Yelanis Sanchez Pérez
Expediente 287/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/05/2022
Partes del expediente
- Yelanis Sanchez Pérez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial, se hace constar que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal; en virtud que el auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda planteada a favor de la parte quejosa por no haber sido ratificada por ésta, se notificó personalmente a la parte quejosa, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, transcurriendo el citado término del dos al diez de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que Yelanis Sánchez Pérez, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Leonardo Jomarron Aguilera. En razón de lo anterior, acorde a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, se hacer efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se dejan sin efectos las providencias decretadas en la suspensión de plano otorgada a la parte promovente en auto veinticinco de abril del año en curso; lo anterior hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a Yelanis Sánchez Pérez.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Leonardo Jomarron Aguilera a favor de Yelanis Sánchez Pérez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Baja California y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 287/2022-A. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que la demanda presentada vía electrónica no cuenta con la firma electrónica de Leonardo Jomarron Aguilera a favor de Yelanis Sánchez Pérez. Sin embargo, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados por la parte promovente, se obtiene que la presentación de la demanda presentada de manera electrónica sin la firma electrónica del promovente se encuentra en el supuesto de excepción para asentar la firma electrónica que al efecto establece el artículo 45, párrafo primero en relación con el 42, ambos del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Suspensión de plano. Ahora, toda vez que del escrito inicial de demanda se desprende que se señala como acto reclamado la incomunicación (de comunicarse con los familiares, para nombrar un representante legal o persona de confianza) e intimidación, así como los actos prohibidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sufre la directamente agraviada Yelanis Sánchez Pérez; en tal virtud, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de dichos actos que se atribuyen a las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, comuníquese a las autoridades esta determinación para su conocimiento, así como para que CESE DE INMEDIATO, incomunicación u otros actos prohibidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se dicen infligidos en perjuicio de la antes mencionada. Ahora, del escrito de demanda también se advierte que el promovente refiere que la directa quejosa Yelanis Sánchez Pérez, es de nacionalidad cubana y que el veintiuno de abril del año en curso, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tijuana por agentes adscritos al Instituto Nacional de Migración. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado consistente en la posible deportación en contra de la directa quejosa se encuentra dentro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 15, 112 y 126 todos de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a fin de que cesen inmediatamente los mismos, los cuales se dice sufre Yelanis Sánchez Pérez, así como cualquier otra conducta proscrita por el artículo 22 constitucional pues de consumarse, haría físicamente imposible restituir a la quejosa del goce de la garantía individual peticionada; de igual manera, en caso de que la referida agraviada se encuentre en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberá ser trasladada a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." En el entendido de que la suspensión concedida respecto del acto reclamado surtirá sus efectos si no se ha ejecutado. Además, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que, de derivar la detención de la comisión de un delito, pongan a la directa quejosa Yelanis Sánchez Pérez, a disposición del Ministerio Publico correspondiente. Asimismo, hágaseles saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando la aquí quejosa, no se encuentre sujeta a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. Así las cosas, si la detención de la quejosa no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio deberá ser puesta en libertad, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Lo último, sin perjuicio de que las autoridades migratorias les fijen las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio que en su caso le esté instruyendo. El artículo en mención refiere en lo que aquí interesa, lo siguiente: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." Por tanto, solicítese a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a las quejosas antes mencionadas, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que las directas quejosas al momento de su detención, se encontraban en territorio nacional. Asimismo, para que informen si es su caso se le hicieron saber sus derechos y la posibilidad que tienen para regularizar su estancia en este país, de conformidad con la Ley de Migración. La suspensión se concede en el entendido de que la quejosa Yelanis Sánchez Pérez, queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Por tanto hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: Qué calidad migratoria tiene la quejosa Yelanis Sánchez Pérez. Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentra sujeta y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo lleva retenida la quejosa; y, Si en su caso se ubican o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Informes de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tenga para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de la demanda Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la directamente agraviada Yelanis Sánchez Pérez, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización de los agraviados en el lugar en que se encuentre detenido. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá requerir a la directa quejosa para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto, la notificación del presente proveído, señale domicilio procesal con residencia en esta ciudad, en el entendido de que en caso de omisión, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se notificarán por medio de lista y en su caso manifieste si autoriza en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quien promueve en su nombre Leonardo Jomarrón Aguilera, quien no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Igualmente, de advertirse que la agraviada se encuentra a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se instruye al actuario que le requiera para que en el acto de la notificación, manifieste si es su interés ampliar su demanda por la autoridad correspondiente. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan los informes vía correo electrónico institucional a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por lo que hace a los autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se proveerá lo conducente una vez que se tenga conocimiento si se ratifica o no la demanda de amparo presentada a favor de Yelanis Sánchez Pérez. Asimismo, se tiene a la parte promovente proporcionando correo electrónico y número telefónico a fin de establecer contacto con este órgano jurisdiccional. De igual manera, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico y se ordena la notificación de lo que se resuelva en el presente juicio de amparo "vía electrónica", en el entendido de que la parte quejosa queda obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío electrónico que de notificaciones haga este Órgano Jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrán por hechas las notificaciones que por dicha vía se hayan emitido, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II, del artículo 30 ya citado. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" Encargada del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "Jesus_Corona" únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Transparencia y digitalización. En atención al cuarto punto petitorio de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que a partir del diez de agosto de dos mil veinte podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que, en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un Nombre de Usuario; y una Contraseña; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a Yelanis Sánchez Pérez y vía electrónica a la parte promovente.
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