Victor Vargas Garcia

Expediente 470/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
470/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/05/2021

Partes del expediente

  • Victor Vargas Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 470/2021-VII. Puebla, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 470/2021-VII. Puebla, Puebla, doce de mayo de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo Desechamiento...Ahora, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende una orden de detención o aprehensión, librada en su contra, así como su ejecución. Tal acto únicamente fue reclamado a diversas autoridades ministeriales, que a decir del quejoso ejecutarían la orden librada en su contra, en una investigación donde al parecer tiene el carácter de imputado. Ya que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el día él día de hoy once de mayo del año en curso personas que dicen ser policías ministeriales se presentaron en su domicilio particular con el propósito de privarlo de su libertad sin expresar, llevando una orden consigo, por lo que ha tenido la necesidad de mantenerse oculto en su domicilio. De modo que el reclamo planteado, está circunscrito en realidad a una orden de detención o aprehensión con fines de investigación emitida para el quejoso, porque el objetivo de la presentación radica en obtener la entrevista de éste en una carpeta de investigación. En efecto, las facultades legales de las autoridades ministeriales señaladas como responsables, permiten afirmar que estas sólo pretenden recabarle declaración al quejoso en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades ministeriales, no puede visualizarse una orden de aprehensión porque esta corresponde en forma exclusiva a autoridades judiciales, sin que alguna hubiera sido señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de aprehensión emitida por una autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de aprehensión o detención emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la aprehensión de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de aprehensión o detención jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de aprehensión, lejos de coartarse algún derecho al imputado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de aprehensión o detección no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.5 Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar....sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación con fines de investigación y su consecuente ejecución, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo.Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Víctor Vargas García, porque el acto que reclamó en la demanda -orden de aprehensión con fines de investigación-, encontraron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación7; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma).Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo -en la ciudad de Puebla-. Y, como autorizado sólo para oír y recibir notificaciones a Teodora Ortiz' Hernández e Isidro Ortiz Hernández; pues, así lo señaló el quejoso en el escrito de manada. Notifíquese; de manera personal al quejoso.

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