Armando Andrade Quintero

Expediente 268/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
268/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Armando Andrade Quintero
  • Martiniano Torres Vitela y Otros.
  • Martiniano Torres Vitela
  • Marco Antonio Gacía Quintero
  • Armando Andrade Quintero y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintidós. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse NEGADO el amparo y protección de la justicia federal, resolución que fue confirmada por el Tribunal de Alzada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de diciembre de dos mil diecinueve. SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Armando Ponce García Defensor Público de los aquí quejosos, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente asunto; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución con engrose de quince de noviembre de dos mil diecinueve dictada en autos; por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el presente juicio de garantías, el escrito original de agravios, así como una copia para el fiscal federal de la adscripción, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. ACUSA RECIBO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 17390 por el cual se le hizo del conocimiento la resolución dictada en el presente asunto. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6144/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil diecinueve. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 268/2019-X, promovido por Martiniano Torres Vitela, Armando Andrade Quintero, Marco Antonio García Quintero, José Carabez Valdovinos, Juan Manuel Quintero Andrade y Everardo Carabez Navarro, contra el acto del Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Martiniano Torres Vitela, Armando Andrade Quintero, Marco Antonio García Quintero, José Carabez Valdovinos, Juan Manuel Quintero Andrade y Everardo Carabez Navarro, por conducto de su defensor público, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad, que precisaron de la siguiente manera: "IV.- ACTO RECLAMADO: PRIMERO. De la autoridad responsable, la resolución de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, licenciado Octavio Alarcón Terrón, en funciones de juez de control, en la que resolvió dictar auto de vinculación en contra de los hoy quejosos Martiniano Torres Vitela, Armando Andrade Quintero, Marco Antonio García Quintero, José Carabez Valdovinos, Juan Manuel Quintero Andrade y Everardo Carabez Navarro.". En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del acto, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve se admitió la demanda promovida bajo el progresivo 267/2018-X del índice de este Juzgado de Distrito; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Seguido el juicio por todas sus etapas, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida en contra del acto emitido por una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de las demandas de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, por lo que su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En esa medida, se atiende al contenido de la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. Conforme a lo expuesto, se desprende que el acto reclamado materia de la presente instancia constitucional, es el siguiente: ? El auto de vinculación a proceso de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve que se dictó dentro de la causa penal 988/2017 del índice de la autoridad responsable, que se instruye en contra de los aquí quejosos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación el juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuyó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Además, la certeza de que se habla se corrobora con el registro de audio y video en disco óptico remitido y que contiene la videograbación de la audiencia de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve que se celebró dentro de la causa penal 38/2017-IV; medio de convicción que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al tratarse de una actuación llevada a cabo por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo contenido es el siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Así, al no existir alguna causal de improcedencia invocada por las partes u otra que de oficio se advierta, lo que procede es realizar el estudio de fondo del asunto de acuerdo a los conceptos de violación hechos valer. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por los quejosos, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. SEXTO. Estudio de fondo. A manera de preámbulo, es necesario precisar que en este juicio de amparo opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado deriva de un proceso penal donde los aquí quejosos tienen el carácter de vinculados; sin embargo, dicha figura se aplicará siempre y cuando les favorezca, es decir, si del análisis se advierte algún elemento por el que pueda concederse el amparo, por lo que no procede estudiar el acto reclamado bajo aquella complementariedad cuando dicho análisis, lejos de beneficiar, perjudica o no reporta utilidad alguna. También se precisa que, a fin de resolver la cuestión efectivamente planeada, el análisis de los conceptos de violación que hacen valer los quejosos, se hará de manera conjunta sin que importe el orden propuesto, virtud a que el contenido de sus demandas de amparo es similar, y todo caso, este órgano jurisdiccional dará preferencia a los conceptos de violación que reporten un mayor beneficio. Lo anterior con apoyo en las jurisprudencias y tesis aislada que enseguida se transcriben: Época: Décima Época Registro: 2014703 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 44, Julio de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 67/2017 (10a.) Página: 263 "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016. Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 17 de mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. Tesis de jurisprudencia 67/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Nota: Esta tesis jurisprudencial se publicó en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017 para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario Número 19/2013, por lo que a partir de esas mismas fecha y hora y con motivo de la resolución de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016, ya no se considera de aplicación obligatoria la diversa 2a./J. 26/2008, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 242. Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima Época Registro: 2011406 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: (IV Región)2o. J/5 (10a.) Página: 2018 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. Amparo directo 539/2015 (cuaderno auxiliar 831/2015) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Petróleos Mexicanos y otro. 16 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano. Amparo directo 624/2015 (cuaderno auxiliar 861/2015) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. 16 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano. Amparo directo 640/2015 (cuaderno auxiliar 870/2015) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Efrén de Dios López. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano. Amparo directo 605/2015 (cuaderno auxiliar 858/2015) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. José Enrique León Díaz. