Arisbe Rojas Porras

Expediente 254/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
254/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/05/2019

Partes del expediente

  • Arisbe Rojas Porras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil diecinueve. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009 En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, , se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción IV del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse NEGADO el amparo y causado ejecutoria dicha resolución; por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. NO SE FORMARON INCIDENTES Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento a los cuadernos incidentales por no haberse formado los mismos. TRANSFERENCIA Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial ubicado en Toluca, Estado de México. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución con engrose de treinta de abril de dos mil diecinueve, en la que se NEGÓ el juicio de amparo promovido por ARISBE ROJAS PORRAS, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA DEVOLVER CUADERNO DE PRUEBAS Devuélvase a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, las documentales que acompañó a su informe justificado, consistente en los originales del toca penal I-6/2018, y proceso 19/2017-III, así como un disco digital que contiene la resolución impugnada, solicitándole el acuse de recibo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo VI-254/2019, promovido por Arisbe Rojas Porras, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido en esa misma fecha, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Arisbe Rojas Porras solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. La promovente del juicio narró los antecedentes del acto reclamado y estimó vulnerados en perjuicio de sus representados los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal. Segundo. Substanciación del juicio. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de garantías promovida por Arisbe Tojas Porras, misma que quedó registrada bajo el número I-445/2018; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; el nueve de agosto de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para resolver el presente juicio de amparo y ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, el cual mediante auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se avocó al conocimiento del asunto, por lo que se ordenó el archivo del juicio de amparo I-445/2018 del índice de este juzgado; no obstante, mediante resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el citado tribunal colegiado determinó carecer de legal competencia para resolver el juicio de amparo en cuestión y ordenó devolverlo a este juzgado, de tal forma que en auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve, este juzgado se avocó al conocimiento del mismo, registrándolo ahora bajo el número VI-254/2019, y se ordenó que una vez que las partes estuvieran notificadas de dicho acuerdo se pusieran los autos en estado de dictar resolución, lo que así aconteció el veintidós de marzo de dos mil diecinueve; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridad residente en donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tercero. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en: La resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-6/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa contra el auto que negó dictar orden de aprehensión dentro del proceso penal 19/2017-III, instruido a Ricardo González Ávalos y Ma. Teresa Pérez Pérez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como complemento del mismo la citada autoridad, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Quinto. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Sexto. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, aún suplidos en su deficiencia, conforme a lo establecido por el artículo 79 fracción III, inciso b) de la ley reglamentaria en comento, por los motivos que más adelante se expondrán. En ellos, quien se agravia arguye en esencia que se le dejó en estado de indefensión, ya que al confirmarse la negativa de la orden de aprehensión nunca será reparado el daño ocasionado a la víctima del delito; que la responsable se limitó a descalificar el material probatorio aportado; y, que la valoración de las pruebas es contradictoria, virtud a que quedó demostrada la mala calidad en la mano de obra. Ahora bien, cabe destacar que por disposición del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, este juzgado debe suplir la deficiencia de la queja en favor de la quejosa, al tener el carácter de ofendido en la causa penal de donde deriva el acto reclamado; además, en materia penal la suplencia de la queja procede no sólo cuando son deficientes los conceptos de violación, sino también ante la ausencia de éstos. Aunado a ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que, atendiendo al principio pro persona contenido en diversos instrumentos internacionales, así como en nuestra Constitución Federal, la suplencia de la queja