Ariel González Ambriz

Expediente 181/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
181/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Ariel González Ambriz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintisiete de julio de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO Vista el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, ya que se trata de un juicio en el que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO Agréguese sin mayor pronunciamiento a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Juzgado Séptimo de distrito en el Estado de Michoacán, a través del cual remite el oficio suscrito por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, en el que acusa recibo del oficio 18792 de nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.eeg

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la que se NEGÓ la protección constitucional al quejoso Ariel González Ambriz; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A SU LUGAR DE ORIGEN. Devuélvase al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el toca civil I-238/2019 que acompañó a su informe justificado; solicitándole el acuse recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  4. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo IX-181/2020, promovido por Ariel González Ambriz, por conducto de su apoderado Arturo Mejía Camacho, contra el acto que reclamó del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados con residencia en esta ciudad capital, cuyo conocimiento correspondió, por razón de turno, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, Ariel González Ambriz promovió demanda de amparo, por conducto de su apoderado Arturo Mejía Camacho, en contra de la autoridad antes precisada, de quien reclamó el acto que precisó de la siguiente manera: ".la resolución de 28 veintiocho de agosto del año 2019, en curso; notificada el día 29 veintinueve del mes y años citados; dictada en el Toca I.238/2019, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, con sede en esta capital; que se integró con el recurso de apelación propuesto por ambas partes, en contra de la sentencia definitiva de primera instancia dictada el 15 de mayo de 2019, en el incidente de reducción de pensión alimenticia de expediente número 980/2004, por la juez quinto oral familiar de primera instancia de este distrito judicial." Acto que el quejoso consideró violatorio, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRAMITACIÓN. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre siguiente, dicho órgano jurisdiccional radicó el asunto como el expediente 1032/2019; admitió a trámite la demanda; otorgó la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; requirió su informe justificado a la responsable; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Empero, luego de recibirse el informe justificado, mediante proveído de doce de febrero de dos mil veinte, aquél juzgado federal se declaró incompetente para conocer del caso, por considerar que, anteriormente este órgano de control constitucional ya había conocido de actos derivados del expediente natural; y, que por ende, debía resolver también ese asunto. En mérito de lo anterior, el veintiuno de febrero siguiente, el titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán ordenó registrar el caso como el expediente 181/2020; se avocó al conocimiento del asunto; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo el seis de abril pasado, en los términos asentados en el acta que antecede; C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos que no tienen ejecución, por lo que el conocimiento del asunto se determina a prevención. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la tesis, invocada conforme a lo previsto por el artículo Sexto Transitorio del mismo cuerpo normativo, P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; este órgano jurisdiccional precisa que el acto reclamado a la autoridad responsable es el siguiente: La resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca de apelación 238/2019, formado con motivo de los recursos interpuestos por actor y demandada incidentistas; a través de la cual se revocó la interlocutoria de primer grado, emitida en el incidente de reducción de pensión propuesto en relación a las diligencias de jurisdicción voluntaria 980/2004, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar de Morelia, Michoacán. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado, el Magistrado señalado como autoridad responsable en el presente asunto aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Además, tal asentimiento fue corroborado mediante la constancias relativas al toca de apelación 1032/2019, que dicha autoridad aportó como sustento de su informe; documentales que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, tienen el carácter de prueba plena. Apoya lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. ESTUDIO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. Tal razonamiento se ve robustecido por las tesis que se reproducen a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Sin embargo, de las constancias que integran el expediente que se examina no se obtiene que, en la especie, se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, por tanto, lo que se impone es emprender el estudio de fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DEL FONDO. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. Como una cuestión previa, resulta necesario destacar que en el presente asunto se encuentran involucrados intereses de menores de edad; además, el proceso del que deriva el acto reclamado es de índole familiar; por tanto, en caso de advertirse alguna circunstancia que vulnere los derechos sustantivos de aquellos o el correcto desarrollo familiar, habrá de suplirse la deficiencia de la queja, en términos de lo previsto por el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Sobre este tópico resulta aplicable la tesis cuyos rubro y texto son del siguiente tenor: "Época: Novena Época Registro: 191496 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común, Civil Tesis: 2a. LXXV/2000 Página: 161 MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte. Amparo directo en revisión 182/2000. Duly Esther Ricalde Quijano. 2 de junio del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rolando Javier García Martínez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 224, tesis 336, de rubro: "MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA TRATÁNDOSE DE. SUS ALCANCES A TODA CLASE DE JUICIOS DE AMPARO Y NO SOLAMENTE CON RESPECTO A DERECHOS DE FAMILIA." Luego, del análisis integral de la demanda se desprende que, de manera toral, el peticionario del amparo aduce que, al emitirse la resolución combatida, el Magistrado responsable pasó por alto los principios de congruencia y exhaustividad, pues en su decir, dicho tribunal de alzada se negó a estudiar los argumentos vertidos a través del recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado. Tal aserto resulta en parte infundado y en parte inoperante, por los motivos que se exponen a continuación. Para un correcto entendimiento del asunto, se considera pertinente reseñar los antecedentes torales del asunto: Mediante interlocutoria de quince de mayo de dos mil diecinueve, la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar de Morelia, Michoacán, resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido por Ariel González Ambriz dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 980/2004, cuyos puntos resolutivos, en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Segundo. Resultó parcialmente fundado el incidente de reducción de pensión alimenticia, promovido por el incidentista Ariel González Ambriz, en contra de la incidentada Lourdes Margarita Estrada Carrillo, en cuanto representante legitima de sus hijas María de Lourdes y Diana Laura, de apellidos González Estrada, en consecuencia: Tercero. Se reduce la cantidad fijada como pensión alimenticia decretada dentro de la resolución final dictada dentro del procedimiento principal que promovieran los contendientes; en los términos detallados en el cuerpo de este fallo." Por escrito presentado el veintitrés de mayo siguiente, Lourdes Margarita Estrada Carrillo interpuso recurso de apelación. De igual manera, mediante ocurso presentado el treinta de mayo de dos mil diecinueve, Ariel González Ambriz, también interpuso recurso de apelación, a través del cual, entre otras cosas, argumentó lo siguiente: ".dicha juzgadora sólo considera para el pago de alimentos a 2 dos nuevos acreedores menores de edad (Andrea Jimena y Ariel, ambos de apellidos González Gaona) y no así a la señora Alejandra Gaona Martínez, cuya legitimación para recibir alimentos quedó acreditada con la copia certificada del acta de matrimonio respectiva ofrecida como documental pública por el apelante, la que inclusive obra glosada en la foja 110 del tomo II, del expediente incidental cuyo fallo aquí se cuestiona; y conforme al precepto legal invocado, el apelante tiene obligación de dar alimentos, y al hacerlo, entonces sus salarios percibidos deberán repartirse entre siete personas (Lourdes Margarita Estrada Carrillo, María de Lourdes y Diana Laura, de apellidos González Estrada, por una parte, mientras que por otra, Alejandra Gaona Martínez, los dos menores Andrea Jimena y Ariel, ambos de apellidos González Gaona), así como el propio apelante; lo que la juzgadora de primer grado omitió examinar, otorgar valor probatorio y mencionarla en los primeros cuatro párrafos de la página 10 del fallo incidental recurrido; por lo que se pide ahora a esta H. Magistratura, que se pronuncie al respecto y resuelva este recurso en cuanto al fondo del incidente de reducción de pago de alimentos; porque el objetivo de la apelada es, que esta Sala determine una vez más porque ya sucedió ello, que se reponga nuevamente el procedimiento principal del incidente cuyo fallo reclamo, para que siga transcurriendo el tiempo en lo que se resuelve tal asunto, y se sigan generando los graves e impagables incrementos del 15% de alimentos, lo que vislumbra la juez de primera instancia en el segundo párrafo de la página 20 de la interlocutoria aquí recurrida. [.] 3.- También causa agravio al apelante, el criterio asumido por la juzgadora primaria en el Considerando Segundo, concretamente en los párrafos tercero y cuarto de la página 15 del fallo apelado, en los que analiza el motivo de reducción alegado por el apelante referente a que la apelada Lourdes Margarita Estrada Carrillo, también está obligada a dar alimentos a sus dos hijas de nombres María de Lourdes y Diana Laura, de apellidos González Estrada; argumentando infundadamente y con falta de motivación exhaustiva, que tal pretensión resulta infundada, en atención a que supuestamente de las declaraciones vertidas por ambas partes -padres de las acreedoras- éstas están bajo el cuidado de la incidentada Estrada Carrillo, afirmando dicha juzgadora de origen que supuestamente es Lourdes Margarita Estrada Carrillo quien sufraga los gastos que las acreedoras generan constantemente; criterio incongruente y falto de lógica jurídica así como de motivación y fundamento aplicable, porque si bien es cierto que Estrada Carrillo sufraga los gastos de sus dos hijas, también lo es que ello se hace con el dinero que el apelante le viene entregando constante e ininterrumpidamente. 4.