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano. Amparo en revisión 308/2015 (cuaderno auxiliar 1021/2015) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 13 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano. Esta tesis se publicó el viernes 08 de abril de 2016 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Novena Época Registro: 172703 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Abril de 2007 Materia(s): Penal Tesis: 1a. XC/2007 Página: 368 "PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA PENAL. ORDEN EN QUE SE DEBEN ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN RAZÓN DE LOS EFECTOS EN QUE SE TRADUZCA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el objeto de la protección constitucional es el restituir al quejoso en el goce de la garantía violada; ahora bien, los efectos en que se traduzca la concesión del amparo variarán de acuerdo con la naturaleza del acto que dio origen al juicio, es decir, si es positivo o negativo. En el primer supuesto, se ordenará que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, restituyendo al gobernado en el goce de la garantía individual violada; mientras que en el segundo, la sentencia concesoria del amparo tendrá como consecuencia obligar a la autoridad responsable a realizar la conducta omitida, esto es, cumplir con sus funciones y atribuciones legales que está obligada a ejercer. Ahora bien, tratándose de actos positivos, la consecuencia de la concesión del amparo al quejoso será diversa dependiendo de la naturaleza de la violación que se acredite; es decir, sea por cuestiones de procedimiento, de mera legalidad o por inconstitucionalidad de leyes, tratados o reglamentos que se hayan aplicado al quejoso. En efecto, si del estudio realizado en la ejecutoria de amparo directo, resulta que el Tribunal Colegiado de Circuito llega al conocimiento de que resulta fundado el concepto de violación expresado por el quejoso, relativo a que en el juicio seguido en su contra se violentaron las normas que rigen el procedimiento o si dicha cuestión es hecha valer en suplencia de la queja deficiente, en las materias que así se autoriza, la concesión del amparo será para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora deje insubsistente el acto reclamado y dicte otra resolución en la que se ordene reponer el procedimiento hasta el momento en que ocurrió la violación acreditada; hecho lo anterior, deberá continuar con el procedimiento respectivo hasta su conclusión, con el dictado de otra sentencia definitiva con plenitud de jurisdicción, en la que se resuelva el hecho o acto sometido a su conocimiento. A diferencia del caso anterior, el amparo que se concede por violaciones de legalidad cometidas en la sentencia, vincula a la responsable a dejar insubsistente la sentencia reclamada y a emitir otra en el sentido que proceda en la que purgue los vicios determinados por el órgano de control de constitucionalidad. Sus alcances reparadores pueden ser totales o parciales, en función de los conceptos de violación hechos valer. Finalmente, en un juicio de amparo directo se concede la protección constitucional al quejoso, al resultar fundado el concepto de violación que expresó respecto de la inconstitucionalidad de una ley, tratado o reglamento que se aplicó en el juicio seguido en su contra, o habiéndose hecho valer dicha cuestión de oficio, si así procediere, la consecuencia será que se le otorgue la protección constitucional de manera lisa y llana, únicamente respecto del acto de aplicación, por lo que la autoridad responsable para dar cumplimiento a esa sentencia de amparo, deberá dejar insubsistente la resolución reclamada, debiendo emitir un nuevo acto de autoridad, pero en el cual la ley, tratado o reglamento considerados inconstitucionales, no podrán volver a ser aplicados para fundamentarlo. Sin que sea obstáculo lo anterior, para que en un acto futuro derivado de hechos diversos, esté en posibilidad de aplicar nuevamente al quejoso el mismo precepto cuya inconstitucionalidad produjo la concesión a su favor anteriormente en la vía directa; ello, en virtud de que la consecuencia de dicha sentencia de amparo se constriñe a dejar sin efectos el acto reclamado y no a declarar la constitucionalidad de la ley. En este contexto, resulta claro que la concesión del amparo en la vía directa que otorga mayores beneficios jurídicos para el quejoso, será aquel en el que la consecuencia de tal concesión sea el eliminar en su totalidad los efectos del acto reclamado, ya que en virtud de lo anterior, se estará observando en su integridad la garantía de acceso efectivo a la justicia, y en particular, el principio de completitud que encierra la misma, conforme el cual las autoridades tienen la obligación de impartir justicia de forma completa, esto es, no sólo resolviendo todas las cuestiones ante ellas planteadas, sino atendiendo a aquellas que se traducen en un mayor espectro de protección para los quejosos." Amparo directo en revisión 1987/2006. 7 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. En sus conceptos de violación los quejosos medularmente alegan que al dictarse un nuevo auto de vinculación a proceso el juez responsable crea incertidumbre jurídica, puesto que anteriormente consideró que el parte homologado no generó el grado de razonabilidad suficiente que permitiera generar la convicción necesaria para establecer la existencia de los hechos que la ley señala como delito y que dicho informe policial no fue robustecido con datos objetivos que establecieran la dinámica de los hechos de principio a fin, dado que ante la solicitud del dato de cómo fueron trasladados los vehículos a sede ministerial, la fiscalía manifestó que no contaba con el mismo. Esta línea, los impetrantes arguyen que ahora, sin tener mayores elementos, el juez responsable determinó dictar autor de vinculación, no obstante que en su primera resolución estableció la insuficiencia probatoria y falta de credibilidad del informe policial homologado. Lo anterior, sin que se haya tomado en cuenta que la fiscalía es un órgano técnico que debe aportar los datos de prueba para sostener su pretensión y, ante las deficiencias que en el caso ameritan, no debió vincularse a los hoy quejosos. Lo anterior es inoperante. En principio es menester señalar que, al resolver la contradicción de tesis 211/2017, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País determinó que debido a la inmutabilidad y autoridad de las sentencias ejecutoriadas, de oficio el juzgador debe analizar la existencia de la cosa juzgada; lo anterior, con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias; y, que si bien existen diferencias entre aquella y la cosa juzgada refleja, lo cierto es que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes, de suerte que este último aspecto también debe examinarse de manera oficiosa. Los anteriores razonamientos dieron génesis a la jurisprudencia que se reproduce en seguida: Época: Décima Época Registro: 2018057 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 30/2018 (10a.) Página: 651 "COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 52/2011,(*) de rubro: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES.", consideró que el deber del juzgador de analizar de oficio la cosa juzgada se justifica de manera central, a partir de la inmutabilidad y autoridad de las sentencias ejecutoriadas, ya que debe privilegiarse la certeza jurídica, frente al derecho de oposición de las partes; y porque la necesidad de la certeza es imperiosa en todo sistema jurídico, de tal suerte que lo decidido en la sentencia ejecutoriada es el derecho frente al caso resuelto, que no podrá volver a ser controvertido, evitándose con ello, la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Ahora bien, este criterio es aplicable, en lo conducente y de manera analógica, respecto de la institución de cosa juzgada refleja, en cuanto a que el análisis de oficio de ésta, debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia. Pues al margen de las diferencias de una y otra, lo relevante es que ambas obligan al tribunal que conoce del juicio posterior a no resolver lo que ya fue definido en un juicio previo, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, sobre la base de que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes." Contradicción de tesis 211/2017. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de enero de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Criterios contendientes: El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 648/2016, sostuvo que la cosa juzgada refleja, debe examinarse de oficio cuando el juzgador advierta su existencia, aunque no haya sido opuesta como excepción por alguna de las partes, sin que con ello se vulneren los derechos de la contraparte puesto que debe privilegiarse la certeza jurídica que protege la citada institución sobre el derecho de oposición de las partes. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 465/2010, sostuvo que tanto la cosa juzgada directa como la cosa juzgada refleja, deben necesariamente ser planteadas por las partes para que pueda ser estudiada por el juzgador, puesto que no es dable analizar excepciones que no opongan las partes, pues de no ser así, se convertiría a todas las excepciones que se derivaran de la ley o de los hechos controvertidos en aspectos oficiosos para el juzgador, y si bien, es cierto que toda excepción perentoria tiene como finalidad desvirtuar la procedencia de la acción, también lo es que no por el hecho de esa finalidad o de su origen, ello autorice al juzgador a su invocación oficiosa, pues esto atenta contra los principios de congruencia e igualdad procesal aplicables en todo proceso civil. Tesis de jurisprudencia 30/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. __________________ (*) La tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2011, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 37, con número de registro digital: 161662. Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de octubre de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." Sentado lo anterior, resulta indispensable señalar que, en el caso, la inoperancia de los argumentos formulados por la solicitante del amparo estriba en el hecho de que esos mismos aspectos fueron planteados e inclusive resueltos en un diverso juicio de amparo; por ende, este órgano de control constitucional se encuentra impedido para abordar el estudio atinente. Para evidenciar lo anterior, conviene destacar lo siguiente: ? Auto de no vinculación a proceso En audiencia celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete dentro de la causa penal 988/2017, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, resolvió dictar AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO a: - Martiniano Torres Vitela, por la comisión de los hechos considerados como constitutivos de los delitos de PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el dispositivo 83, fracciones II y III, en relación con el precepto 11, incisos b) y d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la agravante a que se refiere el penúltimo párrafo del numeral citado en primera instancia; el diverso de POSESIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el numeral 83 Quat, fracción II en relación con el ordinal 11, incisos f) y c), de la ley en cita; y POSESIÓN DE CARGADORES PARA ESE TIPO DE ARMAS, previsto y sancionado por el artículo 83 Quintus, fracción II, del citado ordenamiento, con la agravante a que se refiere el artículo 84 ter del citado cuerpo normativo; - Armando Andrade Quintero, por la comisión de los hechos considerados como constitutivos de los delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el dispositivo 83, fracción III, en relación con el precepto 11, inciso d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y el diverso de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA, previsto y sancionado en el numeral 81, párrafo primero, en relación con el ordinal 9, fracción I, de la ley en cita; - Marco Antonio García Quintero, por la comisión de los hechos considerados como constitutivos de los delitos de PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el dispositivo 83, fracciones II y III, en relación con el precepto 11, incisos b) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con las agravantes a que se refieren los artículos 83, penúltimo párrafo y 84 ter del mismo ordenamiento; - José Carabez Valdovinos, por la comisión de los hechos considerados como constitutivos de los delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el dispositivo 83, fracción III, en relación con el precepto 11, inciso d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; el diverso de POSESIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMAS DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el numeral 83 Quat, fracción II en relación con el ordinal 11, inciso c) de la ley en cita; y POSESIÓN DE CARGADORES PARA ESE TIPO DE ARMAS, previsto y sancionado por el artículo 83 Quintus, fracción I, del citado ordenamiento; - Juan Manuel Quintero Andrade, por la comisión de los hechos considerados como constitutivos de los delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el dispositivo 83, fracción III, en relación con el precepto 11, inciso d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; el diverso de POSESIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMAS DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el numeral 83 Quat, fracción II en relación con el ordinal 11, inciso c) de la ley en cita; y POSESIÓN DE CARGADORES PARA ESE TIPO DE ARMAS, previsto y sancionado por el artículo 83 Quintus, fracción I, del citado ordenamiento; y - Everardo Cárabez Navarro, por la comisión de los hechos considerados como constitutivos de los delitos de PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el dispositivo 83, fracciones II y III, en relación con el precepto 11, incisos b) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con la agravante a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 83 del mismo ordenamiento; el diverso de POSESIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMAS DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el numeral 83 Quat, fracción II en relación con el ordinal 11, inciso b), de la ley en cita; y POSESIÓN DE CARGADORES PARA ESE TIPO DE ARMAS, previsto y sancionado por el artículo 83 Quintus, fracción I, del citado ordenamiento; todos en términos de las fracciones II y III, del arábigo 13 del Código Penal Federal. En esa resolución primigenia el juzgador esencialmente consideró que, una vez realizado el debate respectivo y con los datos de prueba citados en la audiencia inicial, el contenido del informe policial homologado, el cual fue el hecho referido por la fiscalía vía imputación, no cumplía con un grado de razonabilidad suficiente para hacer creíble su contenido y establecer que los hechos acontecieron de tal manera. Además, el resolutor explicó que el motivo por el cual dicho documento no le generó la convicción necesaria para establecer la existencia de los hechos que la ley señala como delitos y la probabilidad de que los imputados participaran en su comisión, se debía a que el informe policial homologado no fue robustecido con datos objetivos que establecieran la dinámica de los hechos de principio a fin, ya que ante la solicitud del dato de cómo fue que se trasladaron los vehículos en los que viajaban los inculpados cuando fueron detenidos, a la sede ministerial, la fiscalía manifestó que no se contaba con esa información, siendo que resulta una obligación de la Representación Social de la Federación recabar todos los datos de prueba que permitieran corroborar la noticia criminal. Además, el juez federal abundó que en contrapeso con lo anterior, de las declaraciones vertidas por los imputados, se advertía coincidencia al relatar aspectos básicos y esenciales del hecho, lo que permitía establecer de manera probable las circunstancias en que se llevó a cabo su detención y aseguramiento de la evidencia material, lo cual sucedió de manera diversa a la contenida en el informe policial de referencia, por lo cual se estableció que ante la insuficiencia probatoria y falta de credibilidad del informe policial homologado, no resultaba posible justificar los hechos con apariencia de delitos narrados por la fiscalía, ni la probable participación de los imputados en los mismos. ? Recurso de apelación Inconforme con la anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación, en apoyo a la Agencia Primera de la Unidad de Investigación y Litigación en Zamora, Michoacán, interpuso recurso de apelación del cual conoció el Tercer Tribunal Unitario del Decimoprimer Circuito bajo el toca penal 38/2017-IV de su índice, quien dictó resolución el veintiséis de marzo del año próximo pasado en el sentido de revocar la sentencia recurrida, toda vez que, en esencia, los posibles hechos delictivos se realizaron o fueron identificados por los elementos de la policía Municipal de Tangamandapio, en el retén que montaron en el crucero conocido como "La Trasquila" de ese Municipio, ya que fue ahí donde los policías detectaron las armas, lo cual fue corroborado por los imputados Martiniano Torres Vitela, Armando Andrade Quintero, Marco Antonio García Quintero, José Cárabez Valdovinos y Juan Manuel Quintero Andrade, quienes al declarar reconocieron tal lugar como aquel en el que se les hizo alto y al revisarlos en su persona como a los vehículos en los que viajaban, encontraron armas de fuego, además reconocieron también la consecuencia que al momento ello produjo que, al menos dos elementos policiales abordaran los vehículos en los que tripulaban para dirigirlos a sus oficinas en "Tangamandapio", lo cual razonablemente se considera como el aseguramiento que hizo la autoridad, tanto de los vehículos, de las armas y de los sujetos que habían revisado. Circunstancia que, dijo la magistrada federal, incluso fue robustecida por el abogado de los investigados, al contestar el cuestionamiento del juez de control, de que si existía en la carpeta de investigación el dato que cómo fueron trasladados los vehículos a la sede ministerial, donde el Defensor Público Federal refirió que en las entrevistas a los agentes de policía que participaron en la detención de sus patrocinados, estos mencionaron que finalmente se habían trasladado con los tres vehículos asegurados. De esta manera la