Yenson Sinay Landa Sangabriel

Expediente 1067/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1067/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Yenson Sinay Landa Sangabriel

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que el veintisiete de septiembre del año en curso, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio en que se actúa, el cual quedó registrado bajo el expediente 234/2023-I, del índice del citado tribunal; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado por la parte promovente, mediante el cual interpone recurso de queja, en contra del proveído emitido el uno de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo en el presente juicio y, expresa los agravios de su intención; por tanto, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. En ese tenor, con fundamento en artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veintitrés, desechó la demanda interpuesta por el promovente, en los términos precisados en el citado acuerdo. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con residencia en Mexicali, Baja California, el original y copia del escrito de expresión de agravios, así como copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, para la substanciación del aludido medio de impugnación; debiendo recabar constancia de su envío para que obre como corresponda. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y por economía procesal, póngase a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda conocer del presente asunto la consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario, ello con el propósito de priorizar el expediente electrónico de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E), para que en dicho sistema, a través del apartado denominado "vinculación", se deje a disposición del Tribunal Colegiado correspondiente la consulta del expediente electrónico del presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo firmada por Yenson Sinay Landa Sangabriel, por propio derecho, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 1067/2023-F. Desechamiento. Ahora bien, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Asentado lo anterior, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Con relación a la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora, del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte promovente reclama: "a) La ilegal determinación del Secretario De Seguridad Y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, en el oficio 3224/SSPM/2023, en la negativa de la solicitud de mi licencia ordinaria de seis meses sin goce de sueldo, sin que se encuentre fundada y motivada, como lo establece el REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA VIGENTE. [.]" Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso de la demanda, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I y 5, fracción II, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." Los artículos citados, interpretados en sentido contrario, revelan la improcedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos por entes u organismos que no son considerados como autoridades responsables para los efectos de dicha instancia constitucional. Respecto del tema conceptual de autoridad para los efectos del juicio de amparo, bajo el marco legal regulador, destaca lo siguiente: 1. Contra actos de autoridad, entendida como tal, según el precepto transcrito, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 2. Contra actos de particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego, la propia Ley de Amparo provee las notas distintivas de una "autoridad" para los efectos del juicio, cuya actuación transgresora de la esfera del particular, deberá estar dotada de unilateralidad y obligatoriedad; adjetivos estos últimos que constituyen el común denominador tanto en actos de "autoridad" en estricto sentido, (párrafo primero de la fracción II del numeral 5° de la Ley en cinta) como en actos de "particulares" porque la última parte del numeral transcrito destaca que para que los actos de particulares sean susceptibles de impugnarse vía amparo deberán afectar derechos en los términos estipulados en la propia fracción, lo cual nos remite indefectiblemente a las notas de unilateralidad y obligatoriedad del acto en cuestión, y que sus funciones estén determinadas por una norma general, para que pueda ser tutelado por el juicio de amparo. En efecto, la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha delimitado el concepto de "particular" para efectos del juicio de amparo, de ahí que dicha expresión no debe entenderse en amplio sentido, puesto que el texto de la ley es expreso al momento de acotar ese concepto, circunscribiendo sus alcances a que la actuación emanada del particular, se encuentre investida de: I. Unilateralidad, II. Obligatoriedad; y, III. Siempre que sus funciones estén determinadas en una norma de observancia general. No sobra decir que el citado texto emana de la ley de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado dos de abril de dos mil trece, de cuyo proceso legislativo se aprecia la discusión efectuada en la Cámara de Senadores el veinte de marzo de dos mil trece, de donde se extrae la siguiente precisión: ".Por otro lado, se amplían las autoridades para efectos del juicio de amparo, ya que se prevé que éste procederá no sólo en contra de las autoridades, sino también de particulares en funciones que ejerzan en calidad de autoridades." El texto transcrito revela que la redacción del artículo 5° en el fragmento materia de análisis, no es sino la objetivación de la interpretación que al respecto había ya efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, bajo el rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS."; a través de la cual, estableció los elementos esenciales para dilucidar la actualización de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Además, sobre la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, en sesión de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, sostuvo, en la parte conducente, lo siguiente: "... sobre el particular se estima que la fijación que se ha dado al concepto de autoridad por este tribunal, debe ajustarse al momento que actualmente se vive, en el que la organización y las funciones del Estado han resentido cambios sustanciales. Efectivamente, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el decurso del tiempo. De un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho, en el que el crecimiento de la colectividad y concomitantemente de los problemas y necesidades de ésta, suscitaron una creciente intervención del ente público en diversas actividades tanto de prestación de servicios como de producción y comercialización de productos. En este sentido, advertimos en la década de los ochenta profundos cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica. Consecuentemente, la estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se