Yeilier Rodriguez Mojeda
Expediente 773/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/02/2023
Partes del expediente
- Yeilier Rodriguez Mojeda
- YEILIER RODRIGUEZ MOJEDA y Otros.
- Arnaldo Enrique Gonzalez Enrique
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Subsecretaria de Asuntos Legales y Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, con sede en Mexicali, mediante el cual devuelve el oficio 27506/2022 que contiene el auto dictado el nueve de noviembre de dos mil veintidós, en virtud de haberlos recibido por error en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California, siendo diversa autoridad Secretaría de Gobernación la destinataria del mismo. Atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales, reexpídase vía estafeta el oficio 27506/2022 a la autoridad Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, a fin de que se imponga de su contenido. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, al que anexa el diverso oficio proveniente del Subdirector de Amparos Administrativos y Controversias Constitucionales, con sede en Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 28457/2022 que contiene el auto dictado el veintidós de noviembre del año en curso, dirigido a la autoridad responsable Secretaría de Gobernación, con sede en Mexicali, Baja California. No obstante lo anterior, de la certificación secretarial que antecede, se obtiene que del escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Gobernación, con sede en Mexicali (sic); sin embargo, es un hecho notorio que dicha autoridad responsable tiene su domicilio en la Ciudad de México; atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales reexpídase la misiva de que se trata a la autoridad responsable Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y toda vez como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, que el promovente del presente juicio de amparo fue debidamente notificado del auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en fecha diez de noviembre siguiente; en consecuencia, toda vez que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de referencia, en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se tuvo por no presentada la demanda en el presente juicio, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual remite la transcripción del acuerdo dictado el once de octubre de dos mil veintidós, en el que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo 1566/2022-5 de su índice, promovido por Juan Carlos Briones Acosta a favor de Yeilier Rodríguez Mojena, Enrique Arnaldo González Rodríguez y Dayan Pérez Ruiz; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que de la consulta del expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que de las actuaciones que integran el juicio de amparo 1566/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, fue promovido por Juan Carlos Briones Acosta a favor de los directos quejosos Yeilier Rodríguez Mojena, Enrique Arnaldo González Rodríguez y Dayan Pérez Ruiz, contra actos del Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en Mexicali y otras autoridades (consistentes en la incomunicación, privación de la libertad, orden de deportación, expulsión, proscripción, destierro en contra de los quejosos, así como la negativa de permitir el acceso de asesoría legal o asistencia jurídica, el impedimento al libre tránsito, entre otros). Que en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa en los términos ahí planteados. Que en proveído de once de octubre de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en dicho asunto, con motivo de los documentos provisionales de visitante expedidos a nombre de Yeilier Rodríguez Mojena, Enrique Arnaldo González Rodríguez y Dayan Pérez Ruiz el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, que remitió la autoridad migratoria (refiriendo dicho juzgado que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo). Y que de las constancias que integran dicho asunto no se advierte que el proveído de once de octubre de dos mil veintidós, haya quedado firme. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir, se obtiene que la parte promovente hace consistir los actos reclamados en -lo que aquí interesa-: La incomunicación, privación de la libertad, orden de deportación, expulsión, proscripción, destierro en contra de los quejosos, así como la negativa de permitir el acceso de asesoría legal o asistencia jurídica, el impedimento al libre tránsito, entre otros. Ahora bien, en el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en atención a las siguientes consideraciones: Es menester destacar lo establecido por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, mismo que literalmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre que sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Con la causa de improcedencia de que se trata, se pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en "varios juicios" se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez que se dicte la sentencia correspondiente y en su caso ésta quede firme. De manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución o bien una vez dictada ésta haya quedado firme, como en el caso acontece en relación con el diverso juicio de amparo 1566/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Dicho lo anterior, el motivo de improcedencia aludido se actualiza respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, privación de la libertad, orden de deportación, expulsión, proscripción, destierro en contra de los quejosos, así como la negativa de permitir el acceso de asesoría legal o asistencia jurídica, el impedimento al libre tránsito, entre otros, ya que