Rigoberto Lozano González
Expediente 1051/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rigoberto Lozano González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, quince de marzo de dos mil veintitrés. "Boca del Río, Veracruz, quince de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (fojas 32-35), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (fojas 32-35), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."Boca del Río, Veracruz, quince de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (fojas 32-35), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.""Boca del Río, Veracruz, quince de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (fojas 32-35), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo 1051/2022, promovido por Rigoberto Lozano González y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado a este Juzgado el catorce del mes y año en cita, Rigoberto Lozano González promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisarán (fojas 2 a 10). SEGUNDO. Por auto de quince de noviembre dos mil veintidós, se acordó: admitir la demanda; solicitar a la responsable su informe justificado y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 20 a 24). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 30) el emplazamiento del tercero interesado CFE Suministrador de Servicios Básicos Veracruz (89) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que se dice es susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental del gobernado, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de acto. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que el mismo consiste en: El acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio oral mercantil 599/2022 del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz (foja 2 vuelta). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, puesto que al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto que se le reclama (foja 30). Como se advierte, de las copias certificadas que como justificación de su informe acompañó la citada autoridad responsable; documentales que tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se trata de documento público expedido por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley; en ese tenor, se tiene como cierto el acto que se le atribuye a dicha autoridad. Son aplicables al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Definida la certeza del acto reclamado, debe examinarse si resulta procedente la acción de amparo, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que el suscrito procede al estudio de la que considera se surte en la especie. Así, es de señalar que a juicio del suscrito, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;= [.]". ANTECEDENTES A continuación se exponen los hechos relevantes del asunto, mismos que derivan de las constancias acompañadas por las autoridades responsables, como justificación de sus actos: 1). Mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil veintidós, Rigoberto Lozano González demandó en la vía Oral Mercantil, a CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución diversas prestaciones, y entre otras cuestiones, solicitó la medida cautelar para el efecto de que las autoridades demandadas mantuvieran el suministro de energía eléctrica, esto es, que se abstuvieran de cortar la energía eléctrica en el domicilio de la parte actora, a pesar de que existe un adeudo por ajuste de facturación (fojas 31 a 46). 2). En proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós el juez responsable, entre otras cuestiones, admitió a trámite la citada demanda, ordenó emplazar a la parte demandada y no admitió la medida cautelar solicitada por la parte actora (fojas 37 a 42). 3). Mediante oficio 2097/2022, el juez responsable informó que el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictó sentencia definitiva en el juicio oral mercantil 599/2022, en la que se declaró procedente la vía oral mercantil, se declaró la nulidad absoluta del procedimiento de verificación y constancias derivadas del mismo, condenando a las demandadas a realizar los trámites correspondientes. Asimismo, informó que del contenido de los artículos 356 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, se obtiene que las sentencias que no admitan recurso alguno, como la pronunciada en el citado juicio oral mercantil 599/2022, causan ejecutoria por ministerio de ley, por tal motivo no se requiere declaración judicial al respecto (foja 91). 4). Resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en la que la responsable dictó sentencia definitiva en el juicio oral mercantil 599/2022, de la que se advierte que se declaró la nulidad absoluta del procedimiento de verificación y constancias derivadas del mismo, así como el ajuste de facturación 2762/2021, de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós; se condenó a la parte demandada a la cancelación del importe total de $5,333.79 (cinco mil trescientos treinta y tres pesos 79/100 M.N.) por concepto del aludido ajuste de facturación, respecto al número servicio 849 030 204 706. Asimismo, se decretó el restablecimiento total del suministro de energía eléctrica en el domicilio del accionante, el cual cuenta con el servicio de energía eléctrica; que dicho servicio se encuentra sujeto al pago del importe del consumo respectivo conforme a las tarifas vigentes, como se establece en la cláusula sexta del acuerdo de voluntades respectivo, por lo que deberá sujetarse a ese clausulado (fojas 92 a 106). SUBSUNCIÓN De lo antes expuesto, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia citada en párrafos precedentes, ello en razón de que el acto reclamado es el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio oral mercantil 599/2022 del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, en el que el juez responsable no admitió la medida cautelar solicitada por el aquí quejoso, para el efecto de que las autoridades demandadas mantuvieran el suministro de energía eléctrica, esto es, que se abstuvieran de cortar la energía eléctrica en el domicilio de la parte actora, a pesar de que existe un adeudo por ajuste de facturación. Sin embargo, el juez responsable mediante oficio 2097/2022, informó que el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictó sentencia definitiva en el citado juicio oral mercantil 599/2022, en la que se declaró procedente la vía oral mercantil, así como la nulidad absoluta del procedimiento de verificación y constancias derivadas del mismo, condenando a las demandadas a realizar los trámites