Ulises Alberto Solis G. Canton

Expediente 690/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
690/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Ulises Alberto Solis G. Canton

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer y segundo puntos resolutivos se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 fracción I, del Acuerdo General sin número, de dos de junio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es destruíble. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues por una parte, se negó la suspensión definitiva solicitada, y por otra, se declaró sin materia; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del acuerdo general relativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo número 690/2023-VII-B, promovido por ****; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado en la misma fecha a este Juzgado, compareció el nombrado quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama a la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer, de la Fiscalía General, ambos del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, quedando registrada con el número 690/2023-VII-B; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: 1. Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado: El acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por el que ordena al Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Mujeres, de la Fiscalía General del Estado, realizar el análisis de los hechos de violencia referidos por Miriam Irasema de Guadalupe Cachón Camps, dentro de la carpeta de investigación GP/308/2023. 2. Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer de la Fiscalía General del Estado: El acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación GP/308/2023, con el que decretó a favor de Miriam Irasema de Guadalupe Cachón Camps, diversas medidas de protección por el plazo de sesenta días naturales y a cargo del aquí quejoso. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo reconocieron al rendir su informe con justificación (registros 8435 y 8552), corroborado con las documentales que se adjuntaron a los mismos. Las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTA. Análisis causal de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, respecto del acto reclamado a la Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer de la Fiscalía General del Estado, consistente en: El acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación GP/308/2023, con el que decretó a favor de Miriam Irasema de Guadalupe Cachón Camps, diversas medidas de protección por el plazo de sesenta días naturales y a cargo del aquí quejoso. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. Dicha hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal, se actualiza en dos supuestos, a saber: a) Por revocación, y b) Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Esta causa de improcedencia, se justifica por la imposibilidad de concretar el fin del juicio de amparo, esto es, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte lo que el mismo le exija. Establecido lo anterior, es dable precisar que, en el caso, se actualiza la hipótesis referida en segundo término, que se presenta cuando se da la sustitución de actos procesales, de manera que un acto posterior incide en la ejecutividad, vigencia y firmeza de otro. Bien, como ya se dijo, la parte quejosa reclama de la Fiscal responsable el acuerdo dictado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación GP/308/2023, con el que decretó a favor de Miriam Irasema de Guadalupe Cachón Camps, diversas medidas de protección por el plazo de sesenta días naturales y a cargo del aquí quejoso. Empero, de las constancias remitidas en apoyo a su informe de ley, se desprende que dicha determinación reclamada, fue dejada insubsistente por la propia autoridad a través de la diversa pronunciada con fecha veintiocho de abril del propio año. Ello, en debida observancia a lo resuelto por la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, en audiencia celebrada el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dentro de la expedientillo 103/2023. Circunstancia anterior, que corrobora que respecto del aludido acto reclamado en este juicio de amparo opera la sustitución, puesto que con posterioridad al auto reclamado, se dictó el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el que procedió a dictar nueva medidas de protección a favor de la víctima, por lo que el primigenio reclamado fue sustituido por éste último. Por lo que a nada práctico conduciría una hipotética concesión de amparo en contra de la determinación de reclamo, si ya existe una nueva. Con ello, se estima que han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, los efectos que producía el citado acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintitrés; por ende el juicio de amparo en su contra es improcedente, por lo que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ilustra la consideración anterior, por las razones jurídicas que aporta, la tesis III.2o.C.J/22 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, página 1579, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable, por analogía jurídica, la tesis V.5o.1K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época, página 845, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 239006, página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTA. Diversa causal de improcedencia. En cuanto al acto reclamado a la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, consistente en: El acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por el que ordenó al Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Mujeres, de la Fiscalía General del Estado, realizar el análisis de los hechos de violencia referidos por Miriam Irasema de Guadalupe Cachón Camps, dentro de la carpeta de investigación GP/308/2023. Se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. El amparo procede: . I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.". De los preceptos preinsertos, se advierte que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, que cuando se transgrede con la actuación u omisión de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Es decir, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. De esta manera, la procedencia del amparo requiere, además, de la demostración de un acto de autoridad posiblemente violatorio de algún derecho, que produzca una afectación real, actual, personal y directa, así como que el peticionario sea titular de ese derecho que según él se pudiera ver afectado por aquél. Precisado lo anterior, ahora debe señalarse que de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que el hecho de que la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, ordenara mediante el acuerdo reclamado de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en autos del expedientillo 103/2023, a la Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer de la Fiscalía General del Estado, que realizara el análisis de los hechos de violencia referidos por Miriam Irasema de Guadalupe Cachón Camps, dentro de la carpeta de investigación GP/308/2023, y si así lo consideraba, otorgara aquellas medidas de protección. No depara perjuicio alguno al quejoso, ya que sólo estaba encaminada a que el investigador a través de un análisis de la solicitud instada por la víctima en cuanto a que se le brindaran las medidas de protección solicitadas, y si así lo considerara debía otorgarlas. Ello, no es un acto que afecte sus derechos sustantivos, en todo caso, tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si los afectados obtienen una determinación favorable, en el caso, el no decretar dichas medidas de protección, pues al respecto, la Juez natural le dejó libertad de jurisdicción para pronunciarse respecto de su concesión o no. Facultad que le está reconocida en el numeral 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: "Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código". Conforme a lo anterior, la determinación que adoptara el Fiscal sobre conceder o no dichas medidas de protección, está subjúdice a que el juez de control a quien le correspondiera revisarlas, las pudiera cancelar, ratificar o modificar. Aunado a que la reclamada determinación se trata de una consecuencia de la integración de la carpeta de investigación de origen GP/308/2023; y por ende, dada su naturaleza, dicho acto reclamado no irroga, hasta ese momento, perjuicio al ahora quejoso. Luego, si el ahora quejoso reclama, en el presente caso, lo actuado por la Juez natural que guarda íntima vinculación a la carpeta de investigación de origen, y en específico la orden de pronunciarse sobre determinadas medidas de protección instadas por la víctima dentro de la misma. Entonces, esa actuación forma parte del procedimiento de investigación inicial, atribución otorgada constitucionalmente al agente del Ministerio Público, y por ende resulta de interés social; lo que de suyo permite advertir la actualización de la causa de improcedencia respecto de esos actos, en tanto que no causa a la parte quejosa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: PC.VII.P. J/1 P (11a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo III, página 2473 y Registro digital: 2025663, que señala: "RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, SALVO QUE SE RECLAMEN AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De conformidad con los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131, 211, 212, 213, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por ende, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente, previstos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, cuando se señale como acto reclamado la radicación e integración de la carpeta de investigación, sin impugnar actos en la investigación que pudieran comprometer derechos humanos, debe desecharse la demanda de amparo indirecto, pues es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no afectarse el interés jurídico del quejoso, pues en la etapa temprana del proceso penal en que se desarrollan tales actos -investigación inicial- el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que con la judicialización de la carpeta se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez garantice el referido derecho fundamental -entre otros- y determine lo conducente respecto de la situación jurídica del imputado, máxime que ni siquiera con la rendición de informes justificados podría desvirtuarse dicha causal, pues la continuación del procedimiento penal (etapa de investigación) por mandato constitucional es de orden público y de interés social". En tales condiciones, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 239006, página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEXTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, en contra del acto que reclamó a la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer, de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ****, en contra del acto que reclamó a la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad; por los razones plasmadas en la consideración quinta de esta resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la séptima consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, por el que se puso a la vista el informe justificado rendido por la Fiscal Investigadora responsable; por tal motivo, se acuerda: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense el informe justificado de cuenta y anexo que al mismo se acompaña, rendido por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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