Victor Xavier Martinez Martinez

Expediente 933/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
933/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
12/01/2021

Partes del expediente

  • Victor Xavier Martinez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 933/2020-III Puebla, Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio1 para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-22-, que condujo a adoptar una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad en la República Mexicana. Por ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha emitido múltiples acuerdos generales relativos a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia aplicables en los órganos jurisdiccionales, ante el referido fenómeno de salud pública -partiendo de una suspensión de actividades ordinarias hacia un retorno paulatino3-. Así, mediante el Acuerdo General 21/20204 (reformado por el diverso 25/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció un esquema para la reanudación de plazos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, reactivando en su totalidad el funcionamiento de éstos -vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte y hasta el quince de enero de dos mil veintiuno-. Sin embargo, en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte -comunicada mediante la circular CAP/3/2020-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Con base en dicho acuerdo, se ordenó a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, lo que implicó, entre otras cuestiones, la suspensión de plazos y términos procesales durante su vigencia -del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno-. Reanudación de plazos. Luego, en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno -comunicada mediante la circular SECNO/1/2021-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del doce de enero de dos mil veintiuno -en el sexto circuito y otros- retoma vigencia el esquema de operación previsto en el Acuerdo General 21/2020 (y el diverso 25/2020 que lo modificó). Por consiguiente, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. Plazo para impugnar la sentencia dictada en la audiencia constitucional. Visto el estado procesal del juicio, se advierte que la sentencia fue dictada en la audiencia constitucional desahogada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Además, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no ha transcurrido ninguno de los diez días con los que cuentan las partes para recurrirla -en términos del artículo 86 de la Ley de Amparo- pues la suspensión de plazos inició el veintiuno del mismo mes y año. Por tanto, se informa a las partes que el plazo de diez días con los que cuentan para interponer recurso de revisión en contra de la aludida sentencia, correrán del trece al veintiséis de enero del año en curso, pues en esta data surtirá sus efectos la referida notificación. Consulta física del expediente y presentación de promociones físicas. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que se retoman las medidas de contingencia sanitaria establecidas en el Acuerdo General 21/2020, por lo que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta del expediente de manera física será mediante cita que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". Sin embargo, en atención a lo determinado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de once de enero de dos mil veintiuno -comunicado mediante la circular SECNO/2/2021-, dichas citas podrán programarse a partir del diecinueve de enero de dos mil veintiuno. De igual forma, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Notificación del presente proveído. Del artículo 309, fracción II5, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo debe notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista, tanto al quejoso, como a las autoridades responsables, y a la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, dado que no contiene requerimiento para las partes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    juicio de amparo indirecto 933/2020-III R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ***********, por derecho propio, debido a la inexistencia de los actos reclamados en la demanda, conforme a lo resuelto en el tercer punto considerativo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese.

