Rigoberto Cruz González
Expediente 366/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rigoberto Cruz González
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 18634/2021, remitido vía interconexión con firma electrónica y evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que contiene el acuerdo dictado el cinco de julio del año en curso, en el juicio de amparo 609/2021 de su índice, del que se advierte que se aceptó la competencia planteada avocándose al conocimiento de la demanda promovida por Rigoberto Cruz González. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General antes descrito. Se destaca que por auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se decretó la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo, pues no obstante que se concedió la suspensión de plano, ante la incompetencia planteada se remitieron los autos originales quedando únicamente como constancia cuaderno de antecedentes. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá la Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Alberto Gómez Rétiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; ante la Secretaria que autoriza y da fe Cinthya Jocelyn García Huerta. MAGR/CJGH/rsl**
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, con transcripción del proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, dictado en el juicio de amparo 609/2021 de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por Rigoberto Cruz González, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito de Puerto Escondido, Oaxaca; misiva con la que declina competencia a favor de este órgano jurisdiccional por las razones que expone. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, registrar en el libro de gobierno bajo el número de juicio de amparo 366/2021-IV-B, y capturar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NO SE ACEPTA COMPETENCIA Ahora, de la misiva de cuenta se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en: "El contenido de su acuerdo de fecha 24 de marzo de 2021, en la parte donde ordena se me efectúe un requerimiento de pago de la pensión alimenticia por la cantidad de $5,313.75 pesos, los cuales debo pagar los tres primeros días de cada quincena, cantidad que según el juez de conocimiento resulta de dos factores, de multiplicar dos salarios mínimos por 15 y de que soy inversionista en la bolsa de valores, compra y vende acciones, además de tener propiedades las cuales rento y mis ingresos oscilan en un millón ochocientos dólares, el cual me fue notificado el día 13 de mayo de 2021." . En relación con lo anterior, se tiene que para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro del ámbito de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que sobre el particular impera el derecho fundamental de legalidad, propia de un Estado de Derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por su parte, en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un amparo indirecto, que prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral transcrito, se deriva la existencia de tres hipótesis diferentes para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1. El primero tiene su esencia en la naturaleza del acto reclamado, ya que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si aquél tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del juicio de control constitucional recaerá en el Juzgador Federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; con el presupuesto lógico de que el citado acto, por su índole, para cumplimentarse requiera necesariamente de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la que lo haya expedido. 2. Si el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno pero continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de cualquiera de ellos, a prevención; y, 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito donde se presentó la demanda. En ese orden de ideas, el homólogo estima que el acto reclamado tiene ejecución material en el que territorio en el cual ejerce jurisdicción esta sede judicial, al ser el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito de Puerto Escondido, Oaxaca, quien ordenó el requerimiento de pago de la pensión alimenticia al impetrante. Dicho criterio no lo comparte este juzgador, por las siguientes consideraciones. Al resolver la contradicción de tesis 458/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los criterios que se deben reunir, por lo menos, para determinar la competencia de un Juez de Distrito, tratándose de una orden de descuento por concepto de pensión alimenticia provisional, mismos que resultan aptos en el asunto que nos ocupa, los cuales son los siguientes: Que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; La parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; En su caso, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Ciertamente, tratándose de la primer hipótesis normativa, el Juez de Distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, ya que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el caso del segundo supuesto, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Finalmente, en el último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 145, Materias(s): Común, Civil, registro digital 2001236, que se lee: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." De lo que se sigue que la intención del legislador, al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, tratándose de la primera de las reglas competenciales antes reseñadas, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. En este análisis no debe omitirse el hecho de que, una vez recibida la demanda y para efectos de determinar la competencia, deben tomarse en consideración los actos reclamados, tal como hayan sido planteados en la demanda y los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad, por ser los datos que objetivamente se tienen en ese momento; a diferencia de aquellos casos en que, al recibirse los informes de la autoridad ejecutora, se tiene conocimiento de la inexistencia de los actos y el quejoso no la desvirtúa, la competencia recaerá en el Juez que corresponda conforme a las constancias allegadas al juicio. Con base en el marco jurídico anterior, se advierte la necesidad de analizar la naturaleza de los actos reclamados y de las funciones que desempeñan las autoridades señaladas como responsables, en particular, de la ejecutora, para determinar quién es el Juez de amparo competente. Partiendo de dichas premisas, se tiene que no todo acto proveniente de autoridad ejecutora, es ejecutable materialmente, por lo que si se pretende