- En forma incongruente y contradictoria a lo señalado en el párrafo que antecede, la juzgadora de origen consideró en la página 15 y en los párrafos cuarto y quinto de la página 16 del fallo apelado, al analizar los bienes propiedad de Lourdes Margarita Estrada Carrillo, que la misma sí cuenta con un haber económico bastante para coadyuvar en el sostenimiento de las necesidades de sus descendientes pero no rebajó al apelante más cantidad de pago alguna por alimentos, cuando por ello debió dividir en siete partes el salario percibido por éste para distribuirlas entre las dos familias acreedoras." Luego de que el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, a quien, por razón de turno, inicialmente correspondió conocer de los recursos de apelación antes indicados, fuera recusado por el apoderado del aquí quejoso; por acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de esta entidad, registró el asunto como el toca 238/2019; se avocó al conocimiento del asunto; y, por resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, revocó el fallo de primer grado, por considerar, en esencia, lo siguiente: "En un primer argumento que expone la aludida inconforme refiere que la juez inobservó lo establecido en el artículo 925 del Código Familiar para el Estado, mismo el cual señala que las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva, así como el diverso numeral 966 que prevé la forma de incidente para cuando se discuta sobre la cantidad de alimentos; aduciendo para ello que son las resoluciones de carácter provisionales, las que son susceptibles de modificación, no obstante, en el caso que nos atañe, la sentencia mediante la cual se determinó el monto que por concepto de alimentos habría de otorgar el señor Ariel González Ambriz, a favor de la disidente y de sus hijas María de Lourdes y Diana Laura, de apellidos González Estrada, tiene el carácter de definitiva, además de que la cantidad fijada como pensión se propuso a entera satisfacción del deudor alimentista y no por decisión judicial, razones por las cuales no considera que se actualice en el caso concreto, ninguna de la hipótesis que contemplan los numerales citados, siendo así improcedente la acción incidental traída a juicio. Tales manifestaciones son acertadas en parte, ya que la discrepante soslaya atender el contenido del artículo 926 del Código Familiar para el Estado, en que se fundamentó la a quo, al emprender el análisis del incidente que nos ocupa, mismo que señala que las resoluciones judiciales dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse o modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que dedujo en el juicio correspondiente; del cual se infiere esa posibilidad de modificar las resoluciones judiciales, comprendiéndose en éstas, tanto sentencias interlocutorias como definitivas, emitidas entre otros, en negocios de alimentos, de ahí que no deba atenderse en la especie a lo previsto en el precepto que invoca la discrepante, sino al que correctamente citó la primigenia. Ahora, se afirma que el agravio de mérito es fundado, porque ciertamente la juzgadora de primer grado sustentó especialmente su determinación en el hecho acreditado relativo a que el incidentista Ariel González Ambriz, tiene dos nuevos acreedores alimentistas, como lo son sus hijos Andrea Jimena y Ariel, de apellidos González Gaona, considerando que el mismo era apto para establecer un cambio en las circunstancias que prevalecían al momento de fijarse el monto que ahora se impugna, dado que en ese momento únicamente se contempló la existencia de las acreedoras Lourdes Margarita Estrada Carrillo, María de Lourdes y Diana Laura, de apellidos González Estrada,, sin embargo, no debía omitirse que aquellos menores gozan también de la presunción de necesitar los alimentos que su progenitor debe proporcionarles y que dicha circunstancia repercute en la forma de distribuir los ingresos que percibe este último, dado que se ve disminuida su capacidad económica, por lo cual es necesario observar el principio de proporcionalidad que rige en la materia. Consideraciones las que anteceden que, aunque resultan verídicas por así encontrarse demostradas en autos, esto es, la existencia de otros dos acreedores hijos del señor Ariel González Ambriz, lo cierto es que en el caso particular no tienen la trascendencia establecida por la juez, en primer lugar, porque no pasa desapercibido para este tribunal que contrario a lo afirmado, cuando se dictó la sentencia definitiva dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre divorcio por mutuo consentimiento promovieron los aquí contendientes, en la cual se aprobó el convenio que los mismos celebraron, en el que entre otras cuestiones, se estableció la pensión alimenticia que el incidentista habría de otorgar a la demandado, el obligado ya tenía conocimiento de la existencia de su menor hija Andrea Jimena González Gaona, toda vez que como se advierte de la partida de nacimiento de ésta, la cual fue debidamente valorada por la primigenia, la misma nació el día 8 ocho de abril de 2004 dos mil cuatro y el fallo que se menciona, es de data 15 quince de octubre del mismo año 2004 dos mil cuatro, siendo evidente entonces, que el señor González Ambriz, por voluntad propia y consiente de las obligaciones que tenía con cada una de sus descendientes, pactó la cantidad fijada por concepto de pensión alimenticia para las acreedoras aquí demandadas, a sabiendas de que tenía otra hija, lo que incluso así se desprende de su propio dicho, ya que en su escrito incidental señaló que fue el día 7 siete de septiembre del año en comento, cuando la señora Lourdes Margarita Estrada Carrillo y él, promovieron las diligencias respectivas. Acorde con lo anterior, es claro que no era un hecho desconocido para el referido incidentista, la existencia de su diversa hija