Trinidad Martín Barbudo
Expediente 650/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 26 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Trinidad Martín Barbudo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
VISTOS, para resolver el juicio de amparo 650/2019-IV-A, promovido por *******, en contra de los actos que reclama del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, como autoridad ordenadora; así como del actuario de su adscripción, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado como autoridades ejecutoras, estos dos últimos con domicilio en esta localidad, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció *******, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, como autoridad ordenadora; así como del actuario de su adscripción, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado como autoridades ejecutoras, estos dos últimos con domicilio en esta localidad. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 650/2019-IV-A; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se emplazó a los tercero interesados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, junto con sus informes justificados, se tiene que la parte quejosa reclama, en lo sustancial: La orden de desalojo con auxilio de la fuerza pública, dictada por el juez responsable, en el expediente 704/2013, relativo al juicio ordinario civil de su índice y su acumulado 406/2014; y su ejecución. TERCERO. Al rendir su informe justificado, el Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Motul, indicó que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la orden de desalojo impugnada, por lo que así debe tenerse para todos los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado, el Secretario de Seguridad Pública del Estado y el actuario adscrito al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Motul, al rendir sus informes de ley, negaron los actos que se les atribuyen. Sin embargo, los actos que se les reclaman se tienen por ciertos, dado que por su carácter de autoridades ejecutoras, por cuestión de jerarquía pueden realizar actos de ejecución; y en el caso, la autoridad responsable ordenadora Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Motul, confesó la existencia del acto impugnado, consistente en la orden de desalojo. Aplica al tema, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable con el Registro IUS 227890, visible en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo a abordar cuestiones de fondo del asunto, procede examinar si, en el caso, se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio constitucional, la hagan valer o no las partes, pues de ser fundada alguna de ellas, resultaría ocioso estudiar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Además, que su estudio es de orden público y preferente, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro: 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo; dispositivos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107, fracción I, constitucional, 5º y 6° de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61, fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico. Este tipo de interés no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, pues, generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él; no obstante, para que a través de este medio de control constitucional se tutelen los derechos fundamentales de tales sujetos y, por ende, se les conceda la protección de la Justicia Federal, deben acreditar en forma fehaciente, que tales actos afectan su esfera jurídica. Es decir, que son titulares de algún derecho legítimamente tutelado, que haya sido vulnerado por un acto de autoridad dentro de un procedimiento jurisdiccional, al cual no hayan sido llamados, a efecto de permitirles que defendieran sus derechos, en respeto al derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 constitucional, consistente en que a toda persona se le debe otorgar la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, mediante un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales implican que al afectado se le notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias; tenga oportunidad de ofrecer las pruebas en que base su defensa, así como de alegar, y se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, con número de registro 200234, del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta Magna. En el caso, la quejosa alega que en su calidad de persona extraña al juicio de origen, con el acto reclamado se vulnera en su perjuicio su derecho fundamental de audiencia, pues afirma que sin ser oída y vencida en el procedimiento de origen, se le pretende privar de la propiedad y posesión que tiene del predio número noventa y uno letra A (91 A), de la calle veinte (20), del Municipio de Mocochá, Yucatán. Ahora bien, de una revisión a las constancias remitidas en copia certificada por el Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Motul, al rendir su informe justificado, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que a la amparista TRINIDAD MARTÍN BARBUDO, le resulta el carácter de tercero extraña al juicio ordinario civil de origen, ya que no figura como parte actora o demandada. En esa guisa, para efectos de la procedencia del amparo, es indispensable que, a fin de acreditar su interés jurídico, la quejosa demuestre el derecho del cual afirma