Arisbe Rojas Porras

Expediente 445/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
445/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
27/11/2018

Partes del expediente

  • Arisbe Rojas Porras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. ACUSE DE RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Pernal del Décimo Primer Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 15636, y hace del conocimiento que en proveído de veintiuno de los actuales, ese Tribunal de Alzada, se avocó al conocimiento del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al ARCHIVO el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DESINCORPORARSE Y DESTRUIBLE. En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESINCORPORARSE Y DESTRUIRSE, una vez que trascurran seis meses a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.*lsm.

  2. Principal

    V I S T O S los autos del juicio de amparo número I-445/2018, promovido por ARISBE ROJAS PORRAS, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en esa misma data en este órgano jurisdiccional, el quejoso de referencia, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto que a continuación se transcriben: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES. Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. y Juez Segundo Penal." "IV.- ACTO RECLAMADO.- La negativa de girar la orden de aprehensión solicitada por el H. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado en cita en contra de los indiciados MA. TERESA PÉREZ Y RICARDO GONZÁLEZ ÁVALOS dentro de causa penal 19/2017 por lo que ve al juzgado segundo penal y la confirmación por parte de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el Toca No. 6/2018". Lo que estima violatorio de los derechos fundamentales que consagran los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por razón de turno correspondió a este Juzgado de Distrito conocer de la demanda de amparo en comento, la que previa su aclaración, por auto de cinco de junio del año en curso, se admitió a trámite, proveído en el que además se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se emplazó como terceros interesados al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como a RICARDO GONZÁLEZ ÁVALOS y MA. TERESA PÉREZ PÉREZ y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O ÚNICO. COMPETENCIA. En primer término, es pertinente señalar que la competencia es la facultad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se sometan a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio. Por su parte, la jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es el imperio de que se hallan investidos los Jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo que origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. Así, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer del presente juicio constitucional. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis siguiente: "Época: Sexta Época Registro: 265769 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen CI, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 17 COMPETENCIA, ENTRAÑA UN TEMA DE PREVIO ESTUDIO LA CUESTION DE. Si un tribunal estima ser incompetente para conocer del fondo del negocio, debe así declararlo, pues la competencia entraña un tema de previo estudio, sin que, por lo mismo, deba en esta situación examinarse el punto que concierne a la procedencia o improcedencia del recurso. Y esto es así porque cuando el órgano jurisdiccional, antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el recurso es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible partiendo, en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del litigio. Queja 123/65. Marcial Moreno Sánchez. 4 de noviembre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos." Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por los artículos 47 y 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El artículo 47, antes invocado, establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Por su parte el artículo 170, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. [.]" Del contenido de los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando el amparo se promueva contra sentencias definitivas o laudos que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la propia sentencia o contra resoluciones que pongan fin al juicio y la demanda de amparo se presente ante un juez de Distrito, contra alguno de los actos antes mencionados, se declarará incompetente de plano, y se mandará remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; lo mismo acontecerá en materia penal, cuando se trate de sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado los cuales podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley de la Materia. En la especie, es necesario precisar el acto reclamado, para lo cual se debe atender a la demanda de amparo vista en su integridad, de lo que se obtiene que se reclama: La resolución dictada el dos de mayo del dos mil dieciocho, dentro del toca de I-6/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la