Andrea Jimena González Gaona, al momento que celebró con la aquí recurrente, el convenio donde se estableció el monto de la pensión alimenticia que habría de entregarle, sino que enterado de esta circunstancia, estuvo conforme en entregar la cantidad de $4,000.00 cuatro mil pesos mensuales, por ese concepto de alimentos de ahí que no pueda sostenerse que las condiciones predominantes en aquella época y con base en las cuales se pactó la obligación de mérito, han sufrido un cambio ya que en lo referente a la acreedora antes aludida, puede inferirse que no fue así, dado que no se trata de un hecho posterior al convenio. Situación distinta la que acontece tratándose de su diverso hijo Ariel González Gaona, quien nació el veintisiete de mayo de 2006 dos mil seis, pues es claro que al momento de la celebración del convenio donde fue fijada la pensión alimenticia que pretende disminuirse, dicho menor aun no había nacido y debido a ello, es lógico que el deudor alimentista no tenía contemplada la obligación alimentaria respecto de este descendiente cuando tuvo lugar aquel acontecimiento. Sin embargo, el hecho de que se haya evidenciado en juicio, una nueva circunstancia que indiscutiblemente se refleja en las responsabilidades que debe asumir el deudor Ariel González Ambriz, lo cierto es ésta finalmente no tenía los alcances establecidos por la a quo, esto es, para concluir en que debido a la existencia de este diverso acreedor alimentista hubo un cambio en las condiciones que sirvieron de base para la fijación de los alimentos que nos ocupan, ya que se puso de relieve una disminución de la capacidad económica del incidentista. Lo anterior, es de este modo, porque como bien lo manifiesta la señora Lourdes Margarita Estrada Carrillo, la juez se concretó a reducir el monto que por concepto de pensión alimenticia otorga el incidentista a favor suyo y de sus hijas, sin tomar en cuenta la capacidad real del mismo, toda vez que sobre este aspecto no se aprecia del fallo combatido, la relación de pruebas que se allegaron para la acreditación de este aspecto y que la sentenciadora haya valorado a fin de poder establecer el quantum de las percepciones que obtiene el señor Ariel González Ambriz, pues lo que se desprende es su afirmación en el sentido de que de los medios de convicción que obran en autos, se había demostrado respecto del deudor alimentario que: Trabaja en el Hospital General 'Dr. Miguel Silva', donde actualmente obtiene la suma líquida de $12,146.03 doce mil ciento cuarenta y seis pesos 03/100 m.n. quincenalmente; Cuenta con un consultorio particular donde percibe ingresos de $30,000.00 treinta mil pesos mensuales aproximadamente; y, Labora de forma eventual para el Instituto Real de Manantiales, donde obtiene la suma de $394.00 trescientos noventa y cuatro pesos diarios. No obstante, estas afirmaciones de la resolutora inicial, resultan deficientes para poder establecer cuál es la verdadera posibilidad económica del incidentista Ariel González Ambriz, ya que si bien es verdad que del informe que fuera remitido por el subdirector de recursos humanos de la Secretaría de Salud en el Estado, visible de la foja 244 doscientos cuarenta y cuatro a la 246 doscientos cuarenta y seis del testimonio de apelación que nos ocupa, se colige que el C. Ariel González Ambriz, como empleado en dicha institución cuenta con una percepción líquida quincenal de $12, 146.03 doce mil ciento cuarenta y seis pesos 03/100 m.n., una vez realizadas las deducciones que se enumeran; también lo es que en el caso no debe soslayarse que para los efectos de establecer el monto de los ingresos que recibe el deudor alimentista los únicos descuentos susceptibles de tomarse en cuenta son los fijos, es decir, los correspondientes al impuesto sobre la renta (impuestos sobre productos del trabajo), de fondo de pensiones y las aportaciones que se enteren al Instituto Mexicano del Seguro Social como cuotas, pues dichas deducciones son impuestas por las leyes respectivas, pero no son susceptibles de tomarse en cuenta las cuotas sindicales o de ahorro, ya que si bien es cierto que son deducciones secundarias o accidentales que se calculan sobre la cantidad que resulta del salario que percibe todo trabajador, también lo es que sobre éstas si se fija el porcentaje de la pensión alimenticia, así como también deben estar incluidas las percepciones que el obligado obtenga por concepto de ayudad de renta, despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que reciba el mismo por su trabajo en la empresa donde labora. [.] De este modo, considerando únicamente las deducciones de ley que deben aplicarse al total de las percepciones que obtiene Ariel González Ambriz, equivalente a $21,753.70 veintiún mil setecientos cincuenta y tres pesos 70/100 m.n., las cuales ascienden a la suma de $5,475.62 cinco mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 62/100 m.n., tenemos que los ingresos que aquí deben tomarse en cuenta a fin de establecer su capacidad pecuniaria, son por la cantidad aproximada de $16,278.08 dieciséis mil doscientos setenta y ocho pesos 08/100 m.n., quincenales y no la cifra que asentó la primigenia en el fallo combatido. Debiendo considerar también las demás prestaciones que por concepto de prima vacacional y aguinaldo obtiene el deudor alimentista en los periodos correspondientes, los cuales son cuantificados en los términos que se mencionan en el informe relativo. Por otro lado, la solvencia económica del incidentista también se acredita de manera fehaciente, con su propia manifestación en el sentido de que desde hace dieciocho años trabaja en su consultorio particular con la ubicación que describe, donde obtienen ganancias variables que oscilan en $30,000 treinta mil pesos mensuales, por