debe extenderse a favor de la víctima u ofendido del delito, pues ello constituye un gran avance en nuestro sistema jurídico, con miras de lograr el objetivo primordial para el que fue creado el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia. No obstante, como ya se adelantó, aún en suplencia de la queja, este juzgado no advierte violación a los derechos fundamentales de la quejosa, por los motivos siguientes: Primeramente, la quejosa Arisbe Rojas Porras, acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra la resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al resolver el toca de apelación I-6/2018, que confirmó la negativa a dictar orden de aprehensión contra Ricardo González Ávalos y Ma. Teresa Pérez Pérez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 325, fracción XI, en relación con el diverso 4, fracción III, del Código Penal del Estado. Si bien, el delito denunciado es de índole patrimonial y en consecuencia, dicha resolución incide indirectamente y por el momento, sobre el derecho a obtener la reparación del daño, tal como lo aduce en uno de sus conceptos de violación; sin embargo, tal circunstancia no implica soslayar que en contraposición a ese derecho por parte de la víctima también surge el derecho de los indiciados (terceros interesados) a que este juzgado analice de forma imparcial los hechos constitutivos de delito y, sin sustituirse a la autoridad responsable, valore la legalidad del pronunciamiento de la misma acerca de la acreditación de uno de los elementos del cuerpo del delito, atento el principio de igualdad contenido en el artículo 20 Constitucional, pues el derecho de la víctima a obtener la reparación del daño con motivo del delito no puede sobreponerse arbitrariamente a los derechos fundamentales de los inculpados, a favor de quien, incluso, este juzgado estaría también obligado a suplir la deficiencia de la queja, en caso de comparecer como parte quejosa al juicio de amparo, según lo dispone el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 141/2011, de rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 160513 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 141/2011 (9a.) Página: 2103 PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. En el proceso penal, el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión; y si bien es cierto que este principio no está previsto expresamente en algún numeral concreto del Código Federal de Procedimientos Penales, también lo es que se consigna implícitamente en su artículo 206, en cuanto prevé que todo aquello que se ofrezca como prueba -en términos del artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- debe admitirse, siempre y cuando sea conducente y no vaya contra el derecho a juicio del juez o del tribunal, lo que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales deben valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. Así, cuando la información que brinda un medio probatorio es imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el juez le reste valor, no es válido que tal estándar sólo aplique para una de las partes, ya que el mérito o valor de convicción del medio probatorio está sujeto a la libre apreciación del juez, pero es inadmisible que los medios de prueba de la misma índole -ofrecidos por ambas partes- tengan un estándar de valoración distinto, según se trate del actor o del demandado, del órgano ministerial o del acusado, pues ello atentaría contra las garantías de justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta fundamentación y motivación. Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Amparo directo 16/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Amparo directo 10/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Amparo directo 33/2008. 4 de noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Amparo en revisión 163/2010. 28 de abril de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. Tesis de jurisprudencia 141/2011 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de noviembre de dos mil once. Ahora bien, de las constancias que conforman el proceso penal 19/2017-III, así como del toca de apelación I-6/2018, se destaca que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, con negó la orden de aprehensión solicitada por el representante social contra Ricardo González Ávalos y Ma. Teresa Pérez Pérez, al considerar que no se acreditaron los elementos del delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 325, fracción XI, y 324, fracción III, ambos del Código Penal del Estado. Inconforme con dicha determinación, el agente del Ministerio Público adscrito al órgano jurisdiccional y la víctima del delito, aquí quejosa, apelaron la resolución que negó la orden de aprehensión solicitada. Al resolverse dicha inconformidad, el dos de mayo de dos mil dieciocho, la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, determinó confirmar la resolución apelada, al estimar correcta la determinación de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, ya que al margen de que indicó que los agravios expresados resultaban inoperantes en