Víctor Xavier Martínez Martínez
Expediente 1271/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1271/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Víctor Xavier Martínez Martínez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1271/2021-I En veintiséis de enero de dos mil veintidós, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, certifico: el plazo de cinco días previsto por el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para recurrir el acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós, transcurrió para el quejoso del catorce al veinte de enero del año en curso1 , porque fue notificado por medio de lista (previo citatorio) el doce del mismo mes y año. Asimismo, hace constar que dentro del plazo antes computado, no se recibió promoción mediante la cual se recurriera dicho acuerdo. Doy fe. En la misma data, se da cuenta al secretario en funciones de juez de distrito con la certificación precedente y el estado procesal del expediente. Conste. Puebla, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de seis de enero de dos mil veintidós, en el cual se tuvo no presentada la demanda de amparo. , se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tienen por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1271/2021-I Puebla, Puebla, seis de enero de dos mil veintidós. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado al quejoso en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, transcurrió del veintinueve de diciembre del año pasado al cuatro de enero del presente año, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que el quejoso desahogara la prevención contenida en el proveído inicial, de veinte de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1271/2021. Puebla, Puebla, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Ejecución con sede en Puebla Casa de Justicia de la Región Judicial Centro, Prevención. La lectura integral2 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en el señalamiento de los actos reclamados, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones detectadas, habrán de impedir la pronta integración del juicio, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse al quejoso -si el juicio fuera admitido-. Para demostrar lo anterior, en primer lugar, se destaca que el promovente señaló como acto reclamado (entre otros) una orden de reaprehensión librada en su contra. Esa orden de reaprehensión es irregular frente a los antecedentes de la demanda y los conceptos de violación, porque ninguno de estos revela el número de causa (o causas) penal donde esté involucrado el quejoso y por la cual se hubiera librado una orden de esa naturaleza. Dicho de otro modo, la posibilidad de combatir una orden de reaprehensión, sólo puede darse en el marco de una (o varias) causa penal en trámite y de la cual ya tuviera conocimiento el quejoso, pues una orden de esa naturaleza se emite, por regla general, cuando el procesado desatiende alguna obligación relativa al beneficio de libertad caucional -si el proceso inició bajo las reglas del sistema penal tradicional- o cuando incumple los términos de una medida cautelar -en las causas del sistema penal acusatorio-. Así, es necesario que el promovente señale la autoridad judicial concreta a la cual pretende reclamar una orden de reaprehensión, y manifieste la etapa procesal en la cual pudiera haberse librado, para que se tengan elementos suficientes para decidir la procedencia de la suspensión provisional. Incluso puede desistir el promovente de ese acto (orden de reaprehensión) de no existir alguna causa en la que ya hubiera participado como procesado. Por otra parte, existe una irregularidad respecto del acto consistente en la orden de presentación reclamada a los jueces de control señalados como responsables, dado que ese acto encontraría una causal de improcedencia. Es así, pues una orden de presentación como la que reclama el quejoso, no puede ser emitida por los jueces de control señalados como responsables, porque éstos, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no tienen facultades jurídicas para librar una orden de presentación. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados. Sobre todo porque la regulación de la orden de presentación, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control, a saber: "Artículo 141.- Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión : I.- Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II.- Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III.- Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela." De ahí que en caso de insistir en reclamar la orden de presentación, podría dar lugar la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y 16, de la Constitución Federal, también aplicado a contrario sensu. De ahí, la improcedencia que podría sobrevenir, motivo por el cual, es necesario que el quejoso aclare los actos que desea, pues este órgano jurisdiccional no tiene facultades para perfeccionarlos. Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe la siguiente aclaración: ? Señale la autoridad (o autoridades) judicial específica que libró la orden de reaprehensión reclamada, motivo por el cual deberá proporcionar el número de causa (o causas) e informar la última etapa procesal en la cual hubiera intervenido (en esa causa); o, en su caso, aclare si desiste de reclamar dicho acto. ? Indique si insiste en reclamar la orden de presentación, pese a que podría actualizarse una causa de improcedencia del juicio, o si desiste de señalar dicho acto como reclamado. ? Esclarezca si, en realidad, desea limitar el señalamiento de actos reclamados a la orden de aprehensión, búsqueda, comparecencia o detención librada en su contra por los jueces de control señalados como responsables en la demanda. Al margen de lo anterior, se informa al quejoso que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Apercibimiento. Se le informa que al desahogar el requerimiento formulado a manera de prevención, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, una para cada autoridad responsable, una para cada tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia y dos para el incidente de suspensión. Además, se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: en caso de no cumplir con todos los requerimientos anteriores, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Autorizados y domicilio procesal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda. Sin que pase desapercibido que señala dos números telefónicos y correo electrónico, para recibir notificaciones; sin embargo, la Ley de Amparo, no contempla esos medios para realizar notificaciones. Por lo tanto, únicamente serán considerados para establecer contacto. Asimismo, se tienen como autorizados las personas mencionadas en su escrito de cuenta, únicamente para oír y recibir notificaciones, incluso la persona que autorizo en términos amplios, dado que carece de registro ante el sistema de profesionistas del derecho del Poder Judicial de la Federación. Autorizados y domicilio procesal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda. Sin que pase desapercibido que señala dos números telefónicos y correo electrónico, para recibir notificaciones; sin embargo, la Ley de Amparo, no contempla esos medios para realizar notificaciones. Por lo tanto, únicamente serán considerados para establecer contacto. Asimismo, se tienen como autorizados las personas mencionadas en su escrito de cuenta, únicamente para oír y recibir notificaciones, incluso la persona que autorizo en términos amplios, dado que carece de registro ante el sistema de profesionistas del derecho del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su domicilio procesal.