así haberlo expresado a la trabajadora social que le realizó la entrevista respectiva. Asimismo, el señor Ariel González Ambriz, como parte del personal docente en el Instituto Real Manantiales S.C., recibe un salario de $394.00 trescientos noventa y cuatro pesos diarios, sin ninguna prestación extraordinaria adicional, dada la naturaleza eventual de su contratación; por tanto, es posible señalar que sus percepciones en dicha fuente laboral ascienden a $11,820.00 once mil ochocientos veinte pesos 00/100 m.n. mensualmente. De igual manera, es menester indicar que según informe remitido por el Encargado de Despacho del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Administración en el Estado, a nombre del señor Ariel González Ambriz, existen cuatro registros, inherentes a los vehículos con las características que se describen en dicho documento visible en la foja 214 doscientos catorce del testimonio de apelación en que se resuelve. Por último, no debe soslayarse la información que rindió la oficina de Administración General de Recaudación, Administración Desconcentrada de Michoacán, del Servicio de Administración Tributaria, misma que se encuentra visible de la foja 215 doscientos quince a la 241 doscientos cuarenta y uno y uno del testimonio de apelación que nos ocupa, en la cual se detallan diversas declaraciones que ha rendido el señor Ariel González Ambriz, correspondientes a los ejercicios fiscales del dos mil quince al dos mil dieciocho, inherentes a sus actividades respecto del Instituto Real Manantiales S.C., en los Servicios de Salud de Michoacán, entre otros. En concordancia con lo anterior, resulta válido afirmar que la capacidad económica del incidentista Ariel González Ambriz, asciende aproximadamente a la cantidad de $74,376.16 setenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 16/100 m.n. mensualmente, considerando para ello sus ingresos por parte de la Secretaría de Salud, los que recibe por su trabajo en el consultorio particular que atiende desde hace varios años y su percepción como parte del personal docente en el Instituto Real Manantiales, S.C., misma que también se ve robustecida con los bienes muebles de los cuales es propietario. Tomando en cuenta lo razonado en los párrafos precedentes, es posible sostener en esta ejecutoria que aun cuando efectivamente se justificó por parte del incidentista Ariel González Ambriz, el hecho de que cuenta con un acreedor más dado que como ya se dijo, su hija Andrea Jimena González Gaona, ya había nacido al momento que el deudor pactó voluntariamente el monto de la pensión alimenticia que habría de proporcionar, para la manutención de la aquí demandada y de sus hijas María de Lourdes y Diana Laura, de apellidos González Estrada, lo cierto es que esa circunstancia realmente no representa un cambio en las posibilidades para seguir otorgando dicha pensión decretada por él mismo y su entonces cónyuge Lourdes Margarita Estrada Carrillo, dado que no se ve disminuida su capacidad económica si se toman en cuenta los ingresos que actualmente obtiene por sus diversas actividades laborales que desempeña y que con anterioridad se han especificado. De forma tal que aun cuando resulta indiscutible la obligación del incidentista de proporcionar a todos sus acreedores los alimentos que legalmente les corresponden, conforme a lo previsto en el artículo 456 del Código Familiar para el Estado y que éstos a su vez gozan de la presunción de necesitarlos, según lo dispone el diverso numeral 464 del ordenamiento legal en consulta; sin embargo, no debe soslayarse que una condición necesaria para la modificación de una pensión alimenticia, es justamente como lo señaló la a quo, la existencia de una circunstancia que demuestre una variación en la posibilidad del deudor y en las necesidades de los que la reciben. Sin embargo, dicha hipótesis no se encuentra debidamente justificada en autos, porque el hecho de que el señor González Ambriz, tenga dos acreedores más a parte de las que aquí se encuentran involucradas (sin omitir que uno de ellos incluso ya existía cuando se pactó la pensión alimenticia de que se trata), en el caso se ha podido constatar que no repercute en la economía y evidente posibilidad que posee el obligado, ya que como se ha visto goza de una amplia solvencia económica que le es suficiente para seguir otorgando los alimentos de mérito en la forma que de voluntad propia se estableció, pues evidentemente la cantidad antes precisada resulta apta para que el mismo atienda cada una de sus obligaciones asistenciales y sus propios requerimientos. [.] .no pasa desapercibido para este tribunal que si bien para fijar adecuadamente los alimentos, debe tenerse en cuenta el número de acreedores con derecho a recibirlos y la posibilidad económica que posee el obligado para proporcionarlos, aunado al hecho de que cuando se acredita la existencia de un nuevo acreedor, ello ha bastado para que se ordene la disminución de una pensión alimenticia, dado que supone una variación en la capacidad económica del obligado, sin embargo, un nuevo criterio ha establecido que cuando la petición de reducción de esa prestación, se funda en la existencia de un nuevo acreedor, a efecto de garantizar en forma eficaz los principios de interés superior del menor y de proporcionalidad, es indispensable efectuar un análisis exhaustivo de las circunstancias que se presentan en cada caso específico, pues el nacimiento o surgimiento de un nuevo acreedor no necesariamente incide en la real capacidad económica del obligado, ya que pudiera contar con resultados suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones y, en consecuencia, no existe razón para que la pensión que reciben sus acreedores se reduzca, dado que éstos regularmente