Tuffy Gaber Flores
Expediente 674/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Tuffy Gaber Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta de Tuffy Gaber Flores, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio. Al efecto, se tienen por vertidas las manifestaciones que realiza el promovente, las cuales se tomarán en consideración al momento de emitir la determinación de calificación de cumplimiento de sentencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a este expediente el oficio de cuenta y anexo que al mismo se acompaña de la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, en suplencia por ausencia del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1"; que envía en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dicho oficio y anexo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que la última notificación para las partes de la sentencia firmada el once de septiembre de dos mil veintitrés, se hizo vía electrónica el diecinueve siguiente, y por tanto, a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer punto resolutivo se sobreseyó en el juicio, y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Administración Desconcentrada de Recaudación en Yucatán "1", con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, con apoyo en el numeral 258 de la ley de la materia, se le impondrá en lo individual, multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Artículo 26 de la Constitución Federal, que equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 674/2023-VII-B, promovido por Tuffy Gaber Flores contra los actos que reclama de la Administración Desconcentrada de Recaudación en Yucatán "1", con sede en esta ciudad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el veintisiete siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el nombrado quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Administración Desconcentrada de Recaudación en Yucatán "1", con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 674/2023- VII-B y se admitió a trámite; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. TERCERO. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, por una parte se desechó la ampliación de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa1, y por otra se admitió a trámite la misma por cuanto hace al nuevo acto reclamado a la autoridad responsable; finalmente se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual, previos diferimientos se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 49 y 57 de la Ley 1 Embargo de fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, llevado a cabo por medio de buzón tributario e inconstitucionalidad del artículo 151 Bis del Código Fiscal de la Federación, que permite el embargo de bienes por medio del buzón tributario. Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: De la demanda inicial. a) La omisión de dar respuesta al escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual le solicitó la disminución de bienes embargados, en relación con el crédito fiscal determinado a su cargo. En vía de ampliación. b) El contenido del oficio 400-70-00-31-01-2023, de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, emitido por la Subadministradora de Recaudación Desconcentrada, adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán 1, con el que dio respuesta a su escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés. TERCERA. Son ciertos los actos reclamados a la Administración Desconcentrada de Recaudación en Yucatán 1, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció expresamente al rendir su informe con justificación en relación con la demanda inicial y la ampliación de la misma (registros 8140 y 9805), corroborado con las documentales que se adjuntaron al mismo. Las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTA. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado en el inciso a). Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.). El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo cesar significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado con relación a la demanda inicial, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. Se advierte que el dos de mayo de dos mil veintitrés, mediante oficio 400-70-00-03-01-2023-3934 (fojas 59 y 60), se dio respuesta al memorial presentado por la parte quejosa el catorce de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual solicitó se desgraven todos los predios que obran en el embargo digital contenido en el oficio 400-70-00-03-01-2022-10583 de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, excepto el predio identificado con el número catastral 8212 del Municipio de Progreso, Yucatán, pues a su parecer, con su valor se cubre ampliamente el importe del interés fiscal de la Federación. Lo que le fue notificado vía buzón tributario el ocho de mayo de dos mil veintitrés (fojas 57 y 58). Lo que evidencia la cesación de efectos de dicho acto de queja, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Por tanto, es claro que el motivo de improcedencia surgió durante la sustanciación del presente juicio constitucional. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, respetando de esa forma las autoridades responsables el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que el mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II de la propia ley. QUINTA. