Rigoberto Hernández López
Expediente 45/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 45/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Silvia Caiseros Ruiz
- Rigoberto Hernández López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, quince de mayo de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 45/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de cuatro de mayo pasado, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ordenándose el archivo del presente asunto como totalmente concluido; sin que en dicho auto se proveyera en relación a los cuadernos incidentales relativos al presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y, se procede a acordar lo siguiente: Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE e insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión relativo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto a todos los actos reclamados, en resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 27-30) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de cuatro de mayo pasado, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ordenándose el archivo del presente asunto como totalmente concluido; sin que en dicho auto se proveyera en relación a los cuadernos incidentales relativos al presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y, se procede a acordar lo siguiente: Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE e insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión relativo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto a todos los actos reclamados, en resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 27-30) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la 1. Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 45/2023 y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de enero dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, Rigoberto Hernández López, promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye a la Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz (fojas 03 a 06). SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de veinticinco siguiente, se acordó admitir a trámite la demanda de amparo; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegatos, fijar data y hora para celebrar audiencia constitucional; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; tramitar el incidente de suspensión; emplazar a la tercera interesada Silvia Caicero Ruiz (fojas 09 a 14). TERCERO. Trámite. Mediante proveído de seis de marzo del presente año, se tuvo por legalmente emplazada al presente juicio a la tercera interesada Silvia Caicero Ruiz (fojas 36 y 37). CUARTO. Audiencia constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable y con el cual se ordenó formar un cuaderno de pruebas, quien no hizo valer causales de improcedencia (foja 24) la audiencia constitucional tuvo verificativo el trece de marzo de dos mil veintitrés (foja 39). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, en virtud de que se trata de un acto omisivo de una autoridad judicial, que trasgrede el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio ya que, al tratarse de un acto omisivo, la parte quejosa eligió promover el presente juicio ante esta autoridad judicial, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de amparo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuál es el acto reclamado, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente el informe justificado rendido por la autoridad responsable se tiene que, el acto reclamado en el presente juicio es: La omisión de acordar la solicitud de cuatro de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual solicita se deje sin efectos la pensión alimenticia decretada a favor de la aquí tercera interesada Silvia Caicero Ruiz, con motivo del divorcio realizado dentro del juicio ordinario civil 3460/2021, del índice de la autoridad responsable. Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ha lugar a tener por cierto el acto que la parte quejosa atribuye al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz. Lo anterior, no obstante que al rendir su informe justificado sostuvo: ". Cabe señalar que el acto que la quejoso reclama es el hecho de que no se acordó sobre su escrito de presentación de fecha dos de diciembre del año próximo pasado, en donde solicita la cancelación de la pensión alimenticia dado que las partes a la fecha se encuentran divorciados, escrito al cual recayó acuerdo de fecha veinte de enero del año en curso, en el cual en su parte final indica que no ha lugar a lo solicitado toda vez que lo respectivo a la pensión alimenticia se vera en sentencia de fondo..." (Foja 24 vuelta). Documentos que alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley; pues de ésta se advierte la omisión reclamada en el presente juicio, es decir, de acordar la solicitud de cuatro de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual se solicita se deje sin efectos la pensión alimenticia decretada a favor de la aquí tercera interesada Silvia Caicero Ruiz, con motivo del divorcio realizado dentro del juicio ordinario civil 3460/2021, del índice de la autoridad responsable. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."" Sin embargo, a juicio del suscrito juzgador, se estima que las documentales ofrecidas no son útiles para demostrar que al día en que se presentó la demanda con que se formó el presente juicio de amparo, que lo fue el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se hubiere dado respuesta a la petición realizada el cuatro de ese mes y año, por la parte quejosa. En esas condiciones, debe tenerse por cierto el acto reclamado. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que se precisó en el punto anterior, conforme a los conceptos de violación expresados. QUINTO. Estudio de la inconstitucionalidad del acto reclamado. Se procede al análisis de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." MARCO NORMATIVO En atención a que la cuestión a dirimir en el presente asunto está relacionada con trasgresiones a la garantía de acceso a la justicia, en su vertiente a una tutela jurisdiccional efectiva, prevista en el artículo 17 Constitucional, así como al artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es conveniente referir la regulación constitucional y legal de ambos aspectos. El artículo 17 Constitucional, en la parte que interesa, señala: "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ." En el precepto transcrito se consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia a favor de los gobernados y conforme a los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, y las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales; esto es, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. De modo que las autoridades judiciales o las que realizan actos materialmente jurisdiccionales, están obligadas a su observancia, pues de faltar a cualquiera de los principios contemplados en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizan la violación al derecho de impartición de justicia pronta, lo que tiene apoyo en la tesis de rubro que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De igual forma, el artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contempla como derecho humano el derecho a obtener justicia dentro de un plazo razonable, en los siguientes términos: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." En relación con lo anterior, conviene tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sustentado que la función de los órganos judiciales intervinientes en un proceso no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar que se realice en un tiempo razonable. Criterio que es vinculante para el Estado Mexicano en términos de la tesis P. LXV/2011 (9a.) de rubro: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO". ANTECEDENTES Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, en relación con las constancias procesales que integran las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil 3460/2021, que la autoridad responsable remitió en justificación de sus actos, que adquieren el carácter de premisa menor, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber: 1. Por escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, Silvia Caicero Ruiz (tercera interesada en el presente juicio) por su propio derecho, y en representación de su hija menor de edad de apellidos Hernández Caicero demandó en la vía ordinaria civil a Rigoberto Hernández López (quejoso en el presente asunto) entre otras prestaciones, el pago de pensión alimenticia (fojas 2 a 7, cuaderno de pruebas). 2. En proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el juez responsable admitió la demanda de referencia y ordenó el emplazamiento del demandado (lo que se hizo el tres de diciembre de dos mil veintiuno) y decretó como medida cautelar, pensión alimenticia provisional a cargo del demandado el 40% (cuarenta por ciento) de manera mancomunada para la esposa y la hija menor de edad, ello sobre el salario y demás prestaciones que percibe como empleado de la Tubos de Acero de México, S. A. (fojas 12 a 16 y 29, cuaderno de pruebas). 3. En auto de diez de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por Rigoberto Hernández López (aquí quejoso) quien en tiempo interpuso recurso de reclamación respecto de la medida provisional decretada por el juez el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, consistente en la pensión alimenticia provisional a favor de Silvia Caicero Ruiz y de su menor hija de edad de apellidos Hernández Caicero; se dio vista a la demandante, misma que se tuvo por desahogada el ocho de marzo siguiente (fojas 31 y 48, cuaderno de pruebas). 4. El diez de junio de dos mil veintidós, el juez responsable dictó la resolución en la cual, al estimar improcedente la reclamación promovida por el demandado, decretó intocable el monto de la pensión alimenticia provisional decretada en acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el entendido que a cada acreedor alimentario (cónyuge y su hija menor de edad) le corresponden el 20% (veinte por ciento) a cada una (fojas 55 a 58, cuaderno de pruebas). 5. Seguida la secuela procesal, se advierte que mediante escrito de dos de diciembre de dos mil veintidós, el abogado de la parte demandada Rigoberto Hernández López (aquí quejoso) presentó ante la autoridad responsable un ocurso en el que solicitó lo siguiente: ". Dado el estado procesal de los presentes autos, así como de la sentencia y auto de fechas diez de octubre de dos mil veintidós y veintidós de noviembre de dos mil veintidós dictados dentro juicio 2812/2021-V del índice de este mismo Juzgado, de donde se advierte que Silvia Caicero Ruiz ya no tiene derecho a percibir alimentos por parte del suscrito, atendiendo a que se decretó la disolución del vínculo matrimonial. Por medio del presente vengo a solicitar se sirva decretar dejar sin efectos el embargo del 20% del sueldo y demás prestaciones que percibe Rigoberto Hernández López, que fue decretado a favor de Silvia Caicero Ruiz.." (Foja 77 del tomo de pruebas). Al cual acompañó pago del derecho de expedición del acta de divorcio, así como la copia certificada de la resolución de diez de octubre de dos mil veintidós, emitida dentro de un diverso juicio ordinario civil 2812/2021-V, del índice de la misma autoridad aquí responsable, en el que se advierte que se decretó la disolución del vínculo matrimonial de Rigoberto Hernández López y Silvia Caicero Ruiz. 6. El autorizado de la parte quejosa el cuatro de enero del presente año, presentó escrito ante la autoridad responsable, en el que solicitó: ". dejar sin efectos el embargo del 20% del sueldo y demás prestaciones que percibe Rigoberto Hernández López, que fue decretado a favor de Silvia Caicero Ruiz. Ordenándose girar atento oficio a la fuente de trabajo de Rigoberto Hernández López." (foja 07). 7. Auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se acordó el escrito de dos de diciembre de dos mil veintidós: ". Respecto de su escrito con registro número 123, se le tiene por exhibida pago de derechos de expedición de acta de divorcio, respecto a la cancelación de pensión alimenticia no ha lugar a lo solicitado toda vez que lo referente a la pensión alimenticia se vera en sentencia definitiva, lo anterior de conformidad con el artículo 17 Constitucional." (Foja 73 del tomo de pruebas). SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, de la lectura integral de la demandada de amparo, se advierte que la parte quejosa sostiene que el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, infringe en su perjuicio su derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que sin motivo ha sido omiso en acordar su escrito de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio ordinario civil 3460/2021, por medio del cual solicitó se dejara sin efectos la pensión alimenticia decretada a favor de la aquí tercera interesada Silvia Caicero Ruiz, con motivo de que existe el acta de divorcio número 56, que le fuera expedida por el oficial del Registro Civil de Paso de Ovejas, Veracruz. En aras de una pronta y expedita administración de justicia, se estima que el concepto de violación que aquí se analiza es fundado pero inoperante, como se verá a continuación. En efecto, de autos se advierte que, la autoridad responsable ha sido omisa en acordar el escrito de cuatro de enero de dos mil veintitrés, no obstante por razones de economía procesal, a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se provea su petición, toda vez que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo. En efecto, de autos se advierte que el abogado de la parte demandada, aquí quejoso Rigoberto Hernández López, el dos de diciembre de dos mil veintidós, solicitó por escrito lo siguiente: ". Dado el estado procesal de los presentes autos, así como de la sentencia y auto de fechas diez de octubre de dos mil veintidós y veintidós de noviembre de dos mil veintidós dictados dentro juicio 2812/2021-V del índice de este mismo Juzgado, de donde se advierte que Silvia Caicero Ruiz ya no tiene derecho a percibir alimentos por parte del suscrito, atendiendo a que se decretó la disolución del vínculo matrimonial. Por medio del presente vengo a solicitar se sirva decretar dejar sin efectos el embargo del 20% del sueldo y demás prestaciones que percibe Rigoberto Hernández López, que fue decretado a favor de Silvia Caicero Ruiz.." (Foja 76 del tomo de pruebas). Por otra parte, se aprecia que el aquí quejoso por conducto de su abogado mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el cuatro de enero de dos mil veintitrés, solicitó lo siguiente: ". Por medio del presente escrito vengo a exhibir el acta de divorcio número 56, expedida por la oficialía del Registro Civil de Paso de Ovejas, Veracruz, en consecuencia vengo a solicitar se sirva decretar dejar sin efectos el embargo del 20% del sueldo y demás prestaciones que percibe Rigoberto Hernández López, que fue decretado a favor de Silvia Caicero Ruiz. Ordenándose girar atento oficio a la fuente de trabajo de Rigoberto Hernández López." (Foja 07). Por su parte, la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en relación al escrito de dos de diciembre de dos mil veintidós, emitió el acuerdo de veinte enero de dos mil veintitrés, acordó: ". Respecto de su escrito con registro número 123, se le tiene por exhibida pago de derechos de expedición de acta de divorcio, respecto a la cancelación de pensión alimenticia no ha lugar a lo solicitado toda vez que lo referente a la pensión alimenticia se vera en sentencia definitiva, lo anterior de conformidad con el artículo 17 Constitucional." (Sic. Foja 73 del tomo de pruebas). En ese contexto, se aprecia que en su escrito de cuatro de enero de dos mil veintitrés la parte quejosa realiza manifestaciones similares o idénticas a las que le fueron acordadas en proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, relativas a su escrito de dos de diciembre de dos mil veintidós, de ahí que no obstante que la autoridad responsable haya sido omisa en proveer su escrito de cuatro de enero, esa cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a sus intereses; pues a ningún fin práctico conduciría conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido sería el mismo en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, prevalecería la decisión de la autoridad responsable atinente a que la cuestión sobre la pensión alimenticia se resolverá en la sentencia definitiva. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/32, Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, página 1396, con registro digital 181186, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes; de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional." CONCLUSIÓN Por tanto, se considera que esa resolución no vulnera los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que es procedente negar el amparo solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Rigoberto Hernández López, contra la autoridad y acto precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley.Así lo sentenció y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, el día de hoy catorce de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido del secretario, Juan Carlos Salas Juárez, con quien actúa y da fe. Doy fe.Juan Carlos Salas JuárezJuan Carlos Salas Juárez Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada, el proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.
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