Ariel Tarsicio Hinojosa Rodríguez

Expediente 906/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
906/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Ariel Tarsicio Hinojosa Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Se ordena agregar sin mayor pronunciamiento Visto el oficio de cuenta que suscribe el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite nuevamente copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral de origen; sin embargo, únicamente se ordena agregarlo a los presentes autos, sin que haya lugar hacer un pronunciamiento, toda vez que con dicha constancias, en proveído de veinticinco de octubre de este año, se ordenó dar vista a la parte quejosa. Cuenta con autos Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ARIEL TARSICIO HINOJOSA RODRÍGUEZ, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Así, en auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Por oficio presentado el veintiuno de octubre, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente sentencia, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, no ha emitido el laudo correspondiente, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata, provea lo conducente para el dictado del referido laudo en el juicio laboral 822/2017 de su índice. Lo anterior en el entendido de que se tendrá por cumplida la presente sentencia hasta en tanto se dicte el laudo respectivo, ello porque ha transcurrido en demasía el tiempo que contempla la legislación laboral para la emisión de dicha resolución; además se precisa de esa manera para restituir al solicitante del amparo en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo." - El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fecha diez de octubre de dos mil veintidós, se dictó el laudo dentro del juicio laboral número 822/2017. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa cumplimiento Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del laudo de diez de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral número 822/2017. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, de la cual se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Ariel Tarsicio Hinojosa Rodríguez; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. PRECISIÓN DE PUNTOS A CUMPLIR DE EJECUTORIA. En ese tenor, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase al Tribunal responsable, para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: "[.] Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente sentencia, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, no ha emitido el laudo correspondiente, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata, provea lo conducente para el dictado del referido laudo en el juicio laboral 822/2017 de su índice. Lo anterior en el entendido de que se tendrá por cumplida la presente sentencia hasta en tanto se dicte el laudo respectivo, ello porque ha transcurrido en demasía el tiempo que contempla la legislación laboral para la emisión de dicha resolución; además se precisa de esa manera para restituir al solicitante del amparo en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. (.)" SUPERIOR JERÁRQUICO. Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, puesto que la autoridad laboral responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-906/2022 promovido por Ariel Tarsicio Hinojosa Rodríguez contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con el informe justificado que obra en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del expediente 822/2017. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que las partes no formularon alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo X-906/2022, promovido por Ariel Tarsicio Hinojosa Rodríguez, contra los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, en esta ciudad, remitido en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, Ariel Tarsicio Hinojosa Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veintitrés de agosto del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue levantada como se advierte del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos -omisivos- de naturaleza laboral emitidos por una autoridad con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de derechos humanos y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión del Tribunal responsable de dictar laudo en el juicio laboral 822/2017 de su índice. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el presidente de la junta, se advierte que es cierto el acto reclamado, pues al efecto manifiesta que no se ha dictado el laudo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, como complemento de su informe la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de ocho de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 822/2017, del que se advierte que desde esa fecha se declaró cerrada la instrucción y turnaron los autos para el proyecto de laudo. Documental a la que se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse, en la especie, de actuaciones realizadas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, el cual, con arreglo a la ley, goza de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito de demanda, mismo que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 58/2010, la cual es del siguiente tenor: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. " SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado. Previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido. Resulta correcta la apreciación del peticionario del amparo, pues efectivamente la actitud omisa de la Junta responsable, resulta violatoria de la garantía de pronta impartición de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo siguiente. De la exégesis de los preceptos constitucionales transcritos, se desprende la obligación para los tribunales encargados de la impartición de justicia de dictar sus resoluciones en forma pronta y expedita, imponiéndosele a la autoridad jurisdiccional sujetarse para ello a los términos que se establezcan en la ley que rija el acto. A su vez, el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios señala: "ARTÍCULO 99. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma; una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo." Ahora, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto que el juicio laboral 822/2017 se encuentra pendiente de dictar laudo, no obstante que ya cerró la instrucción y puso los autos para tal efecto. En ese contexto, es evidente que el Tribunal responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues si en el expediente natural por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos para el proyecto de resolución, en esa misma fecha debió haberse dictado el laudo, en términos del artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Dado que de autos no se advierte que hubiere ordenado la práctica de diligencias posteriores, lo que trae como consecuencia una violación a la garantía establecida en el numeral 17 constitucional, pues los términos utilizados por la autoridad responsable para ir desarrollando el procedimiento exceden de los establecidos en la Ley de los Trabajadores referida. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 32/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "Tesis: P./J. 32/92 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 205635 Pleno Número 57, Septiembre de 1992 Página 18 Jurisprudencia(Común) TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia." Pues bien, como ya se indicó, el artículo 17 constitucional consagra la garantía de seguridad jurídica de acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, esto es, dentro de los términos y plazos que fijen las leyes secundarias. En congruencia con dicha garantía, el precepto 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, establece que el procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma. Se llevará a cabo una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo. Sin que la responsable pueda justificar el retardo del trámite del juicio laboral en la cantidad excesiva de trabajo con que cuenta y/o la carencia de recursos materiales y humanos, toda vez que en este sumario constitucional no obra probanza alguna con la cual se corrobore tales circunstancias, por lo que los aspectos señalados no justificarían el retardo en la impartición de justicia detectado. Más aún, este órgano jurisdiccional federal como garante de la Constitución debe vigilar el irrestricto acatamiento a los derechos fundamentales que consagra nuestra Carta Magna y, por su parte, las autoridades laborales deben proveer lo necesario a fin de tramitar y concluir el juicio dentro de los plazos y términos que establecen los cuerpos normativos a los que debe sujetarse, debiendo en su momento dictar laudo que resuelva la cuestión planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que literalmente establece: "Tesis: IV.3º. T. J/57 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 177266 Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito Tomo XXII, Septiembre de 2005 Página 1283 Jurisprudencia (Laboral) JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En ese sentido, el ocho de junio de dos mil veintidós, en que se declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó poner a la vista de la autoridad colegiada los autos a fin de emitir el laudo correspondiente y a la fecha, han transcurrió más de tres meses, término que excede en demasía para que emita el laudo respectivo, toda vez que como lo establece la legislación laboral, la resolución debió dictarse en la audiencia en la que se recibieron las pruebas y los alegatos, al no haberse ordenado la práctica de diversa diligencia. De esta manera, la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulta violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. En consecuencia, lo procedente es otorgar al quejoso Ariel Tarsicio Hinojosa Rodríguez, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente sentencia, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, no ha emitido el laudo correspondiente, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata, provea lo conducente para el dictado del referido laudo en el juicio laboral 822/2017 de su índice. Lo anterior en el entendido de que se tendrá por cumplida la presente sentencia hasta en tanto se dicte el laudo respectivo, ello porque ha transcurrido en demasía el tiempo que contempla la legislación laboral para la emisión de dicha resolución; además se precisa de esa manera para restituir al solicitante del amparo en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ariel Tarsicio Hinojosa Rodríguez, en contra de la omisión reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza. Doy fe.

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