  3. Incidental

    C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Precisión del acto reclamado. Es conveniente hacer la precisión de los actos reclamados en el presente incidente, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción I del artículo 1461 de la Ley de Amparo en vigor. De la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se obtiene que el quejoso reclama: a). Las órdenes de búsqueda, aprehensión y reaprehensión, libradas en su contra; y b). La ejecución de las citadas órdenes. SEGUNDO.- Se niega la suspensión. Las autoridades responsables Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro-Poniente con sede en Cholula; Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro-Poniente con sede en Atlixco; Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla; Jueza de Control y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán; Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Sur con sede en Acatlán de Osorio; Jefe de Causas Penales del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente con sede en Ciudad Serdán; Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros; Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Sur-Oriente con sede en Tecamachalco, Puebla; Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente con sede en Teziutlan; Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Sur- Oriente con sede en Tehuacán; Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente con sede en Libres, todos con sede en el estado de Puebla; Director del Centro Penitenciario de Puebla; Directora de Procedimientos Constitucionales de la Fiscalía General del Estado de Puebla por sí y en representación del Fiscal General del Estado de Puebla; y Director General de la Agencia de Investigación del Estado de Puebla; al rendir sus informes previos correspondientes, negaron los actos que se les reclaman. Además, el quejoso omitió aportar pruebas para desvirtuar las negativas expuestas por las autoridades responsables citadas en este considerando. En tales condiciones, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de las autoridades responsables citadas, dada la ausencia de materia para decretarla. TERCERO: Concesión de la suspensión. La autoridad responsable Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla fue omiso en rendir su informe previo a pesar de estar notificado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 142, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. Por su parte, aunque las autoridades responsables Directora de Procedimientos Constitucionales de la Fiscalía General del Estado de Puebla por sí y en representación del Fiscal General del Estado de Puebla; y Director General de la Agencia de Investigación del Estado de Puebla; al rendir sus informes previos correspondientes, negaron los actos que se les reclaman, al tener el carácter de responsables ejecutoras, se les hace extensiva la certeza del acto atribuido a la responsable ordenadora citada en el párrafo anterior. En ese sentido, al resultar cierto el acto reclamado por parte de las autoridades responsables citadas en este apartado, con fundamento en los artículos los artículos 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138, 139, 162 y 163, de la Ley de Amparo se concede la suspensión definitiva solicitada, al quejoso ++++, para los efectos siguientes: a) Si la orden de captura de la parte quejosa fue emitida por la autoridad judicial donde tiene la calidad de indiciado porque de los registros de investigación existan datos de prueba de los que se desprenda la probabilidad de que cometió o participó en la comisión de un hecho señalado por la ley como delito por los que proceda decretar de oficio su prisión preventiva en términos del artículo 19 constitucional o se trate de delitos graves conforme a una norma secundaria, con fundamento en la fracción I del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva solo producirá el efecto de que una vez detenido el quejoso, quedara a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea recluido o internado y a disposición del juez de control, instrucción o ejecución -según el sistema penal del que derive la orden y la etapa del procedimiento- para continuar el procedimiento que se le instruya. b) Si la orden de captura del quejoso fue emitida por la autoridad judicial donde el quejoso tiene la calidad de indiciado porque de los registros de investigación existan datos de prueba de los que se desprenda la probabilidad de que cometió o participó en la comisión de un hecho señalado por la ley como delito por el cual no se le deba decretar la prisión preventiva de oficio, con fundamento en la fracción II del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva tendrá el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el quejoso no sea detenido, por lo que quedará a disposición de este juzgado en cuanto a la libertad personal, hasta que las autoridades responsables sean notificadas del auto mediante el cual cause ejecutoria la sentencia que se dicte en autos del cuaderno principal. Empero, para que esta medida cautelar siga surtiendo efectos, el quejoso deberá cumplir con las medidas de aseguramiento que este Juzgado de Distrito estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal; medidas que se especificarán en párrafos siguientes. Sin embargo, si el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicita la imposición de la prisión preventiva, al considerar que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal imponga esa medida cautelar, el efecto de la suspensión solo será el establecido en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo. CUARTO. Medidas de aseguramiento y garantía. Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la acción de la justicia por parte del quejoso, en caso de negársele la protección, en términos del artículo 162 de la Ley de Amparo, deberá presentar escrito en el plazo de tres días donde acredite con documental idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación e ingreso o salario percibido. Lo anterior deberá acreditarlo por escrito ante este juzgado con las constancias idóneas para ello y dentro del mismo plazo, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero el quejoso deberá exhibir en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de este auto, una garantía por la cantidad de cinco mil pesos moneda nacional ($5,000.00) en cualquiera de las formas establecidas por la ley. En el entendido que, de no cumplir con la exhibición de la garantía en mención, dentro del plazo antes señalado, quedará sin efectos la suspensión y las autoridades responsables estarán en aptitud de ejecutar la orden combatida. Por lo que deberá acompañar dos fotocopias del documento donde conste dicha garantía, para asegurar su presentación ante la autoridad correspondiente que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente, de conformidad con el invocado artículo 162 de la Ley de Amparo. Cantidad que se fija de manera discrecional, pues se prescinde de la información para decretarla. Por ello, se estima que la garantía es discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y, a la vez, garantizar que el quejoso no pretenda evadir la acción de la justicia, la cual deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Solo resta decir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que la garantía deberá estimarse en forma discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que la parte quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia; como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 24/2017, del citado tribunal. Para el cumplimiento a los requerimientos efectuados en este apartado, se hace saber al quejoso que la presentación de escritos podrá realizarla de manera física en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Además, es menester precisar que el billete de depósito debe contener el nombre del quejoso, el número de expediente de este incidente y que se advierta que el mismo es para garantizar la suspensión definitiva. También se establece el apercibimiento siguiente: si la parte quejosa omite exhibir la garantía en mención dentro del plazo citado, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos y esto habrá de informarse a las autoridades responsables. Lo mismo sucederá si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa para que acuda física y personalmente dentro del plazo de tres días, a declarar en la causa penal instruida en su contra para intervenir en las diligencias de investigación por algún hecho. Lo cual también deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dicha autoridad; porque de omitir hacerlo quedará sin efectos la suspensión definitiva y podrán las responsables ejecutar reclamada. En tales condiciones, se: RESUELVE: PRIMERO. Se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados a las autoridades responsables, y por las razones expuestas en el segundo punto considerativo de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados a las autoridades responsables, y por las razones expuestas en el tercer punto considerativo de esta interlocutoria. Notifíquese.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 933/2020 En treinta de noviembre de dos mil veinte, la secretaria da cuenta a la jueza con el oficio recibido -vía electrónica- en este juzgado el día hábil anterior a la fecha y registrado con el número de control interno 15205. Conste. Puebla, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veinte. INFORME JUSTIFICADO. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución, Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla (15205), mediante el cual rinde su informe justificado. En consecuencia, se da a conocer a las partes, para que, en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma María del Carmen Ruiz Medina, Jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante María del Carmen Peregrina Herrada, secretaria que autoriza y da fe

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