aplicar alguna de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la competencia del Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo, debe examinarse la naturaleza del acto reclamado en vez de atenderse simplemente al señalamiento de una autoridad como ejecutora, pues puede darse el caso de que ésta, en cumplimiento de una resolución proveniente de una ordenadora, emita otra resolución que sólo sea declarativa; en tal caso, ante la ausencia de un acto que requiera ejecución material, debe estarse a lo ordenado en el numeral 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y declarar la competencia en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción residan las autoridades que hayan emitido los actos reclamados. Ahora bien, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca señala que se actualiza la competencia a favor este órgano jurisdiccional en función de que el acto reclamado proviene del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito de Puerto Escondido, Oaxaca, lo cual requiere una ejecución material que se da al requerir el pago de la pensión alimenticia al quejoso; sin embargo, dicho criterio no es el que debe permear para efectos de determinar quién debe conocer de la demanda de amparo, toda vez que, en el caso se actualiza el primer supuesto a considerar para determinar la competencia de un Juez de Distrito, tratándose de una orden de descuento por concepto de pensión alimenticia provisional, consistente en que se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución. Ello es así, pues el quejoso bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes del acto reclamado, señaló que el trece de mayo de dos mil veintiuno, fue emplazado y requerido del pago de la pensión alimenticia dentro del juicio 74/2021, vía exhorto, en su domicilio que está ubicado en avenida Cruz Verde, sin número, Barrio San Pedro, Tlaxiaco, Oaxaca, población que es jurisdicción del juez declinante y que la fuente de sus ingresos la obtiene de su actividad como carnicero, circunstancia que resulta de especial relevancia, en el caso concreto, conforme a la referida jurisprudencia 1a./J. 25/2012. En efecto, lo que define la competencia del Juez de Distrito para conocer del amparo contra actos como el que nos ocupa, deriva de la postura que adopte el órgano jurisdiccional ante el cual radica el asunto, es decir, se debe tomar en consideración si el comunicado del requerimiento de pago de la pensión alimenticia se ordenará a través de una comunicación oficial para poder lograr su ejecución por encontrarse la fuente laboral del deudor alimentario fuera de su jurisdicción o bien se realizará a través de oficio, hipótesis en la que la fuente de trabajo puede quedar comprendida dentro del territorio en el cual ejerce jurisdicción la autoridad ejecutora o bien en uno diverso. Como se puede apreciar, el lugar y forma en el que habrá de informarse el requerimiento de pago de la pensión alimenticia, representa la ejecución del mandato emanado de una autoridad jurisdiccional, lo cual resulta determinante para fincar la cuestión competencial, ya que ésta se finca por el lugar de ejecución del acto reclamado, acorde con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, del que se desprende que tratándose de actos que tienen ejecución material, será Juez competente aquel en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado dicho acto. Corolario de lo antes expuesto, es que al contarse con datos objetivos que permiten constatar que la autoridad para comunicar el requerimiento de pago de la pensión, lo materializó a través de una comunicación oficial, es que no puede tomarse como base para fincar la competencia el hecho de que la responsable de origen, como en el caso lo es el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito de Puerto Escondido, Oaxaca, tenga su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Sobre esa línea argumentativa, puede sostenerse que la ejecución del acto se actualiza a favor de los Juzgados de Distrito residentes en San Bartolo Coyotepec, bajo la hipótesis a que se refiere la jurisprudencia en comento, al contar con datos objetivos de la ejecución vía exhorto ordenada por el juzgador rector del proceso de acuerdo con lo antes expuesto, de ahí que no se comparta que por el simple hecho de que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito de Puerto Escondido, Oaxaca, se encuentre dentro del ámbito territorial en el cual esta sede ejerce jurisdicción, es que se deba fincar la competencia a este órgano de control constitucional. Como apoyo a lo antes expuesto se cita la tesis 2a. XII/95, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, revisable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Abril de 1995, página 49, de rubro y texto: "COMPETENCIA, ACTO MATERIALMENTE EJECUTABLE. NO LO DETERMINA, NECESARIAMENTE, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE PROVENGA DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA. No todo acto proveniente de autoridad ejecutora, es ejecutable materialmente, por lo que si se pretende aplicar alguna de las hipótesis previstas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la competencia del juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo, debe examinarse la naturaleza del acto reclamado en vez de atenerse simplemente al señalamiento de una autoridad como ejecutora, pues puede darse el caso de que ésta, en cumplimiento de una resolución proveniente de una ordenadora, emita otra resolución que sólo sea declarativa; en tal caso, ante la ausencia de un acto que requiera ejecución material, debe estarse a lo ordenado en el artículo 36, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y declarar la competencia en favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción residan las autoridades que hayan emitido los actos reclamados." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 37 y 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, como se anticipó, este juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada; por tanto, devuélvase a dicha autoridad los autos originales del juicio de amparo 609/2021, promovido por Rigoberto Cruz González, solicitándole atentamente informe a este órgano jurisdiccional lo que tenga a bien acordar en relación con lo aquí expuesto, para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda, ello, previo cuaderno de antecedentes que se forme con el oficio remitente y copia de la demanda que al efecto originó este asunto. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Cúmplase.
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