Virginia Socorro Rosano Maldonado
Expediente 215/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Virginia Socorro Rosano Maldonado
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 215/2023-IX. Puebla, Puebla, quince de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 215/2023-V.. Puebla, Puebla, dos de marzo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda amparo signada por la quejosa ++++++++++++++++, por derecho propio, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama La resolución emitida el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 187/2021, en el cual se confirmó el auto que negó la orden de aprehensión. Para mayor claridad en el presente asunto, resulta relevante detallar los hechos siguientes que se advierten de la integridad de la demanda: 1. La quejosa es parte agraviada dentro del proceso penal +++++++++++++ del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. 2. El uno de octubre de dos mil veintiuno, el juez natural declaró prescrito el ejercicio de la acción persecutora, y consecuentemente negó la orden de aprehensión, solicitada por el representante social, contra el indiciado Bernardo Eutimio Rivas Morales, en la causa penal de marras. 3. El Ministerio Público, interpuso el recurso de apelación contra la citada resolución. 4. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, resolvió el recurso de apelación, en la cual, confirmó el auto que negó la orden de aprehensión. 5. La quejosa fue notificada de esa resolución, el nueve de febrero de dos mil veintidós. Derivado de los antecedentes expuestos, se establece que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual textualmente expresa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)". Del precepto transcrito se establece que para tener por actualizada dicha causal de improcedencia, deben concurrir los elementos siguientes: a) la existencia del acto reclamado; b) que el acto reclamado causa agravio al gobernado; y, c) una conducta espontánea del quejoso con apoyo en dicho acto. Esto es, debe determinarse que un acto de autoridad se entiende consentido expresamente cuando el quejoso hace del conocimiento de la autoridad responsable que está conforme con su actuación, existiendo una constancia al respecto, por lo que existe una adhesión verbal a él, escrita o traducida en signos inequívocos. Además del consentimiento expreso, la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, alude a una especie de consentimiento, al disponer que es improcedente el juicio de amparo contra actos que hayan sido consentidos mediante manifestaciones de voluntad que entrañen un consentimiento. En materia de amparo, el consentimiento mencionado se traducirá en la realización de hechos por parte del agraviado que indiquen principalmente su disposición de consentir el acto o la ley reclamados. De lo antes apuntado, se destaca que si el quejoso ha evidenciado su conformidad con el acto de autoridad que pudiera resultar transgresor de derechos humanos, ya sea que dicha conducta de aceptación del acto reclamado sea expresa o se infiera por la forma de actuación en que se entrañe ese consentimiento o aceptación, el juicio de amparo deberá ser declarado improcedente. Ahora, los actos derivados de actos consentidos, son aquéllos que emanan directamente de un acto que expresamente o por manifestaciones de voluntad; es consentido por el promovente del juicio de amparo y para que se dé tal circunstancia, además de la relación causal que debe existir entre el acto de la autoridad consentido y el acto de autoridad que participe de dicho carácter, para que sea aplicable la causal de improcedencia invocada, se requiere que la inconstitucionalidad entre ambos no sea independiente o no esté desvinculada. Ilustra lo expuesto la Tesis 193 sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 165 del Apéndice 2000, Tomo VI, cuyo rubro y texto son del tenor siguientes: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". Improcedencia respecto a la resolución reclamada. Establecido lo anterior, debe decirse que en el presente asunto, el juicio de amparo es improcedente. Lo anterior es así, ya que del mismo se desprende que el auto que confirmó la negativa de la orden de aprehensión, únicamente fue impugnado por el Ministerio Público, y la promovente del juicio de amparo omitió interponer el recurso de la apelación. Se sostiene lo anterior, porque dentro del proceso penal, el ofendido tiene legitimación para apelar el auto que niega la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. Ahora, en el juicio de amparo se rige, entre otros, por el principio de definitividad (con algunas excepciones previstas por la ley o la jurisprudencia), por virtud del cual los gobernados pueden acudir a él siempre y cuando previamente hayan agotado el recurso ordinario previsto por la ley, y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, si la aquí quejosa en su calidad de ofendida del delito, omitió interponer el recurso de apelación en términos del artículo 273, fracción VI, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, el cual constituye el medio de defensa que la ley prevé para impugnar el auto que niega dicha orden de captura contra del inculpado, y sólo apeló el Ministerio Público, aun cuando la segunda instancia tenga por objeto la revisión por parte del tribunal de alzada de la resolución del inferior, y sus efectos son revocar, modificar o confirmar dicho fallo, ello implica su consentimiento al no haber cumplido con tal principio; por lo que la determinación de segunda instancia, a su vez, al no haber modificado aquélla, tiene el carácter de un acto derivado de otro consentido, lo que motiva que se actualice la causal de improcedencia antes citada. Apoya a lo anterior, la Tesis con registro digital 2004388, sostenida por el Segundo Tribunal , publicada en la página 245, Tomo 3, Décima Época, en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro, es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. SI QUIEN ACUDE AL JUICIO ES EL OFENDIDO DEL DELITO Y OMITIÓ INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN Y SÓLO LO HIZO EL MINISTERIO PÚBLICO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).". Asimismo, resulta aplicable, la Tesis con registro digital 294856, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1387, Tomo CXXIII, Quinta Época, en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro, es el siguiente: "SENTENCIAS PENALES DE APELACION (AMPARO IMPROCEDENTE. ACTOS CONSENTIDOS)". Por consiguiente, al no interponer la quejosa el recurso de apelación, previsto en el artículo 273, fracción VI, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se establece que la quejosa consintió el acto reclamado, exteriorizando una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento. De ahí que se estime que al no impugnar en tiempo, lo que genera como resultado que sea improcedente acudir a la vía constitucional para reclamar la resolución combatida en la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la quejosa, porque el acto que pretende reclamar, encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis3 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas. Se ordena a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal, autorizados y medios de contacto. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó en forma expresa la notificación electrónica. Además, se detectó su solicitud para acceder al expediente electrónico. Por consiguiente, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite a la quejosa tanto la notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, al usuario proporcionado en la demanda:. Sobre todo porque ese nombre de usuario se encontró registrado, desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así, se descarta desde este momento el inmueble señalado para esos efectos. Por otra parte, se tiene la dirección de correo electrónico que ofreció la quejosa, como medios de contacto no procesal. Asimismo, queda autorizada en términos amplios del artículo 12 de la citada legislación, la profesionista que señala, pues se encontró registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionistas del Derecho. Autorización para toma de fotografía. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese electrónicamente
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