son ajenos a las nuevas responsabilidades que asume el obligado alimentario. [.] Consecuentemente, en el caso puede afirmarse válidamente que esa causa principal invocada por el incidentista Ariel González Ambriz, para solicitar la reducción de la pensión alimenticia fijada por los contendientes en el convenio, consistente en la existencia de nuevos acreedores, pese a haberse justificado, no resulta suficiente para estimar que la posibilidad económica del obligado se ve afectada por esa circunstancia y que ello amerite el establecimiento de un nuevo monto, porque como se ha deja asentado en líneas precedentes, éste cuenta con la capacidad pecuniaria apta para seguir otorgando los alimentos que voluntariamente convino con la parte incidentada, máxime si se toma en cuenta que contrario a su argumento de que sus ingresos han disminuido, en autos se justificó su acrecentamiento, tal cual lo señaló la juez en el fallo combatido al referirse al salario que percibe en la Secretaría de Salud en el Estado, además, cuenta con el ingreso que obtiene en el Instituto Real Manantiales, S.C. y con las percepciones que recibe en una cantidad mayor por la atención médica que proporciona en su consultorio médico, lo que incluso le permite tener los cuatro vehículos descritos en el informe relativo allegado en autos; de ahí que indiscutiblemente, el señor González Ambriz, no se ha visto afectado en su economía por el hecho de tener otros dos acreedores y en especial, el de menor edad que tuvo posteriormente a la celebración del convenio, sin que se omita a su actual esposa quien era concubina al inicio del presente trámite, porque como bien estableció la juez, de la misma no se acreditó que se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por la ley para que goce de la presunción de necesitar alimentos. Ahora, en lo concerniente al diverso motivo en que también fundamentó el actor Ariel González Ambriz, su reclamo con la finalidad de que se reduzca el monto de los alimentos pactados, esto es, el que se refiere a que la señora Lourdes Margarita Estrada Carrillo, cuenta también con la capacidad económica para contribuir en la manutención de sus hijas de nombres María de Lourdes y Diana Laura, de apellidos González Estrada, ciertamente se acreditó en el procedimiento el hecho de que es propietaria de varios bienes inmuebles, como lo indicó la juez; no obstante, como en su momento lo determinó también en forma correcta, la pretensión del incidentista en este sentido de que la incidentada se encuentra obligada a dar alimentos a sus descendientes, resulta infundada en atención a que de las declaraciones vertidas por ambas partes -padres de las acreedoras-, así como lo vertido por Diana Laura González Estrada, mayor de edad en la audiencia testimonial consultable a foja 123 de autos, éstas están bajo el cuidado de la incidentada Estrada Carrillo, por tanto es ella quien atiende las necesidades que las acreedoras generan constantemente, principalmente las que se derivan de la condición de incapacidad en que se encuentra la acreedora María de Lourdes González Estrada, siendo claro entonces que en el caso se surte la hipótesis prevista en el artículo 153 del Código Familiar y por esa razón, debe tenerse ese hecho como contribución al sostenimiento de las mismas. Así las cosas, es palmario que en la presente incidencia no se evidenció ese cambio en las condiciones que prevalecían cuando ambos contendientes convinieron en el monto de la pensión alimenticia el cual es necesario para la procedencia de la reducción reclamada, máxime si se considera que como la misma no se fijó por el órgano jurisdiccional sino que fueron los propios promoventes del divorcio por mutuo consentimiento quienes estuvieron conformes en acordar la cantidad de $4,000.00 cuatro mil pesos mensuales y señalar que la misma tendría el incremento anual del porcentaje indicado considerando para ello sus circunstancias personales como sus posibilidades para cumplir con las obligaciones que tenían respecto de sus hijas, en consecuencia, no existe un parámetro sobre el cual pueda estimarse que efectivamente hubo un cambio o variación en las circunstancias bajo las cuales se encontraban las partes cuando celebraron el convenio respectivo y los hechos que mediante este incidente ha invocado González Ambriz, aunque probados lo que se han citado con anterioridad, no resultaron suficientes por las razones también ya precisadas, para que este tribunal reduzca el monto de la pensión alimenticia establecida por los inconformes. Siendo pertinente indicar por último, que la juez actuó correctamente al señalar que las manifestaciones del incidentista en el sentido de que actualmente le resulta gravoso lo convenido con su contraria, respecto a que la cantidad de $4,000.00 cuatro mil pesos 00/100 m.n., fijada como pensión alimenticia, aumentaría anualmente en un 15% quince por ciento, no podía atenderse como causal de reducción de dicha prestación, dado que la forma y términos en que planteaba su solicitud se advertía encaminada a la modificación del convenio celebrado entre las partes. Lo que este tribunal de apelación comparte, ya que si la pretensión del señor Ariel González Ambriz estriba en que se modifiquen los términos en que fue pactado el monto de los alimentos que debe proporcionar a sus acreedoras Lourdes Margarita Estrada Carrillo, María de Lourdes y Diana Laura, de apellidos González Estrada, en consecuencia, debe promover la acción correspondiente para tal fin, como es la modificación del convenio de donde deriva su obligación, fundándose en los hechos que estime conducentes al caso. Tomando en cuenta los razonamientos expuestos en la presente ejecutoria, de donde se desprende que el incidente de reducción de pensión