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. A manera de antecedentes y previo a analizar los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, conviene hacer una reseña del expediente administrativo en el que fue emitido el acto reclamado, del que se advierte lo siguiente: a) Por oficio 500-69-00-05-02-2022-3182 de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Yucatán 1, determinó un crédito fiscal a cargo del contribuyente quejoso Tuffy Gaber Flores, por la cantidad total de $4´507,729.00 (cuatro millones quinientos siete mil, setecientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional). b) Tal determinación la impugnó el quejoso a través del juicio contencioso administrativo federal 578/22-16-01-5. Dentro de ese asunto, el veintidós de agosto de dos mil veintidós, se dictó resolución interlocutoria en relación con la solicitud de suspensión de la ejecución del crédito fiscal impugnado, declarando fundada dicha solicitud y en consecuencia, se decretó la suspensión definitiva, misma que surtiría efectos si se constituía la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que surtiere efectos la notificación de dicho fallo. c) Mediante oficio 400-70-00-03-01-2022-10583 de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, por cuanto se comprobó que el contribuyente no constituyó la garantía al interés fiscal a favor de la Tesorería de la Federación, a través de cualquiera de las formas señaladas en el artículo 141 del Código Fiscal de la federación, en relación con los artículos 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 de su Reglamento, se declaró el embargo de bienes propiedad del contribuyente deudor de acuerdo a lo previsto en el numeral 151 Bis del Código Fiscal de la Federación, para que, con el producto del remate, enajenación o adjudicación de los mismos, se cubra el importe del crédito fiscal pendiente de pago y sus accesorios legales (fojas 34 a 40) . Quedando por tanto, formalmente embargados los siguientes predios: 1. Predio de la calle treinta y uno (31) número trescientos veinte (320), ciudad y municipio de lzamal, número de inscripción dos millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y uno (2584471) y folio electrónico ciento cuatro mil ciento cincuenta y cuatro (104154). 2. Predio de la calle treinta y seis (36) numero trescientos ocho C (308-C), localidad y municipio de Izamal, número de inscripción dos millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno (25844E0) y folio electrónico trescientos seis mil seiscientos ochenta y nueve (306689). 3. Predio de la calle catorce (14) numero ciento catorce (114), colonia: México, ciudad y municipio: Mérida, inscrito a folios trescientos cuarenta y siete (347), tomo doscientos cuatro (204), letra G, volumen primero del libro primero de urbanas, folio electrónico trescientos veinte mil novecientos ochenta y siete (320987). 4. Predio de la calle catorce (14) numero ciento doce interior (112 Int), colonia México, localidad y municipio de Mérida, inscrito a folios trescientos cincuenta (350), tomo doscientos cuatro (204), letra G, volumen primero del libro primero de urbanas, folio electrónico trescientos treinta y siete mil setecientos veintitrés (337723). 5. Predio de la calle treinta y uno (31) numero ochenta y ocho (88), colonia México de la localidad y municipio de Mérida, inscrito a folios trescientos cuarenta y nueve (349), tomo doscientos cuatro (204), letra O, volumen primero del libro primero de urbanas, folio electrónico trescientos treinta y siete mil setecientos veinticuatro (337724). 6. Predio de la calle doce (12) numero doscientos once (211), colonia México Norte, localidad y municipio de Mérida, inscrito a folios ciento treinta y cuatro (134), tomo ciento setenta y cinco (175), letra G, volumen segundo del libro primero de urbanas y folio electrónico trescientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta y dos (363862). 7. Tablaje con el numero catastral nueve mil cincuenta y tres (9053), localidad y municipio de Progreso, Yucatán, numero de inscripción dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos diez (2845410) y folio electrónico ochocientos cuarenta y ocho mil noventa y cuatro (848094). 8. Tablaje con el numero catastral ocho mil doscientos doce (8212), localidad y municipio de Progreso, Yucatán, numero de inscripción dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa (2645390) y folio electrónico novecientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta (945740). 9. Tablaje con numero catastral tres mil cuatrocientos sesenta y dos (3462), Ejido y municipio Tetiz, Estado de Yucatán, numero de inscripción dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y siete (2845687) y folio electrónico un millón sesenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve (1067259). d) Solicitud de inscripción al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, del embargo de dichos bienes con la correspondiente expedición del certificado de gravamen de los últimos diez años anteriores al embargo. Petición que quedó formalizada según oficio INSEJUPY/DRPPYC/0101/2023 de fecha cinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 48 a 50). e) Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se dictó nueva resolución interlocutoria en autos del juicio contencioso administrativo federal 578/22-16-01-5, en relación con la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo de ejecución del acto impugnado resolución contenida en el oficio 500-69-00-05-02-2022- 3182 de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Yucatán 1, a través del cual se le determinó un crédito fiscal por la cantidad de $7´019,254.33, por concepto de contribuciones omitidas de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, actualizaciones, recargas y multas, por los ejercicios 2017 y 2018. Determinación en la que toralmente asentó lo siguiente: . Ahora bien, se advierte que la pretensión de la actora consiste en obtener la suspensión de la ejecución del acto impugnado, entonces debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 28, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone que tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. En este orden de ideas, en el caso concreto procede conceder la suspensión solicitada por la parte actora, toda vez que del análisis y valoración que se realiza en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a la declaratoria de embargo de 3 de noviembre de 2022, se advierte la existencia de un embargo trabado a la actora sobre nueve predios urbanos, lo que reconoce la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación 3 