Rigoberto Molina González
Expediente 43/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 43/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rigoberto Molina González
- Rigoberto Molina González y Otros.
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo, el ocho de febrero de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Rigoberto y Jaime de apellidos Molina González; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por último, glósese a los autos el escrito de cuenta firmado por los quejosos Rigoberto y Jaime de apellidos Molina González; en su atención, advirtiéndose del contenido de dicho escrito que sustancialmente solicitan se le expedida en tres tantos copias certificadas de todo lo actuado en este juicio, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídansele las mismas, previa razón que de su recibo se deje en autos, autorizando para recibirlas a la persona que menciona. Notifíquese por lista a los quejosos en cumplimiento a lo ordenado en proveído que antecede. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil diecisiete. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Rigoberto y Jaime de apellidos Molina González, por propio derecho, contra actos del Conciliador adscrito a la Unidad de Justicia Alternativa de la Vice Fiscalía de Atención a Víctimas y Sociedad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, residente en Matías Romero, Oaxaca, Oaxaca, que hace consistir substancialmente en la emisión del citatorio de fecha dos de febrero del actual, el cual es del siguiente tenor: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que le corresponda, que lo es el 43/2017. Ahora, resulta oportuno analizar la demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que al actualizarse alguna causal de improcedencia se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos sea parte". Lo anterior, toda vez que la citación que se le formuló al quejoso para que compareciera a las doce horas del día ocho de febrero del año en curso, en la Unidad de Justicia Alternativa, Matías Romero Avendaño, Oaxaca, perteneciente al Centro de Justicia Restaurativa de la Vice Fiscalía de Atención a Víctimas y a la Sociedad, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a efecto de tratar un conflicto de naturaleza penal, con la finalidad de explicarle la forma de abordarlo y en su caso, celebrar un proceso de conciliación, donde tendrán las partes de expresar su opinión y solución al conflicto evitando un proceso judicial; indicándole que su incomparecencia dejaría a salvo los derechos de la parte solicitante; no se trata de un acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo legal 107, fracción III, inciso b), interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. De lo anteriormente expuesto, se puede observar, de la lectura del precepto legal antes transcrito, se advierte como requisito para la procedencia del amparo indirecto en contra de aquellos actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, conforme al artículo, fracción e inciso plasmado, que tales actos deben ser de imposible reparación. Pues bien, sobre dicho tema (actos de imposible reparación) nuestro Más Alto Tribunal ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la historia, en muchas veces contradictorias, mismas que ha plasmado en criterios jurisprudenciales de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior ocurría así, en virtud de que el legislador no se ocupaba de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto, que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Sobre dicho tópico, el Pleno del Máximo Tribunal del País fijó un parámetro en la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 39, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En dicha ejecutoria, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación especificó que para ser calificados como actos de imposible reparación o irreparables, éstos necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior implica que una violación procesal o adjetiva, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos que no puedan ser reparables. Ahora, como ya se ha precisado anteriormente, la parte quejosa reclama la citación que se le formuló para que compareciera a las doce horas del día ocho de febrero del año en curso, en la Unidad de Justicia Alternativa, Matías Romero Avendaño, Oaxaca, perteneciente al Centro de Justicia Restaurativa de la Vice Fiscalía de Atención a Víctimas y a la Sociedad, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a efecto de tratar un conflicto de naturaleza penal, con la finalidad de explicarle la forma de abordarlo y en su caso, celebrar un proceso de conciliación, donde tendrán las partes de expresar su opinión y solución al conflicto evitando un proceso judicial; indicándole que su incomparecencia dejaría a salvo los derechos de la parte solicitante. En efecto, el acto reclamado no es de imposible reparación, toda vez que el procedimiento de mediación ante un Centro de Mediación Público o alguna de sus sedes regionales, podrá iniciarse a petición de parte interesada con capacidad para obligarse mediante solicitud verbal en donde expresará la situación que se pretenda resolver, el nombre y domicilio de la persona con la que se tenga el conflicto, a fin de que ésta sea invitada a asistir a una entrevista inicial, en la que se le hará saber en qué consiste el procedimiento de mediación, así como las reglas a observar y se le informará que éste sólo se efectúa con consentimiento de ambas partes. Además, cuando alguno de los mediados no acepte participar en la mediación o no exista acuerdo sobre la designación del mediador, los interesados podrán ejercer las acciones legales correspondientes para la solución del conflicto. Tal como se advierte del contenido de los artículos que en seguida se transcribirán, de la Ley de Mediación del Estado de Oaxaca, que disponen: "DEL TRÁMITE DE LA MEDIACIÓN ANTE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN PÚBLICOS E INSTITUCIONES PRIVADAS. "Artículo 21.