Yazneba Alejandra Pérez Lerma

Expediente 8/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
8/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Yazneba Alejandra Pérez Lerma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El dos de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Tijuana, Baja California, dos de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, contra del auto de diez de febrero de los corrientes, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el aludido sobreseimiento ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la legislación reglamentaria. Dicha hipótesis encuentra su justificación considerando que el acto reclamado que hace valer la parte quejosa es el siguiente: De la autoridad señalada como responsable denominada Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, se reclaman los actos y omisiones siguientes: A) Se reclama la abierta demora del procedimiento y su paralización total ya que se ha configurado en mi perjuicio personal y directo una dilación excesiva que se traduce en una auténtica paralización, del juicio laboral promovido por la suscrita trabajadora en contra de la persona moral denominada "Operadora Lucerna", S. A. de C. V., relacionado con el número de expediente 3959/20-4B, del índice de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, en la cual la suscrita quejosa soy la trabajadora parte actora y sobre el cual la autoridad del trabajo vulnera el estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a la suscrita trabajadora parte actora, en el juicio laboral de origen, actualizando con motivo de ello la procedencia de este Juicio de Amparo, al haber transcurrido a esta fecha 45 días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyo el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos (si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador) específicamente se reclama la omisión de dictar la resolución definitiva (LAUDO) correspondiente en el juicio laboral 3959/20-4B del índice de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, sobre el cual la autoridad responsable sin motivación legal alguna viola en exceso los plazos y términos legalmente previstos en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, causando de tracto sucesivo un perjuicio personal y directo a la suscrita quejosa ya que al no dictar el laudo correspondiente que resuelva el juicio laboral, viola lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio personal y directo de la suscrita quejosa. Asimismo, reclamo las dilaciones subsecuentes a las ya reclamadas respecto de la misma autoridad responsable antes referida." Ahora bien y toda vez que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, al rendir su informe justificado, negó los actos que se le reclaman y adjuntó en sustento al mismo las documentales en copia certificada del expediente 3959/20-4B, del cual deriva el acto reclamado, de las que se puede advertir que en catorce de enero de esta anualidad se dictó el laudo correspondiente, lo que fue motivo del acto reclamado. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el numeral 2 de esta última, al ser copias certificadas expedidas por funcionario público en uso de sus atribuciones. En consecuencia, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del citado numeral se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, como acontece en el caso particular, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que el acto de molestia consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable en pronunciar laudo respectivo en el juicio laboral de origen, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al haberse dictado éste en catorce de enero pasado, lo cual fue corroborado con la manifestación realizada por el autorizado de la parte quejosa en escrito con folio 1279. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Es aplicable en lo conducente al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas del quince de febrero de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito y anexo presentados por Gabriel Eduardo Salmerón García autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional, asimismo, se tiene por ofrecida como prueba de su parte la documental que anexa, la que será tomada en consideración al momento de celebrarse la audiencia relativa en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Personería. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, y con base en la escritura pública número cincuenta y ocho mil trescientos diecisiete, volumen dos mil seiscientos sesenta y cinco, de diez de noviembre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público número Catorce de esta ciudad, quien actúa en su protocolo, documental de la cual se aprecia que al promovente se le designó como apoderado legal de la moral "Operadora Lucerna", Sociedad Anónima de Capital Variable, misma a la que se le otorga pleno valor demostrativo en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, se reconoce dicho carácter a Alan Damián Castelán Herrera. En atención a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica en su escrito, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Hilda Avelina Castillo Hernández por no contar con dicho registro. Finalmente, se le tiene proporcionando diversas direcciones de correo electrónico y números de teléfono, a fin de establecer comunicación con este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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