Rikcoy Pichardo Anaya
Expediente 899/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 899/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rikcoy Pichardo Anaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Atento a la certificación secretarial de cuenta se obtiene que el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, conferido a las partes mediante proveído de nueve de octubre hogaño, les fenecerá el diez de noviembre próximo, en atención a que dicho proveído se notificó por lista de acuerdos publicada el pasado diez de octubre, y surtió efectos el once de octubre siguiente, por lo que comenzó a transcurrir el trece de octubre de esta anualidad; con descuento de los días inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, de las Circulares 28/2023 y 29/2023 de diecinueve y veinticinco del actual, signados electrónicamente por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en las que declararon inhábiles los días dieciséis al veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, así como de los días uno, dos y tres de noviembre de este año, de conformidad con la diversa circular 12/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el invocado artículo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto (hoy nueve de noviembre) no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del invocado artículo 117 de la Ley de Amparo, y con el fin de no dejar sin defensa a ninguna de las partes, el suscrito determina diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fecha que se fija tomando en consideración las cargas de trabajo y la disponibilidad en la agenda de audiencias que se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, así como por recibidas las constancias que en copia certificada acompaña, deducidas del juicio ordinario civil ********************, por lo que, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la aludida responsable la documental que acompaña, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Ahora, dadas las características de la aludida documental, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado para el mejor manejo del presente asunto. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En otro aspecto, de la certificación con que se da cuenta se obtiene que, entre la presente fecha en que se atiende el informe, y la fecha de la audiencia constitucional (señalada para el diecinueve de octubre próximo) no mediará el plazo de ocho días de vista. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto (diecinueve de octubre del año en curso) no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del invocado artículo 117 de la Ley de Amparo, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte tercero interesada y por lista de acuerdos a la parte quejosa, por así estar ordenado en autos, el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el oficio y anexo de cuenta con registro 16144, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa y a la parte tercero interesada, el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de cinco de septiembre del presente año, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, la que desahogó la parte quejosa, por conducto de su autorizado, por escrito presentado en línea ante este juzgado el diez de septiembre de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Rikcoy Pichardo Anaya, para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 894/2022 de su índice. 2). En su lugar, emita una nueva determinación, en la que, por una parte, reitere las consideraciones que no son motivo de protección constitucional y, por otra, de manera fundada y motivada: i. Exponga los razonamientos lógico-jurídicos que, en su caso, respalden y den sentido a la conclusión relativa del por qué, a su juicio, la existencia del juicio 641/2022 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, seguido contra el actor, aquí quejoso, en automático, genera la reducción del porcentaje de la pensión; particularmente, cuál es la base jurídica y fáctica, para sustentar que cuenta con una fuente de ingresos, en qué consiste y qué cuantía tiene. ii. Solventado el anterior punto de concesión y con base en el material probatorio aportado hasta esa fase procesal de la reclamación, exponga los motivos por los cuales el nuevo porcentaje que al efecto fije, pudiendo incluso decretar el mismo porcentaje al anterior, pero en ningún momento uno inferior e éste, sea suficiente para solventar las necesidades del quejoso actor, para lo cual deberá señalar cuáles son esas necesidades, atendiendo a lo alegado y probado por las partes, así como a los hechos notorios que no requieren ser probados." Inconforme con dicha resolución, el tercero interesado interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, quien mediante ejecutoria dictada el diez de agosto de dos mil veintitrés en el amparo en revisión 495/2022 de su estadística CONFIRMÓ la sentencia pronunciada por este Juzgado. En consecuencia mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de cinco de septiembre actual se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, ya que por oficio número 7233/23, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución de uno de septiembre del año en curso, dictada en autos del juicio ordinario civil 894/2022-II de su índice, bajo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz. De la resolución antes referida, se advierte que el juez responsable, en cumplimiento al fallo constitucional, dejó insubsistente la resolución dieciséis de agosto de dos mil veintidós, y turnó los autos para emitir una nueva determinación en la reclamación planteada por la demandada (aquí tercero interesada) y prevista en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; lo anterior bajo las siguientes consideraciones: Determinó parcialmente procedente la reclamación planteada por la demandada, por lo cual, considero regraduar el monto de la pensión provisional alimenticia fijada en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, donde se le decretó a la demandada una pensión alimenticia provisional consistente en el 20 % (veinte por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe la demandada, aquí tercero interesada, de su fuente laboral, para fijar en un 10% (diez por ciento) del sueldo y demás prestaciones que recibe a favor de la parte quejosa actora, porcentaje que considero suficiente para sufragar las necesidades más apremiantes. Para ello, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo realizó el análisis siguiente, esto es, para determinar que el diez por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe de la demanda Anabell García Cazarin, el quejoso actor, asciende a la cantidad de $2,738.45 (dos mil setecientos treinta y ocho pesos, con cuarenta y cinco centavos moneda nacional) son suficiente para sufragar las necesidades más apremiantes del quejoso, consideró en primer lugar, ello con motivo de su capacidad económica que asciende a la cantidad de $37,275.78 (treinta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos con setenta y ocho centavos) mensualmente como producto de su trabajo como Directora del Jardín de Niños, lo que fue acreditado con la constancia con número de folio 2200234398, exhibida por la señalada demandada, medio de prueba que le otorgó valor probatorio en términos de los artículos 225, 235 fracción II y VII, 261 fracciones III, 262 y 337 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 653 del Código Civil, ambos para el Estado de Veracruz, medio de convicción que además fue concatenado con la confesión hecha por la misma demandada en el sentido que ella es la máxima proveedora, que siempre ha proporcionado comida, diversiones, alimentos y educación, así como, el que le pago los estudios a la parte actora, asimismo, que ella es la que ha cargado con la mayor parte de los gastos, confesiones que fueron valoradas en términos de los numerales 225, 316 y 320 del Código Procesal de la materia. Así, también de la documental agregada a sobre cerrado en foja treinta y nueve de autos, relativa a las semanas de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre de Rikcoy Pichardo Anaya, la cual, le dio valor indiciario y que concatenó con las copias certificadas deducidas del Juicio Ordinario Civil número 641/2022 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en materia Familiar de este distrito judicial, en términos de los numerales 210, párrafo último, 225 y 337, del código procesal de materia, pruebas de las que se aprecian que el salario base diario que percibe el quejoso actor ante la empresa denominada Aluminio Texcoco SA de CV, consiste en la cantidad de cuatrocientos sesenta y ocho pesos con cuarenta y siete centavos ($468. 47 M.N.); que si bien no obra en actuaciones documental alguno que ilustre cuales son las deducciones legales y personales que tiene el demandante, lo cierto es que, del legajo de copias certificadas deducidas del expediente 641/2022 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en materia Familiar de este distrito judicial, se puede apreciar que el quejoso accionado formula como parte demandada en dicho sumario, siendo que, en fecha siete de abril del dos mil veintidós, se asignó como pensión alimenticia provisional para sus dos hijos, el cuarenta y cinco por ciento sobre su salario y demás prestaciones que perciba como empleado de la empresa Extrusiones Metalicas, con razón social, Aluminio Texcoco S.A. de C.V., ordenándose girar el oficio de descuento para ello, por lo que resulta de restar dicha cantidad el descuento, le queda como producto de su relación laboral con la citada empresa la cantidad de $257.65 pesos (doscientos cincuenta y siete pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional), lo que de forma mensual resulta un aproximado de $7,729 pesos (siete mil veintinueve pesos 00/100 moneda nacional). Motivos anteriores por lo que considero reducir la pensión alimenticia en virtud de que el quejoso tiene una fuente de ingresos y que es un hecho notorio que el quejoso cuente con gastos para su subsistencia, como lo es el arrendamiento, ya que de la confesión de la demandada la cual le dio valor probatorio en términos de los artículos 316 y 320 del código procesal de la materia, en la que manifestó que lo había corrido del hogar conyugal, así como, gastos de alimentos, calzado, vestimenta y transporte para trasladarse a su fuente de trabajo, quedando con lo anterior demostrado que la demanda Anabell García Cazarin es quien soporta los mayores gastos del hogar e incluso proveer económicamente al quejoso de gastos de educación, es por ello, que en aras la principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242 del Código Civil, procedió a regraduar el monto provisional de alimentos sin llegar al extremo de situar al quejoso en un estado de indefensión económica, sin perjuicio que en sentencia definitiva se resuelva, tras recolectar mayores datos de prueba. Por tanto, con lo anteriormente expuesto, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, toda vez que el juez responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar emitió nueva determinación, en la reiteró las consideraciones que no fueron materia de concesión constitucional, y en base a los lineamientos dictados en la ejecutoria, concluyó que el porcentaje del diez por ciento que regraduó del veinte por ciento que originalmente había señalado, resulta suficiente en atención a lo impuesto por el artículo 242 del código sustantivo de la materia, pues no vulnera económicamente a la demandada Anabell García Cazarin y resulta suficiente para que el aquí quejoso, pueda soportar sus gastos necesario para mantener una vida decoroso como comida, calzado, vestimenta, habitación y transporte, sin que ello finque toda la responsabilidad de su subsistencia a la demandada (aquí tercero interesada), máxime que el quejoso actos cuenta con un remuneración como producto de su relación laboral con Aluminio Texcoco S.A. de C.V., además que hasta este momento procesal no cuenta con dato de prueba que determine a cuánto ascienden los gastos del aquí quejoso, siendo notorio que dichos gastos existen al ser estos parte de una vida digna, sin perjuicio que con mayores medios de convicción se resuelva en sentencia de fondo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, mediante escrito presentado en línea ante este juzgado el diez de septiembre del actual año, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados; además, dichas manifestaciones no fueron objeto de estudio en el presente juicio, lo cual entrañaría un nuevo acto que no es materia de concesión del presente fallo amparador, y por tanto, el suscrito se encuentra impedido a pronunciarse respecto al mismo. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de treinta de agosto de dos mil veintitrés (fojas 41 a 44 del original del incidente de suspensión relativa al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
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