ahora quejosa, en contra del auto de doce de enero del mismo año, a través del cual el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, negó girar orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público Adscrito a dicho juzgado, dentro de la causa penal 19/2017-III, instruido a RICARDO GONZÁLEZ ÁVALOS y MA. TERESA PÉREZ PÉREZ, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude específico, previsto en el artículo 325, fracción XI del Código Penal del Estado y sancionado por el numeral 324, fracción III del mismo ordenamiento jurídico. Del contenido del informe justificado y constancias anexas al mismo relativas el proceso penal 19/2017-III y toca penal I-6/2018, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende en lo que nos interesa, lo siguiente: 1.- Que mediante escrito de seis de febrero de dos mil quince, ARISBE ROJAS PORRAS, presentó ante el Agente Investigador de la X Agencia adscrita a la Subprocuraduría Regional de Morelia, denuncia en contra de Ma. Teresa Pérez Pérez y Ricardo González Ávalos, la cual fue ratificada ante dicha autoridad ministerial, en esa misma data. 2.- El diez de enero de dos mil dieciocho, el Ministerio Público ejerció acción penal y de reparación del daño en contra de los indiciados RICARDO GONZÁLEZ ÁVALOS y MA. TERESA PÉREZ PÉREZ, en cuanto probables responsables de la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por lo artículos 7°, fracción I, 324, fracción III, 325, fracción XI del Código Penal del Estado, cometido en detrimento de ARISBE ROJAS PORRAS, solicitando además se dictara en su contra la correspondiente orden de aprehensión, conforme a lo dispuesto por los artículos 225 y 228 del Código de Procedimientos Penales del Estado. 3.- El doce de enero del dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, tuvo a la Agente del Ministerio Público consignadora, ejerciendo acción penal solicitada, ordenó iniciar el proceso penal III-19/2017, ordenó practicar cuantas diligencias fueran necesarias y se invitó a los indiciados, hoy tercero interesados, así como a la ofendida aquí quejosa, para que participaran en un proceso restaurativo a fin de llegar a un acuerdo reparatorio entre ellos, tendente a llevar a la solución del conflicto a través de cualquier mecanismo idóneo, para lo cual fijó las catorce horas del veintiséis de enero de este año y se suspendió el procedimiento. 4.- En la fecha y hora señaladas en el punto anterior, sólo compareció la parte ofendida, y así lo certificó la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, por lo cual en auto de veintinueve de enero del mismo año, señaló las catorce horas, del nueve de febrero del mismo año, para que se llevara a cabo dicha audiencia sobre proceso restaurativo. 5.- El nueve de febrero del dos mil dieciocho, de nueva cuenta se certificó sólo la asistencia de la ofendida, ahora quejosa, y el veintidós de febrero de la misma anualidad, se levantó la suspensión del procedimiento decretada en auto de doce de enero del año en cita y se pusieron los autos a la vista del titular para dictar el acuerdo respectivo. 6.- Así el nueve de marzo del dos mil dieciocho, el juez de mérito, negó librar orden de aprehensión en contra de MA. TERESA PÉREZ PÉREZ y RAFAEL GONZÁLEZ ÁVALOS, al considerar que no se acreditaba el cuerpo del delito de fraude específico, del que el Ministerio Público situó como víctima a ARISBE ROJAS PORRAS. 7.- En contra de la anterior negativa, tanto el Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, como la víctima, hoy peticionaria de amparo, interpusieron recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para lo cual formó el toca I-6/2018, en el que el dos de mayo de dos mil dieciocho, confirmó el auto apelado, en virtud de que tampoco consideró acreditado uno de los elementos del cuerpo del delito de fraude específico. Siendo esta última determinación la que en la especie constituye el acto reclamado. En efecto la resolución reclamada si bien no constituye sentencia definitiva, sí puso fin al procedimiento del que deriva este asunto. Así es, dado que una vez que fue negada la orden de aprehensión solicitada por la institución ministerial, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, y la parte ofendida, hoy quejosa, hicieron valer recurso de apelación, que originó se formara el toca número I-6/2018, del conocimiento de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien el dos de mayo del dos mil dieciocho, confirmó la negativa de librar orden de aprehensión, por estimar que no se encontraba demostrado uno de los elementos del cuerpo del delito de fraude específico; sin que se advierta que se indicara la devolución de las actuaciones a fin de que se allegara el Agente del Ministerio Público de más y mejores medios de prueba. Es por lo anterior que se aprecia que la confirmación que hizo la responsable, en relación a la negativa de dictar orden de aprehensión, que constituye el acto reclamado por la parte ofendida en la causa de origen, es competencia del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, por