Yerandis Andrés García Álvarez
Expediente 556/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/08/2022
Partes del expediente
- Yerandis Andrés García Álvarez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a tres de agosto de dos mil veintidós. Vistas las comparecencias de esta misma fecha, de las cuales se advierte que los directamente agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, no ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto. En diverso tenor, glósese a los autos sin mayor proveído el oficio que remite el Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en Baja California; en virtud de lo acordado en párrafos precedentes. Por otra parte, téngase por recibido el oficio 2434/2022, enviado mediante el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, por el que remite parcialmente diligenciada la comunicación oficial 154/2022, exhorto 150/2022, del índice de este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento. Sin que sea el caso emitir el acuse de recibo correspondiente, ya que dicha comunicación oficial fue enviada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y el propio sistema expide el acuse correspondiente. Tampoco es procedente realizar mayor pronunciamiento en relación con la imposibilidad que asentó el actuario adscrito al Juzgado exhortado para localizar a los directo agraviados, notificarles y requerirles en los términos indicados, así como de entregar los oficios a las autoridades que refiere, en virtud de que, como quedó precisado, en esta misma fecha los directos agraviados comparecieron en las instalaciones de este juzgado y no ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor. Finalmente, en virtud de que no se cuenta con un domicilio en esta ciudad el que puedan ser notificados los directos quejosos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones que se dicten en el presente juicio, incluso las de carácter personal, por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte la imposibilidad de la actuaria de la adscripción para notificar a los directos agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, el proveído de uno de agosto del año en curso, por las razones que en ella expone. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente Yaikel Milán Álvarez, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, informe el lugar en el que puedan ser localizado los directamente agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, o bien, de encontrarse en libertad, los presente ante este órgano jurisdiccional para que, en su caso, ratifiquen o no la demanda promovida en su favor. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Por otra parte, agréguese a los autos los oficios que remiten el Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; Encargada de Despacho de la Estación Provisional Migratoria; Jefe de Departamento de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración; y Jefa de Departamento de Verificación del Instituto Nacional de Migración; todos con residencia en Cancún, Quintana Roo; en atención a estos, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe en sentido negativo respecto al cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos; con el contenido de los mismos dese vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, téngase por recibido el oficio que remite la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por el cual pretende rendir el informe en relación a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Lo anterior porque únicamente informa lo siguiente: "En cumplimiento a la remisión de la constancia que acredite la determinación que haya tomado en relación con el cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Migración, al respecto me permito informar que el quejoso fue debidamente notificado, de cada uno de los requisitos que deben cumplir para que en caso de que proceda a ser liberados en tanto se dicta la resolución definitiva del procedimiento administrativo migratorio indicado, dándoles a conocer el monto a garantizar, así mismo se solicitó la comparecencia del responsable de su custodia para la debida ratificación, en tanto sea exhibida la garantía, haciéndole de su conocimiento que con anterioridad se dio cumplimiento a su requerimiento." No obstante, tomando en consideración que las diversas autoridades responsables, negaron los actos a éstas atribuidos, aunado a lo expuesto por la actuaria de la adscripción en la constancia de cuenta, no se tiene certeza de si los directos quejosos, se encuentran físicamente en la Oficina de Representación en Baja California, de Instituto Nacional de Migración, En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Baja California, a fin de que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS realice lo siguiente: Aclare si los directos agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, se encuentran privados de su libertad en Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Baja California. Informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano respecto de los actos reclamados o bien la imposibilidad jurídica que tenga para ello. Qué calidad migratoria tienen Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz. Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los directamente agraviados; y, Si en su caso se ubican o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya cumplieron los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Asimismo, si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, si le informó a los directamente agraviados los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria, que en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente: "Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; VII. Acceder a comunicación telefónica; VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, y XIV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría." De lo cual, deberá adjuntar las constancias de las que se advierta el total cumplimiento a la suspensión de plano decretada, además, en su caso, acredite que le informó a los directamente agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria, de conformidad con el artículo 109 de la referida legislación, así como, desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos en esa estación migratoria los directamente agraviados; qué calidad migratoria y cuál es el procedimiento específico -al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal Se reitera al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Baja California, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se le hace del conocimiento a la referida autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: Notifíquese y personalmente a Yaikel Milan Alvarez.
