Victoria Montoya Garcia
Expediente 170/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Victoria Montoya Garcia
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 170/2023-IX Puebla, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 170/2023-VII. Puebla, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Se integra al expediente electrónico el escrito de demanda, signada por, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 , se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"3 . En el caso, se advierte que en el presente asunto se tiene como acto reclamado el siguiente: la realización de diversos actos de investigación, sin que exista orden de un juez competente, dentro de la carpeta de investigación En el caso, relativo al acto precisado con antelación, permite visualizar la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo4 . Lo anterior resulta así, pues la "realización de diversos actos de investigación" consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Para mayor ilustración es oportuno destacar lo establecido en el artículo 131, fracciones VII y X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado, el inicio o trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se reclama la "realización de diversos actos de investigación". Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una indagatoria o carpeta sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional. Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la parte quejosa respecto a que, el dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, aproximadamente a las doce horas, se presentaron en el Inmueble de su propiedad, cuatro personas que dijeron ser Policías de investigación y Peritos adscritos a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, los cuales intentaron ingresar a su propiedad, en razón de que se estaban realizado actos de investigación dentro de una carpeta de investigación, se puede advertir que el acto reclamado no se trata de alguno de los actos de investigación de los previstos en el artículo 2525 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales si requieren de autorización previa del Juez de control y sí podrían afectar derechos establecidos en la Constitución, pues incluso ninguno de dichos actos fueron señalados de manera expresa dentro del apartado de acto reclamado del escrito de demanda. En efecto, en caso de que los agentes investigadores hubieran llevado consigo la consigna de realizar una orden de cateo, estos hubieran ingresado a su domicilio; sin embargo, únicamente se limitaron a realizar una investigación de campo, la cual no causa un perjuicio a la quejosa. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas en la integración de una carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de la "realización de diversos actos de investigación" a fin de integrar investigación probablemente llevaba en contra de la quejosa, pues tal acto deja de irrogarle perjuicio alguno; aunado a que la "realización" reclamada, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera (en su caso) acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Tiene aplicación por analogía la siguiente tesis aislada de la Novena Época (9ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2004, tomo XX, visible a página 351, registro 180028, de rubro: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Luego, de una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a la cual alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y en nada resulta ser sólo el seguido ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que la imputada haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Además, de que en la orden de investigación e integración de una carpeta de investigación, el Ministerio Público debe hacer un análisis valorativo de las pruebas con la finalidad de decidir sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, para ejercer -en su caso- acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. Atento a lo anterior, debe considerarse a la apertura o inicio de una carpeta de investigación, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda planteada por la parte quejosa, pues se actualizó la referida causa de improcedencia de manera manifiesta e indudablemente. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 209 y 209 Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa, las listas de acuerdos publicadas electrónicamente, mismas que están disponibles para su consulta en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal y los estrados de este órgano jurisdiccional, pues así lo externó en su escrito de demanda. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Hidalgo Cote, toda vez que su cédula profesional si se encuentra registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales y, a las demás personas con las restricciones que marca dicho numeral por así haberlo solicitado expresamente. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo. tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese personalmente -por lista- a la parte quejosa.
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