanca Rafaela Cota Llanes EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPRO NÚMERO 408 2019 EL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE DICE: Vista la demanda de cuenta, promovida por Blanca Rafaela Cota Llanes, fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 408/2019-1A. Ahora bien, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 110, 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo en vigor, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para distribuirlas entre las partes, bajo protesta de decir verdad y atendiendo los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, cumpla con la prevención siguiente: Precise los antecedentes del acto reclamado haciendo una relación clara y suscinta de los que se desprenda la etapa procesal en que se encuentra el juicio sumario civil de desahucio 808/2016, promovido por Blanca Rafaela Llanes Sandoval y otros, contra Javier Cota LLanes, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Guasave, Sinaloa, a fin de estar en aptitud de advertir la etapa en que se encuentra dicho juicio y proveer respecto de la admisión de la demanda. Apoya jurídicamente lo que precede la tesis número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, sustentada por el tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." También es aplicable la diversa tesis de jurisprudencia número 495, publicada en la página 433, Tomo VI, Materia Común del Apéndice 2000, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA.- De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un Juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo. En la inteligencia de que, de no cumplir con la prevención que nos ocupa en el plazo y términos precisados o de no exhibir las copias necesarias para correr traslado a las partes, de conformidad con los artículos 110 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en el precepto 305, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. De igual manera, téngase como sus autorizados para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Pablo de la Cruz Chávez Chávez y Pamela Real Leyva.

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