Yndira Martínez Colón
Expediente 990/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 990/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/02/2023
Partes del expediente
- Yndira Martínez Colón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual adjunta el diverso oficio emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, en virtud de que el mismo se encuentra dirigido a este órgano jurisdiccional. En ese contexto, agréguese a sus autos el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que en auto de seis de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del amparo promovido en favor de Yndira Martínez Colón, con motivo de la competencia declinada por ese Juzgado, dentro del juicio de amparo 1663/2022, de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe..
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta, que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, a pesar de haberse desechado de plano la demanda de amparo, es catalogado como depurable, en un plazo de tres años, conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ello toda vez que se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, las leyendas de "no relevancia documental" y "depurable", que determinan su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual pretende de rendir informe justificado, sin embargo del estado de autos no se advierte que éste haya sido requerido. No obstante, con fundamento en los artículos 9º y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante designando como delegados a los profesionistas que menciona, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. De igual forma, téngase a dicha autoridad remitiendo copia certificada del oficio ORBC/EMTIJ/5715/2022, del cual se advierte que la directamente agraviada Yndira Martínez Colón, obtuvo su salida de la estación migratoria de esta ciudad, el dos de diciembre de dos mil veintidós. Desechamiento. Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, y en atención a la causa de pedir, se obtiene que la parte promovente hace consistir los actos reclamados en esencia: - Los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. - Actos de incomunicación y tortura psicológica. - La orden y ejecución de la orden de deportación o la emisión de salida del país, también llamado oficio de expulsión. - La negativa de concederle el beneficio de libertad. Ahora, del informe justificado rendido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, se advierte que se adjuntó el oficio de salida, de dos de diciembre de dos mil veintidós, correspondiente a la quejosa Yndira Martínez Colón. De ahí que, resulta evidente que la citada quejosa quedó en libertad, motivo por el cual se advierte han cesado los efectos de los actos reclamados, toda vez que se dejaron sin efecto, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica de la directamente agraviada Yndira Martínez Colón; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclamó el promovente del amparo en favor de la quejosa Yndira Martínez Colón, han cesado en sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional, de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor de la directa quejosa. Lo anterior, guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para la directamente agraviada que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del proveído ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la directamente agraviada esté en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de la quejosa Yndira Martínez Colón; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y personalmente al promovente del amparo. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN III, INCISO A, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS:Tijuana, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual pretende de rendir informe justificado, sin embargo del estado de autos no se advierte que éste haya sido requerido. No obstante, con fundamento en los artículos 9º y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante designando como delegados a los profesionistas que menciona, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. De igual forma, téngase a dicha autoridad remitiendo copia certificada del oficio ORBC/EMTIJ/5715/2022, del cual se advierte que la directamente agraviada Yndira Martínez Colón, obtuvo su salida de la estación migratoria de esta ciudad, el dos de diciembre de dos mil veintidós. Desechamiento. Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, y en atención a la causa de pedir, se obtiene que la parte promovente hace consistir los actos reclamados en esencia: - Los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. - Actos de incomunicación y tortura psicológica. - La orden y ejecución de la orden de deportación o la emisión de salida del país, también llamado oficio de expulsión. - La negativa de concederle el beneficio de libertad. Ahora, del informe justificado rendido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, se advierte que se adjuntó el oficio de salida, de dos de diciembre de dos mil veintidós, correspondiente a la quejosa Yndira Martínez Colón. De ahí que, resulta evidente que la citada quejosa quedó en libertad, motivo por el cual se advierte han cesado los efectos de los actos reclamados, toda vez que se dejaron sin efecto, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica de la directamente agraviada Yndira Martínez Colón; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclamó el promovente del amparo en favor de la quejosa Yndira Martínez Colón, han cesado en sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional, de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor de la directa quejosa. Lo anterior, guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para la directamente agraviada que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del proveído ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la directamente agraviada esté en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de la quejosa Yndira Martínez Colón; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y personalmente al promovente del amparo. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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