- Principal
a las nueve horas del ocho de agosto de dos mil veintidós, se hace constar que en virtud de que el promovente no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al promovente, el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, dictados en los autos del juicio de amparo 556/2022 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, a dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte la imposibilidad de la actuaria de la adscripción para notificar a los directos agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, el proveído de uno de agosto del año en curso, por las razones que en ella expone. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente Yaikel Milán Álvarez, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, informe el lugar en el que puedan ser localizado los directamente agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, o bien, de encontrarse en libertad, los presente ante este órgano jurisdiccional para que, en su caso, ratifiquen o no la demanda promovida en su favor. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Por otra parte, agréguese a los autos los oficios que remiten el Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; Encargada de Despacho de la Estación Provisional Migratoria; Jefe de Departamento de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración; y Jefa de Departamento de Verificación del Instituto Nacional de Migración; todos con residencia en Cancún, Quintana Roo; en atención a estos, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe en sentido negativo respecto al cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos; con el contenido de los mismos dese vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, téngase por recibido el oficio que remite la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por el cual pretende rendir el informe en relación a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Lo anterior porque únicamente informa lo siguiente: "En cumplimiento a la remisión de la constancia que acredite la determinación que haya tomado en relación con el cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Migración, al respecto me permito informar que el quejoso fue debidamente notificado, de cada uno de los requisitos que deben cumplir para que en caso de que proceda a ser liberados en tanto se dicta la resolución definitiva del procedimiento administrativo migratorio indicado, dándoles a conocer el monto a garantizar, así mismo se solicitó la comparecencia del responsable de su custodia para la debida ratificación, en tanto sea exhibida la garantía, haciéndole de su conocimiento que con anterioridad se dio cumplimiento a su requerimiento." No obstante, tomando en consideración que las diversas autoridades responsables, negaron los actos a éstas atribuidos, aunado a lo expuesto por la actuaria de la adscripción en la constancia de cuenta, no se tiene certeza de si los directos quejosos, se encuentran físicamente en la Oficina de Representación en Baja California, de Instituto Nacional de Migración, En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Baja California, a fin de que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS realice lo siguiente: Aclare si los directos agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, se encuentran privados de su libertad en Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Baja California. Informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano respecto de los actos reclamados o bien la imposibilidad jurídica que tenga para ello. Qué calidad migratoria tienen Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz. Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los directamente agraviados; y, Si en su caso se ubican o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya cumplieron los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Asimismo, si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, si le informó a los directamente agraviados los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria, que en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente: "Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; VII. Acceder a comunicación telefónica; VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, y XIV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría." De lo cual, deberá adjuntar las constancias de las que se advierta el total cumplimiento a la suspensión de plano decretada, además, en su caso, acredite que le informó a los directamente agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria, de conformidad con el artículo 109 de la referida legislación, así como, desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos en esa estación migratoria los directamente agraviados; qué calidad migratoria y cuál es el procedimiento específico -al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal Se reitera al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Baja California, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se le hace del conocimiento a la referida autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: Notifíquese y personalmente a Yaikel Milan Alvarez.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Visto el escrito de demanda de amparo presentada por Yaikel Milán Álvarez en representación de Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, firmada al parecer por el licenciado Juan Luis Alberto Entebi Hernández, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Quintana Roo del INM, y otras autoridades; fórmese expediente, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 556/2022-G. Suspensión de plano. Ahora, toda vez que del escrito inicial de demanda se desprende que se señala en esencia como actos reclamados lo siguientes: La orden y ejecución de deportación y/o expulsión. La incomunicación Cualquiera de los actos prohibidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La ilegal detención fuera de procedimiento La orden o ejecución del traslado de los quejosos a cualquier otra ciudad o cualquier otro país. Todos, infligidos en contra de los directamente agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN, INMINENTE DEPORTACIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En tal virtud, por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente de amparo consistentes en la incomunicación, o cualquier otro acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dice ser objeto los directos agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, en su caso, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención de los quejosos con fines de deportación o expulsión, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es la situación migratoria de los directos accionantes, a fin de velar por una protección más amplia para los impetrantes, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: 1. Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria de los agraviados, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. 2. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación de los directos quejosos Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, y queden a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estimen las mismas de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. 3. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación de los quejosos. 4.- Por tanto, en caso de que los referidos agraviados se encuentren en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad sujetos a un procedimiento migratorio, no deberán ser trasladados a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquél (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubica los extranjeros quejosos; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. Por ende, las autoridades migratorias en el ejercicio de su potestad puedan libremente fijar las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio que en su caso le esté instruyendo. El artículo en mención refiere en lo que aquí interesa, lo siguiente: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia de los quejosos queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Finalmente, la suspensión se concede para que en el caso de que la parte quejosa ejerza algún recurso en su defensa, la detención no supere los sesenta días. Lo anterior es así, a que el artículo 111 de la ley de Migración dispone que el Instituto deberá resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, sin que el alojamiento en las estaciones migratorias pueda exceder de ese plazo, salvo en los casos en que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su condición migratoria en territorio nacional, supuesto en el que el alojamiento se torna indefinido, hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa. Sin embargo, en los demás casos el alojamiento no puede exceder de sesenta días hábiles y, una vez transcurrido, deberá otorgarse la condición de visitante con permiso para recibir remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se otorgó dicha condición de estancia. Bajo esas condiciones, es inconcuso que la posible irregularidad en el ingreso migratorio no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal, sino en todo caso como una falta administrativa, por lo que los derechos de las personas migrantes son aquellos propios de las personas sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. En ese sentido, la detención administrativa debe ser excepcional y encontrarse debidamente justificada, sin que pueda ser indefinida conforme al ámbito temporal de su imposición, bajo el riesgo de transgredir derechos humanos, entre otros, como el derecho a la seguridad jurídica y la libertad personal. De la misma manera, es dable destacar que en el Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción. Además, el citado organismo internacional ha indicado que la Ley de Migración y su Reglamento no evidencian un mayor desarrollo en lo que respecta a medidas alternativas a la detención migratoria, aunado a que la aplicación de estas normas en la práctica es aún más restrictiva. De este modo, la detención migratoria se ha constituido como la regla tanto a nivel normativo como en la práctica. En condiciones similares la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha constatado que, en virtud de que la detención se aplica como regla general, se ha visto en el país un crecimiento en el número de recintos migratorios para alojar a las personas migrantes en situación irregular. Lo anterior, en concepto del referido organismo autónomo, da cuenta "de la importancia que le ha dado el Estado mexicano a la detención, más allá de procurar medidas alternativas que sean menos lesivas de los derechos humanos de quienes se encuentran en contexto de movilidad". Ante tal escenario, en el Protocolo se estima pertinente tomar en cuenta los criterios que deben observar las personas juzgadoras al conocer de asuntos relacionados con la detención o privación de libertad por motivos migratorios. En adición a ello, la Corte Interamericana ha señalado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso; de ese modo, un balance adecuado entre los objetivos legítimos de los Estados en el control migratorio y el respeto del derecho a la libertad personal de los migrantes, requiere del establecimiento de medidas alternativas a la detención, las cuales representan medios menos invasivos para lograr el mismo fin. Así, considera que el carácter de última ratio atiende a las múltiples afectaciones que genera la privación de la libertad sobre los derechos de las personas, entre ellas, las causadas a la integridad personal y la salud física y psicológica de las y los migrantes detenidos. En ese sentido, el artículo 1° de la Constitución General de la República faculta a las autoridades en el ámbito de sus competencias a hacer una interpretación conforme de las normas, y a optar por la interpretación más favorable a las personas, y en caso de que ello no sea posible a implicarlas. Por lo que si se considera que el aludido artículo 111 de la ley de Migración autoriza a la autoridad migratoria a extender por más de sesenta días el alojamiento de una persona cuando ésta haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su condición migratoria en territorio nacional, supuesto en el que el alojamiento se torna indefinido, hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa; es palmario que esa porción normativa resulta desproporcionada, y en esa medida, debe ser inaplicada, para respetar el derecho de acceso a la justicia. Lo anterior es así, porque el ejercicio de un derecho de defensa no debe ser vista como algo que deba perjudicar a quien lo ejerce; tal como lo destaca el anunciado Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de Justicia. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LOS ACTOS CONSISTENTES EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO Y SU POSIBLE PROLONGACIÓN POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad de los directos agraviados fuera de procedimiento, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, el promovente indica que los quejosos podrías encontrarse en las oficinas de Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California. Por tanto, tomando en consideración que en el ocurso de demanda no se afirma que los quejosos, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentren sujetos a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso, entonces, para el caso de no se encuentren sujetos a un procedimiento administrativo ni a uno penal, entonces, la privación de la libertad reclamada sería fuera de procedimiento, como lo tratan los numerales 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. En ese caso, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, o sea para el único evento de que los quejosos no se hallen sujetos a un procedimiento migratorio ni penal, la suspensión será para que sean puestos en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. REQUERIMIENTOS A LA AUTORIDAD. Solicítese a las autoridades responsables a fin de que en plazo de veinticuatro horas informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a la parte quejosa antes mencionada, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que los quejosos al momento de su detención, se encontraba en territorio nacional. Además, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que, en igual plazo, de derivar la detención de la comisión de un delito, informen ante qué agente del Ministerio Público pusieron a disposición a los quejosos. Asimismo, hágaseles saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando los aquí quejosos, no se encuentren sujetos a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente, o en su caso que sea materia de otro juicio de amparo. Por tanto hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: Qué calidad migratoria tienen Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz. Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los directos agraviados; y, Si en su caso se ubica o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Asimismo, si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a los directos quejosos los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria, que en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente: "Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; VII. Acceder a comunicación telefónica; VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, y XIV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría." En el entendido que si la parte quejosa cumple con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, deberá ser puesta en libertad de inmediato. Asimismo, hágasele saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable dentro la Estación Migratoria, deberán permitir a quienes comparezcan en su carácter de autorizados de los quejosos, la comunicación que sea necesaria para su defensa. Informes de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, en los siguientes términos: Para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informe sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados. Remitan la constancia relativa a la lectura que le hayan dado a los quejosos sobre sus derechos, conforme a los artículos 102 y 109 de la Ley de Migración. Remitan la constancia de la que se desprenda desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos en esa estación migratoria los directamente agraviados; que calidad migratoria y cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal. O bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo. Apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia Común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas.". Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables con sede en esta ciudad, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de la demanda. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a los directo agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización de los agraviados en el lugar en que se encuentren detenidos. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá requerir a los directos agraviados para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto, la notificación del presente proveído, manifiesten si autorizan en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Luis Alberto Entebi Hernández, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y si señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el escrito de demanda. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto y de obtener su libertad, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señalen domicilio para tales efectos. Igualmente, de advertirse que Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, se encuentran a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se instruye al actuario que les requiera para que en el acto de la notificación, manifiesten si es su interés ampliar su demanda por la autoridad correspondiente. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan los informes vía correo electrónico institucional a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio de Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentra dichos agraviados. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos del artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse. Exhorto. Ahora bien, tomando en consideración el contenido de la demanda que se atiende; con fundamento en el artículos 28, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en turno, con residencia en Cancún, a fin que en auxilio de las labores de este juzgado y tomando en consideración el acto que esta vía se reclama, en obvio de mayores dilaciones procesales, comisione al actuario de su adscripción para que de inmediato realice lo siguiente: Haga entrega y notifique los oficios 17856/2022, 17857/2022, 17858/2022, 17859/2022, 17860/2021 y 17861/2022, que contienen la transcripción del presente proveído, -al que deberá anexarse copia de la demanda de amparo-; a las autoridades Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Quintana Roo del INM; Subrepresentante Local A y B, Agentes Federales y demás funcionarios adscritos de Tijuana del INM, en Cancún Quintana Roo, adscrito al Aeropuerto Internacional de Cancún; Subdirector de Control y Verificación Migratoria del INM, en Cancún Quintana Roo, adscrito en el Aeropuerto Internacional de Cancún; Jefe del Departamento de Control Migratorio del INM, con sede en Quintana Roo; Jefe del Departamento de Verificación Migratoria del INM, con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; y Jefe de la Estación Migratorio del INM, con sede en Cancún, Quintana Roo. Se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede Cancún, Quintana Roo, y procure la localización de directamente agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz; y de encontrarse en esa estación migratoria, les notifique el presente proveído y los requiera en los términos anteriormente precisados; y, Una vez constituido en las instalaciones de la autoridad migratoria de esa ciudad, así como en los separos de la misma verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio de Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentran dichos agraviados. Para efecto de que la autoridad exhortada esté en posibilidad notificar a los destinatarios el presente acuerdo, remítasele copia del mismo y de la demanda interpuesta; así como las misivas 17856/2022, 17857/2022, 17858/2022, 17859/2022, 17860/2021 y 17861/2022. Luego, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para la práctica de la diligencia encomendada. Hecho lo anterior, o bien, de establecerse la imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo la encomienda planteada, solicítese a la autoridad exhortada devuelva por la misma vía la comunicación oficial que se le remite, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese; y personalmente a los directos agraviados Yerandis Andrés García Álvarez y David Alejandro Hernández Díaz.
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