Ulises Alejandro Medina León
Expediente 2065/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2065/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 03/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ulises Alejandro Medina León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por el Secretario de Seguridad Pública, así como por los Agentes Pablo Canul y Luis Vargas, así como por el Jefe del Departamento de Registro de Control Vehicular de dicha Secretaría, todos con sede en esta ciudad, los cuales se ordenaron poner a la vista de las partes oportunamente. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que la parte quejosa no desahogó la vista que se le dio en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en relación con la participación de una nueva autoridad, que es el agente policial Felipe Josué Sansores Cetz, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, pues se le otorgó el plazo de quince días para ampliar su demanda, siendo que la notificación se realizó en forma personal el veinticinco de enero de dos mil veintidós, habiendo transcurrido con exceso a la presente fecha el plazo otorgado. A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos en tiempo y forma los informes de mérito, para ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, toda vez que el quejoso no cumplió en la temporalidad concedida con la prevención que se le hizo en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, para que manifestara si ampliaba la demanda de amparo señalando como autoridad responsable al agente policial Felipe Josué Sansores Cetz, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inserto en dicho proveído, y no se tiene a dicha autoridad como responsable en el presente juicio de amparo; en consecuencia, procédase a resolver la presente audiencia únicamente por las restantes autoridades. Abierto el periodo de PRUEBAS, el Secretario da cuenta con las documentales que ofreció la parte quejosa con su demanda; así como con los documentos que remitieron las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrado este período. En el de ALEGATOS, el Secretario da cuenta con el alegato ministerial 912/2021 signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se decrete el sobreseimiento en el juicio o en su caso, se niegue al quejoso la protección de la Justicia Federal que solicita. A lo que el Juez acuerda: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por vertidas dichas alegaciones y por hecha la certificación secretarial; con lo anterior, se declara cerrada dicha etapa. Finalmente, no habiendo diligencias por desahogar, se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTO para resolver el juicio de amparo 2065/2021-IV-A, promovido por ULISES ALEJANDRO MEDINA LEÓN (o) ULISES MEDINA LEÓN, en contra del Secretario de Seguridad Pública y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida y turnado el mismo día a este juzgado, compareció ULISES ALEJANDRO MEDINA LEÓN (o) ULISES MEDINA LEÓN, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública, Agentes Policíacos (Pablo Canul y Luis Vargas) e Inspector General (Carlos Ricardo Marsh Ibarra) Jefe del Departamento de Registro de Control Vehicular, todos de dicha dependencia, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número de expediente 2065/2021-IV-A; se admitió a trámite la misma; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita la intervención que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con la participación de una nueva autoridad que es el agente policial Felipe Josué Sansores Cetz, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, otorgándole el plazo de quince días para ampliar su demanda, pero no desahogó tal prevención; por lo que en acuerdo dictado en la audiencia constitucional, se determinó no tener a dicha autoridad como responsable. De igual manera, en diverso proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se dio vista al amparista con la participación de una nueva autoridad, que es el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad de Atención y Determinación, con sede en esta ciudad, por lo que se le otorgó la temporalidad de quince días a efecto de que manifestara si deseaba ampliar la demanda; por lo que al transcurrir el plazo concedido sin que el quejoso desahogara la prevención de mérito, en acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se tuvo por no señalada dicha autoridad como responsable. Finalmente, en la fecha y hora programadas se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, tal como consta en el acta que antecede esta sentencia. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama: a) El aseguramiento del vehículo JETTA MK VI; modelo 2014; Sport WELT/QCC C/1TOT CABL, versión CONFORTLINE TIP; número de motor CCC223192; serie 3VWLW2AJ6EM296321; y, b) La retención de la factura original de dicho automotor. TERCERO. Inexistencia de actos. Al rendir su informe justificado el agente policial Pablo Enrique Canul Caamal, señaló que no es cierto el acto relativo al aseguramiento del vehículo relacionado con el acto reclamado que se le atribuye; sin que la parte quejosa aportara prueba para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer en el presente juicio por dicha autoridad, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la citada Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO.- Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades Secretario de Seguridad Pública, agente policiaco Luis Vargas, e Inspector General (Carlos Ricardo Marsh Ibarra) Jefe del Departamento de Registro de Control Vehicular, todos de dicha dependencia, con sede en esta ciudad; toda vez que así lo manifestaron dichas autoridades responsables al rendir su respectivo informe de ley. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO.- Análisis de causas de improcedencia. Es innecesaria la transcripción y estudio de los conceptos de violación que aduce el quejoso, toda vez que por ser una cuestión de orden público, este juzgado de Distrito estudia en primer término las causales de improcedencia del presente juicio de amparo, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en relación a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, siendo procedente sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Al respecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". En la especie se surte la causal de improcedencia del juicio de amparo, por virtud de cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior es así, toda vez que en el presente asunto, de las constancias remitidas por las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene que el automotor de mérito y los documentos relativos, ya no están a disposición de las autoridades policiales responsables. En efecto, mediante oficio SSP/DJ/38228/2021 de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, tanto el vehículo como los documentos relativos al mismo (factura original y otros), se pusieron a disposición del Fiscal Investigador del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Atención y Determinación, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, al considerar que estaban probablemente relacionados con la comisión de un delito, ya que la documentación relativa (factura del vehículo) resultó ser apócrifa. Lo cual aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (tres de noviembre del año en cita). De lo anteriormente reseñado, es claro que durante la secuela del presente juicio constitucional, ha cambiado la situación jurídica del peticionario de amparo en relación con los actos reclamados; por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que en su caso se hubieren cometido respecto de los actos de autoridad atribuidos a las autoridades de seguridad pública, pues actualmente el caso se ubica en otro estadio procesal, por lo que no se puede decidir sobre los actos reclamados primigenios sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la puesta a disposición del vehículo y de los documentos relacionados con el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como por analogía la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 50, del Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 171841, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Lo anterior es así, máxime que en relación con el acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en el aseguramiento y retención del vehículo, en diverso proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se dio vista al amparista con la participación de una nueva autoridad, que es el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad de Atención y Determinación, con sede en esta ciudad, sin que ampliara la demanda, por lo que en acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se tuvo por no señalada dicha autoridad como responsable. De igual forma, respecto del diverso acto señalado con el inciso b), relativo a la retención de la factura original de dicho automotor, la autoridad que lo llevó a cabo fue el agente policial Felipe Josué Sansores Cetz, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, por lo que en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se le dio vista a la parte quejosa para que ampliara la demanda por cuanto hace a dicha autoridad, sin que lo hiciera, motivo por el cual en acuerdo dictado en la audiencia constitucional del presente juicio, se hizo la declaración de no tenerla como autoridad responsable en el presente juicio constitucional. Por lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Lo anterior, impide analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa, en virtud de la causal de improcedencia que se actualiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ULISES ALEJANDRO MEDINA LEÓN (o) ULISES MEDINA LEÓN, en contra del acto reclamado al agente policial Pablo Enrique Canul Caamal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ULISES ALEJANDRO MEDINA LEÓN (o) ULISES MEDINA LEÓN, en contra de los actos reclamados a las restantes autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo informado por la secretaría de este Juzgado, en la cuenta que antecede: toda vez que transcurrió el término de quince días hábiles concedido a la parte quejosa, sin que realice manifestación alguna en cuanto a la vista que se le diera por acuerdo de dieciocho de marzo del año actual, en relación a que si era su deseo señalar como autoridad responsable en este asunto al Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad de Atención y Determinación, con sede en esta ciudad. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento contenido en el indicado proveído de dieciocho de marzo del año actual, no se tiene como autoridade responsable en este juicio a la antes nombrada, para todos los efectos legales que procedan. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintidós. Del estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en auto de dieciocho de marzo del año actual, para que manifieste si señala como autoridad responsable al Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad de Atención y Determinación, con sede en esta ciudad. Ello, toda vez que fue notificado el veintiocho de marzo del año actual, como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada a estos autos. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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