Ricardo Sánchez Martínez
Expediente 253/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 253/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 16/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Sánchez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este juicio de garantías el veinte de octubre de dos mil diecisiete, en la que se sobreseyó en el juicio de garantías; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formaron cuadernos de suspensión, en donde por una parte se concedió y por otra se negó la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo en el presente juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y cúmplase. IV-A
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, contra las autoridades y los actos reclamados precisados en los considerandos sexto y séptimo, por los motivos ahí expuestos. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de este fallo. Notifíquese IV-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el término de legal de tres días que establece el artículo 297, fracción II, de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, otorgado a las terceras interesadas Celestina Esteva Hernández y Yesenia Sánchez Esteva, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del uno al tres de agosto de dos mil diecisiete, sin que lo hubieren hecho, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinte de julio de dos mil diecisiete y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíqueseles por lista los acuerdos que se dicten en este juicio, aún los de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad para tales efectos. En otros términos, dese vista a las aludidas terceras interesadas con la totalidad de las constancias que obran en autos, dentro de las que se encuentran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 35-36, 39 y 41), así como las constancias remitidas por el Juez de Control de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca mediante oficio CJ/JCMPT/1197/2017-J (foja 66 a 76), para que dentro del plazo de ocho días, manifiesten lo que a sus interés convenga. Como dicha circunstancia, impide la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, por lo que, se difiere la misma, fijándose nuevamente las once horas con cinco minutos del ocho de septiembre de dos mil diecisiete, para llevarla a cabo. Notifíquese y cúmplase. IVA-P
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio CJ/JCMPT/1197/2017-J, firmado por el Juez de Control en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante oficio 503, de veinticinco de julio último, remite un disco DVD certificado que contiene en formato PDF las constancias que obran digitalmente en la causa penal 187/2017. En tales condiciones, por tratarse de una prueba documental pública, la misma se desahoga sin necesidad de una audiencia especial en la cual se reproduzca el contenido de dicho DVD, atento a lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca por identidad de razones jurídicas, con el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTIVOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Guárdense en la Secretaría de este Juzgado, el disco que la autoridad judicial anexó a su oficio de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 75 y 119, de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental, la remitida por el aludido juez responsable, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, aunque no exista gestión de la parte interesada, y que se justipreciará al dictar el fallo en el presente asunto. Ahora, al ser recabada de manera oficiosa, la constancia remitida por el juez oficiante, por estimarse necesaria para dictar una sentencia apegada a derecho en este juicio de amparo; en consecuencia, con el contenido de la misma, dése vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Al respecto, resulta exactamente aplicable la tesis aislada número I.5o.C.2 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II (Agosto de 1995), consultable en la página 594, Novena Época, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Criterio jurisprudencial aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, en lo que no se oponga a la misma. Notifíquese y cúmplase. IV-A
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