Arlette Sofía Muguia Alarcón
Expediente 251/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 53 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jaime Munguía Zúñiga
- Arlette Sofía Muguia Alarcón
- ARLETTE SOFÍA MUGUIA ALARCÓN y Otros.
- JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, CON RESIDENCIA EN LA PAZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior y que de la certificación que antecede se advierte que obran glosadas diversas constancias, que no existe en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado documento de valor alguno, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno original incidental, es SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21, fracción c) del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. SE DEJA DOCUMENTO ORIGINAL A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, como de la certificación de cuenta se desprende que en el presente juicio de amparo específicamente a foja veintinueve, obran en una mica, diversas constancias a nombre de la menor con iniciales A.S.M.A., que la parte quejosa exhibió junto con su escrito inicial de demanda; con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del acuerdo antes mencionado, requiérase a la parte quejosa, que cuenta con el término legal de noventa días hábiles, para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho lapso, se procederá a la destrucción total de las constancias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior y que de la certificación que antecede se advierte que obran glosadas diversas constancias, que no existe en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado documento de valor alguno, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno original incidental, es SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21, fracción c) del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. SE DEJA DOCUMENTO ORIGINAL A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, como de la certificación de cuenta se desprende que en el presente juicio de amparo específicamente a foja veintinueve, obran en una mica, diversas constancias a nombre de la menor con iniciales A.S.M.A., que la parte quejosa exhibió junto con su escrito inicial de demanda; con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del acuerdo antes mencionado, requiérase a la parte quejosa, que cuenta con el término legal de noventa días hábiles, para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho lapso, se procederá a la destrucción total de las constancias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe. /*arga*/*
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Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia de cinco de agosto de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, hubiese interpuesto recurso de revisión; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, las documentales consistentes en copias certificadas de los juicios números 261/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de Baja California Sur y su acumulado número 474/2018 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Por otra parte requiérase a la parte promovente para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que quede debidamente notificado del presente asunto, comparezca identificado con documento oficial a recoger los documentos originales que se acompañaron al escrito inicial de demanda, que obran glosados a foja 29 dentro de una mica de plástico transparente, previa acta de entrega que al efecto se levante. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 251/2019-III promovido por Jaime Munguía Zúñiga, por sí y en representación de la menor Arlette Sofía Munguía Alarcón, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en La Paz, Baja California Sur, remitido por razón de turno al Juzgado Primero, Jaime Munguía Zúñiga, por sí y en representación de la menor Arlette Sofía Munguía Alarcón, inicialmente compareció a solicitar en amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de La Paz, Baja California Sur, y otra autoridad; en los términos siguientes: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. De las autoridades ordenadoras reclamo la ilegal determinación de fecha 8 ocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve, que ordena al suscrito de forma semanal la recepción y entrega de mi menor hija ARLETTE SOFÍA MUNGUÍA ALARCÓN, desde el día viernes de cada semana a partir de las 16:00 horas y los días domingos para su entrega a las 12:00 horas, en ambos casos dentro del Centro de Convivencias Familiares (CECOFAM), domiciliado en calzada la huerta #400, colonia nueva Valladolid, Morelia, Michoacán, Código postal 58190, por los motivos que serán expresados a lo largo de la presente demanda de amparo.". En ese ocurso el promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 3°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Incompetencia. Mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve el Juzgado Primero de Distrito radicó el asunto bajo el progresivo 215/2019 de su índice y determinó su legal incompetencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, por lo que remitió los autos a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para su turno correspondiente. TERCERO. Avocamiento y prevención. Por auto de ocho de marzo del año mencionado éste Juzgado Tercero de Distrito tuvo por recibida la demanda y anexos, la que ahora quedó registrada bajo el expediente número 251/2019; asimismo en el mencionado proveído se determinó prevenir a la parte quejosa para que aclarara algunas inconsistencias de su demanda, lo que quedó evacuado en escrito de dos de abril de dos mil diecinueve. CUARTO. Admisión y tramitación del juicio. Una vez recibido el exhorto correspondiente que se giró para notificar a la parte quejosa, el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió a trámite el libelo constitucional, solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se ordenó dar intervención a la representación social adscrita. A fin de garantizar la imparcial protección del interés directo de la menor que interviene en este juicio, este órgano jurisdiccional solicitó a la Defensoría Pública Federal, le designara un representante especial. Además se reconoció el carácter de tercero interesada a Brenda Paola Alarcón Chávez, así como al Procurador de la Defensa del Menor y la familiar, en términos de lo que disponen los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo, razón por la cual se ordenó