correspondientes; y que del contenido de los artículos 356 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, se obtiene que las sentencias que no admitan recurso alguno, como la pronunciada en el citado juicio oral, causan ejecutoria por ministerio de ley, por tal motivo no se requiere declaración judicial al respecto. Asimismo, remitió copias certificada de la citada resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que el juez responsable declaró la nulidad absoluta del procedimiento de verificación y constancias derivadas del mismo, así como el ajuste de facturación 2762/2021, de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós; se condenó a la parte demandada a la cancelación del importe total de $5,333.79 (cinco mil trescientos treinta y tres pesos 79/100 M.N.) por concepto del aludido ajuste de facturación, respecto al número servicio 849 030 204 706, y se decretó el restablecimiento total del suministro de energía eléctrica en el domicilio del accionante, el cual cuenta con el servicio de energía eléctrica. En consecuencia, toda vez que el presente juicio fue promovido en contra del acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, en el que el juez responsable no admitió la medida cautelar solicitada por el aquí quejoso, para el efecto de que las demandadas se abstuvieran de cortar la energía eléctrica en el domicilio de la parte actora, y en dicho juicio natural el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, ya se dictó sentencia ejecutoria en la que el juez responsable declaró la nulidad absoluta del procedimiento de verificación y constancias derivadas del mismo, así como el ajuste de facturación 2762/2021; se condenó a la parte demandada a la cancelación del importe total por concepto del aludido ajuste de facturación, y se decretó el restablecimiento total del suministro de energía eléctrica en el domicilio del accionante, el cual cuenta con el servicio de energía eléctrica. Por tanto, es incuestionable que cambió la situación jurídica del procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues los efectos del acuerdo reclamado en el que no admitió la medida cautelar solicitada por el aquí quejoso, se derivan a partir de ese momento en el que ya se dictó sentencia ejecutoria, de modo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Por tal razón, deben considerarse consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al acto reclamado por no poder analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica. En esa medida, en el presente asunto se actualiza lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo además en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se SOBRESEE en este juicio de garantías, por haber cambiado la situación jurídica del procedimiento judicial del que proviene el acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, por cuanto hace a su contenido y en términos del artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia número VII. 1o. P. J/42, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999).- Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto". CONCLUSIÓN Por tanto, al haber cambiado la situación jurídica del procedimiento judicial del que proviene el acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XVII, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 63, fracción IV y 74 de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rigoberto Lozano González, en contra del acto y autoridad señalada, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
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Con esta fecha se notifica por lista a la parte tercero interesada la sentencia engrosada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo 1051/2022, promovido por Rigoberto Lozano González y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado a este Juzgado el catorce del mes y año en cita, Rigoberto Lozano González promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisarán (fojas 2 a 10). SEGUNDO. Por auto de quince de noviembre dos mil veintidós, se acordó: admitir la demanda; solicitar a la responsable su informe justificado y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 20 a 24). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 30) el emplazamiento del tercero interesado CFE Suministrador de Servicios Básicos Veracruz (89) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que se dice es susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental del gobernado, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de acto. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que el mismo consiste en: El acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio oral mercantil 599/2022 del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz (foja 2 vuelta). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, puesto que al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto que se le reclama (foja 30). Como se advierte, de las copias certificadas que como justificación de su informe acompañó la citada autoridad responsable; documentales que tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se trata de documento público expedido por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley; en ese tenor, se tiene como cierto el acto que se le atribuye a dicha autoridad. Son aplicables al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Definida la certeza del acto reclamado, debe examinarse si resulta procedente la acción de amparo, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que el suscrito procede al estudio de la que considera se surte en la especie. Así, es de señalar que a juicio del suscrito, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;= [.]". ANTECEDENTES A continuación se exponen los hechos relevantes del asunto, mismos que derivan de las constancias acompañadas por las autoridades responsables, como justificación de sus actos: 1). Mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil veintidós, Rigoberto Lozano González demandó en la vía Oral Mercantil, a CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución diversas prestaciones, y entre otras cuestiones, solicitó la medida cautelar para el efecto de que las autoridades demandadas mantuvieran el suministro de energía eléctrica, esto es, que se abstuvieran de cortar la energía eléctrica en el domicilio de la parte actora, a pesar de que existe un adeudo por ajuste de facturación (fojas 31 a 46). 