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- JUICIO DE AMPARO 1271/2021. Puebla, Puebla, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Ejecución con sede en Puebla Casa de Justicia de la Región Judicial Centro, Prevención. La lectura integral2 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en el señalamiento de los actos reclamados, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones detectadas, habrán de impedir la pronta integración del juicio, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse al quejoso -si el juicio fuera admitido-. Para demostrar lo anterior, en primer lugar, se destaca que el promovente señaló como acto reclamado (entre otros) una orden de reaprehensión librada en su contra. Esa orden de reaprehensión es irregular frente a los antecedentes de la demanda y los conceptos de violación, porque ninguno de estos revela el número de causa (o causas) penal donde esté involucrado el quejoso y por la cual se hubiera librado una orden de esa naturaleza. Dicho de otro modo, la posibilidad de combatir una orden de reaprehensión, sólo puede darse en el marco de una (o varias) causa penal en trámite y de la cual ya tuviera conocimiento el quejoso, pues una orden de esa naturaleza se emite, por regla general, cuando el procesado desatiende alguna obligación relativa al beneficio de libertad caucional -si el proceso inició bajo las reglas del sistema penal tradicional- o cuando incumple los términos de una medida cautelar -en las causas del sistema penal acusatorio-. Así, es necesario que el promovente señale la autoridad judicial concreta a la cual pretende reclamar una orden de reaprehensión, y manifieste la etapa procesal en la cual pudiera haberse librado, para que se tengan elementos suficientes para decidir la procedencia de la suspensión provisional. Incluso puede desistir el promovente de ese acto (orden de reaprehensión) de no existir alguna causa en la que ya hubiera participado como procesado. Por otra parte, existe una irregularidad respecto del acto consistente en la orden de presentación reclamada a los jueces de control señalados como responsables, dado que ese acto encontraría una causal de improcedencia. Es así, pues una orden de presentación como la que reclama el quejoso, no puede ser emitida por los jueces de control señalados como responsables, porque éstos, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no tienen facultades jurídicas para librar una orden de presentación. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados. Sobre todo porque la regulación de la orden de presentación, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control, a saber: "Artículo 141.- Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión : I.- Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II.- Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III.- Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela." De ahí que en caso de insistir en reclamar la orden de presentación, podría dar lugar la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y 16, de la Constitución Federal, también aplicado a contrario sensu. De ahí, la improcedencia que podría sobrevenir, motivo por el cual, es necesario que el quejoso aclare los actos que desea, pues este órgano jurisdiccional no tiene facultades para perfeccionarlos. Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe la siguiente aclaración: ? Señale la autoridad (o autoridades) judicial específica que libró la orden de reaprehensión reclamada, motivo por el cual deberá proporcionar el número de causa (o causas) e informar la última etapa procesal en la cual hubiera intervenido (en esa causa); o, en su caso, aclare si desiste de reclamar dicho acto. ? Indique si insiste en reclamar la orden de presentación, pese a que podría actualizarse una causa de improcedencia del juicio, o si desiste de señalar dicho acto como reclamado. ? Esclarezca si, en realidad, desea limitar el señalamiento de actos reclamados a la orden de aprehensión, búsqueda, comparecencia o detención librada en su contra por los jueces de control señalados como responsables en la demanda. Al margen de lo anterior, se informa al quejoso que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Apercibimiento. Se le informa que al desahogar el requerimiento formulado a manera de prevención, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, una para cada autoridad responsable, una para cada tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia y dos para el incidente de suspensión. Además, se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: en caso de no cumplir con todos los requerimientos anteriores, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Autorizados y domicilio procesal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda. Sin que pase desapercibido que señala dos números telefónicos y correo electrónico, para recibir notificaciones; sin embargo, la Ley de Amparo, no contempla esos medios para realizar notificaciones. Por lo tanto, únicamente serán considerados para establecer contacto. Asimismo, se tienen como autorizados las personas mencionadas en su escrito de cuenta, únicamente para oír y recibir notificaciones, incluso la persona que autorizo en términos amplios, dado que carece de registro ante el sistema de profesionistas del derecho del Poder Judicial de la Federación. Autorizados y domicilio procesal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda. Sin que pase desapercibido que señala dos números telefónicos y correo electrónico, para recibir notificaciones; sin embargo, la Ley de Amparo, no contempla esos medios para realizar notificaciones. Por lo tanto, únicamente serán considerados para establecer contacto. Asimismo, se tienen como autorizados las personas mencionadas en su escrito de cuenta, únicamente para oír y recibir notificaciones, incluso la persona que autorizo en términos amplios, dado que carece de registro ante el sistema de profesionistas del derecho del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su domicilio procesal.
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