juzgadora concluyó que no existía controversia de la forma en que los vehículos fueron trasladados del lugar de los hechos a las oficina policiales, pues si bien en el informe policial homologado no se describió la mecánica de esa circunstancia, esta fue referida por los encausados, quienes dijeron que a partir del referido reten, fueron dirigidos y acompañados por dos elementos policiales que abordaron cada uno de los vehículos en los que viajaban, lo que se insiste, razonablemente se identifica como un aseguramiento de dichos automotores, incluidos sus pasajeros y los artefactos bélicos cuya portación se les atribuyó; de tal suerte que consideró irrelevante que no se hubiera integrado en la noticia criminal, específicamente la forma de traslado de los vehículos asegurados, en un grado de detalle de cada acto, y que por ese motivo, el informe policía homologado careciera de credibilidad, ya que fue congruente con lo manifestado por los investigados que declararon y refirieron dónde fueron interceptados y que en ese sitio se dio el hallazgo de las armas que efectivamente portaban, además de referir la forma en que fueron trasladados a las sedes policiales tanto Municipal como Federal, respectivamente. ? Amparo indirecto En contra de la anterior resolución Martiniano Torres Vitela, Armando Andrade Quintero, Marco Antonio García Quintero, José Carabez Valdovinos, Juan Manuel Quintero Andrade y Everardo Carabez Navarro promovieron demanda de amparo indirecto, la cual correspondió conocer al Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer circuito, bajo el expediente 10/2018-V de su índice, quien dictó sentencia el diez de mayo de dos mil dieciocho, en el sentido de negar la protección constitucional solicitada. Lo consideró de esta manera porque los conceptos de violación hechos valer resultaron ineficaces, primordialmente porque, contrario a lo que afirmaron los quejosos, la autoridad responsable realizó una correcta valoración de los datos de prueba aportados por la fiscal federal y además fueron adminiculados con el informe policial homologado para determinar que eran aptos y suficientes hasta el momento para estimar que se han cometido hechos que la ley señala como delitos, de portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como el diverso de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en los artículos 83, Fracción II y III, 83 Quat.- fracciones I y II. 83 Quintus fracciones I y II, 84 Ter, 11 incisos b), c), d) y f), 81 y 9 inciso I. Incluso, después de enunciar el caudal probatorio que fue analizado por la responsable, el magistrado federal concluyó que el informe policial homologado constituyó un indicio razonable pues de acuerdo al estándar del nuevo sistema de justicia penal solo se exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho, por el cual se seguirá la investigación, evitando la presentación de pruebas formalizadas durante esta etapa de investigación buscando con ello la objetividad e imparcialidad. Sin que en el caso, el hecho de que el Ministerio Público haya referido en la audiencia que no contaba con la información relativa a la forma en cómo se trasladaron los vehículos asegurados a las oficinas de la policía, pueda considerarse como falta del deber de lealtad u ocultamiento de algún elemento que pudiera resultar favorable a los intereses de los imputados, puesto que como lo señaló el tribunal responsable no existió controversia en la forma en que los vehículos fueron trasladados del lugar de los hechos a las instalaciones de la policía, pues aunque no se señaló tal circunstancia en el informe policial, dicha circunstancia pudo ser corroborado con lo declarado por los imputados ante el juez de control. ? Recurso de revisión Inconformes con esa forma de resolver los quejosos interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito bajo el expediente revisión penal 148/2018 de su índice, para en último término dictar resolución en sesión plenaria de uno de octubre de dos mil dieciocho, en el sentido de revocar la sentencia recurrida. Ahora bien, después de analizar los requisitos formales de la resolución recurrida, el órgano pluripersonal anotado señaló que en el caso no existía una violación al procedimiento de amparo que ameritara su reposición, por lo que procedió al estudio de los agravios. Así, en un primer aspecto, calificó de inoperante el motivo de disenso en el que la parte recurrente invocó la transgresión a sus derechos fundamentales al conocer el juicio de amparo, ya que por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional, se trataría al juzgador de amparo extralógicamente como autoridad responsable, desnaturalizando la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. En segundo término, declaró infundados los restantes motivos de agravio bajo la exposición sucinta de los antecedentes y consideraciones que, por su trascendencia para efectos de este fallo, enseguida se transcriben: "48. Conforme a los hechos materia de la imputación formulada por el agente del Ministerio Público de la Federación, a las dos horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, los quejosos aquí recurrentes Martiniano Torres Vitela, Armando Andrade Quintero, Marco Antonio García Quintero, José Carabez Valdovinos, Juan Manuel Quintero Andrade, y Everardo Carabez Navarro, circulaban a bordo de tres vehículos, en el tramo carretero Jacona-Los Reyes, a la altura del crucero denominado "La Trasquila", municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán, y al pasar por un retén policíaco fueron revisados por elementos de la policía Michoacán, encontrándoles en portación y posesión de diversas armas de fuego, cartuchos y cargadores, motivo por el cual fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Agencia Primera de la Unidad de Investigación y Litigación de la ciudad de Zamora, a las cuatro horas con veintiocho minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. 49. Por esos hechos, se ejerció acción penal en contra de Martiniano Torres Vitela, Armando Andrade Quintero, Marco Antonio García Quintero, José Carabez Valdovinos, Juan Manuel Quintero Andrade, y Everardo Carabez Navarro, por considerarlos probables responsable de delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; formulando así imputación el Ministerio Público de la Federación, ante juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Morelia. 50. Al resolver la situación jurídica de los imputados, dentro de audiencia inicial, el juez de control determinó no vincularlos a proceso, al estimar que el contenido del informe policial homologado, el cual fue el hecho referido por la fiscalía vía imputación, no cumplía con un grado de razonabilidad suficiente para hacer creíble su contenido y establecer que los hechos acontecieron de la manera relatada por el fiscal; adujo también que el dato de prueba relativo al informe policial de referencia, no fue robustecido con datos objetivos que establecieran la dinámica de los hechos de principio a fin, ello porque el fiscal reconoció no contar con datos sobre la manera en que se trasladaron los vehículos en los que viajaban los inculpados cuando fueron detenidos, del lugar de su detención a la sede ministerial; el juez de control también observó que las declaraciones vertidas por los imputados fueron coincidentes en aspectos básicos y esenciales del hecho, a partir de lo cual estimó probable que la detención de los imputados y el aseguramiento de la evidencia material, sucedió de manera diversa a la contenida en el dato de prueba relativo al informe policial de referencia. 51. Por su parte, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el fiscal respecto de ese auto de no vinculación a proceso, el tribunal de apelación responsable distinguió dos momentos en la resolución que hoy constituye el acto reclamado: 52. El primero, en cuanto determinó fundados los agravios de la fiscalía y suficientes para revocar el auto de no vinculación a proceso apelado, al estimar inadecuada la razonabilidad del argumento expresado por el juez de control, al evaluar el dato de prueba relativo al informe policial, pues indicó que eran irrelevantes las circunstancias sobre el traslado de los vehículos a la oficinas de la fiscalía; añadió, que las portaciones y posesiones de los artefactos bélicos por los imputados, ocurrieron al momento de ser revisados por los elementos de policía; estimó también que no existía controversia sobre la forma en que los vehículos en que viajaban los imputados, fueron trasladados del lugar de detención a las oficinas policiales, pues sobre ello, los imputados que declararon en la audiencia inicial, refirieron que ellos condujeron los autos pero iban escoltados por elementos policiales, lo que a juicio del tribunal unitario de apelación, se identifica con el hecho de aseguramiento de los imputados y los artefactos bélicos que llevaban. 