Ariel González Ambriz

Expediente 396/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
396/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Ariel González Ambriz
  • Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. ACUSA RECIBO DE AUTOS ORIGINALES. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y atento a su contenido, se tiene a la autoridad que lo suscribe, acusando recibo del oficio 11822 de veintisiete de agosto pasado, así como los dos tomo del toca de apelación I-90/2020, del que derivan los actos reclamados en este juicio de amparo. SE ORDENA ARCHIVO, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, ya que se trata de un juicio en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. ANOTACIONES Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. INCIDENTE No se hace pronunciamiento en relación al incidente de suspensión en razón de que no se solicitó la medida cautelar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.Rcl

  2. Principal

    antecede y con el estado procesal de este juicio. Conste. Morelia, Michoacán, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose trece de julio de dos mil veintiuno, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ariel González Ambríz. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del tomo de prueba que la autoridad responsable ordenadora adjuntó a su informe, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 396/2020-IV, promovido por el apoderado de Ariel González Ambriz, contra actos que reclama del Magistrado de la Segunda Sala Civil en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, ante el buzón judicial y registrado por la Oficina de Correspondencia Común, el cinco de ese mes y año, y por razón de turno remitido en la misma data a este juzgado. Ahora, Ariel González Ambriz, por conducto de su apoderado, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en esta ciudad, en los términos siguientes: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Lo constituye la resolución de fecha 18 dieciocho de marzo del año 2020, dos mil veinte, emitida por la c. Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán; en el toca número I-90/2020, formado con el recurso de apelación promovido por el ahora quejoso, en contra de la sentencia interlocutoria del 09 de diciembre de 2019, dictada por la Juez Tercero Familiar, ahora Quinto Oral Familiar de este Distrito; en el incidente de sustitución de garantía alimentaria vinculado a las diligencias de jurisdicción voluntaria de expediente número 980/2004; que sobre divorcio voluntario promovieran mi representado y la señora Lourdes Margarita Estrada Carrillo." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de veinte de agosto de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, previa prevención, admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el dieciocho de marzo de dos mil veinte, dentro del toca civil 90/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el mandatario de Ariel González Ambriz, contra la resolución interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, relativa al incidente de sustitución de garantía alimentaria tramitado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar número 980/2004, sobre divorcio por mutuo consentimiento. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.- Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.- Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.- Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en original del toca de apelación 90/2020, y legajo de copia certificada del incidente de ejecución de convenio 980/2004. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. El diecisiete de enero de dos mil dieciocho se dictó resolución dentro del incidente de ejecución de convenio derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria, en el que se determinó que existe un adeudo alimentario a cargo de Ariel González Ambriz, hasta por la cantidad de $276,643.80 (doscientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 80/100 moneda nacional, declarando procedente la liquidación respecto de las pensiones insolutas reclamadas. 2. Inconforme con esa determinación el ejecutado interpuso recurso de apelación, por lo que en ejecutoria de doce de abril de do s mil dieciocho, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil en esta ciudad, confirmó el fallo apelado. 3. En diligencia levantada el siete de agosto de dos mil dieciocho, se decretó ampliación de embargo respecto del inmueble ubicado en el lote número 1 de la manzana III, del fraccionamiento residencial a Floresta, por la cantidad adeudada. 4. Por escrito de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el deudor alimentario promovió incidente sobre sustitución o cambio del inmueble embargado. 5. Seguida la incidencia por su cauces legales, el nueve de diciembre de dos mil diecinueve se declaró improcedente el incidente de sustitución de garantía alimentaria. 6. Inconforme con esa resolución, interpuso recurso de apelación del cual conoció la Magistrada de la Segunda Sala Civil confirmó el fallo combatido. Determinación la anterior que se reclama en esta instancia constitucional. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En la especie las partes no hicieron valer causales de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados. Bajo esa tesitura, se advierte que el quejoso se duele en una porción del único concepto de violación, que el Magistrado responsable emitió una resolución infundada y carente de toda motivación legal. La parte anterior del concepto de violación resulta infundado, porque contrario a lo que sostiene, el fallo combatido no adolece de falta de fundamentación y motivación que refiere la impetrante, pues basta la lectura de aquella determinación para advertir que la responsable sí expresó con precisión los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. En efecto, la responsable en primer término procedió a fijar su competencia; enseguida realizó un análisis de los agravios planteados por la recurrente, estimando innecesaria su trascripción, y enseguida determinó que resultaba infundado, pero no a la luz de los argumentos formulados por la a quo, sino por las consideraciones que planteó en el acto reclamado, ello atendiendo a la suplencia de la queja, al tratarse de derechos alimentarios de la menor con discapacidad, lo cual estimó se encontraba acreditado dentro del expediente número 116/2009 sobre procedimiento de interdicción de la descendiente incapaz, cuya tutora lo es la incidentada Estrada Carrillo; documentos a los que otorgó valor probatorio en términos de los artículos 870, fracción II, 884 y 885 del abrogado Código Familiar del Estado de Michoacán, adminiculados a los numerales 424, fracción VI, 426, 534 y 536 del supletorio Código de Procedimientos Civiles del Estado. Bajo esa premisa, el Magistrado responsable, supliendo la deficiencia de la queja en beneficio exclusivo de la incapaz, acorde a lo establecido por los artículos 747 y 892 del abrogado Código Familiar del Estado, en relación con el dispositivo 682, párrafo segundo del supletorio Código de Procedimientos Civiles del Estado, procedió a plasmar los argumentos por los que declaró infundada la sustitución de garantía alimentaria, para concluir confirmando el auto recurrido. De ahí que contrario a lo apreciado por el quejoso, el acto reclamado cumple con la garantía de legalidad. En una segunda porción del concepto de violación, el quejoso señala que la resolución combatida carece de congruencia, violentando los derechos del quejoso, porque no atendió los agravios planteados, a fin de declarar fundado el incidente de sustitución de garantía alimentaria, fundando dicho actuar bajo el argumento de interés superior de la incapacitada. Como se anticipó en párrafos anteriores, la porción del concepto de violación asentada, resulta infundada, porque el actuar del Magistrado se encuentra ajustado a derecho. Lo anterior es así, porque conforme al artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, es obligación para todas las autoridades cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de los niños. En efecto, el marco jurídico aplicable al respecto es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 4, párrafos séptimo, octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: "Artículo 4. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven (sic) al cumplimiento de los derechos de la niñez". En lo que interesa, del citado precepto constitucional se desprende que los menores tienen derecho a la satisfacción de todas sus necesidades para su desarrollo integral, por lo que el Estado deberá proveer lo necesario para el ejercicio pleno de sus derechos. Convención Sobre los Derechos del Niño. Al respecto, la Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por el Estado Mexicano, al haber sido ratificada por el Senado de la República el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en su artículo 3, párrafos uno y dos, dispone: "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas". De las citadas disposiciones se advierte, en lo que interesa, que en todas las medidas que dicten los tribunales concernientes a los niños, se debe considerar, de manera primordial, el interés superior de los menores. Así, tal como lo apreció la responsable, de una interpretación armónica de las disposiciones referidas, se puede concluir que tratándose de resoluciones judiciales que afecten de alguna manera a los menores, se debe atender siempre al interés superior de los niños, y en el caso concreto, el Magistrado responsable advirtió que existía un embargo precautorio decretado sobre el bien objeto de la garantía alimentaria por la cantidad de $112,291.00 (ciento doce mil doscientos noventa y un pesos, mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil diecinueve que tuvo como propósito garantizar los derechos alimentarios de la menor incapaz. Que además, tampoco se pretendió excluir dicho inmueble de esa garantía en la misma incidencia de ejecución a través de su promoción de tres de octubre de dos mil diecinueve, tratando de sustituirlo por el que ahora proponía, respecto de lo cual la juzgadora había resuelto en sentido negativo, al dictar el acuerdo de dieciséis posterior, bajo el argumento medular de que debía estarse a la determinación asumida en el auto marcado con el número cuatro de veintidós de agosto de la misma anualidad, donde se le dijo