dicho acto es materia del juicio de amparo 1566/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, pues de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que la demanda se presentó vía electrónica por el promovente a las trece horas con nueve minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintidós y posteriormente, a las catorce horas con cuarenta y siete minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, se presentó vía electrónica la demanda que dio origen al presente asunto, contra actos del Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en Mexicali y otras autoridades (consistentes en la incomunicación, privación de la libertad, orden de deportación, expulsión, proscripción, destierro en contra de los quejosos, así como la negativa de permitir el acceso de asesoría legal o asistencia jurídica, el impedimento al libre tránsito, entre otros). Se llega a dicha conclusión -porque como se anticipó-, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que de la consulta del expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E.), se obtiene que de las actuaciones que integran el juicio de amparo 1566/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, fue promovido por Juan Carlos Briones Acosta a favor de los directos quejosos Yeilier Rodríguez Mojena, Enrique Arnaldo González Rodríguez y Dayan Pérez Ruiz, contra actos del Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en Mexicali y otras autoridades (consistentes en la incomunicación, privación de la libertad, orden de deportación, expulsión, proscripción, destierro en contra de los quejosos, así como la negativa de permitir el acceso de asesoría legal o asistencia jurídica, el impedimento al libre tránsito, entre otros). Que en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa en los términos ahí planteados. Que en proveído de once de octubre de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en dicho asunto, con motivo de los documentos provisionales de visitante expedidos a nombre de Yeilier Rodríguez Mojena, Enrique Arnaldo González Rodríguez y Dayan Pérez Ruiz el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, que remitió la autoridad migratoria (refiriendo dicho juzgado que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo). Y que de las constancias que integran dicho asunto no se advierte que el proveído de once de octubre de dos mil veintidós, haya quedado firme. Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado en el presente asunto es materia del diverso juicio de amparo 1566/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, porque se presentó con anterioridad a la demanda que dio origen al presente asunto. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que como quedó evidenciado, los actos reclamados en el presente asunto son materia del diverso juicio de amparo 1566/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, con motivo de la demanda promovida por Juan Carlos Briones Acosta a favor de los directos quejosos Yeilier Rodríguez Mojena, Enrique Arnaldo González Rodríguez y Dayan Pérez Ruiz, contra actos del Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en Mexicali y otras autoridades, en el que el once de octubre de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en dicho asunto, con motivo de los documentos provisionales de visitante expedidos a nombre de Yeilier Rodríguez Mojena, Enrique Arnaldo González Rodríguez y Dayan Pérez Ruiz el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, que remitió la autoridad migratoria (refiriendo dicho juzgado que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo). Por ende, es evidente que este órgano jurisdiccional está legalmente imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto que se pretende reclamar en el presente asunto, -porque como se anticipó-, dicho acto reclamado es materia del diverso juicio de amparo 1566/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en relación con los actos reclamados al Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en Mexicali y otras autoridades (consistentes en la incomunicación, privación de la libertad, orden de deportación, expulsión, proscripción, destierro en contra de los quejosos, así como la negativa de permitir el acceso de asesoría legal o asistencia jurídica, el impedimento al libre tránsito, entre otros). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página tres mil veintinueve, tomo dos, libro sesenta y tres, de febrero de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala (énfasis añadido): "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se desecha de plano la demanda promovida por Juan Carlos Briones Acosta a favor de los directos quejosos Yeilier Rodríguez Mojena, Enrique Arnaldo González Rodríguez y Dayan Pérez Ruiz, contra actos del Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en Mexicali y otras autoridades (consistentes en la incomunicación, privación de la libertad, orden de deportación, expulsión, proscripción, destierro en contra de los quejosos, así como la negativa de permitir el acceso de asesoría legal o asistencia jurídica, el impedimento al libre tránsito, entre otros). Notifíquese por lista y cúmplase.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- Yamel González Santana (promovente)1566/2023
- Yaneli Victoria Hernández Ortuño586/2022
- Yanet Hernández Carpintero782/2021
- Yanny Paola González González29/2023
- Yasmin Mejia Martínez38/2019
- Yazneba Alejandra Pérez Lerma8/2022
- Yeison Moises Serrano Ramirez833/2023
- Yelanis Sanchez Pérez287/2022
- Yenisbel Ruiz Ceballo924/2022
- Yenson Sinay Landa Sangabriel565/2022
- Yenson Sinay Landa Sangabriel1067/2023
- Yerandis Andrés García Álvarez556/2022