53. Y en un segundo momento, dentro de la propia resolución que constituye el acto reclamado, el tribunal unitario de apelación estimó procedente abordar y resolver la solicitud de vinculación a proceso hecha por la fiscalía en la audiencia inicial, determinando que los datos de prueba le conducían a suponer la existencia de indicios razonables de que se han cometido los hechos que se establecen como delitos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de existir la probabilidad de que los imputados (aquí recurrentes) lo cometieron o participaron en su comisión, sin que se actualice la causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito; concluyendo en decretar auto de vinculación a proceso a los imputados Martiniano Torres Vitela, Armando Andrade Quintero, Marco Antonio García Quintero, José Carabez Valdovinos, Juan Manuel Quintero Andrade, y Everardo Carabez Navarro, bajo las precisiones asentadas en la propia resolución reclamada. 54. Atentos a ello, se examinan en primer orden las consideraciones del tribunal de amparo, en cuanto se relacionan con el examen efectuado por el a quo sobre la determinación del tribunal de apelación responsable de establecer fundados los agravios formulados por el fiscal apelante y, a partir de ello, revocar el auto de no vinculación a proceso emitido por el juez de control a favor de los imputados y aquí recurrentes; enseguida, de ser el caso estimarse legal esa parte de la resolución que se revisa, se analizarían las consideraciones del unitario de amparo al validar la constitucionalidad de la determinación de la responsable al vincular a proceso a los imputados y quejosos, aquí recurrentes. 55. En ese tenor, al examinar las constancias que conforman el sumario, primordialmente las videograbaciones de la audiencia inicial, remitidas por el tribunal de alzada responsable al rendir informe justificado, las cuales adquieren la naturaleza jurídica de pruebas documentales públicas, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que los hechos con apariencia de delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los hizo consistir en que el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete los elementos de la policía Michoacán Alejo Abraham García Macías, Jorge Chayane González Calderón, Hugo Alberto Gracia Benítez, Antonio Segovia Segoviano, Rogelio Hernández Briseño, Erick Martínez Rivera y Andrés Pérez Santos, aproximadamente a la una hora con cincuenta minutos, al realizar recorridos de vigilancia en el municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán, recibieron una llamada de la base de ese municipio informándoles de una denuncia anónima en el sentido de que sobre la carretera Jacona-Los Reyes circulaban personas armadas a bordo de tres vehículos. 56. En atención a esa llamada, se constituyeron en dicho tramo carretero y aproximadamente a las dos horas con cinco minutos a la altura del crucero denominado "La Trasquila", del municipio de referencia, observaron que se aproximaban tres vehículos como a veinte metros, circulando en convoy, por lo que activaron comandos verbales en altavoz, identificándose como elementos de la Policía Michoacán indicándoles que detuvieran su marcha y contrario a ello aumentaron la velocidad para tratar de evadirlos, por lo que les dieron alcance y nuevamente les solicitaron que detuvieran su marcha. 57. Al detenerse esos vehículos, los elementos de la policía descendieron de sus unidades y se acercaron observando que se trataba de tres vehículos siendo un Acura, color beige, otro de la marca Ford, Ranger, blanco, así como un diverso de la marca Acord, color blanco; el elemento Alejo Abraham García Macías, abordó al conductor del vehículo Acura, color beige, modelo dos mil uno, placas PFH219Y iluminando al interior del vehículo con una lámpara, observando que se encontraban dos personas del sexo masculino en el lugar del piloto y copiloto, percatándose que el conductor portaba a un lado de su pierna derecha un arma larga, toda vez que se observaba la culata, por lo que les solicitaron a los tripulantes que descendieran para realizarles una revisión accediendo de manera voluntaria, ese momento quien dijo llamarse Martiniano Torres Vitela, se identificó como elemento del 14o cuerpo de caballería de defensas Rurales, portaba un chaleco con la leyenda "Ejército Mexicano", y fajada en la parte izquierda de su cintura un arma de fuego tipo pistola, marca Pietro Beretta, calibre .40 mm, matrícula A28482M, con cargador abastecido con ocho cartuchos útiles al calibre del arma, asimismo al revisar el vehículo se localizaron sobre el asiento del conductor, tres cargadores abastecidos con ocho cartuchos cada uno del calibre .223 mm, matrícula 20435, y que al continuar con la revisión vehicular, localizó también en el asiento del copiloto una arma larga de fuego marca EAGLE modelo EA15 calibre .223 serie 20435 y que esta se encuentra abastecida con cinco cartuchos útiles al calibre del arma y cinco cargadores abastecidos con veinte cartuchos cada uno, del calibre .223 mm.; por su parte, el elemento Jorge Chayane González Calderón, revisó al copiloto Armando Andrade Quintero, localizándole a la altura de la cintura del lado derecho un arma de fuego tipo pistola, calibre .380 mm, marca TANFOGLIO, matrícula EBN6312, con cargador abastecido con seis cartuchos útiles al calibre del arma, y al revisar de manera conjunta el interior del vehículo localizó sobre el asiento del copiloto, un cargador abastecido con seis cartuchos del calibre .380 mm. 58. En tanto, los elementos Hugo Alberto García Benítez y Antonio Segovia Segoviano, se acercaron al segundo vehículo de la marca Ford Ranger, color blanco, el cual se encontraba detrás del vehículo Acura, con sus lámparas, percatándose que se encontraba tripulado por dos personas del sexo masculino, en los lugares del piloto y copiloto. 59. Por su parte Hugo Alberto García Benítez revisó al conductor de nombre Marco Antonio García Quintero, se identificó como elemento del 14o Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales, localizándole a la altura de la cintura del lado derecho un arma de fuego, marca COLT, modelo GOBERMENT, calibre .45 mm, matrícula 09887B70, con cargador abastecido con siete cartuchos útiles al calibre del arma, a la vez que el elemento Antonio Segovia Segoviano revisó al copiloto quien resultó ser JOSÉ CARABEZ VALDOVINOS, a quien no le encontró nada ilícito en su persona, y al revisar el vehículo marca Ford, Ranger, color blanco, placas MT6337N, se localizó en el asiento del copiloto un arma larga calibre .223 mm, marca COLT, modelo SPORTER, matrícula 5472, abastecidos con treinta cartuchos útiles al calibre .223 mm. 60. En el mismo tiempo, los aprehensores Erick Martínez Rivera y Rogelio Hernández Briseño, se acercaron al tercer vehículo de la marca Honda, Accord, color blanco, el cual se encontraba estacionado detrás del vehículo Ford Ranger, percatándose que en el interior del vehículo se encontraban dos personas del sexo masculino en los lugares del piloto y copiloto, en ese momento observaron que el conductor portaba un arma larga entre sus piernas, por lo que les solicitaron que descendieran del vehículo, a lo cual accedieron voluntariamente; Erick Martínez Rivera revisó al conductor Juan Manuel Quintero Andrade, no encontrándole nada ilícito en su persona y al revisar el interior del vehículo, se aseguró un arma larga marca COLT, modelo SP, calibre .223 mm, matrícula SP151894, abastecida con treinta cartuchos útiles al calibre del arma y en el asiento del conductor se localizaron dos cargadores abastecidos con veintidós cartuchos útiles al calibre del arma; que dicha arma era la que portaba momentos antes entre sus piernas el conductor, de igual forma se localizaron tres radios en el asiento posterior; y el policía Rogelio Hernández Briseño, revisó al copiloto Everardo Caravez Navarro, a quien le aseguró un arma corta que traía fajada en la cintura del lado derecho, siendo esta de la marca COLT, modelo HARDFORD, calibre .38 mm súper, matrícula 96167, abastecida con nueve cartuchos útiles al calibre del arma, y al revisar de manera conjunta el interior del vehículo, localizó sobre el asiento del copiloto, tres cargadores abastecidos cada uno con nueve cartuchos calibre .38 mm súper. 