2). En proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós el juez responsable, entre otras cuestiones, admitió a trámite la citada demanda, ordenó emplazar a la parte demandada y no admitió la medida cautelar solicitada por la parte actora (fojas 37 a 42). 3). Mediante oficio 2097/2022, el juez responsable informó que el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictó sentencia definitiva en el juicio oral mercantil 599/2022, en la que se declaró procedente la vía oral mercantil, se declaró la nulidad absoluta del procedimiento de verificación y constancias derivadas del mismo, condenando a las demandadas a realizar los trámites correspondientes. Asimismo, informó que del contenido de los artículos 356 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, se obtiene que las sentencias que no admitan recurso alguno, como la pronunciada en el citado juicio oral mercantil 599/2022, causan ejecutoria por ministerio de ley, por tal motivo no se requiere declaración judicial al respecto (foja 91). 4). Resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en la que la responsable dictó sentencia definitiva en el juicio oral mercantil 599/2022, de la que se advierte que se declaró la nulidad absoluta del procedimiento de verificación y constancias derivadas del mismo, así como el ajuste de facturación 2762/2021, de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós; se condenó a la parte demandada a la cancelación del importe total de $5,333.79 (cinco mil trescientos treinta y tres pesos 79/100 M.N.) por concepto del aludido ajuste de facturación, respecto al número servicio 849 030 204 706. Asimismo, se decretó el restablecimiento total del suministro de energía eléctrica en el domicilio del accionante, el cual cuenta con el servicio de energía eléctrica; que dicho servicio se encuentra sujeto al pago del importe del consumo respectivo conforme a las tarifas vigentes, como se establece en la cláusula sexta del acuerdo de voluntades respectivo, por lo que deberá sujetarse a ese clausulado (fojas 92 a 106). SUBSUNCIÓN De lo antes expuesto, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia citada en párrafos precedentes, ello en razón de que el acto reclamado es el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio oral mercantil 599/2022 del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, en el que el juez responsable no admitió la medida cautelar solicitada por el aquí quejoso, para el efecto de que las autoridades demandadas mantuvieran el suministro de energía eléctrica, esto es, que se abstuvieran de cortar la energía eléctrica en el domicilio de la parte actora, a pesar de que existe un adeudo por ajuste de facturación. Sin embargo, el juez responsable mediante oficio 2097/2022, informó que el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictó sentencia definitiva en el citado juicio oral mercantil 599/2022, en la que se declaró procedente la vía oral mercantil, así como la nulidad absoluta del procedimiento de verificación y constancias derivadas del mismo, condenando a las demandadas a realizar los trámites correspondientes; y que del contenido de los artículos 356 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, se obtiene que las sentencias que no admitan recurso alguno, como la pronunciada en el citado juicio oral, causan ejecutoria por ministerio de ley, por tal motivo no se requiere declaración judicial al respecto. Asimismo, remitió copias certificada de la citada resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que el juez responsable declaró la nulidad absoluta del procedimiento de verificación y constancias derivadas del mismo, así como el ajuste de facturación 2762/2021, de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós; se condenó a la parte demandada a la cancelación del importe total de $5,333.79 (cinco mil trescientos treinta y tres pesos 79/100 M.N.) por concepto del aludido ajuste de facturación, respecto al número servicio 849 030 204 706, y se decretó el restablecimiento total del suministro de energía eléctrica en el domicilio del accionante, el cual cuenta con el servicio de energía eléctrica. En consecuencia, toda vez que el presente juicio fue promovido en contra del acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, en el que el juez responsable no admitió la medida cautelar solicitada por el aquí quejoso, para el efecto de que las demandadas se abstuvieran de cortar la energía eléctrica en el domicilio de la parte actora, y en dicho juicio natural el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, ya se dictó sentencia ejecutoria en la que el juez responsable declaró la nulidad absoluta del procedimiento de verificación y constancias derivadas del mismo, así como el ajuste de facturación 2762/2021; se condenó a la parte demandada a la cancelación del importe total por concepto del aludido ajuste de facturación, y se decretó el restablecimiento total del suministro de energía eléctrica en el domicilio del accionante, el cual cuenta con el servicio de energía eléctrica. Por tanto, es incuestionable que cambió la situación jurídica del procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues los efectos del acuerdo reclamado en el que no admitió la medida cautelar solicitada por el aquí quejoso, se derivan a partir de ese momento en el que ya se dictó sentencia ejecutoria, de modo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Por tal razón, deben considerarse consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al acto reclamado por no poder analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica. En esa medida, en el presente asunto se actualiza lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo además en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se SOBRESEE en este juicio de garantías, por haber cambiado la situación jurídica del procedimiento judicial del que proviene el acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, por cuanto hace a su contenido y en términos del artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia número VII. 1o. P. J/42, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999).- Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto". CONCLUSIÓN Por tanto, al haber cambiado la situación jurídica del procedimiento judicial del que proviene el acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XVII, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 63, fracción IV y 74 de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rigoberto Lozano González, en contra del acto y autoridad señalada, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
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