su emplazamiento para todos los efectos conducentes. El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve se determinó otorgar el carácter de autoridades responsables sustitutas al Juez y al Secretario de Acuerdos, ambos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, por lo que se les requirió su correspondiente informe con justificación. Finalmente, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que la parte quejosa reclama un acto de autoridad cuyos efectos se materializan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías, su escrito aclaratorio y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a las autoridades responsables, consiste en: El auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de controversia familiar 261/2018, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de La Paz, Baja California Sur, en el que se establece un régimen provisional de visitas entre la progenitora Brenda Paola Alarcón Chávez y su menor hija Arlette Sofía Munguía Alarcón, en el domicilio ubicado en Avenida Hidalgo, número ochenta y uno, colonia centro, Sahuayo, Michoacán, mediante la entrega-recepción por conducto del Centro de Convivencias Familiares (CECOFAM) del Estado de Michoacán, con domicilio en Calzada La Huerta, número cuatrocientos, colonia Nueva Valladolid, Morelia, Michoacán. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Juez y el Secretario de Acuerdos, ambos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de La Paz, Baja California Sur, aceptaron el acto que la parte quejosa le atribuyó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Además, la certeza de que se habla se corrobora con las diversas constancias certificadas el expediente 474/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, al cual se acumuló el diverso expediente 261/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Partido Judicial de La Paz, Baja California Sur, en donde particularmente se observa el auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, que se reclama en este juicio constitucional. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad que con arreglo a la ley, goza de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: DOCUMENTOS PUBLICOS. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Respecto de la autoridad sustituta, Secretario de Acuerdos adscrito Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Para corroborar tal aserto debe partirse de lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". A diferencia de las veintidós fracciones que preceden a la transcrita, ésta no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía establecer en forma casuística todas las causas de inejercibilidad de la acción constitucional, puesto que habrá causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61. Por otra parte, los artículos 1º y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a la persona que con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Amparo en revisión 1195/92. Julio Oscar Trasviña Aguilar. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXVII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete. Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 300, de rubro: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 519. Ahora bien, para dilucidar con precisión si en la especie se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, por lo que es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, de rubro y texto: Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez. Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once. Los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, establece: "Capítulo Sexto Secretario de Acuerdos y Proyectista de Sala Artículo 29. El Secretario de Acuerdos de Sala, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I. Cuidar que los demás empleados asistan con puntualidad al despacho y cumplan con sus deberes, poniendo en conocimiento de su superior las faltas que notaren; II. Recibir los escritos que se dirijan a la Sala y dar cuenta de ellos al Magistrado; III. Intervenir en todas las diligencias que practique el Magistrado; IV. Redactar las resoluciones que determine el Magistrado; V. Formar y autorizar la lista de las resoluciones que se dicten, de la cual conservarán una copia en el archivo y enviarán otra a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal; VI. Asentar en los expedientes las razones y certificaciones que procedan, sin necesidad de mandato judicial; VII. Guardar los escritos, expedientes y resoluciones que por su naturaleza o por disposición de la ley, no deban ser conocidos antes de practicarse alguna actuación; VIII. Controlar el sello de la Sala y hacer uso de él de acuerdo con sus atribuciones; IX. Redactar la correspondencia oficial conforme a los acuerdos que reciban de su superior y dirigir las labores de la oficina; X. Expedir las copias simples que soliciten las partes en los negocios y autorizar las certificadas que se expidan por mandato judicial; XI. Tener a su cargo y bajo su responsabilidad el archivo de la Sala; XII. Cuidar que el oficial asiente en los libros de registro, los datos que procedan; XIII. Reunir los datos estadísticos necesarios para los informes que deban proporcionarse; XIV. Encargarse del despacho en los términos de esta ley; XV. Sancionar con su firma las resoluciones y actuaciones del Magistrado; y, XVI. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos o el Magistrado. Artículo 30. El Secretario Proyectista de Sala elaborará los proyectos de resolución que le encomiende el Magistrado, con la anticipación necesaria para que se revisen y pronuncien dentro de los plazos previstos por la Ley. De los artículos transcritos se advierte que el Secretario de Acuerdos, en general, realiza funciones de carácter administrativo (custodia, registro, archivo), y de fedatario de los actos en materia agraria previstos en la ley. De lo anterior se sigue que tal funcionario no cuenta con facultades para emitir actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los particulares, pues, se reitera, su labor se limita al ámbito administrativo interno del tribunal, ya que el actuar dentro de los expedientes a su cargo, de acuerdo a las fracciones III y IV del artículo 22 en comento, es ser fedatario de los actos en materia agraria previstos en la ley y bajo esa calidad asistir a las diligencias correspondientes; sin embargo, dichas atribuciones no le da libertad para decidir el sentido de las diligencias, acuerdos y resoluciones. Por tanto, el Secretario citado no puede imponer determinaciones frente a los particulares, por lo que no ejerce una relación de supra a subordinación frente a éstos. Luego, el Secretario de Acuerdos adscrito Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, no constituye autoridad para los efectos del amparo, pues como ya se señaló, su intervención en la emisión del acto reclamado se limitó a dar fe de las determinaciones tomadas por el magistrado de su adscripción, sin que en la especie se observe que haya realizado alguna actuación bajo las notas distintivas anteriormente expuestas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia III.2o.C. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y contenido: Época: Novena Época Registro: 180248 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C. J/21 Página: 2292 "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 780/90. Miguel Ángel Vázquez Ochoa. 7 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Francisco Javier Hernández Partida. Amparo en revisión 745/93. Operadora El Fénix, S.A. de C.V. 24 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Julio López Beltrán. Secretario: Rafael Quiroz Soria. Amparo en revisión 187/99. Sergio Gutiérrez Corrales y otros. 9 de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Armando Márquez Álvarez. Amparo en revisión 1014/99. María Guadalupe Camberos Rentería viuda de García. 8 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Alcaraz Núñez. Secretaria: Lucía Díaz Moreno. Amparo en revisión 195/2003. Héctor Antonio Gutiérrez. 13 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Ricardo Lepe Lechuga. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, página 87, tesis I.2o.P. J/20, de rubro: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO." y Tomo II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1988, página 132, tesis de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, NO LO ES EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO." En tales condiciones, respecto de la autoridad precisada se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, de la Ley de Amparo; razón por la cual se SOBRESEE en el presente juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por otra parte, por lo que hace al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, este juzgador federal estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. Del artículo citado, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, de manera que se destruyan todas sus consecuencias en forma total e incondicional de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Improcedencia que se justifica debido a que el examen constitucional se volvería ocioso frente a la paralización o destrucción del acto de autoridad, por lo que en tal aspecto la justicia federal se torna innecesaria. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia Emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. [Lo subrayado es propio]. Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno. Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto. Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. En el caso, se recuerda que el acto reclamado se hace consistir en auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de controversia familiar 261/2018, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de La Paz, Baja California Sur, en el que se establece un régimen provisional de visitas entre la progenitora Brenda Paola Alarcón Chávez y su menor hija Arlette Sofía Munguía Alarcón, en el domicilio ubicado en Avenida Hidalgo, número ochenta y uno, colonia centro, Sahuayo, Michoacán, mediante la entrega-recepción por conducto del Centro de Convivencias Familiares (CECOFAM) del Estado de Michoacán, con domicilio en Calzada La Huerta, número cuatrocientos, colonia Nueva Valladolid, Morelia, Michoacán. Asimismo, de las constancias allegadas a este sumario se advierte que el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, el juez del conocimiento determinó abstenerse de seguir conociendo del juicio familiar antes citado, virtud de que la parte demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, de manera que ordenó la remisión de los autos a su superior para la substanciación del incidente planteado. El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dentro del toca 250/2019, formado con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria, se declaró procedente la excepción planteada, por lo que se ordenó la devolución de los autos al juzgado de origen para que, por su conducto, fueran remitidos al Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, para que siguiera conociendo del juicio hasta su total conclusión. Así, por auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, tuvo por recibidos los autos del expediente 261/2018, y determinó su acumulación al diverso 474/2018 de su índice, relativo al juicio especial familiar oral, sobre custodia y convivencia que promueve Brenda Paola Alarcón Chávez, frente a Jaime Munguía Zúñiga. De manera relevante, en el auto mencionado con antelación, la juez mixto determinó como medida provisional la restricción a la demandada de acercarse al actor (sic) y a su menor hija, en un radio de cien metros, a efecto de resguardar y asegurar su integridad; asimismo, de manera expresa señaló que no había lugar a decretar un régimen provisional de convivencia, debido a la medida de restricción mencionada. En esta medida, se estima que con el actuar de la autoridad responsable los actos reclamados han cesado en sus efectos, debido a que con la nueva determinación antes mencionada la juez responsable dejó sin efectos la medida provisional sobre convivencia que se reclama en este juicio constitucional, pues incluso, de manera expresa, señaló que no había lugar a decretar un régimen provisional de convivencia, debido a la medida de restricción mencionada. Ante tal circunstancia, se estima que las cosas han regresado al estado que guardaban hasta antes de la violación alegada, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del particular, como si se hubiera concedido el amparo; actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; consecuentemente, lo que procede es SOBRESEER el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jaime Munguía Zúñiga, por sí y en representación de la menor Arlette Sofía Munguía Alarcón, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy cinco de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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