61. La narración de esos hechos se apoya en el dato de prueba consistente en informe policial homologado, vertido por los indicados policías captores, respecto del cual el juez de control estimó que carecía de la suficiente credibilidad para establecer que los hechos acontecieron de la manera en que se narraron, pues a su juicio carecía del grado de razonabilidad suficiente para generar la convicción necesaria para establecer que los hechos que se atribuyeron a los imputados ocurrieron en los términos expresados por el fiscal al formular imputación, de ello que dijo el juez de control, sea insuficiente para acreditar la existencia de los hechos que la ley señala como delitos y la probabilidad de que los imputados participaron en su comisión. 62. Esto porque, como se ha indicado, en el desarrollo de la audiencia inicial, el juez de control cuestionó al fiscal sobre la existencia de dato respecto a cómo fueron trasladados los vehículos en que viajaban los imputados, del lugar de su detención a las oficinas de la fiscalía; sobre lo cual el Ministerio Público reconoció carecer de dato sobre ese particular. 63. Ahora, debe precisarse que la razonabilidad de los argumentos expuestos por la Representación Social y en su caso, la contraargumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa. 64. La exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso se refiere a un derecho constitucional del debido proceso penal, que garantiza de manera más amplia la libertad personal no sólo respecto de la restricción material en sentido estricto, como ocurre con la prisión preventiva, sino como certeza jurídica constitucionalmente protegida de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, la demostración de un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de tal hecho. 65. En ese orden de ideas, los artículos 117, fracción VII, 212, 213, 216, 217, 261, 313, 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: 'Artículo 117. Obligaciones del Defensor Son obligaciones del Defensor: (.) VII. Presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causal legal que sea en beneficio del imputado; (.)' 'Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.' 'Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.'. 'Artículo 217. Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados.'. 'Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.' 'Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. 'Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente.' 'Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.' 'Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa.'. De los anteriores preceptos se desprenden las siguientes premisas jurídicas relevantes: Cuando el ministerio público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, iniciará y dirigirá la investigación penal, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del referido hecho, así como la: Identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Durante esta etapa, el Ministerio Público realizará actos de investigación útiles para el esclarecimiento de los hechos; así como aquéllos que las partes soliciten oportunamente y respecto de los cuales deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición. Los actos de investigación realizados por el Ministerio Público y la Policía deben registrarse utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Los datos de prueba son la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los datos de prueba, sirven de sustento para el Ministerio Público en su solicitud de vinculación del imputado a proceso, ya que debe exponer de forma verbal en la audiencia que con base en éstos considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Para el dictado de un auto de vinculación al proceso, el Juez de Control debe determinar si de la exposición verbal de las partes, en especial del Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, a lo cual, el Juez de Control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa y, por ende, el proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en dicho auto de vinculación. 66. Así las cosas, el objetivo del Ministerio Público en la fase de investigación es recabar datos que permiten sostener la existencia de indicios razonables que permitan suponer el acontecimiento de un hecho que la ley señala como delito. 67. Por tanto, debe partirse de la idea de que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben existir datos mínimos, pero suficientes, que revelan la existencia de un hecho considerado por la ley como delito y la intervención de un sujeto en la comisión de un ilícito. Datos que por disposición legal no podrían ser considerados para el dictado de la sentencia. 68. En el sistema procesal penal acusatorio y oral, la imputación no requiere la plena certeza de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final de la existencia del delito y la responsabilidad penal será del juez de enjuiciamiento, lo que indica que en este sistema, la integración de la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, de ahí que la misma no se integra con pruebas sino con datos de prueba. 69. Es por tal razón, que contrario a lo sostenido por los quejosos aquí recurrentes, en los agravios señalados como b) y c), en la etapa de investigación en el proceso oral acusatorio no es posible que existan contradicciones entre declaraciones de personas, ya que no se trata de una prueba rendida ante una autoridad judicial, sino que, se insiste, son los indicios que como datos narró el órgano investigador derivados de la conversación que tuvo con éstos, al momento de investigar un hecho que la ley señala como delito. 70. En otras palabras, lo narrado por el Ministerio Público no constituye la declaración directa de dichas personas, sino únicamente los datos, entendidos como los indicios o hechos relevantes que el órgano investigador consideró relevante al momento de llevar a cabo el acto de investigación y que decide exponer ante el juez de control. 71. Hecha la anterior aclaración, debe precisarse que ello no descarta la posibilidad de que pueda suscitarse contradicciones derivadas de los propios datos de prueba que el Ministerio Público expone. Como puede ocurrir en el supuesto que de un dato de prueba obtenido de una entrevista, se obtenga una referencia totalmente diferente al que arroja otro dato de prueba derivado de una entrevista distinta o cualquier acto de investigación. 72. En ese sentido, las contradicciones versan sobra la substancia del hecho materia de investigación y, por tanto, estos sí pueden ser materia de análisis en caso de que sean tomados en cuenta por el Juez de control a pesar de que son incompatibles. 73. La referida contradicción en la substancia, tendrá que ser resuelta en el sentido de prescindir de alguno de los dos datos de prueba contradictorios en caso de que no se vean adminiculados con otro, o incluso, excluir ambos, lo cual podría impactar la acreditación del hecho que la ley señala como delito. 74. En cambio, si se tratan de contradicciones circunstanciales o accesorias que no varían la substancia del hecho, ello no podría ser objeto de análisis dentro del plazo constitucional ya que para el auto de vinculación a proceso únicamente interesa la existencia probable de un hecho que la ley señala como delito y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. 75. Luego, si las contradicciones no alteran la substancia del hecho, resultan irrelevantes para el plazo constitucional, dado el grado de certeza mínimo que ordena un auto de vinculación, a saber, el de una mera probabilidad. 76. En ese orden, contrario a lo estimado por los recurrentes en los agravios glosados como b) y c), la circunstancia referida así por el juez de control no alcanza para anular la credibilidad del dato de prueba referido como informe policial homologado, atento a que el hecho en que el Ministerio Público centró la imputación sobre la portación de armas de fuego y posesión de artefactos bélicos, en los términos precisados por el fiscal para cada imputado, en el lapso aproximadamente a las dos horas con cinco minutos, ocurrido en el lugar referido como crucero "La Trasquila", del municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán. 77. Hecho sustancial motivo de la imputación, que no comprende la circunstancia relativa a cómo fue que se trasladaron los vehículos en que viajaban los imputados, del lugar de la detención a las oficinas de la policía. 