que no había lugar a su pretensión de levantar el embargo precautorio que pesaba sobre el multirreferido bien raíz, por encontrarse inmersos derechos de una persona con discapacidad. Que en atención a lo anterior, no era jurídicamente posible atender la pretensión del recurrente, porque la postura adoptada sobre ese particular se encontraba firme, al no obrar en el testimonio formado con motivo del incidente de sustitución de garantía alimentaria, ni en el tomo II remitido a instancia de la Sala, sobre el incidente de ejecución de convenio, constancia de que se hubiere recurrido a través de algún medio de impugnación. Por lo tanto, debía entenderse firme para todos los efectos legales a que hubiere lugar, en términos de los artículos 92 y 95, párrafo segundo del supletorio enjuiciamiento civil, debiendo estarse a ella, atento a los principios de congruencia y seguridad jurídica que rigen los fallo de índole familiar, y a fin de evitar la emisión de resoluciones contradictorias entre sí, pues de permitirlo se vulneraría la firma procesal en perjuicio de los derechos de la incapaz acreedora alimentaria. La determinación anterior se estima acertada, y al concluir en esos términos, la responsable no estaba obligada atender los agravios del allá recurrente, puesto que advirtió un motivo diverso al considerado por el juez de origen para negar la sustitución del inmueble, las cuales ponderó en atención a los principios de congruencia y seguridad jurídica que deberían prevalecer para evitar la emisión de resoluciones contradictorias. Por lo tanto, si el allá recurrente no combatió en su momento las determinaciones que se adoptaron en relación al embargo decretado sobre el bien inmueble de forma oportuna, dichas determinaciones deben quedar incólumes, con las consecuencias que ello implica. En esos términos, si como lo apreció la responsable, si el allá recurrente no se inconformó con el embargo trabado, en el momento procesal oportuno, no es factible realizar la interpretación en el sentido que pretende el quejoso. Ahora, señala el quejoso que la sustitución del inmueble tiene por objeto salvaguardar los derechos de los diversos hijos que ha procreado con su actual pareja, pero que el Magistrado responsable omitió suplir la deficiencia de la queja y velar por los intereses de esos diversos menores. Dicho motivo de disenso se estima infundado, porque no se advierte que el quejoso haya acreditado ante la responsable que el referido inmueble forme parte de algún derecho alimentario que ponga en riesgo la subsistencia de los diversos menores, a fin de que la responsable estuviera en aptitud de ponderar si resultaba aplicable o no el principio del interés superior de la niñez en favor de dicho menores; por lo tanto, resulta inatendible dicho argumento. En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación expuestos por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Ariel González Ambriz. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a de Ariel González Ambriz, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy trece de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    MEDIANTE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO EZEQUIEL GARCÍA ROJAS, REPRESENTANTE LEGAL DE LOURDES MARGARITA ESTRADA CARRILLO, POR SÍ Y EN CUANTO REPRESENTANTE DE LA MENOR M. DE L. G. E. Y D. L. G. E., LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN O: Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 396/2020-IV, promovido por el apoderado de Ariel González Ambriz, contra actos que reclama del Magistrado de la Segunda Sala Civil en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, ante el buzón judicial y registrado por la Oficina de Correspondencia Común, el cinco de ese mes y año, y por razón de turno remitido en la misma data a este juzgado. Ahora, Ariel González Ambriz, por conducto de su apoderado, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en esta ciudad, en los términos siguientes: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Lo constituye la resolución de fecha 18 dieciocho de marzo del año 2020, dos mil veinte, emitida por la c. Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán; en el toca número I-90/2020, formado con el recurso de apelación promovido por el ahora quejoso, en contra de la sentencia interlocutoria del 09 de diciembre de 2019, dictada por la Juez Tercero Familiar, ahora Quinto Oral Familiar de este Distrito; en el incidente de sustitución de garantía alimentaria vinculado a las diligencias de jurisdicción voluntaria de expediente número 980/2004; que sobre divorcio voluntario promovieran mi representado y la señora Lourdes Margarita Estrada Carrillo." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de veinte de agosto de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, previa prevención, admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el dieciocho de marzo de dos mil veinte, dentro del toca civil 90/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el mandatario de Ariel González Ambriz, contra la resolución interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, relativa al incidente de sustitución de garantía alimentaria tramitado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar número 980/2004, sobre divorcio por mutuo consentimiento. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.- Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.- Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.- Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en original del toca de apelación 90/2020, y legajo de copia certificada del incidente de ejecución de convenio 980/2004. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. El diecisiete de enero de dos mil dieciocho se dictó resolución dentro del incidente de ejecución de convenio derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria, en el que se determinó que existe un adeudo alimentario a cargo de Ariel González Ambriz, hasta por la cantidad de $276,643.80 (doscientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 80/100 moneda nacional, declarando procedente la liquidación respecto de las pensiones insolutas reclamadas. 2. Inconforme con esa determinación el ejecutado interpuso recurso de apelación, por lo que en ejecutoria de doce de abril de do s mil dieciocho, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil en esta ciudad, confirmó el fallo apelado. 3. En diligencia levantada el siete de agosto de dos mil dieciocho, se decretó ampliación de embargo respecto del inmueble ubicado en el lote número 1 de la manzana III, del fraccionamiento residencial a Floresta, por la cantidad adeudada. 4. Por escrito de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el deudor alimentario promovió incidente sobre sustitución o cambio del inmueble embargado. 5. Seguida la incidencia por su cauces legales, el nueve de diciembre de dos mil diecinueve se declaró improcedente el incidente de sustitución de garantía alimentaria. 6. Inconforme con esa resolución, interpuso recurso de apelación del cual conoció la Magistrada de la Segunda Sala Civil confirmó el fallo combatido. Determinación la anterior que se reclama en esta instancia constitucional. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En la especie las partes no hicieron valer causales de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados. Bajo esa tesitura, se advierte que el quejoso se duele en una porción del único concepto de violación, que el Magistrado responsable emitió una resolución infundada y carente de toda motivación legal. La parte anterior del concepto de violación resulta infundado, porque contrario a lo que sostiene, el fallo combatido no adolece de falta de fundamentación y motivación que refiere la impetrante, pues basta la lectura de aquella determinación para advertir que la responsable sí expresó con precisión los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. En efecto, la responsable en primer término procedió a fijar su competencia; enseguida realizó un análisis de los agravios planteados por la recurrente, estimando innecesaria su trascripción, y enseguida determinó que resultaba infundado, pero no a la luz de los argumentos formulados por la a quo, sino por las consideraciones que planteó en el acto reclamado, ello atendiendo a la suplencia de la queja, al tratarse de derechos alimentarios de la menor con discapacidad, lo cual estimó se encontraba acreditado dentro del expediente número 116/2009 sobre procedimiento de interdicción de la descendiente incapaz, cuya tutora lo es la incidentada Estrada Carrillo; documentos a los que otorgó valor probatorio en términos de los artículos 870, fracción II, 884 y 885 del abrogado Código Familiar del Estado de Michoacán, adminiculados a los numerales 424, fracción VI, 426, 534 y 536 del supletorio Código de Procedimientos Civiles del Estado. Bajo esa premisa, el Magistrado responsable, supliendo la deficiencia de la queja en beneficio exclusivo de la incapaz, acorde a lo establecido por los artículos 747 y 892 del abrogado Código Familiar del Estado, en relación con el dispositivo 682, párrafo segundo del supletorio Código de Procedimientos Civiles del Estado, procedió a plasmar los argumentos por los que declaró infundada la sustitución de garantía alimentaria, para concluir confirmando el auto recurrido. De ahí que contrario a lo apreciado por el quejoso, el acto reclamado cumple con la garantía de legalidad. En una segunda porción del concepto de violación, el quejoso señala que la resolución combatida carece de congruencia, violentando los derechos del quejoso, porque no atendió los agravios planteados, a fin de declarar fundado el incidente de sustitución de garantía alimentaria, fundando dicho actuar bajo el argumento de interés superior de la incapacitada. Como se anticipó en párrafos anteriores, la porción del concepto de violación asentada, resulta infundada, porque el actuar del Magistrado se encuentra ajustado a derecho. Lo anterior es así, porque conforme al artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, es obligación para todas las autoridades cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de los niños. En efecto, el marco jurídico aplicable al respecto es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 4, párrafos séptimo, octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: "Artículo 4. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven (sic) al cumplimiento de los derechos de la niñez". En lo que interesa, del citado precepto constitucional se desprende que los menores tienen derecho a la satisfacción de todas sus necesidades para su desarrollo integral, por lo que el Estado deberá proveer lo necesario para el ejercicio pleno de sus derechos. Convención Sobre los Derechos del Niño. Al respecto, la Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por el Estado Mexicano, al haber sido ratificada por el Senado de la República el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en su artículo 3, párrafos uno y dos, dispone: "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas". De las citadas disposiciones se advierte, en lo que interesa, que en todas las medidas que dicten los tribunales concernientes a los niños, se debe considerar, de manera primordial, el interés superior de los menores. Así, tal como lo apreció la responsable, de una interpretación armónica de las disposiciones referidas, se puede concluir que tratándose de resoluciones judiciales que afecten de alguna manera a los menores, se debe atender siempre al interés superior de los niños, y en el caso concreto, el Magistrado responsable advirtió que existía un embargo precautorio decretado sobre el bien objeto de la garantía alimentaria por la cantidad de $112,291.00 (ciento doce mil doscientos noventa y un pesos, mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil diecinueve que tuvo como propósito garantizar los derechos alimentarios de la menor incapaz. Que además, tampoco se pretendió excluir dicho inmueble de esa garantía en la misma incidencia de ejecución a través de su promoción de tres de octubre de dos mil diecinueve, tratando de sustituirlo por el que ahora proponía, respecto de lo cual la juzgadora había resuelto en sentido negativo, al dictar el acuerdo de dieciséis posterior, bajo el argumento medular de que debía estarse a la determinación asumida en el auto marcado con el número cuatro de veintidós de agosto de la misma anualidad, donde se le dijo que no había lugar a su pretensión de levantar el embargo precautorio que pesaba sobre el multirreferido bien raíz, por encontrarse inmersos derechos de una persona con discapacidad. Que en atención a lo anterior, no era jurídicamente posible atender la pretensión del recurrente, porque la postura adoptada sobre ese particular se encontraba firme, al no obrar en el testimonio formado con motivo del incidente de sustitución de garantía alimentaria, ni en el tomo II remitido a instancia de la Sala, sobre el incidente de ejecución de convenio, constancia de que se hubiere recurrido a través de algún medio de impugnación. Por lo tanto, debía entenderse firme para todos los efectos legales a que hubiere lugar, en términos de los artículos 92 y 95, párrafo segundo del supletorio enjuiciamiento civil, debiendo estarse a ella, atento a los principios de congruencia y seguridad jurídica que rigen los fallo de índole familiar, y a fin de evitar la emisión de resoluciones contradictorias entre sí, pues de permitirlo se vulneraría la firma procesal en perjuicio de los derechos de la incapaz acreedora alimentaria. La determinación anterior se estima acertada, y al concluir en esos términos, la responsable no estaba obligada atender los agravios del allá recurrente, puesto que advirtió un motivo diverso al considerado por el juez de origen para negar la sustitución del inmueble, las cuales ponderó en atención a los principios de congruencia y seguridad jurídica que deberían prevalecer para evitar la emisión de resoluciones contradictorias. Por lo tanto, si el allá recurrente no combatió en su momento las determinaciones que se adoptaron en relación al embargo decretado sobre el bien inmueble de forma oportuna, dichas determinaciones deben quedar incólumes, con las consecuencias que ello implica. En esos términos, si como lo apreció la responsable, si el allá recurrente no se inconformó con el embargo trabado, en el momento procesal oportuno, no es factible realizar la interpretación en el sentido que pretende el quejoso. Ahora, señala el quejoso que la sustitución del inmueble tiene por objeto salvaguardar los derechos de los diversos hijos que ha procreado con su actual pareja, pero que el Magistrado responsable omitió suplir la deficiencia de la queja y velar por los intereses de esos diversos menores. Dicho motivo de disenso se estima infundado, porque no se advierte que el quejoso haya acreditado ante la responsable que el referido inmueble forme parte de algún derecho alimentario que ponga en riesgo la subsistencia de los diversos menores, a fin de que la responsable estuviera en aptitud de ponderar si resultaba aplicable o no el principio del interés superior de la niñez en favor de dicho menores; por lo tanto, resulta inatendible dicho argumento. En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación expuestos por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Ariel González Ambriz. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a de Ariel González Ambriz, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy trece de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

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