encontrarnos en el supuesto del transcrito numeral 170, fracción I, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, salvo la mejor opinión de dicha superioridad Es aplicable la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2008209 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 14, Enero de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: III.2o.P.67 P (10a.) Página: 1956 ORDEN DE APREHENSIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE LIBRARLA POR ESTIMAR QUE NO SE DEMOSTRARON LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, TIENE EFECTOS DE UNA DECLARATORIA DE LIBERTAD A FAVOR DEL INCULPADO, POR ENDE, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO PUEDE IMPUGNARLA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que la víctima u ofendido del delito podrá impugnar las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado a efecto de lograr la protección y restitución de sus derechos. De lo que se colige que cuando se confirma la negativa de librar una orden de aprehensión, por estimar que no se demostraron los elementos del cuerpo del delito, dicha determinación tiene efectos de una declaratoria de libertad a favor del inculpado, que puede ser impugnada por la víctima u ofendido mediante el juicio de amparo directo, como lo establecen el numeral y párrafo invocados; máxime si en autos no se advirtió que se ordenara la devolución de las actuaciones al Ministerio Público, a fin de que se allegara de más o mejores medios de prueba. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 270/2013. 10 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretaria: Angélica Ramos Vaca. Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". Consecuentemente, en términos del artículo 47 y 170, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se ordena: I. Remitir los autos del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a quien se considera competente para conocer del mismo; y, II. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias necesarias. No es óbice para resolver en la forma antes señalada el hecho de que el cinco de junio del año en curso, se haya admitido a trámite la demanda originadora de este juicio como amparo indirecto, pues la incompetencia legal ahora planteada, no era posible advertirla en ese momento, ya que los motivos y fundamentos que tuvo la Magistrada responsable para confirmar la negativa de orden de aprehensión ante ella recurrida, fueron patentes hasta este momento procesal, en que se precisó el acto reclamado y al analizarlo en base a las constancias remitidas por la responsable como justificación de su informe, se advirtió como ya se dijo, que ésta confirmó la negativa de dictar orden de aprehensión a MA. TERESA PÉREZ PÉREZ y RAFAEL GONZÁLEZ ÁVALOS, al considerar que no se acreditaba el cuerpo del delito de fraude específico previsto y sancionado por lo artículos 7°, fracción I, 324, fracción III, 325, fracción XI del Código Penal del Estado, en detrimento de ARISBE ROJAS PORRAS. Cabe señalar que la anterior determinación no produce afectación alguna a los derechos fundamentales de la quejosa, por el contrario, de resolver este juzgado de Distrito en cuanto al fondo el presente asunto, se originaría una violación al procedimiento, por no ser autoridad legalmente competente para ello. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 47, 73, 74, 75, 170, fracción I, párrafo segundo y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo promovida por ARISBE ROJAS PORRAS contra el acto reclamado a la autoridad responsable que quedó precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando único. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo I-445/2018 del índice de este órgano jurisdiccional al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, solicitándole comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

  3. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa la siguiente resolución: V I S T O S los autos del juicio de amparo número I-445/2018, promovido por ARISBE ROJAS PORRAS, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en esa misma data en este órgano jurisdiccional, el quejoso de referencia, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto que a continuación se transcriben: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES. Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. y Juez Segundo Penal." "IV.- ACTO RECLAMADO.- La negativa de girar la orden de aprehensión solicitada por el H. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado en cita en contra de los indiciados MA. TERESA PÉREZ Y RICARDO GONZÁLEZ ÁVALOS dentro de causa penal 19/2017 por lo que ve al juzgado segundo penal y la confirmación por parte de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el Toca No. 6/2018". Lo que estima violatorio de los derechos fundamentales que consagran los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por razón de turno correspondió a este Juzgado de Distrito conocer de la demanda de amparo en comento, la que previa su aclaración, por auto de cinco de junio del año en curso, se admitió a trámite, proveído en el que además se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se emplazó como terceros interesados al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como a RICARDO GONZÁLEZ ÁVALOS y MA. TERESA PÉREZ PÉREZ y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O ÚNICO. COMPETENCIA. En primer término, es pertinente señalar que la competencia es la facultad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se sometan a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio. Por su parte, la jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es el imperio de que se hallan investidos los Jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo que origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. Así, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer del presente juicio constitucional. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis siguiente: "Época: Sexta Época Registro: 265769 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen CI, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 17 COMPETENCIA, ENTRAÑA UN TEMA DE PREVIO ESTUDIO LA CUESTION DE. Si un tribunal estima ser incompetente para conocer del fondo del negocio, debe así declararlo, pues la competencia entraña un tema de previo estudio, sin que, por lo mismo, deba en esta situación examinarse el punto que concierne a la procedencia o improcedencia del recurso. Y esto es así porque cuando el órgano jurisdiccional, antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el recurso es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible partiendo, en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del litigio. Queja 123/65. Marcial Moreno Sánchez. 4 de noviembre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos." Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por los artículos 47 y 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El artículo 47, antes invocado, establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Por su parte el artículo 170, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. [.]" Del contenido de los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando el amparo se promueva contra sentencias definitivas o laudos que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la propia sentencia o contra resoluciones que pongan fin al juicio y la demanda de amparo se presente ante un juez de Distrito, contra alguno de los actos antes mencionados, se declarará incompetente de plano, y se mandará remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; lo mismo acontecerá en materia penal, cuando se trate de sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado los cuales podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley de la Materia. En la especie, es necesario precisar el acto reclamado, para lo cual se debe atender a la demanda de amparo vista en su integridad, de lo que se obtiene que se reclama: La resolución dictada el dos de mayo del dos mil dieciocho, dentro del toca de I-6/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la ahora quejosa, en contra del auto de doce de enero del mismo año, a través del cual el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, negó girar orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público Adscrito a dicho juzgado, dentro de la causa penal 19/2017-III, instruido a RICARDO GONZÁLEZ ÁVALOS y MA. TERESA PÉREZ PÉREZ, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude específico, previsto en el artículo 325, fracción XI del Código Penal del Estado y sancionado por el numeral 324, fracción III del mismo ordenamiento jurídico. Del contenido del informe justificado y constancias anexas al mismo relativas el proceso penal 19/2017-III y toca penal I-6/2018, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende en lo que nos interesa, lo siguiente: 1.- Que mediante escrito de seis de febrero de dos mil quince, ARISBE ROJAS PORRAS, presentó ante el Agente Investigador de la X Agencia adscrita a la Subprocuraduría Regional de Morelia, denuncia en contra de Ma. Teresa Pérez Pérez y Ricardo González Ávalos, la cual fue ratificada ante dicha autoridad ministerial, en esa misma data. 2.- El diez de enero de dos mil dieciocho, el Ministerio Público ejerció acción penal y de reparación del daño en contra de los indiciados RICARDO GONZÁLEZ ÁVALOS y MA. TERESA PÉREZ PÉREZ, en cuanto probables responsables de la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por lo artículos 7°, fracción I, 324, fracción III, 325, fracción XI del Código Penal del Estado, cometido en detrimento de ARISBE ROJAS PORRAS, solicitando además se dictara en su contra la correspondiente orden de aprehensión, conforme a lo dispuesto por los artículos 225 y 228 del Código de Procedimientos Penales del Estado. 3.