alimenticia, promovido por Ariel González Ambriz, es improcedente, en virtud de los motivos que se han precisado resulta innecesario ahora el estudio del único motivo de inconformidad que él mismo hace valer a través de su apoderado jurídico Arturo Mejía Camacho, ya que como se infiere, el mismo va encaminado a combatir aspectos de la sentencia definitiva impugnada que ya no prevalecerán debido a que el sentido de la misma será modificado, por lo que sería inútil analizar cuestiones que ninguna relevancia tendrían en el fallo que aquí se pronuncia." (el énfasis es añadido). De la reproducción que antecede se obtiene que la resolución que constituye el acto aquí reclamado se cimentó en los siguientes aspectos a saber: Que, contrario a lo considerado por la Juzgadora de primer grado, no existe un aspecto que permita evidenciar un verdadero cambio en las condiciones que prevalecían cuando se convinieron los montos y los términos de la obligación alimentaria, cuya disminución se pretendía. Porque el hecho de que el actor incidentista, aquí quejoso, tenga dos nuevos acreedores alimentarios (Andrea Jimena y Ariel, ambos de apellidos González Gaona) no implica, en automático, la existencia de un impedimento para cumplimentar sus obligaciones alimentarias, en los términos en que fueron convenidos. Esto, habida cuenta que la primera de los mencionados (Andrea Jimena González Gaona) ya había nacido a la fecha en se celebró el convenio alimentario; y, porque los ingresos del deudor alimentista se han incrementado significativamente, respecto de la fecha en que tuvo verificativo el multirreferido pacto de voluntades, de suerte que el nacimiento de un segundo acreedor de alimentos (Ariel González Gaona), no genera como tal una merma en la economía de Ariel González Ambriz, aquí quejoso, al menos no al grado de que le impida cumplir con las obligaciones convenidas respecto de Lourdes Margarita Estrada Carrillo, María de Lourdes y Diana Laura, de apellidos González Estrada. De igual manera, que la circunstancia de que, actualmente, Alejandra Gaona Martínez ya no sea concubina sino esposa del incidentista, es insuficiente para considerar que deban reducirse los montos de la pensión alimentaria constituida respecto de Lourdes Margarita Estrada Carrillo, María de Lourdes y Diana Laura, de apellidos González Estrada; porque no se probó que Alejandra Gaona Martínez se ubique en alguna de las hipótesis legales que permita suponer que necesita alimentos; aunado al hecho de que está demostrado que Ariel González Ambriz cuenta con una amplia solvencia económica que le permite cubrir con sus obligaciones respecto de todos sus acreedores alimentarios. En ese mismo orden de ideas, que la juzgadora primigenia estuvo en lo correcto cuando consideró que el hecho de que Lourdes Margarita Estrada Carrillo sea propietaria de diversos inmuebles no constituye un aspecto que incida de manera directa en la obligación alimentaria de Ariel González Ambriz; porque, si bien la mencionada Estrada Carrillo también tiene obligación de contribuir a la manutención de sus hijas María de Lourdes y Diana Laura, de apellidos González Estrada, la realidad es que está acreditado que esa obligación se encuentra solventada por el hecho de que es Lourdes Margarita Estrada Carrillo quien se encuentra al cuidado de sus hijas María de Lourdes y Diana Laura, de suerte que es ella quien les procura las atenciones y cuidados que constantemente requieren. Finalmente, que fue correcto lo determinado por la juez de primera instancia en cuanto a que lo aducido por el incidentista en relación lo gravoso que le resultan los incrementos convenidos, no constituye un aspecto que pueda tomarse en cuenta para reducir la pensión de mérito, mucho menos una cuestión que pueda examinarse incidentalmente; porque el incremento anual de la pensión fue una circunstancia establecida voluntariamente por los propios contendientes, Lourdes Margarita Estrada Carrillo y Ariel González Ambriz, no así por el órgano jurisdiccional; de suerte que, para conseguir la modificación pretendida, resultaba necesario que el mencionado en último término ejerza la acción respectiva a través de una nueva contienda. Lo expuesto patentiza que no asiste razón al peticionario del amparo, cuando aduce que la autoridad se negó a dar contestación a los argumentos formulados mediante su escrito de apelación; porque si bien es cierto que en la resolución combatida el Magistrado responsable expresamente manifestó que, por haberse calificado de fundados los argumentos vertidos por la diversa apelante Lourdes Margarita Estrada Carrillo, resultaba innecesario examinar los disensos esgrimidos por Ariel González Ambriz, ahora quejoso; no menos cierto resulta que, al examinar los agravios formulados por la apelante mencionada en primer término, el tribunal de alzada señalado como responsable se ocupó de los aspectos controvertidos por el aquí peticionario del amparo, en su escrito de apelación. Esto es así, porque en el escrito de apelación Ariel González Ambriz adujo, en esencia, que la juzgadora primigenia no tomó en consideración que actualmente son siete personas las que dependen de los ingresos que éste genera (sus cuatro hijos María de Lourdes y Diana Laura, ambas de apellidos González Estrada, Andrea Jimena y Ariel, los dos últimos de apellidos González Gaona, la demandada incidentista Lourdes Margarita Estrada Carrillo, su esposa Alejandra Gaona Martínez y el propio Ariel González Ambriz); y, que se pasó por alto que su ex esposa es propietaria de múltiples inmuebles y que, por ende, se encuentra obligada a contribuir a la manutención de sus hijas María de Lourdes y Diana Laura, ambas de apellidos González Estrada. Sin embargo, ya quedó establecido que, al ocuparse de