Victoria Miguelina Ruiz Martinez

Expediente 626/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
626/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Victoria Miguelina Ruiz Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 626/2021-VI. Puebla, Puebla, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que el quejoso no recurrió el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años1. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES hágase del conocimiento de la parte quejosa que queda a su disposición el documento que exhibió al momento de presentar la demanda de amparo (acuse de recibo de un escrito presentado ante la autoridad responsable), el cual deberá recoger dentro del plazo de noventa días, contados a partir de día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo. Para ello, deberá presentarse con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma, así como dejar razón de recibo en autos para constancia. Se le apercibe que de no comparecer en el plazo ya señalado, la mencionada documental será destruida. se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    SE DE´JÓ CITATORIO A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 626/2021-VI. Puebla, Puebla, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que el quejoso no recurrió el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años1. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES hágase del conocimiento de la parte quejosa que queda a su disposición el documento que exhibió al momento de presentar la demanda de amparo (acuse de recibo de un escrito presentado ante la autoridad responsable), el cual deberá recoger dentro del plazo de noventa días, contados a partir de día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo. Para ello, deberá presentarse con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma, así como dejar razón de recibo en autos para constancia. Se le apercibe que de no comparecer en el plazo ya señalado, la mencionada documental será destruida. se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 626/2021-VI. Puebla, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por *, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla ...Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano....De ahí que el acto reclamado consista medularmente en: ? La omisión en dar respuesta al escrito presentado por la quejosa el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual designó asesor jurídico y solicitó copias certificadas de la carpeta de investigación , en donde refiere que tiene la calidad víctima. Lo indicado en párrafos precedentes revela la actualización de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, prevista por el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, ello, con el carácter de indudable y manifiesta. Precepto que en su literalidad, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo,.....operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Se afirma lo anterior, porque la omisión en dar respuesta a ese escrito forma parte de una abstención o paralización en el desarrollo de la investigación ministerial, lo que se reclama en la demanda de amparo, y tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el promovente antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. Para demostrar lo anterior, se invoca el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, De lo anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones, (determinaciones) u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir ante un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria .... ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del ministerio público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que los actos reclamados por Victoria Miguelina Ruiz Martínez deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de actos de carácter omisivos que se le atribuyen al agente del ministerio público encargado de la investigación donde aquélla tiene el carácter de víctima (denunciante). De hecho, debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o la promovente estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma que en el presente caso, el reclamo planteado por Victoria Miguelina Ruiz Martínez encuentra una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la abstención u omisión combatida en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene la quejosa en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda que originó este juicio, pues se actualiza al respecto, una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase

  4. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE PROOMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 626/2021-VI. Puebla, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por *, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla ...Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano....De ahí que el acto reclamado consista medularmente en: ? La omisión en dar respuesta al escrito presentado por la quejosa el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual designó asesor jurídico y solicitó copias certificadas de la carpeta de investigación , en donde refiere que tiene la calidad víctima. Lo indicado en párrafos precedentes revela la actualización de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, prevista por el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, ello, con el carácter de indudable y manifiesta. Precepto que en su literalidad, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo,.....operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Se afirma lo anterior, porque la omisión en dar respuesta a ese escrito forma parte de una abstención o paralización en el desarrollo de la investigación ministerial, lo que se reclama en la demanda de amparo, y tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el promovente antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. Para demostrar lo anterior, se invoca el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, De lo anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones, (determinaciones) u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir ante un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria .... ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del ministerio público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que los actos reclamados por Victoria Miguelina Ruiz Martínez deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de actos de carácter omisivos que se le atribuyen al agente del ministerio público encargado de la investigación donde aquélla tiene el carácter de víctima (denunciante). De hecho, debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o la promovente estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma que en el presente caso, el reclamo planteado por Victoria Miguelina Ruiz Martínez encuentra una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la abstención u omisión combatida en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene la quejosa en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda que originó este juicio, pues se actualiza al respecto, una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase

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