Rigoberto Hernández López
Expediente 859/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rigoberto Hernández López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
IV. Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada, a ésta última como se encuentra ordenado mediante auto de veintidós de noviembre del año que transcurre, la sentencia engrosada el veintitrés del mes y año en curso, misma que a la letra dice: SENTENCIA.... Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 859/2022y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós ante el buzón judicial de los Juzgados Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, y turnado a este órgano jurisdiccional el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, ********************solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 2 a 7). SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de veintiocho de septiembre siguiente, se acordó admitir a trámite la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló alegatos, fijar data y hora para celebrar audiencia constitucional; sin aperturar el incidente de suspensión; y emplazar a la tercera interesada ********************(fojas 09 a 16). TERCERO. Trámite. El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se acordó tener por legalmente emplazada al presente juicio a la tercera interesada ********************(fojas 45 y 46) quien no compareció al presente juicio de amparo. CUARTO. Audiencia Constitucional. Finalmente, agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable quien no hizo valer causal de improcedencia (fojas 24 a 30) la audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós (fojas 48 y 49); sin que hasta el momento obre constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, en virtud de que se reclama de un tribunal del civil el retardo en la administración de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que es susceptible de afectar el derecho fundamental de acceso a la justicia, e impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) en razón que se actúa como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el suscrito al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos) e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable se tiene que, el acto en realidad reclamado en el presente juicio es: La omisión de acordar el escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el juicio civil ********************, del índice estadístico de la autoridad responsable, en donde se solicita fecha y hora para la audiencia prevista por el artículo 143 del Código Civil de Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz (foja 24). Además, lo anterior se corrobora con las propias documentales que adjuntó la responsable como pruebas de su informe justificado, deducidas del juicio ordinario civil ******************** de su índice administrativo (fojas 25 a 30). Documentales a las que se les confieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley, y de las que se advierte la existencia de la omisión aquí combatida. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. En el juicio de amparo es posible impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por ello, es un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos. La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda y, por ende, supone algunas circunstancias - de hecho o de derecho - que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio. Tales circunstancias están previstas como hipótesis en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no ilusoria. De ahí que siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, Octava Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, con registro digital 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, como la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, con Registro digital 165538 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Señalado lo anterior, a juicio del suscrito, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la improcedencia de este juicio cuando se promueva contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la aparte quejosa. MARCO NORMATIVO A efecto de analizar la causa de improcedencia invocada debe acudirse al contenido del precepto legal mencionado, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." SUBSUNCIÓN En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el juicio civil ********************, del índice estadístico de la autoridad responsable, en donde solicita data y hora para la audiencia prevista por el artículo 143 del Código Civil de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Omisión que si bien es cierto, como lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, hasta el tres de octubre de dos mil veintidós, emitió el acuerdo en el que acordó turnar a resolver en el juicio natural; proveído que fue notificado por lista de acuerdos en la misma data; para lo cual acompañó copia certificada de las actuaciones deducidas del juicio ordinario civil ********************, entre las que se encuentra el proveído citado. Constancias que como se dijo, se les confiere pleno valor probatorio; en ese orden de ideas, es claro que cesaron los efectos de la omisión aquí reclamada en el juicio ordinario civil ********************, pues la misma ya fue emitida y notificada por lista de acuerdos a la parte actora del juicio natural, lo que tiene como efecto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho constitucional violado. Máxime que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, sin que manifestara algo al respecto, lo que evidencia que el acto reclamado ha cesado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Lo anterior impide el estudio de fondo del asunto, en virtud de que el objeto de la causa prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es evitar la constitucionalidad de un acto que ya no afecta la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, puesto que en el caso particular, ya se corrigió lo reclamado por la parte quejosa. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado, respecto del aludido acto reclamado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado señalado en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza del Juzgado Municipal de Paso de Ovejas, Veracruz, mediante el cual devuelve DILIGENCIADO el despacho 1000/2022-D/IV/AC, el cual se libró a efecto de emplazar a la tercera interesada Silvia Caiseros Ruiz; por tanto, dese de baja el despacho de mérito, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva para tal efecto en este Juzgado. En esas condiciones, téngase por legalmente emplazada a la citada tercera interesada, para los efectos legales procedentes, y en atención a las constancias de notificación de las que se advierte que la mencionada tercera interesada en el acto de la diligencia no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta plaza; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, y se ordena a la actuaria adscrita a este juzgado hacer las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal por lista de acuerdos, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, a la citada tercero interesada. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Juez Decimocuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, así como por recibidas las constancias que en copia certificada acompaña, deducidas del expediente 2812/2021, juicio ordinario civil, de su índice estadístico, por lo que, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la aludida responsable la documental que acompaña, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En otro aspecto, de la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que entre la presente fecha en que se atiende el informe de la referida autoridad, y la fecha de la audiencia constitucional (señalada para el nueve de noviembre próximo) no mediará el plazo de ocho días de vista. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto (nueve de noviembre del año en curso) no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del invocado artículo 117 de la Ley de Amparo, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.
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