una parte y parcialmente fundados en otra pero insuficientes para revocar la negativa de la orden de aprehensión, en esencia la resolución reclamada tiene sustento en el hecho de que la magistrada responsable estimó que efectivamente no se acreditaban los elementos del cuerpo del delito, ya que con los medios de prueba que se desahogaron en la indagatoria no se acreditó que los materiales utilizados en la remodelación y ampliación del domicilio de la demandada no hayan sido los convenidos en cuanto a calidad o cantidad y que si bien en uno de los dictámenes se señaló que hubo mala calidad en la mano de obra, no era factible actualizar el cuerpo del delito efectuando un encuadramiento diverso de la conducta atribuida a los inculpados en razón de que ellos no concluyeron la obra, sino que fue un constructor diverso, además de que previamente ya se habían hecho varias reparaciones, las cuales impedían conocer si la deficiente mano de obra que produjo agrietamientos en diversas áreas de la vivienda correspondía o no al trabajo realizado por los inculpados. Ahora bien, este tribunal converge en lo medular con la determinación tomada por la magistrada responsable al confirmar la resolución apelada. Lo anterior es así ya que de la denuncia presentada se advierte que los hechos en que fundó su querella son en esencia los siguientes: Que es propietaria del inmueble ubicado en la calle Eucalipto número 605, colonia Fray Antonio de San Miguel, de esta ciudad, el cual presentaba diversos problemas de humedad, por lo que acudió con el arquitecto Ricardo González Ávalos, quien después de conocer la problemática realizó una propuesta de trabajo explicándole a la ofendida que le resultaría más funcional realizar una ampliación de la vivienda. Posteriormente se reunió con dicho arquitecto y su esposa Ma. Teresa Pérez Pérez, quienes le hicieron entrega de diversos documentos necesarios para los permisos de construcción, señalándose que el costo total de la ampliación sugerida ascendería a $155,550.00 (ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Asimismo, se propuso la construcción de un tercer nivel de la vivienda, cuyo costo ascendería a la diversa cantidad de $127,810.00 (ciento veintisiete mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.). Las partes convinieron que el veintiuno de octubre de dos mil trece, se iniciarían las labores de construcción; no obstante, los arquitectos incumplieron con la entrega del programa de avance y justificación de la inversión, por lo que en el mes de diciembre de ese mismo año, el papá de la ofendida les dijo que si no entregaban los reportes la obra no continuaría. En mérito de ello los arquitectos presentaron un presupuesto para continuar con la obra a fin de que no quedara inconclusa; por su parte, hicieron notar las deficiencias que presentaba el avance de la obra realizada y que el material empleado no era el promedio, lo que el arquitecto justificó mediante el empleo de tecnicismos. Que para el mes de marzo de dos mil catorce, los avances de la obra presentaban múltiples defectos y deterioros, por lo que solicitaron la opinión de otro arquitecto de nombre Víctor Rodríguez Marín, quien sostuvo una reunión con los arquitectos inculpados, la ofendida y su papá, sin que llegaran a un acuerdo para continuar con la obra, por lo que únicamente aceptaron realizar algunas reparaciones. Que incurrió en error al contratar a dichos profesionistas al creer que desempeñarían la labor de forma seria, ética, responsable y profesional, así como que su inmueble ahora sería de alta calidad residencial y que los materiales empleados serían de primera calidad, lo cual refiere no se cumplió, ya que no respetaron el monto del presupuesto, no se justificaron los pagos, no se hizo reembolso de lo pagado por el proyecto de construcción y la obra quedó inconclusa. A fin de constatar su dicho la ofendida exhibió diversas documentales relativas al proyecto de construcción, comprobantes de operaciones bancarias, recibos y facturas de materiales de construcción y placas fotográficas. Asimismo, se cuenta con la fe ministerial de ocho de abril de dos mil quince, en la que se dio fe del inmueble, acto en el que la ofendida manifestó al Ministerio Público Investigador que ya se habían realizado múltiples reparaciones y modificaciones; así como diversa diligencia de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. También obra el dictamen pericial del inmueble y la ampliación del mismo, en el que, en lo que aquí interesa, se concluyó que las grietas que presenta el inmueble se deben a una mala calidad de mano de obra. Así como las declaraciones ministeriales de dos testigos, quienes en esencia reiteraron lo dicho por la ofendida en relación a la contratación de los abogados, los defectos que presentó la construcción, la cual quedó inconclusa y que la ofendida tuvo que contratar a otra persona que la concluyera. Además, se desahogo la pericial contable de trece de octubre de dos mil catorce. Recabadas dichas probanzas, el fiscal investigador ejerció acción penal contra Ricardo González Ávalos y Ma. Teresa Pérez Pérez, al