78. Esto porque, de acuerdo a la imputación de la fiscalía, el descubrimiento de los imputados al momento en que mantenían bajo su poder y disponibilidad los artefactos bélicos referidos en la imputación, ocurrió en el crucero "La Trasquila", municipio de Santiago Tangamandapio; por ello, los integrantes de este Tribunal Colegiado estiman que la evaluación de la razonabilidad de los datos de prueba a efecto de establecer la verosimilitud de la imputación derivada del dato de prueba relativo al informe policial homologado, debe limitarse a las circunstancias en que se hizo consistir la conducta presumiblemente delictuosa precisadas en la imputación, sobre lo cual, en el caso concreto, es irrelevante la circunstancia sobre el traslado de los detenidos, armas, objetos bélicos y vehículos, hasta las oficinas policiales, pues en todo caso, ello ocurrió en un momento posterior al descubrimiento de los artefactos bélicos relatados por la fiscalía, bajo poder de los imputados según les imputó la fiscalía, es decir, el dato de prueba relativo a las circunstancias sobre el traslado de persona armas y vehículos, alude a una circunstancia accesoria y posterior al hecho que se atribuye a cada uno de los imputados. 79. De esto que sean infundados los agravios referidos como como b) y c), y se estima certera la apreciación del tribunal de apelación responsable y la validación que sobre ello realizó el de amparo, al emitir la resolución que aquí se revisa, en tanto que el aspecto sustancial de la portación de armas y posesión de artefactos bélicos, por cada uno de los imputados en los términos precisados por el Ministerio Público, fue referida en un momento anterior al traslado de los vehículos, objetos e imputados, para ser puestos a disposición del Ministerio Público. 80. En ese tenor, como bien estimó el tribunal de amparo, es legal la determinación del tribunal de apelación responsable al establecer fundados los agravios expresados por el Ministerio Público, con motivo del recurso de apelación que interpuso la fiscalía en contra del auto de no vinculación a proceso emitido por el juez de control; lo que deriva en la anulación del indicado auto de vinculación a proceso, en tanto queda expuesta la falta de razonabilidad del argumento al tenor del cual el juez de garantías estimó falto de credibilidad el dato de prueba relativo al informe policial homologado de referencia." Además, en un análisis oficioso de la sentencia recurrida, el órgano pluripersonal de amparo advirtió un motivo para suplir la deficiente expresión de los motivos de inconformidad, suficiente para revocar la sentencia dictada y conceder la protección constitucional. Esto porque el tribunal de amparo soslayó que el de apelación responsable incurrió en violación a las normas del procedimiento, dentro de la causa penal de origen, puesto que una vez abordada la materia de estudio en esa instancia, decretó auto de vinculación a proceso en contra de en contra de Martiniano Torres Vitela, Armando Andrade Quintero, Marco Antonio García Quintero, José Carabez Valdovinos, Juan Manuel Quintero Andrade, y Everardo Carabez Navarro, con lo cual se infringió lo dispuesto en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la prohibición del tribunal de apelación, de extender el examen de la decisión a cuestiones no planteadas en los agravios expresados por el apelante, a menos que se advierta un acto violatorio de derechos fundamentales en perjuicio del imputado. En esta medida, el órgano colegiado revisor concluyó que al asumir el tribunal de apelación por sí la apreciación de los datos de prueba expuestos durante la audiencia inicial y resolver sobre la imputación formulada por el Ministerio Público en contra de los aquí recurrentes, así como decretar el auto de vinculación a proceso controvertido por los imputados en el juicio de amparo indirecto de origen, se transgredieron las normas que regulan el recurso de apelación en el procedimiento penal acusatorio, pues llevó el examen de la resolución impugnada más allá de las cuestiones formuladas por el fiscal apelante, con infracción también al principio de inmediación. En mérito de lo anterior, el órgano de amparo concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: - Deje insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado, dictada el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en el toca de apelación 38/2017-IV-NSJP. - Reitere las consideraciones relativas a lo fundado de los agravios expresados por el Ministerio Público, en contra del auto de no vinculación a proceso, emitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán. - Anule el auto de no vinculación a proceso materia de apelación. - Ordene el juez de control en cita, reponga la audiencia inicial a partir del dictado de la resolución relativa al pedimento de vinculación a proceso formulado por el Ministerio Público. - Instruya al juez de control, a que resuelva la situación jurídica de los imputados en libre ejercicio de su jurisdicción, en el entendido que, en todo caso, deberá considerar que el dato de prueba relativo al informe policial homologado debe ser justipreciado en relación directa con los hechos en que, al formular imputación, el fiscal estimó ocurrieron los hechos considerados como delito al tenor de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y en su caso, con la probable intervención de los imputados en la comisión de esos hechos. Con base en los antecedentes y consideraciones de las resoluciones que informan el acto reclamado, se aprecia con claridad que las cuestiones alegadas por los quejosos en este juicio constitucional, han quedado examinadas en el diverso juicio de amparo 10/2018-V del índice del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, en específico dentro del pronunciamiento realizado por el órgano revisor dentro del recurso de revisión 148/2018. Se estima de esta manera porque en los parágrafos 70 a 80 de la resolución de uno de octubre de dos mil dieciocho que quedó anteriormente transcrita, el tribunal colegiado consideró que la etapa de investigación en el proceso oral acusatorio no es posible que existan contradicciones entre declaraciones de personas, ya que no se trata de una prueba rendida ante una autoridad judicial, sino que se trata de indicios que como datos de prueba narró el órgano investigador derivados de la conversación que tuvo con éstas, al momento de investigar un hecho que la ley señala como delito; es decir, lo narrado por el Ministerio Público no constituye la declaración directa de dichas personas, sino únicamente los datos, entendidos como indicios o hechos relevantes que el órgano investigador consideró relevante al momento de llevar a cabo el acto de investigación y que decide exponer ante el juez de control. Por ello, al tomar en cuenta la substancia del hecho materia de investigación que, en su caso, sí puede ser materia de análisis por el juez de control, así como las contradicciones circunstanciales o accesorias del mismo, el tribunal revisor estimó que las circunstancias referidas por los quejosos en sus agravios b) y c), no alcanzan a anular la credibilidad del dato de prueba referido como informe policial homologado, atento a que el hecho de que el Ministerio Público centró la imputación sobre la portación de armas de fuego y posesión de artefactos bélicos, en los términos precisados por el fiscal para cada imputado, en el lapso aproximadamente a las dos horas con cinco minutos, ocurrido en el lugar referido como crucero "La Trasquila", del municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán; hecho substancial descrito que no comprende la circunstancia relativa a cómo fue que se trasladaron los vehículos en que viajaban los imputados, del lugar de la detención a las oficinas de la policía. Por esta razón, el tribunal colegiado concluyó que la evaluación de la razonabilidad de los datos de prueba a efecto de establecer la verosimilitud de la imputación derivada del dato de prueba, debió limitarse a las circunstancias en que se hizo consistir la conducta presumiblemente delictuosa precisadas en la imputación, sobre lo cual, resultando irrelevante la circunstancia sobre el traslado de los detenidos, armas, objetos bélicos y vehículos, hasta las oficinas policiales, pues en todo caso, ello ocurrió en un momento posterior al descubrimiento de los artefactos bélicos relatados por la fiscalía, bajo poder de los imputados según les imputó la fiscalía, es decir, el dato de prueba relativo a las circunstancias sobre el traslado de persona armas y vehículos, alude a una circunstancia accesoria y posterior al hecho que se atribuye a cada uno de los imputados. Bajo este razonamiento el órgano colegiado sentó los lineamientos de la concesión del amparo pues, por una parte, ordenó al tribunal responsable que reiterara las consideraciones relativas a lo fundado de los agravios expresados por el Ministerio Público, en contra del