- El doce de enero del dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, tuvo a la Agente del Ministerio Público consignadora, ejerciendo acción penal solicitada, ordenó iniciar el proceso penal III-19/2017, ordenó practicar cuantas diligencias fueran necesarias y se invitó a los indiciados, hoy tercero interesados, así como a la ofendida aquí quejosa, para que participaran en un proceso restaurativo a fin de llegar a un acuerdo reparatorio entre ellos, tendente a llevar a la solución del conflicto a través de cualquier mecanismo idóneo, para lo cual fijó las catorce horas del veintiséis de enero de este año y se suspendió el procedimiento. 4.- En la fecha y hora señaladas en el punto anterior, sólo compareció la parte ofendida, y así lo certificó la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, por lo cual en auto de veintinueve de enero del mismo año, señaló las catorce horas, del nueve de febrero del mismo año, para que se llevara a cabo dicha audiencia sobre proceso restaurativo. 5.- El nueve de febrero del dos mil dieciocho, de nueva cuenta se certificó sólo la asistencia de la ofendida, ahora quejosa, y el veintidós de febrero de la misma anualidad, se levantó la suspensión del procedimiento decretada en auto de doce de enero del año en cita y se pusieron los autos a la vista del titular para dictar el acuerdo respectivo. 6.- Así el nueve de marzo del dos mil dieciocho, el juez de mérito, negó librar orden de aprehensión en contra de MA. TERESA PÉREZ PÉREZ y RAFAEL GONZÁLEZ ÁVALOS, al considerar que no se acreditaba el cuerpo del delito de fraude específico, del que el Ministerio Público situó como víctima a ARISBE ROJAS PORRAS. 7.- En contra de la anterior negativa, tanto el Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, como la víctima, hoy peticionaria de amparo, interpusieron recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para lo cual formó el toca I-6/2018, en el que el dos de mayo de dos mil dieciocho, confirmó el auto apelado, en virtud de que tampoco consideró acreditado uno de los elementos del cuerpo del delito de fraude específico. Siendo esta última determinación la que en la especie constituye el acto reclamado. En efecto la resolución reclamada si bien no constituye sentencia definitiva, sí puso fin al procedimiento del que deriva este asunto. Así es, dado que una vez que fue negada la orden de aprehensión solicitada por la institución ministerial, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, y la parte ofendida, hoy quejosa, hicieron valer recurso de apelación, que originó se formara el toca número I-6/2018, del conocimiento de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien el dos de mayo del dos mil dieciocho, confirmó la negativa de librar orden de aprehensión, por estimar que no se encontraba demostrado uno de los elementos del cuerpo del delito de fraude específico; sin que se advierta que se indicara la devolución de las actuaciones a fin de que se allegara el Agente del Ministerio Público de más y mejores medios de prueba. Es por lo anterior que se aprecia que la confirmación que hizo la responsable, en relación a la negativa de dictar orden de aprehensión, que constituye el acto reclamado por la parte ofendida en la causa de origen, es competencia del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, por encontrarnos en el supuesto del transcrito numeral 170, fracción I, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, salvo la mejor opinión de dicha superioridad Es aplicable la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2008209 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 14, Enero de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: III.2o.P.67 P (10a.) Página: 1956 ORDEN DE APREHENSIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE LIBRARLA POR ESTIMAR QUE NO SE DEMOSTRARON LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, TIENE EFECTOS DE UNA DECLARATORIA DE LIBERTAD A FAVOR DEL INCULPADO, POR ENDE, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO PUEDE IMPUGNARLA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que la víctima u ofendido del delito podrá impugnar las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado a efecto de lograr la protección y restitución de sus derechos. De lo que se colige que cuando se confirma la negativa de librar una orden de aprehensión, por estimar que no se demostraron los elementos del cuerpo del delito, dicha determinación tiene efectos de una declaratoria de libertad a favor del inculpado, que puede ser impugnada por la víctima u ofendido mediante el juicio de amparo directo, como lo establecen el numeral y párrafo invocados; máxime si en autos no se advirtió que se ordenara la devolución de las actuaciones al Ministerio Público, a fin de que se allegara de más o mejores medios de prueba. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 270/2013. 10 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretaria: Angélica Ramos Vaca. Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". Consecuentemente, en términos del artículo 47 y 170, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se ordena: I. Remitir los autos del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a quien se considera competente para conocer del mismo; y, II. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias necesarias. No es óbice para resolver en la forma antes señalada el hecho de que el cinco de junio del año en curso, se haya admitido a trámite la demanda originadora de este juicio como amparo indirecto, pues la incompetencia legal ahora planteada, no era posible advertirla en ese momento, ya que los motivos y fundamentos que tuvo la Magistrada responsable para confirmar la negativa de orden de aprehensión ante ella recurrida, fueron patentes hasta este momento procesal, en que se precisó el acto reclamado y al analizarlo en base a las constancias remitidas por la responsable como justificación de su informe, se advirtió como ya se dijo, que ésta confirmó la negativa de dictar orden de aprehensión a MA. TERESA PÉREZ PÉREZ y RAFAEL GONZÁLEZ ÁVALOS, al considerar que no se acreditaba el cuerpo del delito de fraude específico previsto y sancionado por lo artículos 7°, fracción I, 324, fracción III, 325, fracción XI del Código Penal del Estado, en detrimento de ARISBE ROJAS PORRAS. Cabe señalar que la anterior determinación no produce afectación alguna a los derechos fundamentales de la quejosa, por el contrario, de resolver este juzgado de Distrito en cuanto al fondo el presente asunto, se originaría una violación al procedimiento, por no ser autoridad legalmente competente para ello. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 47, 73, 74, 75, 170, fracción I, párrafo segundo y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo promovida por ARISBE ROJAS PORRAS contra el acto reclamado a la autoridad responsable que quedó precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando único. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo I-445/2018 del índice de este órgano jurisdiccional al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, solicitándole comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

  4. Principal

    Por lista notifico a la parte tercero interesada MA. TERESA PEREZ PEREZ, la siguiente resolución: V I S T O S los autos del juicio de amparo número I-445/2018, promovido por ARISBE ROJAS PORRAS, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en esa misma data en este órgano jurisdiccional, el quejoso de referencia, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto que a continuación se transcriben: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES. Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. y Juez Segundo Penal." "IV.- ACTO RECLAMADO.- La negativa de girar la orden de aprehensión solicitada por el H. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado en cita en contra de los indiciados MA. TERESA PÉREZ Y RICARDO GONZÁLEZ ÁVALOS dentro de causa penal 19/2017 por lo que ve al juzgado segundo penal y la confirmación por parte de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el Toca No. 6/2018". Lo que estima violatorio de los derechos fundamentales que consagran los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por razón de turno correspondió a este Juzgado de Distrito conocer de la demanda de amparo en comento, la que previa su aclaración, por auto de cinco de junio del año en curso, se admitió a trámite, proveído en el que además se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se emplazó como terceros interesados al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como a RICARDO GONZÁLEZ ÁVALOS y MA. TERESA PÉREZ PÉREZ y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O ÚNICO. COMPETENCIA. En primer término, es pertinente señalar que la competencia es la facultad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se sometan a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio. Por su parte, la jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es el imperio de que se hallan investidos los Jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo que origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. Así, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer del presente juicio constitucional. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis siguiente: "Época: Sexta Época Registro: 265769 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen CI, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 17 COMPETENCIA, ENTRAÑA UN TEMA DE PREVIO ESTUDIO LA CUESTION DE. Si un tribunal estima ser incompetente para conocer del fondo del negocio, debe así declararlo, pues la competencia entraña un tema de previo estudio, sin que, por lo mismo, deba en esta situación examinarse el punto que concierne a la procedencia o improcedencia del recurso. Y esto es así porque cuando el órgano jurisdiccional, antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el recurso es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible partiendo, en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del litigio. Queja 123/65. Marcial Moreno Sánchez. 4 de noviembre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos." Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por los artículos 47 y 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El artículo 47, antes invocado, establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Por su parte el artículo 170, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. [.]" Del contenido de los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando el amparo se promueva contra sentencias definitivas o laudos que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la propia sentencia o contra resoluciones que pongan fin al juicio y la demanda de amparo se presente ante un juez de Distrito, contra alguno de los actos antes mencionados, se declarará incompetente de plano, y se mandará remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; lo mismo acontecerá en materia penal, cuando se trate de sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado los cuales podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley de la Materia. En la especie, es necesario precisar el acto reclamado, para lo cual se debe atender a la demanda de amparo vista en su integridad, de lo que se obtiene que se reclama: La resolución dictada el dos de mayo del dos mil dieciocho, dentro del toca de I-6/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la ahora quejosa, en contra del auto de doce de enero del mismo año, a través del cual el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, negó girar orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público Adscrito a dicho juzgado, dentro de la causa penal 19/2017-III, instruido a RICARDO GONZÁLEZ ÁVALOS y MA. TERESA PÉREZ PÉREZ, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude específico, previsto en el artículo 325, fracción XI del Código Penal del Estado y sancionado por el numeral 324, fracción III del mismo ordenamiento jurídico. Del contenido del informe justificado y constancias anexas al mismo relativas el proceso penal 19/2017-III y toca penal I-6/2018, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende en lo que nos interesa, lo siguiente: 1.- Que mediante escrito de seis de febrero de dos mil quince, ARISBE ROJAS PORRAS, presentó ante el Agente Investigador de la X Agencia adscrita a la Subprocuraduría Regional de Morelia, denuncia en contra de Ma. Teresa Pérez Pérez y Ricardo González Ávalos, la cual fue ratificada ante dicha autoridad ministerial, en esa misma data. 2.- El diez de enero de dos mil dieciocho, el Ministerio Público ejerció acción penal y de reparación del daño en contra de los indiciados RICARDO GONZÁLEZ ÁVALOS y MA. TERESA PÉREZ PÉREZ, en cuanto probables responsables de la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por lo artículos 7°, fracción I, 324, fracción III, 325, fracción XI del Código Penal del Estado, cometido en detrimento de ARISBE ROJAS PORRAS, solicitando además se dictara en su contra la correspondiente orden de aprehensión, conforme a lo dispuesto por los artículos 225 y 228 del Código de Procedimientos Penales del Estado. 3.- El doce de enero del dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, tuvo a la Agente del Ministerio Público consignadora, ejerciendo acción penal solicitada, ordenó iniciar el proceso penal III-19/2017, ordenó practicar cuantas diligencias fueran necesarias y se invitó a los indiciados, hoy tercero interesados, así como a la ofendida aquí quejosa, para que participaran en un proceso restaurativo a fin de llegar a un acuerdo reparatorio entre ellos, tendente a llevar a la solución del conflicto a través de cualquier mecanismo idóneo, para lo cual fijó las catorce horas del veintiséis de enero de este año y se suspendió el procedimiento. 4.- En la fecha y hora señaladas en el punto anterior, sólo compareció la parte ofendida, y así lo certificó la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, por lo cual en auto de veintinueve de enero del mismo año, señaló las catorce horas, del nueve de febrero del mismo año, para que se llevara a cabo dicha audiencia sobre proceso restaurativo. 5.- El nueve de febrero del dos mil dieciocho, de nueva cuenta se certificó sólo la asistencia de la ofendida, ahora quejosa, y el veintidós de febrero de la misma anualidad, se levantó la suspensión del procedimiento decretada en auto de doce de enero del año en cita y se pusieron los autos a la vista del titular para dictar el acuerdo respectivo. 6.- Así el nueve de marzo del dos mil dieciocho, el juez de mérito, negó librar orden de aprehensión en contra de MA. TERESA PÉREZ PÉREZ y RAFAEL GONZÁLEZ ÁVALOS, al considerar que no se acreditaba el cuerpo del delito de fraude específico, del que el Ministerio Público situó como víctima a ARISBE ROJAS PORRAS. 7.