de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán 1 al rendir su informe, por lo que se considera que se encuentra garantizado el interés fiscal, de conformidad con el artículo 144, octavo párrafo, del Código Fiscal de la Federación2. En mérito a lo expuesto y con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve: I. Ha resultado fundada la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, formulada por la parte actora, en consecuencia; II. SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de la ejecución del acto impugnado, por los motivos y fundamentos precisados en el último Considerando del presente fallo.". f) Por escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, el aquí quejoso Tuffy Gaber Flores, solicitó a la responsable 2 Lo subrayado no es de origen. la disminución de los bienes embargados, en relación con el citado crédito fiscal determinado a su cargo contenido en el oficio 500-69-00- 05-02-2022-3182 de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, esto es, se desgraven todos los predios que obran en el embargo digital contenido en el oficio 400-70-00-03-01-2022-10583 de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, excepto el predio identificado con el número catastral 8212 del Municipio de Progreso, Yucatán, pues a su parecer, con su valor se cubre ampliamente el importe del interés fiscal de la Federación. g) A dicha petición recayó el oficio 400-70-00-03-01-2023-3934 de dos de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual la responsable le comunicó lo siguiente: ". Mediante resolución 500-69-00-05-02-2022-3182 del 18 de marzo de 2022, emitida por (el)la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán 1, se le determinó(aron) crédito(s) fiscal(es) a su cargo, por un importe histórico total de $4,507,729.00 (Cuatro millones quinientos siete mil setecientos veintinueve pesos 00/)00 m.n.), por el(los) concepto(s) de IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PAGOS DEFINITIVOS PERSONAS MORALES Y FÍSICAS., IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PAGOS DEFINITIVOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS, MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES TRIBUTARIAS FEDERALES, resolución determinante que le fue legalmente notificada el día 22 de marzo de 2022. Ahora bien, mediante Sentencia interlocutoria de fecha 22 de agosto de 2022, la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del juicio de nulidad 578/2216-01-5, con fundamento en lo establecido en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, concedió a la parte actora C. TUFFY CABER FLORES la suspensión definitiva del procedimiento administrativo de ejecución, para que, de conformidad con el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación en vigor, otorgue garantía del interés fiscal, suspensión que surtirá sus efectos una vez que la actora, garantice el interés fiscal en términos del artículo 141, penúltimo párrafo del referido Código, Sentencia interlocutoria que le fue notificada en fecha 06 de septiembre de 2022, concediéndole el plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha en que haya surtido efectos su notificación, plazo que en el presente caso venció el 14 de octubre de 2022. Con relación a lo anteriormente señalado y toda vez que para esta Administración desconcentrada de Recaudación de Yucatán 1, a la fecha de vencimiento del plazo concedido, no se comprobó que el contribuyente haya constituido legalmente garantía del interés fiscal, a favor de la Tesorería de la Federación a través de cualquiera de las formas señaladas en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación en vigor, en relación con los artículos 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 de su Reglamento, motivo por el cual, esta Unidad Administrativa de acuerdo a lo previsto por el artículo 151 Bis del Código Fiscal de la Federación en vigor, mediante Declaratoria de embargo por Buzón Tributario por falta de garantía del interés fiscal, contenida en el oficio número 400-70-00- 03-01-202210583, de fecha 03 de noviembre de 2022, procedió a trabar formal embargo de diversos bienes inmuebles, el cual le fue notificado legalmente en fecha 09 de noviembre de 2022. En ese contexto y en virtud de que los bienes inmuebles señalados fueron embargados dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución, no es posible acceder a su solicitud, toda vez que resulta indispensable que el crédito fiscal a su cargo se encuentre formalmente garantizado ante esta Unidad Administrativa, por lo que, en caso de que sea de su intención ofrecer la garantía del interés fiscal en la modalidad de embargo en la vía administrativa, en lo que respecta al ofrecimiento de bienes inmuebles, es importante considerar que estos deberán de ser predios urbanos, tal y como lo señala la fracción V del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, el cual a la literalidad menciona lo siguiente: "Artículo 141. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal, cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en los artículos 74 y 742 de este Código, en alguna de las formas siguientes: I. (.) II. (.) III. IV. (.) V. Embargo en lo vía administrativa de bienes muebles tangibles e inmuebles excepto predios rústicos así como negociaciones. VI. (.) (.)" Para que esta Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" se encuentre en la posibilidad de dar a atención a lo solicitado, deberá formalizar su solicitud acorde a lo señalado por la fracción anteriormente señalada, así como a lo previsto por la ficha de tramite número 134/CFF del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, de igual manera a lo establecido por el artículo 85 de Reglamento del Código Fiscal de la Federación y demás aplicables a dicha modalidad. Por lo que hasta en tanto no formalice la garantía del interés fiscal, no es procedente acceder a lo solicitado.". Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, la parte quejosa aduce en sus conceptos de violación plasmados en el escrito de ampliación de la demanda de amparo, que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque carece de la debida fundamentación y motivación. Sostiene lo anterior en virtud de que la responsable a su petición de disminución de bienes embargados, expuso que para acceder a ello era preciso que garantizara el importe del crédito fiscal. Soslayando que dicho embargo versa sobre nueve inmuebles que a decir del quejoso, exceden el valor de lo que se pretende exigir garantizar. Asimismo, agrega que es incongruente dicha respuesta porque no solamente le pide garantizar el interés fiscal sino que pretende sujetarlo a la formalidad prevista en el artículo 85 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, cuando todos los supuestos señalados por la responsable se refieren a la procedencia de ofrecimiento de la garantía, cuando él lo que le instó versa en la disminución de bienes ya embargados por la propia responsable. Es decir, ante el embargo que ella misma practicó, lo condiciona a analizar la disminución instada a que lleve a cabo un trámite de embargo en la vía administrativa, lo cual carece de sustento legal, precisamente porque el interés fiscal ya está garantizado con los bienes embargados en el procedimiento administrativo de ejecución. Bien, como se adelantó, dichos motivos de inconformidad son esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal. Debiendo precisarse que de conformidad con lo que dispone el artículo 76 de la Ley de Amparo, dichos conceptos de violación se estudian de manera conjunta por la estrecha relación que guardan3. Inicialmente para mejor comprensión del tema, es necesario destacar lo que dispone, en lo conducente, el artículo 16 Constitucional: autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento". Dicho precepto establece los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, en el sentido de que todo acto de autoridad, además de constar por escrito, debe estar debidamente fundado y motivado. El primero de estos conceptos ha sido definido por el más alto tribunal del País como la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso concreto y por el segundo, como el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; por ello, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. A manera ilustrativa, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la página 143 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 97-102, Tercera Parte, Materia Común, con número de registro 238212, de la literalidad siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". También es necesario tener presente como cuestión previa, que del numeral en comento se desprenden las siguientes condiciones que deben cumplir los actos de molestia emitidos por toda autoridad, las cuales son: a. Que se exprese por escrito. b. Que provenga de autoridad competente; y, c. Que en el documento escrito en el que se plasme el acto, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Por tanto, la exigencia de la fundamentación se ha entendido, se insiste, como el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito los preceptos legales que regulen el hecho, así como las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad. Mientras que la motivación se refiere a la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y expresamente previsto en la disposición legal que se aplica. Por consiguiente, tratándose de actos de autoridad con efectos concretos, determinados y particulares, la fundamentación consiste en que en el mandamiento escrito se deben citar tanto la ley, como los artículos específicos que la autoridad estime aplicables al hecho o caso de que se trate. En tanto que la motivación consiste en el razonamiento que debe hacer la autoridad en el texto del acto de molestia, de los razonamientos con base en los cuales llegó a la conclusión de que los hechos que tomó en cuenta para realizar dicho acto son ciertos y son los previstos en el precepto legal en el que se funda. Por su parte, el numeral 14 Constitucional, en lo conducente, dispone que la autoridad tiene como obligación la de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia norma. En ese orden, al expedir cualquier mandamiento que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales disposiciones que, como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones. Ello, a fin de que el gobernado encuentre certeza -que no es otra cosa que la seguridad jurídica- de que los mandamientos emitidos por una autoridad cumplan con los principios de legalidad, ya que en caso contrario se estaría vulnerando esa esfera jurídica a que se ha hecho mención. Lo anterior tiene razón de ser en nuestro régimen Constitucional bajo el supuesto de que la autoridad no tiene más facultad que la que expresamente le atribuye la ley, por lo que deberá citar en el cuerpo de sus resoluciones la ley, los preceptos y motivos en que se apoye con el fin de justificar legalmente sus proveídos o determinaciones, según sea el caso, demostrando así que no son arbitrarios y por ende, a la luz de la Constitución, violatorio de derechos fundamentales. Por tanto, no basta que exista en el derecho positivo un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento para que esté en aptitud de defenderse como lo estime pertinente y, en su caso, controvertir tal actuación al considerar que la misma no se encuentra ajustada a derecho. congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Lo cual ha sido recogido en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación establece: "Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos: I. Constar por escrito en documento impreso o digital. Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o por medio del buzón tributario, deberán transmitirse codificados a los destinatarios. II. Señalar la autoridad que lo emite. III. Señalar lugar y fecha de emisión. IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. V. Ostentar la firma del funcionario competente. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. VI. Señalar el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de los funcionarios pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, serán aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo Segundo, del Título I denominado "De los Medios Electrónicos" de este ordenamiento. En caso de resoluciones administrativas que consten en documentos impresos, el funcionario competente podrá expresar su voluntad para emitir la resolución plasmando en el documento impreso un sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución. Para dichos efectos, la impresión de caracteres consistente en el sello resultado del acto de firmar con la firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, que se encuentre contenida en el documento impreso, producirá los mismos efectos que las Leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. Asimismo, la integridad y autoría del documento que contenga el sello resultado de la firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, podrá ser comprobada a través de los medios que el Servicio de Administración Tributaria establezca. Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad. Adicionalmente, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, podrán utilizar su firma electrónica avanzada en cualquier documento que emitan en ejercicio de sus atribuciones, además de las resoluciones administrativas que se deban notificar, siendo aplicable para tal efecto lo dispuesto en los párrafos segundo a sexto del presente artículo". De lo anterior se puede concluir que en el dictado de toda determinación debe prevalecer la congruencia, teniendo particular cuidado en atender de forma circunscrita la materia litigiosa propuesta por el accionante, pues sólo así se garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la certeza y seguridad jurídica. En la especie, tales principios y exigencias constitucionales no fueron observadas a cabalidad en el acto reclamado, en virtud de que tal como sostiene el peticionario de amparo, se soslayaron puntos sustanciales. En efecto, como se precisó en los antecedentes del procedimiento administrativo donde fue dictado el acto reclamado, se determinó no acceder a su solicitud de que se desgraven los predios embargados con excepción del identificado con el número catastral 8212, del Municipio de Progreso, Yucatán, por estimarse indispensable lo siguiente: - Que el crédito fiscal determinado a su cargo se encontrara formalmente garantizado ante esa unidad administrativa. Esto es, si la intención del contribuyente quejoso era ofrecer la garantía del interés fiscal en la modalidad de embargo en la vía administrativa, en lo concerniente al ofrecimiento de bienes inmuebles, debía considerar que se trataran de predios urbanos como señala la fracción V del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. De ser así, además formalizar dicha solicitud acorde a lo señalado en el indicado ordinal y a la ficha de trámite 134/CFF del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y artículo 85 del Reglamento del citado código. Sin embargo, como bien sostiene la parte quejosa en sus motivos de inconformidad, el acto que se analiza es violatorio de sus derechos fundamentales tutelados por los preceptos constitucionales 14, 16 y 17. Artículo 141.- Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal, cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en los artículos 74 y 142 de este Código, en alguna de las formas siguientes: I. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A de este Código. II. Prenda o hipoteca. III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión. Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la afianzadora. IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia. V. Embargo en la vía administrativa de bienes muebles tangibles e inmuebles, excepto predios rústicos, así como negociaciones. VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes. El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías. La autoridad fiscal vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación. En los casos en que los contribuyentes, a requerimiento de la autoridad fiscal, no lleven a cabo la ampliación o sustitución de garantía suficiente, ésta procederá al secuestro o embargo de otros bienes para garantizar el interés fiscal. En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía. La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de este Código. Conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose de los juicios de amparo que se pidan contra el cobro de las contribuciones y aprovechamientos, por los causantes obligados directamente a su pago, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que correspondan ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda. En los casos en que de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o, en su caso, la Ley de Amparo, se solicite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o ante el órgano jurisdiccional competente la suspensión contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos de naturaleza fiscal, el interés fiscal se deberá garantizar ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios previstos en este Código. Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no exigirá el depósito cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio del Magistrado o Sala que deba conocer de la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante de la misma, cuando previamente se haya constituido garantía ante la autoridad exactora, o cuando se trate de personas distintas de los causantes obligados directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal en los términos indicados en los primeros dos párrafos de este artículo. Artículo 142.