Richard García Gordón
Expediente 29/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Richard García Gordón y Otros.
- Richard García Gordón
- Yolanda López Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) así como del Libro de Gobierno relativo a las Comunicaciones Oficiales Enviadas, se advierte que el exhorto 41/2021, ordenado en proveído de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se encuentra duplicado; en consecuencia, se ordena dar de baja dicha comunicación oficial y hágase la anotación respectiva en el Libro correspondiente y en el aludido sistema. Cúmplase.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse concedido tanto la medida cautelar provisional y la definitiva el original de este expediente es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso C) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General, deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Archivo reciente. También, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso A, del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que los quejosos Richard García Gordón y Yolanda López Cortés, interpusieran recurso de revisión contra el acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo 29/2021. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído fuera de audiencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de veintinueve de abril del año en curso, se tuvo al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario 22, residente en Tuxtepec, Oaxaca, remitiendo copia certificada del expediente agrario 479/2020 de su índice, documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice 1995, con número de registro 394182, del rubro y contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, vistas las constancias que remite el citado Tribunal Agrario, se advierte que mediante escrito de trece de marzo de dos mil veinte, los aquí quejosos Richard García Gordón, y Yolanda López Cortés, demandaron en la vía de controversias agrarias a a) la Asamblea general de comuneros representada por el Presidente, Secretario, y tesorero suplente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, Municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca; b) los integrantes del Consejo de Vigilancia, de la Comunidad de Santa Cruz Tagolaba, Municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca: c) al Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, con sede en Santo Domingo Tehuantepec, de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; y d) al Jefe de Departamento Operativo, de la Procuraduría Agraria, Delegación Oaxaca, como prestaciones "la NULIDAD DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2019, EN DONDE SE ACORDÓ LA REMOCIÓN DE NUESTROS CARGOS Y POR ENDE LA REINSTALACIÓN EN EL EJERCICIO DE NUESTRO ENCARGO" Además, en el capítulo de "DERECHOS" de la citada demanda ofrecieron como prueba "La documental pública: consistente en la copia certificada del acta de Asamblea de fecha 15 de diciembre de 2019, de la cual se demanda la nulidad y todas las consecuencias jurídicas que de ella emanen" Ahora bien, es menester señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, es de estudio preferente, por lo que es obligación de todo órgano de control constitucional que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, debe entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Luego, de la información contenida en las documentales remitidas por el Tribunal Unitario Agrario 22, residente en Tuxtepec, Oaxaca, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo texto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del numeral transcrito, se colige que existe consentimiento tácito del acto reclamado para efectos del amparo, cuando concurren los siguientes aspectos: a) un acto de autoridad; b) una persona afectada por tal acto; c) la posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) el establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) el transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Con el propósito de evidenciar la causa de improcedencia de mérito, es pertinente tener en consideración os artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor.". Del texto del artículo 17 de la Ley de Amparo se advierte, que el término para la presentación de la demanda será de quince días. Dicho término, según se advierte del diverso numeral 18 se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa, del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del citado artículo 17, en cuyo caso se computará a partir del día de su entrada en vigor; y siempre y cuando no se actualice alguna de las excepciones previstas en las fracciones l a IV del aludido artículo 17. Ahora bien, como se precisó, del expediente agrario 479/2020 que remite el Tribunal Unitario Agrario 22, residente en Tuxtepec, Oaxaca, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en lo que interesa se advierte que los aquí quejosos presentaron una demanda en la vía de controversias agrarias, ante dicho Tribunal, el trece de marzo de dos mil veinte, en contra de diversas autoridades agrarias de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca, de las que demandaron como prestaciones "la NULIDAD DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2019, EN DONDE SE ACORDÓ LA REMOCIÓN DE NUESTROS CARGOS Y POR ENDE LA REINSTALACIÓN EN EL EJERCICIO DE NUESTRO ENCARGO". Luego, si los quejosos presentaron, demanda agraria, con fecha trece de marzo de dos mil veinte ante el Tribunal Unitario Agrario 22, residente en Tuxtepec, Oaxaca, en la que como prestaciones reclamaron la nulidad de la Asamblea General de quince de diciembre de dos mil diecinueve, llevada a cabo por los Comuneros de Santa Cruz Tagolaba, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca (ACTO RECLAMADO EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL), es evidente que desde esa fecha los aquí quejosos tuvieron conocimiento del acto reclamado. De ahí que a la fecha en que la demanda se presentó ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, diecinueve de enero de dos mil veintiuno, transcurrió en exceso el termino de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo (diez meses, seis días); por ende, es inconcuso que, operó su consentimiento tácito, surtiéndose de esa manera, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis clave VI.2o.65 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 395, Tomo IV, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de solicitud de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada.". En esas condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la improcedencia de la acción constitucional, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, con apoyo en lo dispuesto por la fracción XIV, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del numeral 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior no obstante que los quejosos hayan manifestado que no presentaron la demanda agraria a que se ha hecho referencia, pues dichas manifestaciones resultan ser meras afirmaciones sin fundamento; al no aportar prueba oportuna a su favor para combatir la documental pública de referencia, misma que consta en las copias certificadas del juicio agrario 479/2020, remitidas por el Tribunal Unitario Agrario 22, residente en Tuxtepec, Oaxaca. Tampoco es dable tomar en consideración las manifestaciones de los quejosos en el sentido y que contrario a lo que se afirma, tuvieron conocimiento del acta de asamblea de quince de diciembre de dos mil diecinueve, hasta el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, al tener acceso a una carpeta de investigación iniciada en su contra, pues en este último supuesto, es evidente que la demanda de amparo también resulta extemporánea, ya que a la fecha de su presentación también habían al haberse presentado hasta el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, es decir, fuera del termino de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tampoco representa obstáculo la determinación del presente asunto, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, dado que la simple admisión de la demanda de amparo, en modo alguno presupone la procedencia del juicio ni tampoco constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos y de la propia demanda, puesto que este juzgador está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues ni aun celebrándose ésta, los agraviados podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales el resultado del fallo tendría el mismo sentido; pues en todo caso, por tanto, en atención al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, procede resolver fuera de audiencia. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así también, conviene precisar que al considerar procedente sobreseer en el juicio por actualizarse una causal de improcedencia manifiesta y notoria, no se le restringe al impetrante del amparo un efectivo acceso a la justicia tutelado en el numeral 17 de la Constitución Federal, ni el diverso numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues de su interpretación se advierte que garantizan el derecho fundamental a favor de los gobernados relativo al acceso efectivo a la justicia, que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. Es así, ya que el acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan requisitos de procedencia y plazos para ejercer un derecho, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. Además, con la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implica la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el Juez de Amparo deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa Y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 699, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2004823 de rubro y texto siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." De igual forma, cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 487, del tomo I, Libro 3, correspondiente al mes de febrero de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2005717, cuyo tenor literal es: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.- Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo antes expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las dieciséis horas del catorce de diciembre de esta anualidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, terceros interesados y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a la autoridad responsable.
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