ser titular, o el hecho o acto jurídico del que deriva esa potestad jurídica, por lo cual, tratándose de la propiedad y posesión, ésta debe acreditarse mediante el título correspondiente o, en su caso, por medio de alguna probanza apta y suficiente para evidenciar que es titular o poseedor del mismo. Sin embargo, en el presente juicio constitucional, la parte amparista no ofreció prueba eficaz para acreditar que tiene la propiedad y la posesión del predio vinculado al juicio natural. Lo anterior es así, ya que en la demanda inicial, indicó en el párrafo número uno (1) del apartado de "Antecedentes", que el siete de enero de dos mil trece adquirió la posesión pública y pacífica del predio ubicado con el número noventa y uno letra A (91 A), de la calle veinte (20), del Municipio de Mocochá, Yucatán, sin violencia y de buena fe; lo cual aconteció por traslado de dominio que le hizo JAIME RENÉ MENDICUTI PENICHE, mediante contrato de compraventa verbal, y dicha posesión la ha ejercido de forma continua. Ahora bien, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio de origen, es necesario que justifique el justo título que surge de alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, para luego acreditar la tenencia material del bien concerniente; por lo que de no demostrar ambos extremos no puede decirse que se esté en el supuesto que marca el precepto 14 constitucional y sea protegible por la potestad federal. Al respecto, se observa que la quejosa ofreció con la intención de acreditar su derecho jurídico tutelado: 1.- Constancia de vecindad, de siete de septiembre de dos mil quince, signada por Alejandro Silva Dzul, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mocochá, Yucatán, en el periodo dos mil quince a dos mil dieciocho (foja 6). 2.- Constancia de vecindad, de tres de septiembre de dos mil dieciocho, signada por Luz María Aguilar Cruz, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Mocochá, Yucatán, en el periodo dos mil dieciocho a dos mil veintiuno (foja 7). 3.- Constancia de vecindad, con folio MMY/PRES/CDV/18, de tres de septiembre de dos mil dieciocho, signada por Luz María Aguilar Cruz, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Mocochá, Yucatán, en el periodo dos mil dieciocho a dos mil veintiuno (foja 8); y, 4.- Copia simple de la credencial para votar, expedida a nombre la quejosa TRINIDAD MARTÍN BARBUDO, de la que se advierte como domicilio "C 21 POR 16 Y 18 84", "PBLO MOCOCHA 97454, MOCOCHA, YUC". Al respecto, debe decirse que tal cúmulo probatorio no es eficaz para el fin pretendido por su oferente, ya que por lo que hace a las constancias de vecindad, si bien es cierto que de su contenido se observa que sus suscriptores refieren que la amparista es vecina de la comunidad de Mococha, Yucatán, y que habita el predio urbano ubicado en la calle veinte (20), número noventa y uno A (91 A), de ese lugar, también lo es, que fueron suscritos por los Presidentes Municipales de esa comunidad. En efecto, dichas constancias de vecindad de siete de septiembre de dos mil quince, signada por Alejandro Silva Dzul, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mocochá, Yucatán, en el periodo dos mil quince a dos mil dieciocho; así como las diversas de tres de septiembre de dos mil dieciocho, signadas por Luz María Aguilar Cruz, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Mocochá, Yucatán, en el periodo dos mil dieciocho a dos mil veintiuno, son insuficientes para acreditar la posesión o propiedad del inmueble vinculado al acto reclamado. Lo anterior es así, ya que lo hecho constar por dichos funcionarios municipales se encuentra fuera de sus atribuciones legales, ya que no están investidos de fe pública para poder dar certeza al contenido de esos documentos; máxime que con tales instrumentos no se prueba la causa generadora de la posesión, ni la parte quejosa exhibió diverso documento considerado como justo título que avalara la posesión o propiedad que refiere tener del predio de mérito. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "Época: Octava Época Registro: 216268 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 65, Mayo de 1993 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/259 Página: 54 POSESIÓN. LA CONSTANCIA QUE EXPIDE UN PRESIDENTE MUNICIPAL, NO TIENE EFICACIA PARA ACREDITAR LA. La certificación de un presidente municipal en la que se hace constar que una persona se encuentra en posesión de determinado predio, no tiene eficacia para demostrar lo que ahí se hace constar, por ser ésta una cuestión del todo ajena a sus funciones, y para utilizar su dicho en lo que no se refiere a dichas funciones, es preciso promover la prueba testimonial con arreglo a derecho". De igual forma, la copia simple de la credencial para votar, expedida a nombre la quejosa TRINIDAD MARTÍN BARBUDO, de la que se advierte como domicilio "C 21 POR 16 Y 18 84", "PBLO MOCOCHA 97454, MOCOCHA, YUC", no puede ser tomada en consideración porque no se le puede otorgar valor probatorio alguno. En efecto, dicha documental se trata de una copia simple y como tal carece de valor probatorio, pues al ser las copias fotostáticas simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que el resultado no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento o datos y signos en él contenidos, que se pretende hacer aparecer; de ahí que el documento de que se trata, al carecer de la certificación emitida por el fedatario público correspondiente, no puede tener valor probatorio pleno para los efectos pretendidos por su oferente. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia siguiente: "No. Registro: 207,434 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989 Tesis: 3a. 18 Página: 379 Jurisprudencia Materia(s): Común. COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.". En esas condiciones, es claro que la parte quejosa no acreditó con prueba eficaz ser posesionaria o propietaria del predio ubicado en la calle veinte (20), número noventa y uno A (91 A), de Mococha, Yucatán; ya que los medios de convicción que ofreció y le fueron admitidos no resultaron aptos para acreditar tales extremos. Aunado a que tampoco justificó la existencia del contrato de compraventa verbal que señaló en su demanda de amparo, ni de las demás constancias que obran en el presente sumario, se advierte alguna que favorezca los intereses de la quejosa sobre el tema; pues lo conducente era que hubiera ofrecido la prueba testimonial para acreditar la posesión del inmueble relacionado con los autos, lo cual no realizó. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por unificación en materia civil P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XV, febrero de 2002, página 5, registro 87733, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En este orden de ideas, al no acreditarse fehacientemente la propiedad y posesión que adujo tener la quejosa respecto del bien inmueble referido, se estima que carece de interés jurídico para promover esta instancia constitucional. En este contexto, tomando en consideración que el interés jurídico debe constar debidamente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el referido extremo; lo que actualiza a plenitud la causal de improcedencia invocada. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, al surtirse en la especie el motivo de improcedencia del juicio constitucional previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, invocada en el presente considerando, lo que legalmente procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley de la materia. El sobreseimiento anterior, imposibilita el estudio de los conceptos de violación, según lo señaló el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis publicada en la página 302, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 223064, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ****, contra los actos que reclamaron de las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
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Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese el oficio de cuenta signado por la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, con el que informa que mediante misiva 3004/2019 de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, devolvió diligenciado el despacho 113/2019 de su índice, deducido del diverso 112/2019 del índice de este Juzgado, girado a fin de emplazar a la tercero interesada ********************, en los términos señalados por acuerdo de cinco de septiembre del año en curso. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que en proveído de veintinueve de octubre del presente año, se tuvo por recibida la comunicación oficial aludida, y se acordó lo conducente. Notifíquese y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese el oficio de cuenta signado por la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, con el que devuelve diligenciado el despacho 112/2019-D-IV-A, con número de orden 257/2019, del índice de este Juzgado, del que se advierte que emplazó a la tercero interesada Emma Graciela Mendicuti Martín, en los términos señalados por acuerdo de cinco de septiembre del año en curso. Dése de baja al citado despacho y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, del estado de autos se advierte que el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se emplazó a la aludida tercero interesada Emma Graciela Mendicuti Martín, y a la fecha ya transcurrió el plazo de tres días que se le otorgó para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído de cinco de septiembre del presente año, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, hágase a la mencionada tercero interesada, la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes, aún las personales si las hubiere, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto proporcione a este Juzgado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en este juicio. Notifíquese y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, de los que se advierte que hasta la presente fecha aún no ha sido devuelto el despacho 257/2019 y número de origen 112/2019-D-IV-A, de cinco de septiembre del año en curso, remitido al Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, emplazara personalmente, por los conductos que estimara pertinentes a la tercero interesada ********. En relación con lo anterior, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio relativo a este proveído, tenga a bien informar a este Juzgado, el estado de autos de la comunicación oficial de mérito, o en su caso la devuelva. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debía tener verificativo este propio día, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese y cúmplase.
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