- Procede garantizar el interés fiscal, cuando: I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, inclusive si dicha suspensión se solicita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. II. Solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades, si dichas facilidades se conceden individualmente. III. Se solicite la aplicación del producto en los términos del artículo 159 de este Código. IV. Se solicite el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación. V. En los demás casos que señalen este ordenamiento y las leyes fiscales. No se otorgará garantía respecto de gastos de ejecución, salvo que el interés fiscal esté constituido únicamente por éstos. Artículo 144.- No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de treinta días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, o de quince días, tratándose de la determinación de cuotas obrero-patronales o de capitales constitutivos al seguro social y los créditos fiscales determinados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Si a más tardar al vencimiento de los citados plazos se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución. Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación establecido en este Código o los recursos de inconformidad establecidos en los artículos 294 de la Ley del Seguro Social y 52 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no estará obligado a exhibir la garantía correspondiente sino, en su caso, hasta que sea resuelto cualquiera de los medios de defensa señalados en el presente artículo. Para efectos del párrafo anterior, el contribuyente contará con un plazo de diez días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución que recaiga al recurso de revocación o a los recursos de inconformidad, para pagar o garantizar los créditos fiscales en términos de lo dispuesto en este Código. Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos de los créditos determinados por el acto administrativo, cuya ejecución fue suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con los recargos correspondientes. Cuando se garantice el interés fiscal el contribuyente tendrá obligación de comunicar por escrito la garantía, a la autoridad que le haya notificado el crédito fiscal. Si se controvierten sólo determinados conceptos de la resolución administrativa que determinó el crédito fiscal, el particular pagará la parte consentida del crédito y los recargos correspondientes, mediante declaración complementaria y garantizará la parte controvertida y sus recargos. En el supuesto del párrafo anterior, si el particular no presenta declaración complementaria, la autoridad exigirá la cantidad que corresponda a la parte consentida, sin necesidad de emitir otra resolución. Si se confirma en forma definitiva la validez de la resolución impugnada, la autoridad procederá a exigir la diferencia no cubierta, con los recargos causados. No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que posee. En el caso de que la autoridad compruebe por cualquier medio que esta declaración es falsa podrá exigir garantía adicional, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. En todo caso, se observará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 141 de este Código. También se suspenderá la ejecución del acto que determine un crédito fiscal cuando los tribunales competentes notifiquen a las autoridades fiscales sentencia de concurso mercantil dictada en términos de la ley de la materia y siempre que se hubiese notificado previamente a dichas autoridades la presentación de la demanda correspondiente. Las autoridades fiscales continuarán con el procedimiento administrativo de ejecución a fin de obtener el pago del crédito fiscal, cuando en el procedimiento judicial de concurso mercantil se hubiere celebrado convenio estableciendo el pago de los créditos fiscales y éstos no sean pagados dentro de los cinco días siguientes a la celebración de dicho convenio o cuando no se dé cumplimiento al pago con la prelación establecida en este Código. Asimismo, las autoridades fiscales podrán continuar con dicho procedimiento cuando se inicie la etapa de quiebra en el procedimiento de concurso mercantil en los términos de la ley correspondiente. Artículo 145.- Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución. Artículo 151.- Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue: I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o a embargar los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, fracción I del presente Código, a fin de que se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios legales. En ningún caso procederá el embargo de los depósitos o seguros, por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado, junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas. Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que hayan ejecutado el embargo de los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, fracción I, de este Código en una o más cuentas del contribuyente, deberán informarlo a la autoridad fiscal que ordenó la medida a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en la que se haya ejecutado, señalando el número de las cuentas así como el importe total que fue embargado. La autoridad fiscal a su vez deberá notificar al contribuyente de dicho embargo a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que le hubieren comunicado éste. En los casos en que la autoridad fiscal tenga conocimiento de que el embargo se realizó por un importe mayor al señalado en el segundo párrafo de este artículo, ordenará a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que hubiere tenido conocimiento del embargo en exceso, a las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que correspondan, liberar la cantidad correspondiente. Las entidades o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recursos embargados en exceso, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del oficio de la autoridad fiscal. II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género se inscribirá en el registro público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate. Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más oficinas del registro público que corresponda en todas ellas se inscribirá el embargo. Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la autorización para pagar en parcialidades o por error aritmético en las declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento. No se practicará embargo respecto de aquellos créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se encuentren garantizados en términos de lo establecido en las disposiciones legales aplicables. REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Artículo 85.- Para los efectos del artículo 141, fracción V del Código, el embargo en la vía administrativa se sujetará a las siguientes reglas: I. Se practicará a solicitud del contribuyente, quien deberá presentar los documentos y cumplir con los requisitos que dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general; II. El contribuyente señalará los bienes de su propiedad sobre los que deba trabarse el embargo, debiendo ser suficientes para garantizar el interés fiscal y cumplir los requisitos y porcentajes que establece el artículo 81 de este Reglamento; III. Tratándose de personas físicas, el depositario de los bienes será el contribuyente y en el caso de personas morales, su representante legal. Cuando a juicio de la Autoridad Fiscal exista peligro de que el depositario se ausente, enajene u oculte los bienes o realice maniobras tendientes a evadir el cumplimiento de sus obligaciones, podrá removerlo del cargo; en este supuesto, los bienes se depositarán con la persona que designe la Autoridad Fiscal; IV. Deberá inscribirse en el registro público que corresponda el embargo de los bienes que estén sujetos a esta formalidad, y V. Antes de la práctica de la diligencia de embargo en la vía administrativa, deberán cubrirse los gastos de ejecución y gastos extraordinarios que puedan ser determinados en términos del artículo 150 del Código. El pago así efectuado tendrá el carácter de definitivo y en ningún caso procederá su devolución una vez practicada la diligencia. De las disposiciones legales y reglamentarias anteriormente transcritas, se advierte lo siguiente: ? Entre las formas de la garantía del interés fiscal, se encuentra el embargo en la vía administrativa (artículo 141 CFF), el cual se practicará a solicitud del contribuyente y se sujetará a las reglas y requisitos establecidos en el reglamento del citado código. ? No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales; tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo legal para su impugnación; si a más tardar al vencimiento del plazo referido se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución (artículo 144, primer párrafo, CFF). ? Si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el crédito fiscal o cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que posee, no se exigirá garantía adicional (artículo 144, octavo párrafo, CFF). ? Las autoridades fiscales tienen atribuciones para exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro del plazo señalado por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución (artículo 145, primer párrafo, CFF). ? Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederá de inmediato, entre otros supuestos, a embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, y en tratándose del embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género se inscribirá en el registro público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate (artículo 151, fracciones I y II, CFF). ? Para efectos de la fracción V del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, el embargo en la vía administrativa se sujetará, a las reglas establecidas en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación (artículo 85 del referido reglamento), entre otras, se practicará a solicitud del contribuyente, deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad que corresponda y deberá cubrirse, con anticipación a la práctica de la diligencia de embargo en la vía administrativa, los gastos de ejecución señalados en el artículo 150 del propio código. Así, del análisis de los preceptos legales anteriormente citados, se advierte que procede garantizar el interés fiscal, entre otros supuestos, cuando se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. Asimismo, se desprende que entre las formas para garantizar el interés fiscal, se encuentra el embargo en la vía administrativa, el cual se practicará a solicitud del contribuyente, y deberá cumplir con los requisitos que prevé el artículo 85 del reglamento referido, entre otros, deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad que corresponda y cubrirse, con anticipación a la práctica de la diligencia de embargo en la vía administrativa, los gastos de ejecución. También se destaca que no se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal si se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, y se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución. Otro elemento relevante para efectos de la presente, es en el sentido de que no se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, tal como lo prevé el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación. De donde se advierte que no sólo mediante el embargo en la vía administrativa, a que se refiere la fracción V del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, se garantiza el interés fiscal, sino también a través del embargo trabado por la autoridad exactora (embargo coactivo) en el procedimiento administrativo de ejecución, en términos de los artículos 151, y 145, primer párrafo, del propio código, ya que las autoridades fiscales para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato, entre otros supuestos, a embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco. De ahí que si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado (embargo coactivo) bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, ya no es factible exigir garantía adicional para la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. En efecto, debe considerarse que el embargo trabado por la autoridad, mientras sea suficiente para soportar el monto adeudado, será susceptible de suspender el procedimiento