auto de no vinculación a proceso y, por otra, que se instruyera al juez de control, a que resolviera la situación jurídica de los imputados en libre ejercicio de su jurisdicción, tomando en consideración que el dato de prueba relativo al informe policial homologado debe ser justipreciado en relación directa con los hechos en que, al formular imputación, el fiscal estimó ocurrieron los hechos considerados como delito al tenor de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y en su caso, con la probable intervención de los imputados en la comisión de esos hechos. En este contexto, si para dictar un nuevo auto de vinculación a proceso el juez responsable consideró que de acuerdo a las imputaciones formuladas por la fiscalía con antelación en la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete y que conforme a los datos de prueba allegados, quedaron establecidas las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que los imputados tuvieron bajo su radio de acción y ámbito de disponibilidad, el material bélico afecto a la causa penal, que de acuerdo al dictamen de especialidad resultó ser del uso exclusivo de las fuerzas armadas del país y de los que pueden portarse bajo las reservad de ley, justificándose hasta esa etapa procesal la existencia de los hechos que la ley señala como delitos y la probabilidad de que los imputados -aquí quejosos- participaran en su comisión, para efectos de este juicio de amparo, no es jurídicamente viable atender las alegaciones de los impetrantes, dado que se trata de cuestiones que ya fueron abordadas por el tribunal colegiado, sin que en este momento importe el hecho de que la autoridad responsable haya cambiado la justipreciación realizada en el auto primigenio, dado que su nueva determinación fue dictada en acatamiento a lo ordenado por la superioridad y acorde a los lineamientos sentados en diverso juicio de amparo. Luego, si los argumentos formulados por la ahora quejosa fueron examinados e inclusive definidos al resolverse el diverso juicio de amparo, resulta factible afirmar que existe cosa juzgada respecto de tales aspectos. No es óbice, que las resoluciones combatidas en uno y otro juicio de amparo sean distintas; y, que por regla general, no puede considerarse que exista cosa juzgada sino sólo en el caso de que los actos reclamados sean los mismos, dado que la eficacia de la cosa juzgada es refleja, es decir, que no se analizan los mismos actos reclamados sino aspectos sustancialmente idénticos, cuya eficacia trasciende al resto de las incidencias que se promuevan con el mismo propósito, esto es, cuantificar los montos que deben cubrirse por el impago de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural. Al respecto, resultan aplicables las tesis que se reproducen a continuación: Época: Décima Época Registro: 2001879 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 112/2012 (10a.) Página: 1545 "COSA JUZGADA REFLEJA. NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. En términos del precepto invocado, la cosa juzgada que actualiza la improcedencia del juicio de amparo exige de manera estricta la concurrencia de los supuestos consistentes en que: 1) El acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) Los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De ese modo, si la llamada cosa juzgada refleja no comparte esos supuestos, porque en su configuración no existe la concatenación de tales elementos personales y objetivos, es inconcuso que su prevalencia no actualiza la improcedencia del juicio de amparo." Contradicción de tesis 499/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Civil del Sexto Circuito, Tercero en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito y Primero del Décimo Segundo Circuito. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Alejandro Manuel González García. Tesis de jurisprudencia 112/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cinco de septiembre de dos mil doce." Época: Novena Época Registro: 167948 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Febrero de 2009 Materia(s): Común Tesis: I.4o.C.36 K Página: 1842 "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate; la segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y, que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Por tanto, los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado." CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 450/2008. Beatriz María Varo Jiménez. 30 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Nota: Por ejecutoria del 16 de noviembre de 2011, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 433/2010, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva." Época: Novena Época Registro: 204955 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Civil Tesis: I.5o.C.7 C Página: 423 "COSA JUZGADA, EFICACIA REFLEJA DE LA. Existen litigios en los cuales aun cuando no podría oponerse la excepción de cosa juzgada, porque no concurra alguno de los cuatro elementos a que se refiere el artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, como sería el caso en que existiendo identidad en las cosas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueren, no existe identidad en las causas; sin embargo, no puede negarse la influencia que ejerce la cosa juzgada del pleito anterior sobre el que va a fallarse, la cual se refleja, porque en la sentencia ejecutoriada fue resuelto un aspecto fundamental que sirve de base para decidir la segunda reclamada en amparo directo, a efecto de impedir que se dicten sentencias contradictorias, donde hay una interdependencia en los conflictos de intereses, de tal forma que lo reclamado en un juicio posterior esté en pugna con lo fallado por sentencia ejecutoria en el primitivo juicio." QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 745/94. Estefanía Rodríguez Monter de Vargas y otro. 6 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús." Cabe señalar que la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 10/2018, del índice del Primer Tribunal Unitario, así como la resolución del recurso de revisión 148/12018, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal, ambos de este Décimo Primer Circuito, constituyen hechos notorios para quien esto provee; además, de las constancias que integran el expediente que se examina se obtiene la existencia de aquel controvertido; de suerte que en la especie puede y debe ser invocado y considerado para la resolución del presente asunto. Cimienta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) emitida por el Alto Tribunal en Pleno que enseguida se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2017123 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Página: 10 "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Contradicción de tesis 423/2016. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 8 de marzo de 2018. Mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Carlos Alberto Araiza Arreygue. Tesis y criterios contendientes: Tesis I.10o.C.2 K (10a.), de título y subtítulo: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).", aprobada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de mayo de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo III, mayo de 2015, página 2187. Tesis (V Región)3o.2 K (10a.), de título y subtítulo: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, página 2181, y El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 23/2016, y el diverso sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 244/2016. El Tribunal Pleno, el veintiocho de mayo en curso, aprobó, con el número 16/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales citado, aparece publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127. Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de junio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. En tal virtud, ante la ineficacia de los conceptos de violación formulados por los peticionarios del amparo y que además el suscrito no advierte algún motivo que amerite la suplencia de la queja para el estudio oficioso del acto reclamado, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y con fundamento legal, además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martiniano Torres Vitela, Armando Andrade Quintero, Marco Antonio García Quintero, José Carabez Valdovinos, Juan Manuel Quintero Andrade y Everardo Carabez Navarro, en relación con el acto atribuido a la autoridad responsable que quedó precisada, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy quince de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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