- El procedimiento de mediación ante un Centro de Mediación Público o alguna de sus sedes regionales, podrá iniciarse a petición de parte interesada con capacidad para obligarse mediante solicitud verbal en donde expresará la situación que se pretenda resolver, el nombre y domicilio de la persona con la que se tenga el conflicto, a fin de que ésta sea invitada a asistir a una entrevista inicial, en la que se le hará saber en qué consiste el procedimiento de mediación, así como las reglas a observar y se le informará que éste sólo se efectúa con consentimiento de ambas partes, enfatizándole el carácter gratuito, profesional, neutral, confidencial, imparcial, rápido y equitativo de la mediación. Así también, su carácter gratuito tratándose de un centro de mediación público o la forma de fijar los honorarios del mediador si se trata de un centro de mediación privado. Una vez realizada la petición, el área de trabajo social de dicho Centro tomará los datos del solicitante y lo turnará a un mediador de acuerdo al programa de cómputo diseñado para tal fin. La mediación dará inicio una vez que el particular haya firmado la solicitud de servicio del Centro de Mediación Público, manifestando en ésta su conformidad en participar en la misma y de respetar las reglas del procedimiento, con el fin de resolver la situación planteada. Siempre se formará un expediente debidamente identificado al cual se le llamará clave de mediación. La iniciativa para promover la mediación podrá provenir del Juez, de ambas partes o de una de ellas, antes y durante el procedimiento jurisdiccional, en el entendido que este último caso procederá hasta antes de dictada la sentencia definitiva, sin que esto implique una etapa de dicho procedimiento. Cuando del asunto planteado ya se haya radicado expediente el algún juzgado, solo se podrá llevar a cabo la mediación ante un Centro de Mediación Público o Sede Regional. "Artículo 22.- Hecha la solicitud para que el Centro de Mediación Público o Sede Regional preste sus servicios de mediación, se examinará si la situación planteada es o no viable para mediación; en caso de tratarse de un asunto que provenga de una autoridad judicial, se le informará por escrito si el Centro de Mediación o la sede regional acepta intervenir y se invitará a los demás interesados a la entrevista inicial mencionada en el artículo que antecede. Así mismo, el Centro de Mediación Público o la Sede Regional, informará lo anterior al juzgado para los efectos correspondientes. Posteriormente el invitador del Centro de Mediación Público o Sede Regional se constituirá en el domicilio particular o sitio de localización de la parte complementaria, con el único fin de invitarla a asistir a una entrevista inicial, debiéndole hacer entrega formal del original de la invitación en sobre cerrado y asentar la constancia relativa en caso de ser recibida por un familiar, vecino o compañero de trabajo de la persona invitada en su copia al carbón para ser anexada a la clave de mediación correspondiente". "Artículo 24.- La entrevista inicial a la parte complementaria se llevará a cabo con la sola presencia del invitado, quien podrá asistir acompañado de su asesor jurídico o persona de su confianza. En caso de que no acuda a la primera invitación, se le enviarán dos más, no acudiendo a la tercera se dará por concluido el procedimiento. "Artículo 26.- Cuando alguno de los mediados no acepte participar en la mediación o no exista acuerdo sobre la designación del mediador, los interesados podrán ejercer las acciones legales correspondientes para la solución del conflicto". Máxime que la Constitución Federal en su artículo 17, cuarto párrafo, además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce, como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. Pues en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más; de ahí que la citación reclamada no es un acto de ejecución irreparable, en virtud de que únicamente se trata de llegar a un acuerdo conciliatorio sobre determinados hechos, esto es, a voluntad de las partes, sin que exista algún medio de coerción para conciliar, pues de no llegar a ningún acuerdo, quedan a salvo los derechos de la parte promovente de esa conciliación para hacerlos valer en la vía que estime pertinente. Es aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que aparece publicada en la página 1723, del Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Décima Época, con número de registro 2004630, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es: "ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMANO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. Los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; en ese sentido, la Constitución Federal en el citado artículo 17, cuarto párrafo, va más allá y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce, como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más. Los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional, y consisten en la negociación (autocomposición), mediación, conciliación y el arbitraje (heterocomposición). En ese sentido, entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al mencionado artículo 17, de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias "son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita ..., permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo"; ante tal contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de controversias, se establecen en un mismo plano constitucional y con la misma dignidad y tienen como objeto, idéntica finalidad, que es, resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley en el Estado Mexicano". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la invocada causal de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Como expresamente lo solicitan los quejosos, la notificación de este acuerdo y las subsecuentes, aún las de carácter personal que le correspondan en el presente asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo, y téngase como autorizado para tales efectos, a la persona que menciona. Notifíquese por lista a los quejosos. IIIA
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