gestó la llamada administración paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto de autoridad establecido en la jurisprudencia de que se trata. De esta guisa, la aplicación generalizada de criterio, en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, considerados ya individual o colectivamente, pues estos entes en su actuación, con independencia de la disposición directa que puedan tener o no de la fuerza pública, pueden, con fundamento en una norma legal, emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan su esfera legal. En esta línea de interpretación, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atender a la norma legal para examinar si lo faculta o no, para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien a través de otras autoridades que dispongan de ella. Por ello, se sostiene que no puede, bajo los argumentos examinados, admitirse la negación absoluta y general del carácter de autoridad de esta institución, y por el contrario, se afirma que debe atenderse al caso concreto y analizarse si dichos entes, con fundamento en una ley de origen público, ejercen un poder jurídico de tal suerte que afecten por sí y ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso directo de la fuerza pública ..." Lo expuesto revela que la estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se gestó la llamada administración paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que escapaban al concepto de autoridad tradicional, por ende, con independencia de la naturaleza jurídica del ente público, se destacaron una serie de notas distintivas que dan vigencia al actuar de una "autoridad" para efectos del juicio de amparo, las cuales fueron apuntadas con antelación. Entonces, en consonancia con la tendencia marcada por el Máximo Tribunal del país, el legislador recogió esas notas distintivas y las plasmó en el texto del numeral 5°, fracción II de la Ley de Amparo, el cual como ya se dijo, establece claramente la procedencia del juicio inclusive en contra de actos de particulares, empero, siempre que dicho actuar esté dotado de las características esenciales ya destacadas, esto es, unilateralidad, obligatoriedad; y, que sus funciones estén determinadas en una norma de observancia general, pues de lo contrario, se llegaría al extremo inadmisible de que el juicio de amparo procedería contra actos violatorios de derechos fundamentales emanados de relaciones regidas por el derecho privado, lo cual invade el plano de la licitud penal o civil, cuyo ámbito competencial para decidir al respecto corresponde a los tribunales ordinarios, no así a los tribunales constitucionales, porque la finalidad del juicio de amparo es determinar actos violatorios de derechos fundamentales, no así, la comisión de delitos penales o de incumplimiento a obligaciones civiles. Ahora bien, a fin de dilucidar si en el caso planteado se está en presencia de un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo" en términos del numeral 5º de la ley de la materia (ya sea por una autoridad -en estricto sentido- o por un particular que haya actuado con unilateralidad, obligatoriedad y que sus funciones estén determinadas por una norma general), es necesario atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas siguientes: 1. Relaciones jurídicas de coordinación; y, 2. Relaciones Jurídicas de supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 307, tomo IX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Marzo de 1999, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". También ilustra el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 118, Tomo V, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Sentado lo anterior, cabe señalar que como ya quedo establecido, el promovente de la demanda propuesta Yenson Sinay Landa Sangabriel, reclama de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, la negativa de licencia ordinaria sin goce de sueldo por seis meses. Sin embargo, debe decirse que resulta evidente que el -acto que se impugna- es consecuencia de un vínculo laboral, por lo que la función del promovente de amparo se encuentra en un ámbito laboral, en el que la autoridad municipal tiene un vínculo laboral con el ahora quejoso, lo que revela que el acto reclamado lo constituye la terminación de la relación laboral, lo que deriva del nexo laboral entre el quejoso y la autoridad responsable, en su calidad de patrón, de ahí que los conflictos y el ejercicio de las acciones que surjan con motivo de su aplicación debe ser de la competencia de las autoridades especializadas en esa materia. Se afirma lo anterior, dado que la relación que existe entre el peticionario de amparo y la responsable, es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, razón por la que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En tal virtud, la autoridad a la que le atribuye el acto reclamado actúan en un plano de coordinación y de no de supra a subordinación, por lo que, es dable sostener que no le asiste el carácter de autoridad responsable para los efectos del presente juicio amparo. Bajo esas premisas debe destacarse que los conflictos relacionados con el otorgamiento de licencias de un trabajador al servicio de estado o municipios es competencia de un tribunal laboral, para conocer de la demanda y dirimir el conflicto laboral en cuestión, en acato al derecho fundamental establecido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ello por resultar más afín para conocer de la demanda en la que un servidor público impugna sanciones derivadas de una relación de servicio como miembro de un Ayuntamiento, por tanto, se desarrolla dentro del ámbito administrativo local. Bajo este contexto, la negativa del otorgamiento de la licencia sin goce de sueldo que reclama, no son actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, sino actos emitidos por el - Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California- en su carácter de patrón. Similar criterio sostuvo el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al resolver el recurso de queja 160/2023, de su índice, derivado del incidente de suspensión del juicio de amparo 656/2023, del índice de este juzgado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I y 5, fracción II, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Domicilio y autorizados. Se tiene al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y********************, toda vez que sí cuenta con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Correo electrónico y número telefónico. De igual manera, se tienen como medios de comunicación no procesales el correo electrónico y número telefónico que se proporciona, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Autorización de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el artículo 14 del acuerdo general del 12/20, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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