Rigoberto Barrios Tegoma
Expediente 734/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rigoberto Barrios Tegoma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado ante la secretaria de guardia de este órgano jurisdiccional el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 9-20). SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de enero siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; emplazar a la tercera interesada y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita (fojas 21-26). Se emplazó al presente juicio de amparo a la tercera interesada Yadira Barrios Tegoma (fojas 89-95). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 33-34 y 37) e integrado que estuvo el asunto, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 153) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013. Por la vía, pues se reclama la determinación de un juez de control que durante la audiencia inicial declaró improcedente la incidencia de nulidad de actos de investigación planteada por la defensa del quejoso, violando con ello según el solicitante del amparo el derecho fundamental a una defensa adecuada, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La resolución emitida en la audiencia inicial de veintidós de diciembre de dos mil vente, en el proceso penal 19/2020 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actos de investigación planteado por la defensa del quejoso (resolución que fue notificada personalmente al quejoso el mismo día de su emisión, según se advierte del registro de audio y video respectivo). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. El Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, pues sostuvo que, contrario a lo señalado por el quejoso, no se realizaron violaciones de derechos humanos en la audiencia inicial de veintidós de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, de lo manifestado en el propio informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia de la declaratoria de improcedencia de la solicitud de nulidad de los datos de prueba aportados por la fiscalía, planteada por la defensa del aquí quejoso. Todo lo anterior, consta en el acta mínima de la audiencia inicial prevista por los artículos 307, 309, 310 y demás relativos al Código Nacional de Procedimientos Penales (fojas 37 y 144-151). Documentales que tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. De lo anterior, se aprecia la existencia de la resolución que reclama el quejoso de la autoridad responsable ya que, en efecto, en la audiencia inicial celebrada el veintidós de diciembre de dos mil veinte, el juez responsable declaró improcedente la solicitud de nulidad de los datos de prueba aportados por la fiscalía, planteada por la defensa del aquí quejoso. De ahí, que dicha negativa queda desvirtuada, lo anterior en observancia además de la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de la resolución reclamada, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se actualiza, se relatan brevemente los siguientes antecedentes del acto reclamado, obtenidos de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, que permitirán su comprensión: 1). Mediante oficio 1267/2020 de veintiséis de febrero de dos mil veinte, el Fiscal Sexto en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, solicitó al Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, fijar hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial de imputación en libertad en contra del aquí quejoso por su probable participación en la comisión del delito de amenazas (foja 39). 2). El veintidós de diciembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia inicial en el proceso penal 19/2020 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en la que el defensor del aquí quejoso planteó incidente de nulidad de actos de investigación (fojas 144-151). 3). Posteriormente, en la propia audiencia inicial la jueza de control, con apoyo en el artículo 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales convalidó las actuaciones de la carpeta de investigación y, declaró improcedente el incidente de nulidad planteado, atendiendo a lo establecido en el artículo 101 del citado código (fojas 144-151). 4). Finalmente, en la referida audiencia inicial de veintidós de diciembre pasado, la Jueza de Control dictó auto de no vinculación a proceso a favor del aquí quejoso Rigoberto Barrios Tegoma (fojas 144-151). Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, puesto que la autoridad judicial emitió un nuevo acto que incide en la vigencia y ejecutividad de la resolución que declara improcedente el incidente de nulidad de actos de investigación reclamada. Sobre esa base, como ya se dijo, en el presente juicio constitucional se reclamó la resolución dictada respecto al incidente de nulidad de actos de investigación, emitida en la audiencia inicial de veintidós de diciembre de dos mil veinte, en el proceso penal 19/2020 del índice estadístico del juzgado responsable, en que se declaró improcedente nulificar los actos de investigación allí señalados. No obstante, se observa que la jueza de control en la propia audiencia inicial de veintidós de diciembre de dos mil veinte, decretó auto de no vinculación a proceso a favor del imputado en el proceso penal 19/2020 (fojas 144-151). Tal situación pone de manifiesto que cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia; en el entendido que las consecuencias del mismo cesaron no porque la