considerar que su conducta resultaba constitutiva del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 324, fracción III, en relación con el 325, fracción XI, del Código Penal para el Estado de Michoacán, que dispone: "Artículo 324. Comete el delito de fraude, quien engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. Al responsable del delito de fraude se le sancionará conforme a las siguientes reglas:. .III. Con prisión de tres a doce años y multa de treinta a ciento veinte días de salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientos días de salario." "Artículo 325. Las mismas sanciones señaladas en el artículo anterior se impondrán:. .IX. Al fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra cualquiera, que emplee en la construcción de la misma, materiales en cantidad o calidad inferior a la convenida o mano de obra inferior a la estipulada, siempre que haya recibido el precio o parte de él. " Atenta la descripción típica en cuestión, para la configuración del delito de fraude específico, es indispensable que se acrediten los elementos del cuerpo del delito, que son: La celebración de un convenio entre el fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra cualquiera y el contratante. Que en la ejecución de la obra se empleen materiales en cantidad o calidad inferiores a lo pactado o mano de obra inferior a la estipulada. Que se haya recibido el precio convenido o parte de él, según sea el caso. Ahora bien, basta que no se acredite alguno de esos tres elementos para que no se actualice la figura ilícita de fraude específico. En esa lógica, resulta apegado a derecho considerar, como lo hizo la responsable, que no está acreditado el cuerpo del delito de fraude específico que se atribuye a los indiciados, dado que como bien lo señaló no se acreditó el segundo de los elementos ya que con los medios de prueba no se comprobó que el material empleado en los trabajos de construcción realizados por los inculpados no haya sido el que se convino en cuanto a calidad o cantidad, esto es, que el mismo no correspondiera al que se comprometieron a utilizar, ya que como bien se destacó en la resolución reclamada, para ello era necesario realizar una comparación de la calidad y cantidad del material utilizado y el que se supone se había pactado originalmente, para así poder determinar si correspondían o no, análisis que no se hizo en ninguno de los dictámenes periciales. Además, aun cuando en el dictamen para determinar el origen de los daños, el perito oficial concluyó que las grietas que presenta el inmueble se debe a una mala calidad de mano de obra, es correcta la apreciación de la magistrada responsable, en el sentido de que por el momento no es factible determinar si la mala calidad en la mano de obra a que se hace referencia corresponde a los trabajos realizados por los inculpados, ello en razón de que, como bien se destaca, dicho dictamen fue emitido hasta el tres de abril de dos mil diecisiete, fecha en la que ya se habían realizado diversas reparaciones, pues la propia quejosa y los atestes señalaron que se había contratado a una persona distinta para que las realizara y que pese a ello se seguían apareciendo grietas, que incluso la escalera que originalmente construyeron los inculpados había sido necesario colocarla en tres ocasiones distintas. De tal modo, que tampoco sería factible determinar que la mano de obra de mala calidad sea atribuible a los inculpados, ya que como bien se señaló en la resolución reclamada y se evidencia de las propias declaraciones, ellos dejaron la obra inconclusa, concluyéndola otro constructor quien realizó diversas reparaciones y que pese a ello, se seguían presentando defectos en la vivienda de la quejosa, de tal modo que al existir la intervención de ese segundo arquitecto que culminó la obra no sea factible determinar en qué momento o quién de ellos empleó una mano de obra deficiente, ya que para la fecha en que se emitió el dictamen del perito oficial en relación con el origen de los daños la obra ya había sido concluida por diverso constructor. En ese sentido, resulta relevante que del dictamen pericial respectivo no se pueda advertir con claridad qué partes fueron construidas por los inculpados y cuáles fueron las reparaciones realizadas por el segundo arquitecto, de tal forma que pueda examinarse con claridad y precisión lo relativo a los materiales que fueron utilizados y la mano de obra que fue elaborada por los inculpados. Dicho de otro modo, al haberse desarrollado la obra en dos momentos con distintos arquitectos y haberse desahogado las pruebas tendentes a señalar que la mano de obra empleada había sido de mala calidad, tres años después de que los inculpados dejaran la obra y una vez que ésta había sido culminada por uno diverso, no es factible determinar en cuál de esos dos momentos se empleó la mano de obra deficiente señalada y, por lo tanto, si ello es atribuible a la primera mano de obra que se empleó o a la segunda, ya que la propia quejosa señaló durante el desahogo de esas probanzas que pese a los arreglos continuaban los defectos en la vivienda, tales