los argumentos formulados la diversa apelante Lourdes Margarita Estrada Carrillo, el tribunal responsable examinó precisamente los aspectos controvertidos por Ariel González Ambriz, ahora peticionario del amparo. Pues en el decir de la responsable, el hecho de que, actualmente, el actor incidentista tenga dos nuevos acreedores (Andrea Jimena y Ariel, los dos últimos de apellidos González Gaona), no implica que, en automático, deba disminuirse el monto de la pensión constituida en favor de (Lourdes Margarita Estrada Carrillo, María de Lourdes y Diana Laura, de apellidos González Estrada); porque, al momento en que se pactaron las condiciones en que sería ministrada la pensión, el primero de aquellos ya había nacido; y, porque, en la actualidad, los ingresos del deudor alimentista, Ariel González Ambriz, se han incrementado de manera considerable, al grado de que es factible considerar que son suficientes para considerar que el mencionado en último lugar puede cubrir tanto las necesidades alimentistas de todos sus acreedores, como las propias, con solvencia. También, que no podía considerarse a Alejandra Gaona Martínez, como acreedora alimentaria, porque no se acreditó que se ubique en alguno de los supuestos que permiten suponer que tiene necesidad de que se le suministren alimentos; y, que el hecho de que la demandada incidentista sea propietaria de diversos inmuebles no constituye un aspecto que pueda tomarse en cuenta para disminuir la pensión a cargo de Ariel González Ambriz, porque si bien Lourdes Margarita Estrada Carrillo se encuentra obligada a contribuir a la manutención de sus hijas María de Lourdes y Diana Laura, de apellidos González Estrada, la realidad es que esa obligación se encuentra cubierta porque es la mencionada Estrada Carrillo quien se encarga de proporcionar los cuidados y atenciones que aquellas requieren constantemente. De ahí, que resulte infundado lo aducido por el amparista respecto a que no fueron atendidos los agravios contenidos en su escrito de apelación. Finalmente, la inoperancia de los argumentos estriba en el hecho de que no controvierten la totalidad de las consideraciones que dan cimiento a la resolución combatida; esto porque, como ya quedó establecido, en el único concepto de violación formulado por el amparista, éste se limitó a señalar que los agravios contenidos en su escrito de apelación no fueron atendidos por el tribunal de alzada; empero, ya quedó demostrado que sí fueron examinados e inclusive desestimados, aunque de manera indirecta; y, en realidad, no se controvirtieron los motivos por los que el Magistrado responsable revocó el fallo de primer grado. Cimientan lo anterior, las tesis que se insertan en seguida: "Época: Séptima Época Registro: 240779 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 139-144, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 26 CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya. Amparo directo 7831/79. Víctor Olavarría Velázquez y otros. 9 de octubre de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretaria: Clara Eugenia González Avila Urbano. Séptima Epoca: Informe 1980, página 28. Amparo directo 102/77. J. Jesús González Cortázar. 8 de febrero de 1978. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: Carlos Soto Villaseñor. Nota: Reitera tesis de jurisprudencia 122, Apéndice 1917-1975, Cuarta Parte, Tercera Sala, página 360, bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO." "Época: Séptima Época Registro: 818481 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 81, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 17 CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Cuando los conceptos de violación no atacan consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido, resultan inoperantes porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo. Amparo directo 5521/74. Tanques Garza, S.A. 11 de septiembre de 1975. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Antonio Rocha Cordero. Ponente: Jorge Iñárritu. Nota: Reitera tesis 361, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Tercera Parte, página 600." "Época: Séptima Época Registro: 815280 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Informes Informe 1975, Parte II Materia(s): Común Tesis: 4 Página: 23 CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Cuando los conceptos de violación no atacan consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido, resultan inoperantes porque aún en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo. Amparo directo 4566/69. Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A. 23 de noviembre de 1970. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Amparo directo 774/72. Luis Romero Romero (sucesión). 20 de julio de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro. Amparo directo 3699/71. Contimex, S.A. 26 de julio de 1973. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Amparo directo 3520/73. Industrias de Calzado Helen, S.A. 27 de junio de 1974. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Amparo directo 5521/74. Tanques Garza, S.A. 11 de septiembre de 1975. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Nota: Esta tesis también aparece en: Séptima Epoca, Tercera Parte, Volumen 72, página 49 (jurisprudencia con precedentes diferentes), bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES." En suma, ante lo ineficaz del único argumento vertido por el peticionario del amparo, lo que se impone es NEGAR EL AMPARO solicitado por Ariel González Ambriz. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la NO AMPARA NI PROTEGE a Ariel González Ambriz, contra el acto que reclamó del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

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