Ulises Alberto Solis G. Canton
Expediente 232/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ulises Alberto Solis G. Canton
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con treinta y nueve minutos del catorce de abril de dos mil veintitrés, en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Seguidamente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez declara abierta la audiencia y la Secretaria hace una relación de autos dando lectura de ellos y da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable que ya obra agregado al sumario. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta con las documentales adjuntadas por la parte quejosa a su escrito de demanda y a su escrito con número de registro 3509; así como con las constancias que en copia certificada remitió la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE PRUEBAS. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la Secretaria da cuenta con las manifestaciones realizadas por las terceras interesadas ******************** y ********************, en sus escritos con números de registro 2923 y 3047, respectivamente; asimismo, con el alegato ministerial ********************, registrado con el número de promoción 4954, formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal. Al respecto el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por vertidos los alegatos de las partes, mismos que podrán ser tomados en cuenta al dictar el fallo constitucional. Con lo anterior, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. Acto continuo el Juez que preside esta audiencia, pronuncia la resolución que corresponde, en los siguientes términos: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 232/2023-V-A, promovido por ********************, respecto del acto que atribuyó a la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado el día quince de febrero siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, misma que en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. Asimismo, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete; y finalmente se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual, previo auto de regularización, tuvo lugar en los términos que constan en el acta levantada al efecto; y con base en las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDA. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: El acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en autos de la carpeta de investigación ********************y su ejecución. TERCERA. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, no obstante lo hubiese negado al rendir su informe justificado, toda vez que realiza manifestaciones que evidencian su existencia. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. De las constancias que remitió la autoridad oficiante que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, en el caso concreto el quejoso reclama de la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, el acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en autos de la carpeta de investigación ********************, en el que se dictó como medida de protección, la prohibición del aquí quejoso ******************** y otra persona, de acercarse a la víctima ********************, a su domicilio ubicado en la calle ********************, número ********************, por ******************** y ******************** del fraccionamiento "********************" de esta ciudad; o a los lugares que ella frecuente en un radio de doscientos metros a la redonda, por un término de sesenta días naturales a partir de su notificación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45, fracción III, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán. Ahora bien, de las constancias que la responsable anexó a su oficio de cuenta que hoy se agrega en autos, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el artículo 2º de este último ordenamiento legal, se advierte que la Fiscal aludida, mediante acta circunstanciada dictada el doce de febrero de dos mil veintitrés, dejó sin efecto el acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado por esa autoridad ministerial, únicamente respecto al aquí peticionario del amparo ********************, dejando subsistente la medida de protección consistente en rondín de vigilancia y auxilio inmediato por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la cual mantendría la vigencia de sesenta días naturales, por lo que, a la fecha en que esto se resuelve tal medida ha quedado sin efectos. De lo anterior se concluye, que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las medidas de protección dictadas en el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dejaron de surtir efectos al decretar la autoridad responsable insubsistente parte de dicho proveído, y por otra parte, haber transcurrido el término de su vigencia; por lo que el acto que por esta vía se reclama, no surte efectos, ni lo surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, pues como se ha dicho su plazo se impuso únicamente por sesenta días naturales. Encuentra apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2ª./J 59/99 de la Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, visible en la página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de los dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, cabe aplicar la tesis de jurisprudencia de la Novena Época número CL/97, sustentada por el Pleno, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del epígrafe texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este Tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que le juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados solo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De tal suerte, que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. QUINTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis", captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMA. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo que disponen los artículos 1º, fracción I, 61, 63, 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó de la autoridad precisada en el primero de los antecedentes de esta sentencia, por los motivos expuestos en la cuarta de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la quinta de las consideraciones de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase. Lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial número 193/2023, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en relación a su solicitud de copias certificadas, estese a lo acordado en el auto de radicación dictado en este juicio de amparo, el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y tomando en consideración lo informado por la Secretaria de este Juzgado, en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que por auto admisorio, entre otras cuestiones, se señaló como fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, el día cinco de abril de dos mil veintitrés, a las nueve horas con treinta y nueve minutos. Siendo dicha fecha declarada como inhábil, en sesión ordinaria celebrada el ocho de marzo del año en curso, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, según se advierte del oficio número SEPLE./GEN./008/882/2023, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por mandato expreso de su numeral 2º, se decreta la regularización del procedimiento; y por ende, se señala como fecha correcta para la celebración de la audiencia constitucional el día CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS. Notifíquese personalmente.
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