Rita Emilia Cruz Peña
Expediente 1066/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rita Emilia Cruz Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte quejosa, el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.
- Principal
VI. Con esta fecha se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, por haber señalado este medio para oír y recibir notificaciones en su nombre, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1066/2022 promovido por Rita Emilia Cruz Peña. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-8). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecisiete de noviembre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, designar un asesor jurídico federal para que represente a la quejosa en este juicio (fojas 14-17). El veintitrés de noviembre siguiente, se acordó: tener a Alfonso Sánchez Luna, como asesor jurídico federal de la quejosa (fojas 27-28). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 54-63) e integrado el expediente, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 49) la cual se llevó a cabo en el horario y día fijados. Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclaman omisiones de una autoridad administrativa, impugnables en amparo indirecto, conforme al numeral 107, fracción II, de la Ley de Amparo. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, dado que las omisiones reclamadas prescinden de ejecución material. SEGUNDO. Fijación actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que consiste en: La omisión de dar la orden para realizar el pago de la pensión económica de adulto mayor a favor de la quejosa, derivado del registro de la solicitud respectiva. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierta la omisión reclamada al Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz, en Xalapa. Lo anterior se estima de esa manera, pues a pesar de que la autoridad responsable en su informe justificado negó la omisión reclamada, lo cierto es que también reconoció que la quejosa aún no se encuentra incorporada al padrón de beneficiarios del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a pesar de la solicitud que ésta realizó (fojas 54-63). De ahí, que se estime que al día en que se presentó la demanda de amparo con que se formó el presente asunto, que lo fue el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, sí existía la omisión reclamada. CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima se concreta el motivo improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que cesaron los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se concreta, se relatan los antecedentes del acto reclamado que permitirán su mejor comprensión: 1). Mediante trámite con folio 1 4687810, presentado por Rita Emilia Cruz Peña ante la Secretaría de Bienestar el veintitrés de junio de dos mil veintidós, solicitó su inscripción en el Programa de Pensión para Personas Adultas Mayores (foja 10). 2). Por oficio 150/BII/COAGP/002, de cinco de enero de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador Operativo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en Veracruz y, en relación con la omisión reclamada por la quejosa en su demanda de amparo, informó: ".Respecto a los puntos 1 y 2 de su escrito, que previa búsqueda realizada en los registros digitales se encontró que el trámite referente al Formato Único de Bienestar (FUB) No. 14687810, de fecha 24 de junio del 2022 fue capturado en el Sistema de Información del Formato Único de Bienestar (SIFUB), pasando así el proceso de Validación de Datos y a su vez determinado como procedente, mismo trámite que a la fecha se encuentra en proceso de entrega de tarjeta bancaria, misma información fue verificada mediante el portal electrónico http://pension.adultosmayores.bienestar.gob.mx/index/centro... Respecto del punto 3, 4 y 5 de su escrito, la respuesta es negativa, toda vez que la C. RITA EMILIA CRUZ PEÑA, aún no se encuentra incorporada dentro del padrón de beneficiarios del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin embargo se está a la espera de la entrega de su tarjeta bancaria, si bien es cierto que a nivel constitucional se proclama el Derecho a la Pensión de Adulto Mayor, es importante resaltar que la incorporación al sistema se realiza al momento que la Instancia Ejecutora emite el medio de cobro correspondiente, tal y como lo establece el numeral 4.2, séptimo párrafo de las reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2023, que a la letra establece: 4.2 Procesos de Acceso El proceso para el acceso a la pensión es el siguiente: La entrega de la primera orden de emisión de pago o medio de cobro hará las veces de aviso de incorporación al programa. En consecuencia, de lo anterior, el pago retroactivo no es aplicable por el solo hecho de cumplir la edad de 65 años, es indispensable realizar el registro ante la Secretaría de Bienestar, pasar por el proceso de validación de la información del solicitante y hasta que dicha solicitud sea autorizada y el adulto mayor sea incorporado en el padrón de beneficiarios del Programa, es como adquiere el derecho a recibir el apoyo que brinda cl citado Programa o en todo caso, cuando se emita su medio de cobro y la emisión de pago dentro del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Veracruz." (foja 72) 3). Obra agregada al expediente copia del ACUSE DE RECIBO DE TARJETA BANCARIA, con folio 5875416, expedido por el Gobierno de México, Secretaría de Bienestar, Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Veracruz, de la que se advierte que el trece de enero de dos mil veintitrés fue entregada a la quejosa Rita Emilia Cruz Peña, la tarjeta 5515071113793168, quien la recibió de conformidad, quedando registrada en el referido programa con el número de beneficiario 30239440 (foja 90). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del inicial acto reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Lo que se sostiene, en la medida que del análisis de las constancias que remitió como justificación de sus actos la autoridad responsable, se desprende que el trece de enero de dos mil veintitrés fue entregada a la quejosa Rita Emilia Cruz Peña, la tarjeta bancaria 5515071113793168, quien la recibió de conformidad, quedando registrada en el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Veracruz con el número de beneficiario 30239440. Luego, si la quejosa reclamó la omisión de dar la orden para realizar el pago de la pensión económica de adulto mayor a favor de la quejosa derivado del registro de la solicitud respectiva y, conforme a lo informado por la autoridad, la incorporación de las personas al aludido programa se realiza al momento en que se emite la tarjeta bancaria respectiva, lo cual ya aconteció; entonces, es claro que cesó en sus efectos la omisión reclamada por la quejosa, al haberla incorporado la autoridad al programa, entregándole la tarjeta bancaria respectiva y registrándola con el número de beneficiario 30239440; máxime que se advierte que la quejosa recibió de conformidad la aludida tarjeta bancaria. Todo lo anterior se traduce en un nuevo acto que incide en la vigencia y ejecutividad del inicial acto reclamado, en la medida que con la entrega a la quejosa de la tarjeta bancaria y su alta en el programa de que se trata, fue sustituida la omisión de la autoridad responsable de no atender su solicitud de registro en aquél. Por ende, es claro que cesaron los efectos de dicho acto, al haber desaparecido en su totalidad tal omisión o abstención. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que, si bien dicha jurisprudencia se originó con anterioridad a la Décima Época aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se concreta el motivo de improcedencia aquí analizado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no hicieron manifestación alguna en el sentido de oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rita Emilia Cruz Peña, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Guillermo Rafael Cruz Peña, en su carácter de representante legal de la aquí quejosa Rita Emilia Cruz Peña, personalidad que se encuentra acreditada en autos, y en atención a su contenido, téngasele haciendo manifestaciones en vía de alegatos, y con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, ofreciendo como prueba de su parte la documental que anexa a su ocurso de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, con apoyo en el artículo 124 de la ley de la materia. Sin que pase inadvertido para el suscrito que de la lectura integral del escrito de cuenta, no se haya asentado correctamente el número del juicio de amparo 1066/2022, lo cual obedeció a un error mecanográfico, ya que todos los demás datos corresponden a este expediente; por lo que en aras de una pronta y expedita administración de la justicia de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, se provee lo conducente. Siendo ilustrativa al respecto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Rita Emilia Cruz Peña, parte quejosa en el presente asunto; en atención a su contenido, como lo solicita, se tiene por revocada la designación de asesor jurídico federal a Alfonso Sánchez Luna, por los motivos que expone en su escrito de cuenta; en consecuencia, notifíquese vía electrónica lo anterior a dicho asesor para los efectos legales procedentes. Asimismo, una vez realizada dicha notificación, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que revoque el acceso al expediente electrónico relativo al presente juicio, al usuario "ifdp.asl", por corresponder al asesor jurídico en comento. De igual manera, hágase del conocimiento a los actuarios adscritos a este Juzgado Federal que ya no se deberán realizar las notificaciones vía electrónicas a la parte quejosa. Ahora, como lo solicita la peticionaria de amparo, se le tiene reconociendo como representante legal de la quejosa, a Guillermo Rafael Cruz Peña, personalidad que con fundamento en el artículo 6° de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocida con la carta poder en original que obra en autos, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar; de igual forma, toda vez que la quejosa no señaló domicilio dentro de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, estese a lo acordado en el auto de inicio de diecisiete de diciembre de dos mil veintidós, por lo que notifíquese por lista las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale un domicilio dentro de la zona antes indicada. Por su parte, en relación a las copias que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por el que se ordenó la expedición de copias a las partes sin que se requiera de previa promoción. Finalmente, no ha lugar a tener por designado los medios alternativos que menciona para la práctica de notificaciones (correo electrónico y teléfono) ya que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía ese medio alternativo, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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