autoridad responsable haya derogado o revocado el acto mismo dando lugar a una situación idéntica a la existente antes del nacimiento de lo combatido; por el contrario, la cesación verificada se respalda en que, sin revocar o dejar insubsistente el acto, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la motivante de la acción constitucional, al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Esa actuación (auto de no vinculación a proceso dictado a favor del imputado aquí quejoso) a partir de la cual los efectos de la improcedencia de la nulidad de los actos de investigación planteada cesaron en definitiva, imposibilita cristalizar el fin que justificaba la importancia del juicio, esto es, el de obtener la reparación constitucional prevista en el arábigo 77 de la Ley de Amparo, de modo que ya no existe materia para una eventual reparación constitucional en los derechos del quejoso, pues aquél no fue vinculado a proceso a pesar de los datos de prueba aportados por la fiscalía, entre los que se encontraban los que la defensa pretendía nulificar a través del incidente de que se viene hablando. Por tanto, es claro que cesaron los efectos de dicho acto. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. Asimismo, por la idea que contiene, sirve de respaldo la tesis (V Región) 5o.19 P (10a.) de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. PARA QUE SE ACTUALICE DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA, EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN SU CONTRA, LO REVOQUE O MODIFIQUE Y DECRETE AUTO DE LIBERTAD. De la interpretación de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos del acto reclamado, a saber: a) Por revocación y, b) Por sustitución. El segundo supuesto se actualiza cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por ese motivo, el juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la segunda de las hipótesis respecto del auto de formal prisión dictado por el Juez de primera instancia, cuando éste, a su vez, se impugna a través del recurso de apelación, que previo al amparo lo resuelve el tribunal de alzada, cuyo sistema recursivo permite pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo de primera instancia. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia, lo que impide decidir la constitucionalidad del auto de formal prisión inicialmente reclamado. Así, para considerar que cesaron los efectos del acto reclamado por sustitución procesal, es innecesario que el tribunal de alzada tenga que decretar auto de libertad, pues aun cuando se confirme o modifique el de primera instancia, los efectos del acto cesan, en razón de que son cancelados jurídicamente, y aunque materialmente sigan produciéndose consecuencias semejantes a las derivadas del acto reclamado, ahora éstas tienen su origen en el nuevo pronunciamiento, en razón de que la determinación de la situación jurídica depende de la decisión de segunda instancia, la cual dio firmeza a la anterior, y la sustituyó. Sin que ello implique un cambio en la situación jurídica de la persona, pues sigue teniendo la misma que ostentaba, aunque ahora con carácter de definitiva." CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se concreta el motivo de improcedencia aquí analizado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XIII, se sobresee en este juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales contenidos en la presente sentencia, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roberto Barrios Tegoma, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Lo anterior se notifica por este medio a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio con anexos, signados por el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento con lo solicitado mediante proveído de diecinueve de abril del año en curso, por lo que queda sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de incumplimiento. Por lo que, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, con las copias certificadas de la causa penal 19/2020, instruida en contra del aquí quejoso. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, señalada para el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que del oficio con anexos, remitidos por el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz; y en alcance a su informe justificado, manifestó que en la causa penal 19/2020, dictó auto de no vinculación a proceso al aquí quejoso RIGOBERTO BARRIOS TEGOMA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo vigente, además con apoyo en la jurisprudencia P./J. 17/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima necesario recabar diversas constancias para analizar la constitucionalidad e inconstitucionalidad del acto reclamado, por lo que requiérase a la autoridad responsable 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copias certificadas completas, íntegras, legibles y ordenadas del auto de no vinculación a proceso dictado en la causa penal 19/2020 de su índice, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, o no manifestar el impedimento que tiene para hacerlo, se le impondrá multa de cien hasta mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. Ahora, dado que el día de hoy se requiere constancias al Juez responsable; a fin de observar lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan LAS DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese en términos de ley.
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