como las grietas continuas, sin que el dictamen pericial respectivo contenga datos que permitan saber con claridad cuál fue la parte de la mano de obra realizada por los aquí terceros interesados, lo que es determinante para poder saber si la calidad de esos trabajos es inferior a la pactada por las partes; de ahí que como bien destacó la magistrada responsable no era jurídicamente posible actualizar el cuerpo del delito en un encuadramiento diverso. Por tanto, al margen de que se tuvieran por acreditados el primer y tercer elementos, al no quedar demostrado el segundo, en los términos precisados, no era posible tener por acreditado el cuerpo del delito de fraude específico y, por lo tanto, resultó correcta la determinación de la magistrada responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se transcribe: Época: Novena Época Registro: 204992 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Penal Tesis: XI.1o.1 P Página: 453 FRAUDE. CONSTRUCCIÓN CON MATERIALES Y MANO DE OBRA DE CALIDAD INFERIOR A LA PACTADA. Si la conducta fraudulenta se hizo consistir en que el sujeto activo utilizó en la edificación de una casa que se le había encomendado, materiales de calidad inferior a la convenida, debe probarse, conforme al artículo 325, fracción XI, del Código Penal del Estado de Michoacán, la existencia de ese acuerdo previo de los contratantes donde se hayan precisado la calidad de los materiales y de la mano de obra a utilizarse en dicha edificación, pues sólo con base en ese dato podría determinarse si el constructor hizo uso o no de materiales y mano de obra de calidad menor a la estipulada, conforme a la cual cobró el precio o parte de él, y en caso contrario, no quedan comprobados los elementos del fraude específico en cuestión. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 407/94. Ismael Efraín Villanueva López. 13 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Valdés García. Secretario: Luis Angel Hernández Hernández. De todo lo narrado se advierte que no le asiste razón a la quejosa cuando aduce que la magistrada se limitó a descalificar el material probatorio, ya que contrario a lo expresado realizó una correcta valoración de los medios de prueba, además de citar los fundamentos legales y los motivos virtud a los cuales no se acreditaba el segundo de los elementos del cuerpo del delito, precisando además el por qué no era posible actualizar el mismo efectuando un encuadramiento diverso de la conducta, ya que el mismo tampoco se acreditaba, sin que la valoración de las pruebas resultara contradictoria, pues como bien se destacó en líneas que anteceden, si bien es cierto que en los medios de prueba se hizo un pronunciamiento en relación con la mala calidad en la mano de obra, la magistrada responsable precisó los motivos por los cuales no era factible determinar si la misma correspondía a los trabajos realizados por los inculpados o por el constructor que participó en un segundo momento. Finalmente, con la determinación reclamada no se deja en total estado de indefensión a la quejosa en relación a la reparación del daño, ya que la propia magistrada responsable señaló que el sentido de la resolución era atribuible a la insuficiencia de pruebas aportadas por el agente investigador en la indagatoria, por lo que el Ministerio Público está en aptitud de continuar con su actividad investigadora, obtener las pruebas que estime pertinentes para sustentar su hipótesis y en todo caso solicitar nuevamente el mandamiento de captura, ya que no debe perderse de vista que para dictar una orden de aprehensión se requiere que estén acreditados los elementos del cuerpo del delito y que existan indicios sólidos y bastantes que acrediten la probable intervención del reo en la comisión del delito. Por los razonamientos anteriormente expuestos, se estima que, la resolución de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, no trasgrede en perjuicio de la quejosa, los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento legal. En consecuencia, al haberse demostrado que la ejecutoria que confirma la resolución del juez de la causa, que determinó negar la orden de aprehensión solicitada se encuentra ajustada a derecho, lo procedente es negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arisbe Rojas Porras, en contra del acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable, en términos del considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy treinta de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. SE PONEN LOS AUTOS EN ESTADO DE PRONUNCIAR LA RESOLUCIÓN Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte, que mediante proveído de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo en que se actúa, se ordenó que una vez que obraran en autos las constancias de notificación de todas las partes de dicho proveído, se pusieran los autos en estado de dictar sentencia, lo que en la especie ya aconteció; en consecuencia, se ponen los autos en estado de pronunciar la resolución correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

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