administrativo de ejecución, a que se refiere el artículo 144 del citado código, sin que sea necesario colmar los requisitos previstos por el artículo 85 de su Reglamento. Por tanto, de la interpretación sistemática de los artículos 141, 142, 144, 145 y 151 del Código Fiscal de la Federación aplicable, en relación con el diverso numeral 85 de su Reglamento, se advierte que si la autoridad ejecutora embargó bienes suficientes para garantizar el adeudo, procederá decretar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, sin que sea válido exigir los requisitos previstos por el artículo 85 del referido Reglamento, en virtud de que la garantía del interés fiscal fue previamente constituida ante la autoridad exactora a través del embargo trabado, sin perjuicio de que la ejecutora, cuando estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir el crédito fiscal, proceda a ampliar el embargo. 3182 de dieciocho de marzo de dos mil veintidós; esto es, que se desgravaran todos los predios que obran en el embargo digital contenido en el oficio 400-70-00-03-01-2022-10583 de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, con excepción del predio identificado con el número catastral 8212 del Municipio de Progreso, Yucatán, bajo el argumento de que con el valor de éste último se cubre ampliamente el importe de dicho interés fiscal, soslayó como supuestos esenciales lo siguiente: 1. El embargo trabado en el procedimiento administrativo instaurado al aquí quejoso, que versa sobre nueve bienes inmuebles de su propiedad, lo llevó a cabo en la vía coactiva, esto es, bajo el supuesto del numeral 151 del Código Fiscal de la Federación. 2. Por exclusión, no resultan aplicables las reglas y formalidades que rigen al embargo en la vía administrativa (artículo 141 del Código Fiscal de la Federación), supuesto que necesariamente conlleva que haya sido el propio contribuyente el que haya llevado acabo la solicitud de garantizar el interés fiscal correspondiente. Por tanto, si como antes ha quedado plasmado, entre las distintas formas para garantizar el interés fiscal, se encuentra por una parte el embargo en la vía administrativa, el cual se practicará a solicitud del contribuyente, y por ello deberá cumplir indefectiblemente con los requisitos que prevé el artículo 85 del reglamento aplicable, y por otra, a través del embargo trabado por la autoridad exactora (embargo coactivo) mismo que conlleva un desacato del contribuyente. Es inconcuso que, como lo hace valer el quejoso, el acto reclamado adolece de una debida fundamentación y motivación, por ser incongruente. Efectivamente, la parte quejosa instó a la responsable una disminución de los bienes embargados en la vía coactiva, alegando que uno de ellos resultaba suficiente para garantizar el interés fiscal. Mientras que la responsable en respuesta a lo anterior, no solamente se constriñó a señalar que el contribuyente y aquí quejoso debía allanarse a la satisfacción de los requisitos y formalidades que toda solicitud para garantizar el interés fiscal debe cumplir, cuando éste ya se encontraba garantizado precisamente con el embargo coactivo que ella misma practicó. Sino que además, soslayó lo determinado en la interlocutoria de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, pronunciada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en autos del juicio contencioso administrativo federal 578/22-16-01-5. Determinación en la que ese órgano jurisdiccional concedió la medida cautelar solicitada por el quejoso en contra de la ejecución del procedimiento administrativo instaurado en su contra, al obrar precisamente la declaratoria de embargo de tres de noviembre de dos mil veintidós, esto es, por encontrarse garantizado el interés fiscal de conformidad con el artículo 144, octavo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. En tales condiciones, al no haber valorado todo lo anterior, faltó al principio de congruencia y con ello a las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, pues dejó inaudito en sus pretensiones al quejoso, ya que, se insiste, pese a que obtuvo una respuesta a su solicitud, ésta pasó por alto todo lo anteriormente plasmado. Por las apuntadas consideraciones, la determinación reclamada es incongruente con lo planteado en el escrito de petición y, por tanto, es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso. En las narradas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados al quejoso Tuffy Gaber Flores, para el efecto de que la Administración Desconcentrada de Recaudación en Yucatán "1", con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el contenido del oficio 400-70-00-03-01- 2023-3934 de dos de mayo de dos mil veintitrés. 2. Con plenitud de jurisdicción, dicte una diversa, que podrá ser en el mismo sentido que la aquí impugnada o en otro diverso, en la que atendiendo a los principios de exhaustividad y congruencia que todo acto de autoridad debe contener, resuelva de conformidad a la litis planteada teniendo en consideración los argumentos plasmados en esta sentencia, a efecto de dar contestación a la solicitud planteada por la parte quejosa en su escrito de diez de marzo de dos mil veintitrés. SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 364 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por +++ respecto del acto y autoridad precisados en la consideración cuarta de la presente resolución, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a + contra el acto que reclama de la de la Administración Desconcentrada de Recaudación en Yucatán "1", con sede en esta ciudad, consistente en el oficio 400-70-00-03-01-2023- 3934 de dos de mayo de dos mil veintitrés; por los motivos y para los efectos precisados en la consideración quinta de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la séptima consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. 4Artículo 36. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Notifíquese personalmente y regístrese.
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