- En contra de la anterior negativa, tanto el Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, como la víctima, hoy peticionaria de amparo, interpusieron recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para lo cual formó el toca I-6/2018, en el que el dos de mayo de dos mil dieciocho, confirmó el auto apelado, en virtud de que tampoco consideró acreditado uno de los elementos del cuerpo del delito de fraude específico. Siendo esta última determinación la que en la especie constituye el acto reclamado. En efecto la resolución reclamada si bien no constituye sentencia definitiva, sí puso fin al procedimiento del que deriva este asunto. Así es, dado que una vez que fue negada la orden de aprehensión solicitada por la institución ministerial, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, y la parte ofendida, hoy quejosa, hicieron valer recurso de apelación, que originó se formara el toca número I-6/2018, del conocimiento de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien el dos de mayo del dos mil dieciocho, confirmó la negativa de librar orden de aprehensión, por estimar que no se encontraba demostrado uno de los elementos del cuerpo del delito de fraude específico; sin que se advierta que se indicara la devolución de las actuaciones a fin de que se allegara el Agente del Ministerio Público de más y mejores medios de prueba. Es por lo anterior que se aprecia que la confirmación que hizo la responsable, en relación a la negativa de dictar orden de aprehensión, que constituye el acto reclamado por la parte ofendida en la causa de origen, es competencia del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, por encontrarnos en el supuesto del transcrito numeral 170, fracción I, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, salvo la mejor opinión de dicha superioridad Es aplicable la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2008209 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 14, Enero de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: III.2o.P.67 P (10a.) Página: 1956 ORDEN DE APREHENSIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE LIBRARLA POR ESTIMAR QUE NO SE DEMOSTRARON LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, TIENE EFECTOS DE UNA DECLARATORIA DE LIBERTAD A FAVOR DEL INCULPADO, POR ENDE, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO PUEDE IMPUGNARLA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que la víctima u ofendido del delito podrá impugnar las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado a efecto de lograr la protección y restitución de sus derechos. De lo que se colige que cuando se confirma la negativa de librar una orden de aprehensión, por estimar que no se demostraron los elementos del cuerpo del delito, dicha determinación tiene efectos de una declaratoria de libertad a favor del inculpado, que puede ser impugnada por la víctima u ofendido mediante el juicio de amparo directo, como lo establecen el numeral y párrafo invocados; máxime si en autos no se advirtió que se ordenara la devolución de las actuaciones al Ministerio Público, a fin de que se allegara de más o mejores medios de prueba. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 270/2013. 10 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretaria: Angélica Ramos Vaca. Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". Consecuentemente, en términos del artículo 47 y 170, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se ordena: I. Remitir los autos del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a quien se considera competente para conocer del mismo; y, II. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias necesarias. No es óbice para resolver en la forma antes señalada el hecho de que el cinco de junio del año en curso, se haya admitido a trámite la demanda originadora de este juicio como amparo indirecto, pues la incompetencia legal ahora planteada, no era posible advertirla en ese momento, ya que los motivos y fundamentos que tuvo la Magistrada responsable para confirmar la negativa de orden de aprehensión ante ella recurrida, fueron patentes hasta este momento procesal, en que se precisó el acto reclamado y al analizarlo en base a las constancias remitidas por la responsable como justificación de su informe, se advirtió como ya se dijo, que ésta confirmó la negativa de dictar orden de aprehensión a MA. TERESA PÉREZ PÉREZ y RAFAEL GONZÁLEZ ÁVALOS, al considerar que no se acreditaba el cuerpo del delito de fraude específico previsto y sancionado por lo artículos 7°, fracción I, 324, fracción III, 325, fracción XI del Código Penal del Estado, en detrimento de ARISBE ROJAS PORRAS. Cabe señalar que la anterior determinación no produce afectación alguna a los derechos fundamentales de la quejosa, por el contrario, de resolver este juzgado de Distrito en cuanto al fondo el presente asunto, se originaría una violación al procedimiento, por no ser autoridad legalmente competente para ello. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 47, 73, 74, 75, 170, fracción I, párrafo segundo y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo promovida por ARISBE ROJAS PORRAS contra el acto reclamado a la autoridad responsable que quedó precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando único. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo I-445/2018 del índice de este órgano jurisdiccional al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, solicitándole comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

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