Virginia Lopez Sandoval
Expediente 1139/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1139/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Virginia Lopez Sandoval
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1139/2022-IX.. Puebla, Puebla, doce de diciembre de dos mil veintidós. Sentencia causa ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron la sentencia emitida en audiencia constitucional de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, donde se resolvió el sobreseimiento del presente juicio -por inexistencia de actos-. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la ley de amparo, se declara que la referida sentencia alcanzó el rango de ejecutoria. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos combatidos. Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos para devolver a las autoridades. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme la sentencia de sobreseimiento. Lo mismo ocurre respecto de las autoridades responsables, de ahí que no se genere oficio para notificarles este proveído. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Conforme al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que los cuadernos (original y duplicado) derivados del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción por haberse negado la suspensión definitiva. En virtud de lo anterior, glósese las constancias relativas del cuaderno original a este expediente, las cuales serán destruidas cuando hayan transcurrido treinta días después de fenecido el plazo de conservación, esto es, pasados tres años del dictado de este acuerdo, al depurar el expediente principal. Por su parte en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado será destruible dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de este acuerdo. Como en este proveído se acordó lo relativo al destino de los cuadernos incidentales, se ordena agregar impresión de este proveído a dichos cuadernos para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1139/2022-IX. V I S T O S, para resolver el juicio de amparo 1139/2022, promovido por *, por derecho propio, contra actos del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, por sí mismo y en representación de los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución que integran las sedes regionales del estado de Puebla, y otra autoridad responsable, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103, 107 de la constitución federal; 63, 74, 75, 124 de la Ley de Amparo; y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por *, por derecho propio, debido a la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, conforme a lo establecido en los puntos considerativos segundo y tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales1, signada por la quejosa xxx por derecho propio, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial centro, con sede en Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Admisión. Debido a que se cumplen los requisitos legales establecidos, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, por los actos siguientes: Las ordenes de presentación, comparecencia, aprehensión o reaprehensión; y, Su ejecución atribuida a las autoridades ejecutoras. se tiene como autoridad responsable ordenadora al Juez de Oralidad Penal y Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, para que rinda el informe justificado por sí y en representación de los jueces de control adscritos a las regiones judiciales señaladas en líneas anteriores. Precisión de las autoridades ejecutoras. Ahora, la quejosa señala a dos autoridades ejecutoras de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sin embargo, de conformidad con los artículos 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la ejecución de las órdenes de aprehensión y demás mandamientos judiciales, se encuentra asignada a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, a cargo del Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Por lo tanto, se tiene únicamente como autoridad ejecutora a la siguiente: Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio.
- Incidental
Puebla, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Formación del incidente. Como se ordenó en esta fecha en el expediente principal y con copias de la demanda de protección, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo xxx, promovido por la quejosa xxx, por derecho propio, contra actos del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, por sí mismo y en representación de los jueces de Oralidad Penal y Ejecución que integran la región judicial Centro con sede en Puebla, así como de la región Centro Poniente, con sedes en Cholula, Puebla y Atlixco, Puebla y otra autoridad. Informe previo. En términos de los artículos 128, 130, 136, 138, 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables presenten su informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que sea celebrada la audiencia incidental. Materia del incidente. Los actos reclamados por la quejosa, en términos de la demanda y el proveído de admisión, comprenden: ? Las ordenes de presentación, comparecencia, aprehensión o reaprehensión; y, ? Su ejecución atribuida a las autoridades ejecutoras. Tales actos autoridades siguientes: quedaron reclamados a las Autoridad ordenadora: ? Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, por sí mismo y en representación de los jueces de Oralidad Penal y Ejecución que integran la región judicial Centro con sede en Puebla, así como de la región Centro Poniente, con sedes en Cholula, Puebla y Atlixco, Puebla. Autoridad ejecutora: ? Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Concesión de la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138, 139, 162, 163, 164 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional respecto de las ordenes reclamadas, para los efectos siguientes: a) Si alguna orden contra la quejosa fue emitida por una autoridad judicial, en una causa donde tiene la calidad de imputada porque de los registros de investigación existan datos de prueba de los que se desprenda la probabilidad de que cometió o participó en la comisión de un hecho señalado por la ley como delito, por el que proceda decretar de oficio su prisión preventiva en términos del artículo 19 constitucional, o se trate de delitos graves conforme a una norma secundaria, con fundamento en la fracción I del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional sólo producirá el efecto de que una vez ejecutada la orden contra la quejosa, quedará a disposición de este juzgado por su libertad personal en el centro penitenciario, y a resolución del juez penal para continuar el procedimiento que se le instruya. Con la salvedad de que si la orden de captura se libró por el inicio del procedimiento -conforme lo establecido por la norma adjetiva secundaria-, la autoridad judicial deberá comunicar al director del centro penitenciario donde sea internada la quejosa, que deberá mantenerla recluida en un área de prisión preventiva, distinta de la asignada a los sentenciados. b) Si la orden de captura fue emitida por una autoridad judicial contra la quejosa, en una causa donde tiene la calidad de imputada porque de los registros de investigación existan datos de prueba de los que se desprenda la probabilidad de que cometió o participó en la comisión de un hecho señalado por la ley como delito, pero que no amerite la prisión preventiva de oficio, o no se trate de delitos graves conforme a una norma secundaria, con fundamento en la fracción II del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional tendrá el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no sea detenida la quejosa. Por lo que quedará a disposición de este juzgado en cuanto a la libertad personal -con la posibilidad de seguir el trámite de la causa penal-, hasta que las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva. Por otra parte, en términos del artículo 166, último párrafo, de la Ley de Amparo, si los actos reclamados consisten en una orden o medida de protección dictadas conforme a la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación a que refiere el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión no surtirá efectos. Lo mismo sucederá si se sorprende a la quejosa en la comisión de flagrante delito. Medidas de aseguramiento y garantía. Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la quejosa a la acción de la justicia, se le requiere en términos del artículo 162 de la Ley de Amparo, presente escrito en el plazo de tres días donde acredite con documental idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación e ingreso o salario que percibe. Lo anterior deberá acreditarlo por escrito ante este juzgado con las constancias idóneas para ello y dentro del mismo plazo, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, quedará sin efectos la suspensión. La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero la quejosa deberá exhibir en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de este auto, una garantía por la cantidad de xxx en cualquiera de las formas establecidas por la ley. En el entendido que, de no cumplir con la exhibición de la garantía en mención, dentro del plazo antes señalado, quedará sin efectos la suspensión. Por lo que deberá acompañar dos fotocopias del documento donde conste dicha garantía, para asegurar su presentación ante la autoridad correspondiente que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente, de conformidad con el invocado artículo 162 de la Ley de Amparo. Cantidad que se fija de manera discrecional, pues se prescinde de la información para decretarla. Por ello, se estima que la garantía es discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y, a la vez, garantizar que la quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia, la cual deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Por otro lado, de resultar cierta la orden reclamada y continuar la quejosa en libertad, con apoyo en el artículo 162 de la Ley de Amparo, se le requiere que acuda dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que rinda informe la autoridad emisora, a presentar un escrito al juez responsable donde se ponga a su disposición y le solicite intervenir en las diligencias de investigación por algún hecho, en particular dentro de la audiencia inicial para que el fiscal respectivo le formule imputación. Lo cual también deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días hábiles, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo la presentación del referido escrito ante la autoridad judicial, porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión provisional y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Se hace notar que la obligación de presentar el escrito a la autoridad responsable ordenadora, será exigible sólo en el caso de que sea cierta la orden reclamada.
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