Tomasa del Rosario Navarrete Canul

Expediente 152/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
152/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
03/07/2018

Partes del expediente

  • Tomasa del Rosario Navarrete Canul
  • P M O N

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de veinte de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito se realizó a la parte quejosa el veintiséis de junio último por medio de la lista de estrados, sin que a la fecha hubiera hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia firmada el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán y del notificador adscrito a dicha dirección, residentes en esta capital, para el efecto siguiente: "... que el primero de los nombrados deje insubsistente todo lo actuado en el expediente administrativo DDU/SJ/IMG/057/16, así como sus efectos legales. Lo anterior, sin perjuicio, de que al ser una facultad discrecional pueda la autoridad responsable emitir un nuevo mandamiento, pero no está obligada a ello, y de hacerlo, deberá subsanar las irregularidades establecidas en el cuerpo de la presente resolución." (foja 119). Posteriormente, en auto de doce de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento al director responsable. A fin de cumplir con la sentencia ejecutoriada, el delegado del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, mediante oficio DDU/SJ/DAC/220/2018 de quince de junio de dos mil dieciocho, informó que el referido director dictó un acuerdo en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente administrativo DDU/SJ/IMG/057/16, así como sus efectos legales; reservándose en su caso, dictar una nueva resolución subsanando las irregularidades señaladas en la ejecutoria de amparo (fojas 136 a 138). Determinación que hizo del conocimiento de la parte quejosa el trece de junio del año en curso, según se advierte de las constancias de notificación relativas, que en copia certificada acompañó (fojas 139 y 140). Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable estaba obligada a dejar insubsistente todo lo actuado en el expediente natural y sus consecuencias legales, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad del conocimiento, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Esto es así, toda vez que la responsable no se encontraba obligada a dictar una nueva resolución; en ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE tres de julio de dos mil dieciocho. Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de veinte de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito se realizó a la parte quejosa el veintiséis de junio último por medio de la lista de estrados, sin que a la fecha hubiera hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia firmada el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán y del notificador adscrito a dicha dirección, residentes en esta capital, para el efecto siguiente: "... que el primero de los nombrados deje insubsistente todo lo actuado en el expediente administrativo DDU/SJ/IMG/057/16, así como sus efectos legales. Lo anterior, sin perjuicio, de que al ser una facultad discrecional pueda la autoridad responsable emitir un nuevo mandamiento, pero no está obligada a ello, y de hacerlo, deberá subsanar las irregularidades establecidas en el cuerpo de la presente resolución." (foja 119). Posteriormente, en auto de doce de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento al director responsable. A fin de cumplir con la sentencia ejecutoriada, el delegado del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, mediante oficio DDU/SJ/DAC/220/2018 de quince de junio de dos mil dieciocho, informó que el referido director dictó un acuerdo en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente administrativo DDU/SJ/IMG/057/16, así como sus efectos legales; reservándose en su caso, dictar una nueva resolución subsanando las irregularidades señaladas en la ejecutoria de amparo (fojas 136 a 138). Determinación que hizo del conocimiento de la parte quejosa el trece de junio del año en curso, según se advierte de las constancias de notificación relativas, que en copia certificada acompañó (fojas 139 y 140). Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable estaba obligada a dejar insubsistente todo lo actuado en el expediente natural y sus consecuencias legales, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad del conocimiento, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Esto es así, toda vez que la responsable no se encontraba obligada a dictar una nueva resolución; en ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el delegado del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, residente en esta capital, y anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Incidental

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE veinte de junio de dos mil dieciocho, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el delegado del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, residente en esta capital, y anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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